Hoy en España mucha gente pasa hambre. Parecemos un país devastado por algún terrible conflicto. La población se empobrece a un ritmo acelerado, está atemorizada, pierde sus esperanzas y sueños. No tiene expectativas de mejora, sino de seguir escuchando malas noticias y sufriendo peores decisiones. Toda una generación perdida. Para J.P. Morgan, la economía española […]
Hoy en España mucha gente pasa hambre. Parecemos un país devastado por algún terrible conflicto. La población se empobrece a un ritmo acelerado, está atemorizada, pierde sus esperanzas y sueños. No tiene expectativas de mejora, sino de seguir escuchando malas noticias y sufriendo peores decisiones. Toda una generación perdida.
Para J.P. Morgan, la economía española se encuentra en una de las mayores crisis de su historia y ha publicado un gráfico del PIB real de los últimos 160 años en el que se muestra que España está en su peor crisis desde la guerra civil y desde 1850, con una caída de la economía que raramente se ha visto en la historia moderna del país.
Efectivamente, los datos de la situación económica y social son escalofriantes. La economía está en recesión y las perspectivas son sombrías. Los salarios caen en picado, se disparan los EREs y los despidos con la reforma laboral, se cierran decenas de miles de empresas medianas y pequeñas. Desde 2008, más de 400.000 familias han perdido sus viviendas por los desahucios. El paro está casi en los 6 millones de personas. Aún más grave es el caso de los jóvenes, con uno de cada dos en el desempleo, a pesar de la cualificación académica y profesional, lo que les hace escoger el camino del exilio laboral. Se calcula un saldo migratorio negativo en esta década de 945.000 personas, según el Informe Económico Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2013.
Mientras crece el número de millonarios, la pobreza alcanza niveles de record y afecta al 20% de la población. Hay 1.737.600 familias con todos sus miembros sin trabajo, dos millones de parados sin cobrar prestación. Es especialmente terrible la pobreza infantil, con más de dos millones de niños en ese estado. Hay una inflexión en la esperanza de vida, que empieza a retroceder, y la natalidad se está viendo afectada.
Estamos ante un ataque en toda regla al estado democrático, social y de derecho del que habla nuestra Constitución. Paro, pobreza, empobrecimiento y expropiación de lo público, resumen la situación de un país intervenido, de facto, por las decisiones de los mercados y las autoridades comunitarias, aunque se niegue y oculte por el gobierno español. Que se ha visto obligado a pedir 100.000 millones de euros para rescatar a una banca que ha estafado a los ciudadanos. Y a cambio, se han impuesto los mismos recortes que a otros países de la Unión Europea anteriormente rescatados: reducción de empleo público, bajada de salarios, aumento de jornada y supresión de pagas extras a los funcionarios, privatizaciones de empresa públicas, despido más fácil y barato, aumento de la edad de jubilación y endurecimiento de las condiciones, ataque a los servicios públicos esenciales (enseñanza, sanidad, copago de los medicamentos…), regresión fiscal con medidas como la subida del IVA y del IRPF y la amnistía a los defraudadores, etc.
Todo ello, hace que el paisaje dominante sea la angustia y la inseguridad social y laboral por la falta de futuro. Desde hace cuatro años el suicidio es la principal causa de muerte externa -sin contar enfermedades- en España, más que los accidentes de tráfico. Los últimos datos del INE recogen que en 2010 se quitaron la vida 3.145 personas en todo el Estado, es decir, casi nueve al día. La crisis está detrás de muchos de ellos.
Somos un país que pierde soberanía y con unas instituciones en el mayor descrédito. En una reciente encuesta publicada, los colectivos en los que más confían los españoles eran los médicos, los científicos y el profesorado de la educación pública; por el contrario, la clase política, los bancos, jueces, los sindicatos y los obispos salían muy mal parados.
Nada es casual. Los paquetes sucesivos de recortes que se hacen contraviniendo totalmente el programa electoral con el que llegó al gobierno, aún no hace un año, el actual gobierno soluciones hay que aplicar urgentemente. No les interesa a los dos principales partidos que comparten responsabilidades sobre la actual situación. Ni se producen debates sobre el estado del país, ni se crean comisiones de investigación sobre la estafa bancaría y el golpe de estado financiero.
Rajoy sigue desaparecido y comparece a regañadientes para anunciar más y más recortes; espera que el mantra de la «herencia recibida» siga funcionando, al menos entre sus votantes.
El PSOE hace una oposición errática, criticando los recortes y planteando a la vez pactos de Estado para seguir recortando. Tampoco se renueva, ni construye un discurso coherentes ni recupera crédito entre la ciudadanía. Se podría pensar que juega a la certidumbre de que Rajoy se quemará con la crisis y que ello les creará oportunidades de retorno al poder sin cambiar sustancialmente de política, como ya hizo Zapatero. Pero más bien parece que el PSOE, con su oposición de baja intensidad, se instala en una travesía voluntaria del desierto para no recuperar espacio político y no tener que gobernar a corto plazo. Sólo así se explica que mantenga el liderazgo de Rubalcaba y que presente a determinados candidatos en las elecciones autonómicas.
De lo que podemos estar seguros es que no se saldrá de esta situación con la política de austeridad. Algo que, inteligentemente, opinan tres de cada cuatro ciudadanos españoles y premios Nobel de economía del peso de Joseph Stiglitz o Paul Krugman. Con los ajustes seguiremos andando por el fondo de la piscina unos cuantos años más y cuando salgamos a flote, quizá dentro de diez-quince años, el nivel salarial, de derechos, del estado social será de mínimos.
Por ello la pregunta a hacerse ante este estado de cosas es ¿qué guerra hemos perdido para que los ciudadanos españoles suframos este castigo? Las respuestas pueden ser varias.
Creo que la principal derrota es haber dejado la política en manos de los poderosos, los aprovechados y los corruptos, en aquellos que sólo gobiernan para sus intereses. Haber renunciado a controlar al poder político por parte de los ciudadanos. Permitir que los bancos y los neoliberales se ocupen de algo tan importante como la economía. Consentir que políticos mediocres nos gobiernen. Tolerar que se incumplan una y otra vez los compromisos electorales. Permitir una construcción europea a la medida de los mercados y del gran capital.
No movilizarnos suficientemente contra la injusticia y el desmantelamiento de los derechos.
Aunque las cosas vienen de lejos. Visto con perspectiva histórica, la principal batalla perdida ha sido el modelo escasamente democrático implantado en la transición, donde se excluían temas «intocables» (monarquía, memoria histórica, poder de la iglesia y del ejército, modelo territorial…) y se fomentaba la despolitización ciudadana (partitocracia, ley de D`Hondt, listas cerradas, irresponsabilidad de los políticos…). Lo que suponía una soberanía descafeinada y la pasividad política de la ciudadanía. Y hoy el coste es demasiado alto.
Por ello, estamos obligados a resistir, a organizarnos, a construir alternativas. Empezando por exigir a los sindicatos, a las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales (15-M, 25-S…) que nos convoquen a una lucha unitaria, sostenida y contundente. Con la Huelga General del 14 de noviembre, tenemos la oportunidad de gritar ¡Basta ya! y de empezar a levantarnos.
Pero debe de ser sólo el comienzo. Después tendrá que venir una profunda regeneración democrática, en la se implique la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas alejados y expulsados de la política, si queremos transformar la sociedad.
Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid). Fue secretario de Acción Sindical de CCOO de 1977 a 1996.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/tribuna/que-guerra-hemos-perdido/3537