El pasado 30 de enero Roger Torrent, presidente del Parlament , sorprendió a todo el mundo -excepto a ERC- aplazando el pleno de investidura del candidato, Carles Puigdemont, hasta que este se pueda celebrar con todas las garantías y de manera efectiva. Los reproches y acusaciones mutuas dentro del bloque independentista no se hicieron esperar, […]
El pasado 30 de enero Roger Torrent, presidente del Parlament , sorprendió a todo el mundo -excepto a ERC- aplazando el pleno de investidura del candidato, Carles Puigdemont, hasta que este se pueda celebrar con todas las garantías y de manera efectiva. Los reproches y acusaciones mutuas dentro del bloque independentista no se hicieron esperar, el Estado y el bloque monárquico se frotaban las manos -sobre todo con la filtración de los mensajes privados entre Puigdemont y Comín- y, el sobiranismo se movilizaba en la calle harto de las dilaciones del Procés .
Pugna independentista
La unidad del independentismo se tambaleaba y la posibilidad de un acuerdo para la investidura se rompía. En estos días se constató que la pugna con el Estado español no es la única, sino que existe una batalla soterrada entre las fuerzas independentistas, sobre todo, entre JxCAT y ERC. Por un lado, Esquerra no esperaba que JxCAT le hiciera el sorpasso y, a pesar de obtener los mejores resultados de su historia, se han encontrado con el paso cambiado desde la campaña electoral. No obstante, los republicanos no están dispuestos a asumir más riesgos por una investidura simbólica de Puigdemont que, automáticamente, quedaría suspendida por los tribunales y no favorecería ni la situación de los presos, ni la retirada del 155, ni posibilitaría la confección de un nuevo Gobierno. ERC reclama concreción a JxCAT para conocer cuál es el plan para investir Puigdemont, así mismo, lo condiciona y, sobre todo, exige saber la hoja de ruta posterior. Por otro lado, nada indica tampoco que otra presidencia y un nuevo gobierno -sin miembros en el exilio ni en la prisión-, sirva para parar la suspensión del autogobierno, recuperar las instituciones y avanzar hacia la autodeterminación en la construcción de la República. Mientras tanto, JxCAT amenaza con «Puigdemont o elecciones». En este sentido, la situación es compleja y la sombra de la tutela del Estado alargada. A nadie se le escapa que la intervención financiera de la Generalitat y la presión judicial continuarán. Una profundización de la judicialización del Procés, que abre una deriva peligrosa para los fundamentos democráticos y las libertades en el Estado español, en lo que muchos señalan como una persecución alarmante de ideas políticas.
Rehacer puentes
Después de la tormenta por el choque inicial, ha llegado cierta calma con la reanudación de las negociaciones entre las fuerzas independentistas para negociar una fórmula de investidura que no tenga implicaciones legales para la Mesa, ni para los diputados en libertad provisional y que, a la vez, sea efectiva. En este sentido, ERC avalaría la propuesta de combinar un gobierno legítimo en el exilio -elegido por la asamblea de electos- y uno de ejecutivo en Cataluña votado por el Parlament . Al respecto, a JxCAT aseguran que las negociaciones «van por el buen camino» pero avisan que «de presidencia y de investidura hay una, y será la del presidente Puigdemont». Y, mientras tanto, la CUP advierte que «no participaremos de un pleno hecho a medida por el Tribunal Constitucional» y que hay que continuar por la vía desobediente, profundizando en el embate democrático real con el Estado, para hacer efectiva la investidura del candidato independentista más votado el 21-D. A estas alturas una investidura simbólica parece descartada, y surgen contradicciones entre porque enfrentarse actualmente con el Estado y no haberlo hecho en Octubre, cuando la gente estaba en la calle dispuesta a defender la implementación de los resultados del referéndum del 1-O. Sea como fuere, el bloque independentista no se puede permitir dilapidar la mayoría parlamentaria revalidada el 21-D y tiene que conservar, como un tesoro, la unidad en la diversidad y la no violencia, para continuar avanzando. Un avance que explora, en las negociaciones actuales, continuar por caminos no transitados hasta ahora, donde la articulación de un nuevo marco político más allá de la autonomía podría dar una salida al laberinto catalán y superar la telaraña del Estado. No obstante, el gobierno de Rajoy ya ha avisado que coartará cualquier intento por el cual el Parlament escoja a Puigdemont. En este sentido, el veto preventivo del Tribunal Constitucional -orquestado por la Moncloa-, es un ejemplo fragante de la involución democrática del Estado, en un claro ataque a lo que votó una mayoría el 21-D.
Restituir Puigdemont, formar Gobierno y acabar con el 155, esta es la hoja de ruta independentista a muy corto plazo, pero -si se consigue-, ¿cuál es el proyecto político para dar respuesta a las necesidades del país, tanto en clave nacional como social? Cuestión que hay que resolver lo más pronto posible para avanzar de forma efectiva hacia la República Catalana.
Jesús Gellida es analista político
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