La Asociación Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya (Ceus del Golfo) alerta a las comunidades centroamericanas sobre las consecuencias negativas de los proyectos de represas y declara que la lucha no puede desarticularse del Plan Puebla Panamá (PPP), que involucra a proyectos como el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central […]
La Asociación Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya (Ceus del Golfo) alerta a las comunidades centroamericanas sobre las consecuencias negativas de los proyectos de represas y declara que la lucha no puede desarticularse del Plan Puebla Panamá (PPP), que involucra a proyectos como el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (Siepac), considerado el gran proyecto energético centroamericano. «Nos sorprende la forma en que aquí en Costa Rica se está manejando este asunto», señalan.
En Costa Rica, según Ceus del Golfo, está también el proyecto Boruca con afectación en el sur del país. «La gente en las comunidades no conoce y desconocemos si ellos han sido alertados de este asunto o si, como ser, se les quiere mantener al margen de la información como si el asunto no fuera con ellos», alerta.
La Asociación exige, al menos, saber por dónde piensan pasar la energía que se van a llevar con el proyecto Siepac. «No puede ser que ni siquiera nos den información. El famoso Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para Costa Rica es un bosquejo de 630 páginas y no hay más que una descripción general de la información, no se cuantifican los impactos», denuncian.
En la audiencia pública realizada el último día 10 de junio, a la que asistieron representantes de Ceus del Golfo quedó claro, según informan, que la gente no sabe cómo van a ser compensados por la alteración sobre sus negocios. «Sorprendió también la participación del Instituto Costarricense de Electricidad y los servicios de telecomunicaciones y energía en ese asunto «privado», agregan.
Para Sonia Torres, de Ceus del Golfo, hay tantas formas de impacto que sorprende el análisis que se pueda hacer. «Desde pensar en que las nuevas vías que se programan construir para llegar a los puntos de torres, transporte de materiales, hasta el impacto irremediable y mayor presión sobre áreas silvestres protegidas, agrega.
Además, señala Sonia, existen vacíos en cuanto a la información disponible en lo que concierne por el paso de cables de alta tensión sobre fincas, acuíferos, áreas de recarga acuífera y centros de población. «Como el proyecto ha sido declarado de interés público contempla la expropiación de tierras, razón que nos obliga a mantener cautela en cuanto este proyecto puede lesionar intereses económicos de personas físicas y jurídicas asentadas en nuestra región», concluye.
El Golfo de Nicoya, según denuncia presentada en diciembre último por la misma Asociación Ceus del Golfo, está amenazado también por una compañía minera canadiense Glencair que abrió una mina de oro a cielo abierto mediante lixiavición con cianuro a 14 kilómetros del Golfo. El día 08 de enero de este año la Asociación solicitó a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (Setena) de Costa Rica la intervención en las actividades de la compañía minera canadiense en la localidad de Bellavista de Marimar, a las márgenes del río Ciruelas.