Durante la semana del 2 al 9 de junio, una delegación formada por miembros de la asociación Sanfermines 78: gogoan! y familiares de Germán Rodríguez, asesinado por la Policía durante los sanfermines de 1978, en Pamplona, y de Arturo Ruiz, asesinado por un grupo para-policial, en enero de 1977, en Madrid, acudimos a Buenos Aires […]
Durante la semana del 2 al 9 de junio, una delegación formada por miembros de la asociación Sanfermines 78: gogoan! y familiares de Germán Rodríguez, asesinado por la Policía durante los sanfermines de 1978, en Pamplona, y de Arturo Ruiz, asesinado por un grupo para-policial, en enero de 1977, en Madrid, acudimos a Buenos Aires para entrevistarnos con la jueza Servini y prestar declaración ante ella. El objetivo era personarnos en la querella que se tramita en el Juzgado Nacional de lo Criminal nº 1, de Buenos Aires, por los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.
Formaban también parte de la delegación miembros de Ceaqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), así como distintos cargos electos de Unidas-Podemos, Bloque Nacionalista Galego y EH Bildu, miembros a su vez del Parlamento europeo, Congreso español, Parlamento de Navarra y ayuntamientos de Errenteria y Arrasate. Todos ellos tomaron parte a su vez en la entrevista mantenida con la jueza Servini y en diversas reuniones realizadas con distintas Comisiones institucionales de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversas plataformas de derechos humanos argentinas.
Son palabras de Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez: «Por fin, tras casi 41 años, he podido sentarme delante de una jueza y explicarle las circunstancias del asesinato de mi hermano Germán, pero para ello he tenido que recorrer más de 10.000 km. Nosotros no teníamos que haber ido a Argentina si en el estado español los jueces hubieran hecho lo que se espera de ellos; es decir, instruir convenientemente el caso y juzgar a los responsables. Sin embargo, en vez de eso, todos los esfuerzos de la judicatura han estado encaminados a proteger a los agresores, garantizar su impunidad y marginar a las víctimas». Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, se expresó en forma similar. Lo afirmado representaba el sentir de toda la delegación.
La llamada «querella argentina» se inició en abril de 2010, en Buenos Aires, impulsada por familiares de personas asesinadas y desaparecidas y diversas asociaciones de derechos humanos. La razón para presentarla en ese país fue la negativa reiterada de los juzgados españoles a tramitar querellas por los crímenes franquistas. El razonamiento esgrimido por el abogado Carlos Slepoy, auténtica alma de la iniciativa y partícipe anteriormente en los casos seguidos contra los genocidas Videla, Silingo y Pinochet, era contundente: lo mismo que la justicia española había jugado un importante papel en el inicio del enjuiciamiento de las dictaduras militares chilena y argentina, se trataba de que la justicia argentina hiciera algo similar juzgando al franquismo.
En la actualidad hay abiertas en el proceso argentino unas 500 querellas que afectan a unas 9.000 personas. Muchas son individuales, otras colectivas. Entre ellas están los casos del 3 de marzo de Gasteiz, Puig Antich, fusilamientos de Txiki, Otaegi, Baena, Sánchez Bravo y García Sanz, ciudades bombardeadas durante la guerra (Durango, Gernika, Barcelona…), «semana negra» madrileña, de enero de 1977, bebés robados, presos y presas del franquismo, torturas (Billy el Niño…), y ahora, los Sanfermines de 1978.
Hasta la fecha, la postura adoptada en torno a este tema por los gobiernos del PSOE y el PP y la Audiencia Nacional ha sido vergonzante. Estas instituciones, que no han dudado a la hora de aplicar el criterio de justicia universal a los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Chile, Guatemala, Sáhara…, se niegan ahora a enjuiciar el genocidio franquista. La prescripción de estos delitos -imprescriptibles según la normativa internacional aplicable al caso- y la Ley de Amnistía-punto final de 1977, son las excusas dadas para oponerse a los exhortos, órdenes de detención y extradición dictados por la jueza Servini contra, hasta ahora, un total de 23 personas imputadas por crímenes de lesa humanidad: ex-ministros franquistas, policías y guardias civiles torturadores, ex-jueces, etc…
A destacar entre ellas la figura de Rodolfo Martín Villa: jefe nacional del SEU, secretario general del Sindicato Vertical fascista, procurador en Cortes, gobernador civil de Barcelona y, finalmente, ministro de Relaciones Sindicales y de Gobernación, respectivamente, en los gobiernos de Arias Navarro y Adolfo Suárez. Durante sus mandatos ministeriales la geografía estatal quedó salpicada por decenas de crímenes policiales: Gasteiz, Barcelona, Madrid, Iruñea, Errenteria, Tenerife, Alacant, Santurtzi, Málaga….
Con ocasión de los sucesos de Sanfermines de 1978, Martín Villa resumió en una frase su concepción respecto al orden público: «Lo nuestro son errores; lo de ellos, crímenes», afirmó. Concepción maniquea que viene en definitiva a amparar la «licencia para matar» con la que contaban las fuerzas policiales que actuaban bajo su mando. «Disparar con todas vuestras energías. No os importe matar», se grabó de la emisora policial durante los sucesos sanfermineros. Evidentemente, lo que ocurrió no fue fruto de error alguno.
El próximo 9 de septiembre Martín Villa está llamado a declarar en Buenos Aires ante la jueza Servini. Los crímenes que se le imputan son los de la matanza del 3 de marzo de 1976, de Gasteiz, el asesinato de Arturo Ruiz en Madrid, en enero de 1977, y las muertes habidas durante la II Semana pro-amnistía de Euskal Herria, en mayo de 1977. A ellos se sumará ahora, así lo esperamos, el crimen policial referido a los Sanfermines de 1978.
El balance realizado tras el viaje realizado a Buenos Aires es muy satisfactorio. Tanto la jueza Servini como la Fiscalía presente en la entrevista y en las declaraciones judiciales han mostrado un especial interés por la implicación de Martín Villa en los casos citados. Por su lado, la extensa red de solidaridad existente en Argentina en relación a este tema (Plataforma argentina de apoyo a la querella, Coordinadora de Asociaciones de derechos humanos, Madres de la Plaza de Mayo,…), se ha mostrado muy receptiva de cara a incluir esta citación en su agenda de trabajo.
Transformar la imputación por crímenes contra la humanidad que pesa sobre Martín Villa en un procesamiento en toda regla es el objetivo a lograr.
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