Bajo el título de Equidad en los IES de la Comunidad de Madrid se han publicado los resultados de las pruebas de conocimientos y destrezas indispensables (CDI) realizadas al alumnado de 3º de la ESO en los dos cursos pasados. Más allá del debate sobre la utilidad de su realización hay una primera cosa muy […]
Bajo el título de Equidad en los IES de la Comunidad de Madrid se han publicado los resultados de las pruebas de conocimientos y destrezas indispensables (CDI) realizadas al alumnado de 3º de la ESO en los dos cursos pasados. Más allá del debate sobre la utilidad de su realización hay una primera cosa muy clara: no se puede hablar sobre equidad sin datos de partida. Las pruebas CDI no consideran el contexto de los alumnos, de las familias y de los centros. Ello conduce a erróneas conclusiones que no tienen en cuenta el valor añadido que aporta el profesorado.
También destaca el escaso rigor técnico de unas pruebas muy diferentes a la metodología PISA. La finalidad de la prueba es distinta: no es lo mismo medir competencias (capacidad para utilizar lo aprendido en la resolución de situaciones de la vida), que la adquisición de conocimientos curriculares. PISA es muestral, da una gran importancia al contexto socioeconómico y no da datos sobre centros concretos. La prueba CDI es censal, no recoge el contexto y se publica, ignorando el artículo 144.3 de la Ley Orgánica de Educación, que impide utilizarlas para clasificar a los centros.
Hay que señalar las consecuencias perversas de estas clasificaciones publicadas en proceso de admisión de alumnos. El profesorado se siente engañado, ya que se les aseguró que no iban a ser utilizadas en ningún ranking. Pueden incentivar el fraude, animando a dar datos falseados. Contribuyen a crear un ambiente de rechazo hacia los alumnos con dificultades de aprendizaje. Inducen a centrar la actividad de los institutos en la preparación de pruebas, en perjuicio de otros aspectos educativos. Responsabilizan a los centros de los resultados de su alumnado, manteniéndose al margen la Administración que no adquiere ningún compromiso para la mejora de la educación. Dificultan la cooperación entre centros escolares de una zona y el trabajo en equipo de profesores y otros agentes sociales.
Como bien dice la Asociación de Directores de Institutos de Madrid (ADIMAD) necesitamos «centros competentes», no «competencia entre los centros», para garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir centro en condiciones de igualdad.
Agustín Moreno es profesor de secundaria
Fuente: ESCUELA Núm. 3.899 (486), 24 de marzo de 2011.