Puerto Rico Transgénico: Ley de biotecnología 202 aprobada

Condenamos la firma apresurada del proyecto de ley 202 por parte del gobernador Fortuño el pasado 10 de agosto 2009. Esta ley, de «Promoción y desarrollo de empresas de biotecnología agrícola en Puerto Rico», acelera al estilo «fast track» la aprobación de servicios y permisos para empresas de siembra, e investigación y desarrollo de cultivos transgénicos (genéticamente modificados) en la isla.

Entendemos no es coincidencia que el término transgénico esté ausente del texto de la ley. Esta ley, específicamente diseñada para la biotecnología moderna, fomenta los organismos genéticamente «mejorados» o el «fitomejoramiento», sustituyendo la palabra transgénicos con una terminología simpática pero engañosa. Con la aparente intención de acallar a aquellos que advierten de los riesgos de los productos transgénicos, la exposición de motivos de la Ley 202 sugiere que los cultivos «genéticamente mejorados» son simplemente una continuación de las técnicas antiguas de agricultura y preparación de alimentos, como la «fermentación utilizada por los egipcios». Esto es una falacia, los transgénicos no son una mejora sobre el código genético y la agricultura tradicional existente. Los transgénicos son seres vivos cuyos códigos genéticos han sido alterados y contienen combinaciones genéticas que nunca se hubiesen dado en la naturaleza. Estas alteraciones no tienen precedente en la historia humana o inclusive en la historia de la vida en el planeta, por lo cual estos productos requieren pruebas de seguridad minuciosas. Sin embargo tal fiscalización no se está llevando a cabo. Enfocándose en los incentivos económicos, esta ley propone el eliminar las pocas reglamentaciones que existen para proteger la salud de los ciudadanos, y promover permisos específicos para transgénicos que se basan en la información incorrecta. Información que proveen las propias compañías que se beneficiarían de estos proyectos. Este patrón no es nuevo en el mundo, estas compañías ya se han establecido en otros lugares con las mismas mentiras, avaladas por los gobiernos locales que ante los ofrecimientos económicos han accedido a los desarrollos en biotecnología agrícola sin la investigación, ni las protecciones adecuadas a la población, a la agricultura y al ecosistema.

En esta legislación la definición de biotecnología en la ley es increíblemente ambigua, dificultando cualquier futura legislación para reglamentar a los cultivos transgénicos específicamente. Sin embargo, los beneficios de la ley para empresas de biotecnología son específicos: aceleración de permisos para acceso a recursos de agua y tierra, junto con los subsidios y exenciones agrícolas para ayudar a estas compañías multimillonarias.

La ley parte de la premisa que las nuevas tecnologías agrícolas y la empresa de biotecnología funcionarán mejor con menos regulación. A pesar de esto, no existe una ley que limite los transgénicos, y sí existe evidencia contundente de sus riesgos. El pasado mes de mayo la Academia Americana de Medicina Ambiental (AAEM) declaró que los alimentos transgénicos presentan serio riesgo a la salud y pidió una moratoria a estos alimentos. Citando los resultados de varios estudios hechos con animales de laboratorio la AAEM concluye que «hay una asociación más que casual entre los alimentos transgénicos y efectos adversos a la salud» y que «los alimentos transgénicos presentan un serio riesgo a la salud en las áreas de toxicología, alergia, función inmunológica, salud reproductiva y salud metabólica, fisiológica y genética».

La evidencia existente sugiere más, no menos legislación, y más, no menos, tiempo para debatir y deliberar sobre estos productos de la biotecnología moderna.

Además del riesgo a la salud humana, no existe ninguna manera de proteger variedades genéticas tradicionales y locales de la contaminación con el código genético alterado de estos organismos «fitomejorados». Las alteraciones al código genético incluyen pero no se limitan a la exudación de pesticidas por la planta misma, y la auto-terminación de la semilla tras una sola cosecha. El código genético, a través de procesos naturales de polinización y reproducción, sale de las áreas de cultivo designadas y se cruza con otras variedades fuera del área de experimentación. Esta contaminación genética ocurre de varias maneras, incluyendo errores de inventario, dispersión de semillas o polinización. El polen y semillas pueden viajar grandes distancias por la acción de pájaros, insectos y el viento. El caso de México resalta la futilidad de pensar que se puede controlar la reproducción de los organismos transgénicos, aún a distancia. El biólogo molecular Ignacio Chapela en sus estudios de maíz mexicano encontró contaminación de maíz transgénico hasta las regiones más aisladas de Oaxaca, un estado al sur de México. Este caso no es único. A nivel global se han comprobado sobre 216 casos de contaminación transgénica en 57 países en los últimos diez años, incluyendo 39 en el año 2007. Por lo tanto, la agricultura transgénica no puede coexistir con ningún otro tipo de producción agrícola- la contaminación es inevitable.

Las compañías de biotecnología, para garantizar ganancia, patentan un fragmento del código genético de una especie. En los lugares que agricultores han sufrido de contaminación transgénica, las compañías de biotecnología se han ido a la caza de estos agricultores pequeños y bajo el cargo de robo de material patentado, han llevado a muchos agricultores a perderlo todo. Nos oponemos totalmente a las patentes sobre la vida, por éstas ser inmorales, por ser una amenaza a la seguridad alimentaria, y porque son producto de una visión de mundo antisocial. Nadie tiene derecho a privatizar genes y organismos- transgénicos o no- mediante patentes. El único propósito de estas patentes es forzar a todos los agricultores y jardineros del mundo a pagar regalías por las semillas que siembran.

La ley se justifica dentro del contexto de la creación de empleos y oportunidades de negocios en el sector agrícola, junto con un aumento en la producción de alimentos. Estos argumentos presuponen que estas empresas biotecnológicas generan más empleos que la agricultura tradicional, lo cual está probado ser falso. La evidencia sugiere que la agricultura diversificada a pequeña escala genera más y mejores empleos, brindando mayor estabilidad económica a cada finca. El problema de producción de alimentos y hambruna no es uno relacionado a la falta de producción. La gente sigue muriendo de hambre aún en lugares de alta producción agrícola por falta de acceso y distribución adecuadas. La crisis de alimentos global del 2008 no fue una de falta de productos, ni baja producción, ni falta de tecnología. La crisis fue un problema de acaparamiento, especulación y tratados de libre comercio que limitan las barreras de protección a productos agrícolas locales, combinado con el dumping de ciertos alimentos (dumping = cuando un país exporta su producto a otro, por debajo del precio local en su propio país y/o el costo de producción del mismo, se considera una estrategia de precios depredadora que elimina la industria local con la tendencia de crear un monopolio). La introducción de transgénicos y empresas de biotecnología no atiende las causas estructurales político-económicas que llevan a la hambruna o a la falta de empleos. Aún más, si fuese un problema de producción, no hay evidencia de que los cultivos transgénicos rindan más.

El gobernador Fortuño alega en sus expresiones públicas que estos productos disminuyen gastos al requerir menos agroquímicos. Pero basta mirar el ejemplo de los países que, como Puerto Rico, han adoptado una política pública de promover la empresa biotecnológica y sus productos, y estudiar los resultados. No se sostiene que estos productos lleven a menor uso de agroquímicos, por el contrario está documentado el aumento del uso de agroquímicos y la disminución de la efectividad de estos. Estos cultivos están diseñados para funcionar solo si usas los agroquímicos y semillas correctas. La gente incurre en un espiral de deudas, sin ver el aumento de producción y disminución de costos, que a ciegas, profetiza el gobernador, sumiendo al agricultor en una dependencia física y económica ante las compañías. La situación se ha recrudecido tanto en el sector agrícola de países desarrollados y en vías de desarrollo que contaban con las promesas de la biotecnología moderna, que el nivel de desempleo, pobreza y suicidios de su población rural han aumentado grandemente. Caso extremo el de la India, en el que los suicidios por fallas en cultivos «genéticamente mejorados» llevó a 1,500 agricultores ha suicidarse contando solamente hasta abril del año en curso.

El gobernador ha demostrado con sus manifestaciones no tener la información adecuada al promover esta ley. Por los argumentos que presenta en la promoción de la misma se desprende que sus asesores solamente han escuchado la propuesta de las compañías y no han evaluado los impactos devastadores y negativos que este tipo de agricultura ha tenido a través del planeta. Estas compañías no se preocupan por la salud y mucho menos por la alimentación de los seres humanos, lo único que desean es hacer dinero, sin considerar los estragos causados en los sitios que han estado. El gobernador debe asesorarse. Estamos disponibles para educar, y procurar evitar que en PR ocurra una desgracia como las que ya han ocurrido en el resto del mundo.

Contatos:
Carmelo Ruiz Marrero, Proyecto de BioSeguridad (787) 203.2615
Katia R. Avilés-Vázquez, Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA-PR) (787) 378.9038