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¿Quién está detrás de la demanda millonaria a España por las renovables?

Por José Ariza de la Cruz, Lucía Bárcena | 22/06/2019 | España
Fuentes: Público.es

La Carta de la Energía está siendo el instrumento por el que el Estado Español está siendo demandado por los recortes en los programas de ayudas las renovables hecho por el gobierno del PP. Según un informe de Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute, en el 88% por ciento de las demandas presentadas no […]

La Carta de la Energía está siendo el instrumento por el que el Estado Español está siendo demandado por los recortes en los programas de ayudas las renovables hecho por el gobierno del PP. Según un informe de Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute, en el 88% por ciento de las demandas presentadas no es una empresa de energía renovable sino un fondo de inversión, a menudo vinculado con el sector del carbón, del gas o del petróleo. Además muchos de estos fondos están radicados en espacios de baja fiscalidad como Luxemburgo.

El 31 de mayo el Estado español fue condenado a pagar 41,8 millones de euros a la sociedad radicada en Luxemburgo 9REN Holding tras perder el arbitraje de inversiones interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). A esta suma se añaden casi seis millones de euros en costes del procedimiento y gastos del tribunal más los intereses generados desde junio de 2014.

Desde 2011, España se ha visto afectada por 45 demandas al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía, debido a los recortes en las ayudas a las energías renovables que se iniciaron en medio de una dura crisis financiera y que acabaron con los precios bonificados para la electricidad generada de manera renovable. Esto afectó a personas corrientes, a cooperativas de energía renovable y a pequeñas y medianas empresas, pero son los fondos de inversión quiénes se han beneficiado del arbitraje de inversiones lo cual revela uno de los defectos más graves del Tratado. El Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo internacional firmado en 1994 sobre el sector energético y que incluye a casi 50 países de Europa occidental y del este, Asia Central, y Japón. El acuerdo se compone de un amplio número de reglas, incluyendo aquellas sobre la circulación energética y el comercio. Sin embargo, las provisiones relacionadas a la protección de las inversiones extranjeras en materia energética son la piedra angular del mismo.

El Tratado contiene el polémico mecanismo de resolución de controversias entre inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) según el cual los inversores pueden demandar a los Estados por cambios legislativos o regulatorios que afecten a los beneficios de sus inversiones. Esto, además de suponer un coste enorme para las arcas del Estado, compromete la necesaria transición ecológica, al posibilitar a las multinacionales que se lucran de los combustibles fósiles demandar al Estado en el caso de que éste legisle con el objetivo de hacer disminuir o desaparecer su consumo.

A día de hoy, España es el país del mundo más demandado invocando el Tratado sobre la Carta de la Energía. De los 45 casos, ocho -teniendo en cuenta la nueva condena- ya han sido resueltos a favor del inversor, por los cuales España ha sido condenada a pagar la cantidad aproximada de 729 millones de euros. Sin duda, nuevas sentencias surgirán en lo que queda de año.

¿Quién está demandando?

Según un informe de Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute, en el 88% por ciento de las demandas presentadas contra España por los recortes en los programas de ayuda a la energía renovable, no es una empresa de energía renovable sino un fondo de inversión, a menudo vinculado con el sector del carbón, del gas o del petróleo. Por otro lado, dado que la definición de «inversor» o «inversión» que establece el Tratado es tan amplia, los Estados pueden ser demandados por inversores de todo el mundo. Esto propicia a que el TCE sea objeto de abuso por parte de sociedades pantalla, que por lo general sólo existen sobre el papel y se suelen usar para la evasión de impuestos.

9REN Holding fue creada por el fondo de capital riesgo estadounidense First Reserve tras la compra en 2008 de Gamesa Solar, la filial de Gamesa especializada en parques fotovoltaicos. Bajo esta sociedad, domiciliada en Luxemburgo probablemente por motivos fiscales, 9REN aglutina diversos negocios de generación y venta de energía solar en España e Italia (estos últimos fueron traspasados exitosamente en 2016). El modelo se benefició de la recepción de los subsidios que habían entonces del Estado para construir y explotar instalaciones de energía renovable.

First Reserve es una de las principales gestoras de fondos del mundo especializada en el sector de la energía, con más de 35 años de experiencia y 32.000 millones de dólares invertidos. Entre las inversiones que ha realizado, se encuentran compañías de alto riesgo como Abengoa. El Tratado sobre la Carta de la Energía está siendo cada vez más utilizado por inversores financieros o sociedades de cartera.

Los argumentos de desamparo legal de este tipo de compañías son más que cuestionables. Con este perfil inversor, es indudable que First Reserve debería realizar durante la ejecución de sus numerosas inversiones un riguroso análisis para asegurar que cumple con sus obligaciones en materia de debida diligencia.

9REN Holding inicia sus operaciones en España en 2008, cuando ya estábamos en plena crisis económica y se empezaban a introducir algunos cambios en los programa de ayuda a las energías renovables. Resulta sorprendente que incluso dos años más tarde, tras anunciar el Gobierno en 2010 planes para recortar la retribución a las renovables, en diciembre de 2011, First Reserve decidiera incrementar su exposición al sector con una nueva inversión. En esta ocasión, fueron 150 millones de dólares invertidos de la mano de la promotora española Renovalia, creando Renovalia Reserve para desarrollar y explotar conjuntamente parques eólicos.

Pese al impacto mediático de la condena a su favor en el caso 9Ren por el recorte a las renovables, la mayoría de las inversiones de First Reserve se dirigen a compañías productoras de combustibles fósiles. Entre sus empresas participadas en cartera se encuentran desde extractoras de petróleo y gas hasta constructoras de oleoductos. No obstante, en el apartado de su web sobre sus criterios en materia medioambiental, social y gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), la compañía dice buscar la protección del medio ambiente colaborando en programas con el Departamento de Energía de EE UU para «la implantación de las mejores prácticas en la producción de gas de esquisto».

Salirse del Tratado sobre la Carta de la Energía

La campaña ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales’, de la que forma parte Ecologistas en Acción, pide al gobierno de España salirse del Tratado sobre la Carta de la Energía para evitar nuevas demandas de arbitraje internacional y garantizar la soberanía de los gobiernos nacionales y autonómicos en su capacidad de legislar a favor de un marco regulatorio que favorezca las energías limpias.

Según el Artículo 37 Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y el Artículo 94.1 de la Constitución española, salirse de un tratado internacional como el TCE requiere de la autorización de las Cortes. Una vez aprobada la salida por las Cortes, el Estado español deberá remitir una carta al depositario, el gobierno de Portugal, manifestando su denuncia del tratado, tal y como se recoge en el Artículo 47 de este. Es decir, recuperar nuestra soberanía legislativa y regulatoria en materia energética, combatir el cambio climático con una urgente transición energética y ahorrarnos el coste de futuras demandas millonarias requiere principalmente de voluntad política.

Notas

José Ariza de la Cruz es portavoz de Ecologistas en Acción y Lucía Bárcena es investigadora en Transnational Institute.