Plazos de medio siglo en el acceso a los documentos reservados seguirán dificultando la investigación, impidiendo una divulgación solvente y obstruyendo, en definitiva, el conocimiento de la historia reciente al que tiene derecho una sociedad democrática.
Desde 1977 la transición española reivindicó como uno de sus objetivos primordiales adecuar el nuevo modelo jurídico al de “los países de nuestro entorno”. Es evidente que con ello se refería a los de la órbita occidental. Sin embargo, en lo tocante al acceso a las fuentes de archivo que pudieran arrojar luz sobre los episodios de la historia reciente, cuestión necesaria para alumbrar un camino tortuoso, la flamante democracia dejó pervivir durante demasiado tiempo la coraza interpuesta en 1968 por una dictadura que venía de celebrar hacía poco esa exitosa campaña de mistificación con efectos sociales imperecederos bautizada como los “XXV Años de Paz”.
Anótese, a título de recordatorio de dónde veníamos, que España no formaba por entonces parte de la comunidad Europea, ni de la OTAN, ni de buena parte de los organismos internacionales diseñados por el sistema de pactos multilaterales subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial. Al fin y al cabo, aunque los tecnócratas del Opus Dei repitieran el mantra de la consecución de los mil dólares de renta per cápita y la consolidación de una muelle capa de clases medias consumistas como basamento de unas futuras reformas más parecidas al caetanismo portugués pre-25 de Abril que a una democracia tout court, el régimen de Franco nunca fue considerado un pretendiente presentable para Europa occidental, sino el doliente viudo de las potencias del Eje que tanto contribuyeron a su victoria e implantación.
La convulsa transición, con sus traumas —terrorismo, golpismo, crisis económica— retardó la oportunidad de homologar el procedimiento de acceso a los archivos por parte de los investigadores. Así, se daban paradojas como que para conocer los conflictos interfronterizos con Francia desde los años 40 en adelante hubiese que acudir a los archivos departamentales del país vecino, donde quedaron reseñadas las tramas y actividades de los servicios de información españoles, consultables sin cortapisas. Como si ambos Estados no formaran ya parte de una misma comunidad económica y política desde 1986 y de la misma alianza militar desde 1982.
La carencia
de facilidades para consultar la evidencia primaria de la historia más
reciente en los repositorios españoles contrasta desde hace un tiempo
con las posibilidades que en la era de la digitalización masiva ofrecen
portales como Wikileaks, la organización de liberación de información
impulsada por el ominosamente perseguido Julian Assange. Su depósito,
donde se hallan los cables del Secretario de Estado Henry Kissinger,
permite trazar la hoja de ruta de los Estados Unidos durante la
transición española a lo largo de más de 5.400 documentos.
La Central Intelligence Agency (CIA) tiene disponibles sus archivos on line y su web de acogida se permite incluso un guiño irónico al curioso lector: “¿Los ovnis te fascinan? ¿Eres un aficionado a la historia que quiere aprender más sobre Bahía de Cochinos, Vietnam o el A-12 Oxcart [avión de reconocimiento construido por Lockheed y operativo entre 1962 y 1968]? ¿Te han fascinado siempre las historias sobre espías? Puedes encontrar información sobre todos estos temas y más en la Sala de lectura electrónica de la Ley de Libertad de Información de la Agencia Central de Inteligencia”.
Los servicios norteamericanos, hecha la salvedad de proteger la identidad de sus fuentes o los datos sensibles que puedan ponerlas en riesgo, han tenido históricamente escaso empacho en asumir y publicitar sus actividades. Lo hicieron desde su creación como continuación de la Office of Strategic Services (OSS): en 1948, la CIA reconoció paladinamente que, llegado el caso de que los comunistas italianos se alzasen con el triunfo en las elecciones del 18 de abril, su “acceso al poder podría ser prevenido mediante el falseamiento de los resultados o el uso de la fuerza”.
Tampoco tuvieron pelos en la lengua para desaconsejar la inclusión de la España de Franco
en programas de ayuda similares al Plan Marshall: “Creemos que el
régimen español es estable, pero que es demasiado corrupto y
administrativamente incompetente para llevar a cabo un programa de
recuperación y desarrollo sin grandes despilfarros y mala gestión”.
La documentación, descargable en formato facsímil, es desclasificada en virtud de la Freedom Of Information Act (FOIA), promulgada en 1966 y sometida a revisión en 2009, durante el mandato de Barack Obama. Según establece su preámbulo, “el principio subyacente a la FOIA es inherente al ideal democrático, como lo exigen Thomas Jefferson y otros fundadores de nuestra República: asegurar una ciudadanía informada, vital para el funcionamiento de una sociedad democrática”. En su apartado segundo, punto 1.5, establece los plazos de acceso. En el momento de la clasificación original, la autoridad competente debe establecer una fecha para la desclasificación que, al cumplirse, determinará que la información sea automáticamente desclasificada. Si no se hubiera establecido expresamente plazo de prescripción, este no deberá superar los diez años posteriores a la fecha original, con excepción de la información que afecte a la identidad de una fuente confidencial o a planos de armas de destrucción masiva. En cualquier caso, el plazo máximo son 25 años. La ley deja meridianamente claro que ninguna información puede permanecer clasificada indefinidamente.
En virtud de ello, la web de la CIA ofrece periódicamente novedades sobre los tópicos que han sido objeto de desclasificación. Sus colecciones no se limitan a temas ya remotos, como la Guerra de Corea, los movimientos anticoloniales y nacionalistas en las décadas de los 50 y los 60 o la Ofensiva del Tet en Vietnam (1968): entre los papeles de libre acceso se cuentan los que revelan la implicación de la propia agencia en el complot para derribar el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973), los relativos a la guerra sucia en Argentina (1976-1983) y, con fecha inferior a los 25 años trascurridos desde los hechos, los que abordan los atentados del 11 de septiembre de 2001 y los relativos al Programa de Detención e Interrogatorio de presuntos yihadistas bajo la administración de George W. Bush (2001-2009).
La decisión de sacar a la luz las evidencias de la guerra sucia contra el terrorismo o el cuestionable papel jugado por los más altos mandatarios sorprende si la comparamos con los pruritos que se manifiestan en lo que se ha conocido hasta ahora del proyecto de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, anunciado por el gobierno español a comienzos de agosto de 2022. Lo que revelan las fuentes desclasificadas por los servicios estadounidenses son aspectos muy duros tanto de las injerencias en la política interior de terceros países como sobre las prácticas llevadas a cabo en ese agujero negro de la legalidad internacional que es la prisión de Guantánamo. En la web de la CIA se pueden descargar documentos originales como una Description of Physical Presures, completo catálogo de sevicias a modo de manual de inquisidores; previsiones sobre qué hacer en caso de muerte del interrogado, procediendo a su cremación; casuística jurisprudencial para la defensa legal de funcionarios acusados de tortura, invocando un “estado de necesidad” para la defensa de la seguridad avalado por precedentes como el israelí; todo ello en pos de la eficaz consecución de los objetivos mediante “técnicas de interrogatorio mejoradas”.
Si la democracia norteamericana está alguna vez en riesgo no lo será por reconocer lo que fueron sus intromisiones en la soberanía de terceros países o la comisión de gravísimas violaciones de los derechos humanos, sino por el asalto a las instituciones por parte de quienes incluyen en su estrategia el ocultamiento, la manipulación o la utilización interesada de documentación oficial en beneficio propio. La democracia española tampoco sufriría porque se prescribiesen plazos de acceso significativamente inferiores al medio siglo prorrogable que se contempla para los casos más delicados. Seguramente, quienes están más interesados en fragilizar la democracia son los mismos a los que nos les importaría vedar total e indefinidamente, mediante ataduras con gruesos lazos de balduque y vetos admonitorios estampados en azul con sellos de caucho, la proyección del foco público sobre episodios que quizás desdoren leyendas, ajen oropeles y desdibujen el retrato hasta hoy demasiado halagüeño de determinados personajes y comportamientos. Una sociedad madura tiene derecho a que se estudie la transición como problema en lugar de reverenciarla ritualmente como a un fetiche.
Fernando Hernández Sánchez es profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la UAM y especialista en la historia del comunismo español.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/historia/quien-teme-a-los-archivos