En su primera visita oficial a las Islas como nuevo ministro de Industria, Energía y Turismo, el pasado lunes dos de enero, José Manuel Soria manifestaba su intención de «desatascar antes de tres meses cualquier tipo de impedimento o restricción administrativa o burocrática» que pueda frenar la imposición de las plantas regasificadoras en Tenerife y […]
En su primera visita oficial a las Islas como nuevo ministro de Industria, Energía y Turismo, el pasado lunes dos de enero, José Manuel Soria manifestaba su intención de «desatascar antes de tres meses cualquier tipo de impedimento o restricción administrativa o burocrática» que pueda frenar la imposición de las plantas regasificadoras en Tenerife y Gran Canaria. Coincidiendo con el presidente regional, Paulino Rivero, Soria aseguró que «no se puede seguir esperando más por esas instalaciones, que contribuirán a diversificar el mixto energético en las islas y a dotar de mayor seguridad el suministro energético» y que calificó como «absolutamente necesarias». El ministro de Industria del Ejecutivo Rajoy se refirió también a la posible ubicación de la planta de gas en Gran Canaria, afirmando que ésta dependerá fundamentalmente de la decisión del Cabildo y el Gobierno autónomo. «El ministerio – dijo – será muy respetuoso con esta decisión». José Manuel Soria no aludió, en cambio, al firme rechazo a la regasificadora que mantienen los alcaldes de la mancomunidad del Sureste. La comarca en que está planeado construirla. Todo parece indicar, pues, que el presidente del Partido Popular de Canarias tiene pensado solventar este conflicto haciendo uso del «ordeno y mando» que ha caracterizado hasta el momento su trayectoria política. Una decisión que desmiente a su compañero de partido y presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, que manifestaba hace escasas fechas su intención de «no imponer dicha ubicación en contra de la oposición del Sureste».
CONSENSO INSTITUCIONAL EN TORNO AL GAS
Pero si la introducción en Canarias del Gas Natural Licuado puede verse acelerada por el conocido carácter autoritario de José Manuel Soria, resulta preciso señalar que la imposición de este combustible como supuesta «alternativa» energética nace del consenso de PP, PSOE y Coalición Canaria. A comienzos del pasado 2011 el antecesor de José Manuel Soria al frente de la cartera de Industria, Miguel Sebastián, reconocía durante una visita a las Islas que «la introducción del gas en Canarias era una de sus principales apuestas». Sebastián, como hoy José Manuel Soria, coincidía con Paulino Rivero en calificar el gas como «un elemento estratégico». Y el proyecto tenía ya entonces un largo recorrido. Algunos años antes, durante su campaña como candidato a la presidencia del Gobierno autónomo, Juan Fernando López Aguilar defendía públicamente la «regasificación» de Canarias, arguyendo que ésta fuente de energía «contamina mucho menos que el petróleo».
La realidad, sin embargo, nada tiene que ver con la propaganda política con la que se pretende convencer a la población de las Islas sobre las virtudes del proyecto gasífero. El Gas Natural Licuado no es solamente una energía peligrosa y contaminante, que aumenta el problema de la polución medioambiental y agrava el cambio climático, sino que, al igual que sucede con el petróleo, el cénit de su producción es inminente. Un estudio del acreditado geólogo Euarn Mearns estima que en el caso de los países productores del norte de África (Libia, Egipto y Argelia), este cénit podría alcanzarse en el año 2015, fecha a partir de la cual la producción de gas comenzará a declinar con el consiguiente aumento exponencial de su precio.
Por otro lado, instalaciones como las que se pretenden construir en los puertos de Arinaga (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife) han sufrido en todo el mundo accidentes con miles de víctimas mortales. En 1984 el siniestro de una planta de gas en México provocaba 5.000 muertos, 4.200 heridos y más de 1000 desaparecidos. Ardieron 6.500 toneladas de combustible y la radiación térmica generada fue tan alta que solo se consiguió reconocer al 2% de los cadáveres y unas 20 hectáreas de superficie fueron afectadas. En 2004 otro accidente en una planta de Argelia costó 27 muertos y 80 heridos. Siniestros parecidos han tenido lugar en plantas recalificadoras de New York, Maryland, etc.
¿QUÉ HAY DETRÁS DEL PROYECTO DEL GAS NATURAL?
La opción del Gas Natural Licuado, por tanto, se presenta como una de las menos adecuadas para «disminuir la vulnerabilidad y la dependencia energética del archipiélago«, tal y como sostienen sus múltiples defensores. Los análisis más rigurosos efectuados sobre esta materia indican, por el contrario, que cualquier planteamiento que aspire a impulsar un verdadero progreso para las Islas, avanzando en su soberanía energética, exigiría orientar los recursos disponibles hacia el desarrollo de las fuentes de energía limpia y renovable. Explotando las inmejorables condiciones que para ello ofrece el Archipiélago.
Entender por qué este conjunto de irrebatibles evidencias no modifican un ápice la apuesta por el GNL de los partidos institucionales exige conocer quiénes realizarán con la operación un negocio multimillonario. En el año 2005, el Gobierno regional privatizaba a dedo la Compañía Transportista de Gas de Canarias SA (GASCAN). Para repartir el pastel creaba ad hoc la entidad Regional Canaria de Energía S.L., integrada por un «selecto» grupo de empresarios de las dos provincias que se hicieron con el 40% de GASCAN por el módico precio de 1,6 millones de euros. Estos empresarios constituyeron sendas Sociedades Anónimas para canalizar su productiva inversión. Una en Las Palmas, denominada Agrupación Energética de Canarias, S.A. y formada por Lopesan, Satocan, Astican, Pérez Moreno, Laymos y Pedro Agustín del Castillo. La otra en Tenerife, bajo la denominación de Inversiones Energéticas de Tenerife, S.A. Como accionistas de esta última figuraban las empresas de Pedro Suárez, Antonio Plasencia, José Fernando Rodríguez de Azero y Pedro Luis Cobiella. El pasado mes de septiembre la empresa Enegas – participada por Omán Oil Company, el banco Mare Nostrum, Cajastur, BBK y otros fondos de inversiones ingleses y americanos – compraba las acciones de los empresarios canarios, haciéndose con el 41,94% de la compañía. El resto queda repartido entre Endesa (47,18%) y Sodecan -perteneciente al Gobierno de Canarias- con un 10,88%.
Son las espectaculares expectativas de ganancia de estos poderosos grupos empresariales, y no el «interés general», las que animan a sus representantes políticos a imponer en las Islas el gas natural al precio que sea necesario. Y aun a costa de exponer al Archipiélago a una crisis de consecuencias difícilmente calculables, al profundizar en un modelo energético basado en los combustibles fósiles cuya fecha de caducidad se encuentra cada vez más cercana.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.