El gasto público en la educación concertada ha crecido un 30% en diez años, mientras el Gobierno se abre a negociar con la patronal para subir los fondos asignados como supuesta estrategia para acabar con el cobro de cuotas ilegales a las familias.
Este miércoles el diario El País anunciaba que el Gobierno, de la mano del Ministerio de Educación, se dispone a aumentar los fondos que recibe la educación concertada, asumiendo el marco de la patronal que asegura que estos centros están infrafinanciados. Para ello el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, aseguraba a este diario que se establecerá de “forma objetiva” cuál es el coste real del servicio educativo que presta la enseñanza concertada y, tras ello, se procederá a actualizar esta cantidad. A cambio de una subida en la asignación, desde Educación esperan que se eliminen las cuotas que estos colegios hacen pagar a las familias de manera ilegal.
Este movimiento llevaba tiempo cociéndose, aunque no se había puesto el foco sobre él. Tal y como se puede leer en el pacto de Gobierno entre Sumar y PSOE, en su página 26, ambos partidos se comprometieron a combatir la segregación escolar “mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”.
Para Daniel Turienzo, investigador, doctor en Educación y maestro de primaria, este planteamiento parte del “buenismo”: para acabar con las cuotas, que cobran el 80% de los colegios concertados a las familias según un estudio de CICAE, y la segregación que se produce, hay que aumentar las partidas que se llevan estos centros. “Cobrar cuotas es ilegal y lo lleva siendo desde 1985 que se establece en la legislación. Si desde 1985 se ha hecho impunemente, queda naif pensar que esto se va a perseguir ahora dándoles más dinero y sin ningún mecanismo de penalización”, expresa Turienzo, autor del libro Educafakes. 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española (Capitán Swing, 2024).
Para Turienzo lo que debiera hacer el Gobierno es perseguir judicialmente a los colegios que cobran cuotas, algo ilegal ,tal y como se indica en el artículo 88 de la LOMLOE. “La normativa establece que si se incumplen los términos del concierto este se puede retirar, pero ningún Gobierno ha tenido la voluntad”, añade. Tampoco entiende que dar más dinero sea un mecanismo para frenar la segregación. “La segregación escolar es la base del sistema concertado. Este sistema está pensado para que no sea inclusivo, la mayoría de estos centros están en los barrios más ricos. Pensar que ellos quieren voluntariamente ser inclusivos no es una realidad, está en sus propias bases el no serlo”, añade.
Las cuotas que se cobran de manera ilegal
Según el último estudio de CICAE, al que anteriormente se hacía alusión, el 79,4 % de los colegios cobra una cuota base a las familias y en el 72% de los casos no existe voluntariedad, “contraviniendo el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos”. Los centros con titularidad mercantil son los que cobran importes más elevados a las familias, con una cuota promedio de 108,38 euros al mes y los colegios pertenecientes a congregaciones religiosas, que son los más numerosos, son los que cobran menores importes a las familias, con una media de 60,10 euros al mes. Por otro lado, se detectan un 14 % de casos de exclusión si las familias no pagan la cuota, llegando al 31% en algunos centros concertados de la Comunidad de Madrid.
Mientras esto sucede, la financiación que recibe la educación concertada por parte de las administraciones públicas no ha dejado de incrementarse. Según se refleja en elSistema estatal de indicadores de Educación 2024 el gasto público en conciertos se ha incrementado un 28,5% entre 2011 y 2021, pasando de ser 5.779 millones de euros a 7.426 millones.
Además, las comunidades autónomas que destinan un mayor porcentaje de gasto público en educación a financiar centros privados son: Euskadi, Comunidad de Madrid e Illes Balears, con el 25,2%, el 19,6 % y el 18,7 % respectivamente.
La precursora ley de Educación en Euskadi
Maribel López de Luzuriaga Alonso es miembro de la Plataforma por la Escuela Pública Vasca y participante de Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea. Avisa de que lo que está sucediendo ahora en el Estado español para ellas es un deja vu. Lucharon contra la aprobación de la nueva ley de educación que se aprobó en el parlamento vasco en 2023. Esa ley, validada con los votos de PNV y PSE, venía a “equiparar” la escuela pública y la privada, “una manera de blindar el sistema dual injusto que tenemos”, expresa López de Luzuriaga respecto a un territorio donde hay municipios sin ninguna escuela pública.
La mayoría de gobiernos en Euskadi han perpetuada la política de hacer una concertación de todos los servicios, “una concertación universal”, valora López de Luzuriaga, y con la bajada de natalidad han intentado blindar la concertada, relata. Entre otras cosas, “se han bajado las ratios en la concertada de 16 a 13 alumnas y alumnos. Con que se matriculen 13 niños y niñas ya tienen un módulo y se financian como tal”, relata. Al mismo tiempo, “esta es la comunidad que más segrega por origen, por delante de Madrid, y la segunda por situación socioeconómica”.
Una medida de “realismo mágico”
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO Madrid, se queja de que mientras que desde el Gobierno han impulsado un grupo de trabajo para analizar la infrafinanciación de la escuela concertada, no han considerado prioritario analizar la infrafinanciación de la pública. “Desde la patronal de la concertada trasladan que necesitan 1.000 millones de euros más para el conjunto de España. 1000 millones de euros más se necesitarían solo en Madrid para que se revirtiera la situación de la enseñanza pública tras la crisis y los recortes”, ejemplifica.
Galvín califica el aumento de fondos propuesto por el Gobierno para acabar con las cuotas ilegales como una medida de “realismo mágico”. “Estamos en el Gobierno que pide a los propietarios de las viviendas que sean solidarios con el inquilino para que no suban los alquileres y ahora confía en que cumpla la concertada”, ironiza mientras señala un riesgo: al final las competencias recaen sobre las Comunidades Autónomas y en un escenario de mayoría autonómica conservadora les están allanando el camino en sus políticas privatizadoras. “Parece que esta medida la estuviera diseñando el equipo de Ayuso”, expresa sobre una comunidad que cede suelo público a empresas privadas para crear centros concertados.
Una necesaria apuesta por la pública
Y, en lugar de invertir más en la concertada para acabar con la segregación, los sindicatos claman por destinar más dinero a la educación pública, el eje vertebrador de la igualdad de oportunidades. “La educación pública es la única garante de que los recursos económicos lleguen a todo el mundo de forma gratuita y sin hacer ningún tipo de acepción a clases sociales y sin rechazar a alumnado que tenga una diversidad o unas necesidades educativas diferentes”, expresa Fran Fernández, del sindicato educativo andaluz USTEA.
Desde este sindicato indican que no pueden entender que un Gobierno que se autodenomina como el más progresista de la historia entregue a empresas privadas la educación de un país. “Esos conciertos además en el caso de Andalucía llevan unas excepcionalidades que no tiene la pública, como es tener las partidas económicas y el mantenimiento de las clases sin recortes, con conciertos blindados por cuatro años. El año pasado se dieron más de 2.000 millones de euros a los concertados mientras que en Andalucía se han cerrado más de 2.000 líneas de la pública”, expresa Fernández.
A vueltas con la infrafinanciación
La excusa que esgrime la patronal es la infrafinanciación que sufren los centros concertados pero, como el propio Gobierno reconoce, aún se desconoce cuál es el coste real del servicio educativo que dan. “No sabemos cuánto cuesta una plaza concertada, solo se da un cálculo viciado, porque algunos gastos solo se achacan a la red pública, como los de Inspección Educativa”, expresa Daniel Turienzo para quien la infrafinanciación de estos centros no es generalizada y esta también afecta a la pública.
Según el estudio de ESADE, El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas la situación de estos centros es heterogénea: hay un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado económico positivo y un 30% que tienen una clara situación de sobrefinanciación.
Maribel López de Luzuriaga Alonso avisa: la supuesta infrafinanciación de las escuelas concertadas también ha sido la excusa para que se blinde este modelo en Euskadi. “Lo que están haciendo es rescatar a la escuela concertada en un escenario de baja natalidad”, expresa.
Para Daniel Turienzo ahora estamos sufriendo una caída demográfica y es el momento de revertir la tendencia. “En los últimos años se han cerrado 4.000 aulas públicas y solo 400 aulas privadas concertadas. En Portugal se desconcertó, la premisa que existía es que si tú tienes la capacidad de hacerlo por tus propios medios no tiene sentido que lo hagas con empresas privadas. Hay que aprovechar la caída demográfica para eliminar centros concertados”, sentencia.