Las políticas ambientales en este momento forman parte – como nunca antes – de cuestiones determinantes para el futuro de regiones y países enteros. Y los gobiernos provinciales o comunales, son cómplices o víctimas (en el mejor de los casos), de estos proyectos en donde entran a jugar factores globales. Hoy el negocio de los […]
Las políticas ambientales en este momento forman parte – como nunca antes – de cuestiones determinantes para el futuro de regiones y países enteros. Y los gobiernos provinciales o comunales, son cómplices o víctimas (en el mejor de los casos), de estos proyectos en donde entran a jugar factores globales. Hoy el negocio de los servicios ambientales mueve millones en el mundo. Esos millones no son sólo intereses económicos sino también, geoestratégicos.
El disfraz ecologista
Tal como lo vislumbraba Kissinger las futuras guerras del Siglo XXI están siendo por los recursos naturales (agua y petróleo) pero para el Imperialismo uno de los principales problemas es la gente, porque sobran habitantes en este planeta y hacia allí se encamina su estrategia de destrucción.
Esta fundamentación ideológica se ve complementado por la aparición de organizaciones conservacionistas que plantean la «ecología profunda», un tipo de ecología que no contempla la existencia del hombre y aspira a conservar el medio ambiente sin la vida humana.
Pero aquí surge una clara distinción de clase y de roles en la sociedad capitalista. Los ecologistas profundos impulsan el desplazamiento del hombre de los territorios ricos en recursos naturales, pero los desplazados son los pueblos que habitan esa región o los miembros de las clases sociales bajas (esencialmente los campesinos y los aborígenes), porque su proyecto de conservación defiende la existencia de ricos burgueses y terratenientes que puedan dedicarse a la ecología y la preservación de los «paraísos terrenales» para quienes tengan la capacidad económica de comprarlos o disfrutarlos.
Los tres casos más importantes de estas metodologías concretadas en la Argentina muestran como organizaciones ecologistas del país se prestaron a las compras de tierras realizadas por un ecologista profundo, Douglas Tompkins.
Su plataforma filosófica aparece en los textos que en 1984, Arne Naess y George Sessions crearon en los ocho principios de la Ecología Profunda.
El nuevo dueño del Ibera, excluye y desplaza al hombre simple y silvestre, siempre que éste viva, sobre recursos ricos en biodiversidad. Pero deja en un limbo oculto a los otros instrumentos, también concretos. A saber: la International Forum on Globalization y la Funders Network Trade & Globalization, organizaciones estas financiadas por las Fundaciones de Rockefeller, de Ted Turner, de la familia Ford y George Soros (algunos de estos personajes forman parte de la mesa ejecutiva de la JP Morgan Chase).
El Centro Rockefeller para Estudios Latinoamericanos -una de las usinas de ideas del Nuevo Orden Mundial, difunde también la posibilidad de fragmentación territorial en Chile-, crearon el denominado ‘Iron Mountain Plan’, que elaboraba como instrumentos, la preservación del medioambiente. La ‘ecología,’ al ser una causa noble, sería difícil que encontrara opositores.
Las inversiones de Tomkins en el sur latinoamericanos partieron en dos a Chile, imponiéndole la figura del fideicomiso y una serie de condiciones de difícil cumplimiento, las que, de no efectivizarse le permitirían al magnate estadounidense asegurarse el retorno de las áreas a su propiedad o las fundaciones ecologistas que lo acompañan en las maniobras. El mismo mecanismo lo tiene reservado al Gobierno de la Provincia de Corrientes.
Es interesante unir las piezas y ver lo que tenemos. Una fundación ecologista impulsa un plan de manejo (Ecos), un terrateniente norteamericano lo cofinancia (Tomkins) junto al GEF/ Banco Mundial. Ambos tienen el mismo discurso sesgado sobre la sustentabilidad. Tomkins habla de la Ecología Profunda (www.deepecology.com), y Ecos de los animalitos en riesgo (www.ecosibera.com). El círculo cierra sin hablar de lo importante: EL AGUA POTABLE.
Resumiendo: Conservation Land Trust y la Fundación ECOS son el Caballo de Troya del Banco Mundial, los barones del agua y las corporaciones interesadas en su potencial geotérmico. Desde estas usinas se quiere convertir al Iberá en Patrimonio de la Humanidad, para servirlo en bandeja de plata.
El estadounidense Douglas Tomkins, autodenominado filántropo ecologista, tiene cerca de 400.000 hectáreas entre Chile y Argentina; estas compras al ser realizadas bajo legislación estadounidense y patrocinadas por la UNESCO por su carácter ecologista, rompen con la soberanía nacional quedando bajo el amparo de la ONU, pese a violar legislaciones nacionales, como la imposibilidad de tener tierras a menos de 150 kilómetros de frontera terrestre y a 50 km del mar (que la Unión Europea pidió sea reducido en un documento reservado a la OMC en marzo de 2002), ya que en la «reserva» de Tompkins se puede cruzar sin control entre Chile y Argentina. Por medio de Patagonia Land Trust, Tomkins compró 147.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz (El Patagónico, 10/10/02).
El «Holding Calafate», opera a través de las empresas Babic y Patagonia Wilderness y poseen desde 1986, 20.000 hectáreas frente al glaciar Perito Moreno. La diputada del PJ santacruceño, Judit Forstmann, objetó los contratos amparados bajo la Ley 24.441 de fideicomisos, puesta en vigencia cuando no, durante el menemismo, que permitía la compra de tierras, por medio de estas dudosas asociaciones empresariales con la Administración de Parques Nacionales (dependiente de la Secretaría de Recursos Naturales que estuvo a cargo de María Julia Alzogaray), traspasando los límites permitidos hacia la frontera. Durante la dictadura, el presidente de la Administración de Parques Nacionales estuvo a cargo de Francisco Erize, ex esposo de María Julia, y también ex titular de Vida Silvestre.
El 15 de mayo de 2002, el abogado Juan Gabriel Labaké presentó en Tribunales una demanda para que se investiguen las operaciones de compra de tierras en la Argentina y que la Justicia exhorte a Chile para cotejar mapas a fin de desenmascarar el fin de los capitales extranjeros.
Lo que si es imposible de comprobar es el rumor que señala que detrás de la fundación Vida Silvestre estaría la NSA, y detrás de Tomkins la propia CIA. Mientras se discutía la derogación de la Ley de Quiebras pedida por el FMI, la diputada del ARI, Elisa Carrió, filtró en su discurso: «Vienen por las tierras como último activo geopolítico importante».
A fines de agosto de 2002, el New York Times publicó en su portada «Patagonia Independiente». Separada del desastre argentino, «estaría escasamente poblada pero sería una nación próspera, a pesar de que menos del 5% de la población argentina vive en la región, esta cuenta con casi la mitad del territorio nacional, reservas de agua potable y el 80% del petróleo y gas natural», reza en uno de sus párrafos el periodista Larry Rother.
PATAGONIA LAND TRUST
SANTA CRUZ: las estancias (80.000 hectáreas), Monte León, Dor Aike, El Rincón y Sol de Mayo, (cordillera), compradas por el terrateniente DOUGLAS TOMPKINS de EE.UU., quien pretende apoderarse de las reservas de agua potable más puras del planeta, formadas por la cuenca de los hielos continentales Patagónicos, que desembocan en su mayoría en el río más caudaloso de la Patagonia, (Río Santa Cruz).
Hace dos años se creó la fundación Patagonia Land Trust, cuya directora es Kris Tompkins. El principal emprendimiento en Argentina es Monte León. Se trata de 62.750 hectáreas en la costa de Santa Cruz. Con la intervención de la Fundación Vida Silvestre -que actuó como entidad puente- Patagonia Land Trust donó esas tierras al Estado con la condición que allí se establezca un Parque Nacional.
Pero Tompkins no se queda quieto. Ya compró también las propiedades cercanas a Monte León. Se trata de las estancias El Rincón y Dor-Aike. Asegura que propondrá a las autoridades que esas dos zonas se sumen al sistema de áreas protegidas de Argentina.
Pero hay más: Patagonia Land Trust es dueña de 100.000 hectáreas en los Esteros del Iberá que pertenecían a la familia Blaquier.
Además Tomkins adquirió otras 100.000 hectáreas en Corrientes y 4.000 en el Delta, cuyo dueño era el empresario Gregorio Pérez Companc. Las tierras serían administradas por DRT Investment LLC y Vacas LLC, dos empresas del magnate norteamericano.
DOUGLAS TOMPKINS reclama a través de su empresa (THE PATAGONIA LAND TRUST) que el gobierno de la provincia renuncie a estos lugares quedando finalmente regidos bajo las leyes de EE.UU.
En conclusión (Por ahora)
El gobierno, parece que no ve o mejor, «mira para otro lado», y los argentinos, preocupados en comer, no tienen tiempo de defender la soberanía, solo que la perderemos a corto plazo, si no tomamos la cosa en serio.
De seguir así en 20 años deberemos salir a defender como los iraquíes su territorio, con nuestras armas, pero en lugar del petróleo, deberemos pelear por nuestro derecho a la vida, a comer y a poder tomar agua.
Pero no va ser fácil. Con la excusa de que la sociedad «es violenta» y hay demasiadas armas en forma ilegal, nos están desarmando y dejando indefensos frente a la ocupación militar norteamericana, que sí, están tomando lenta y silenciosamente el país mientras la gilada mira «Bailando por un sueño» o el mundial de básquet.
Esa es la verdadera razón por que les preocupa tanta arma en poder de la población. Lo demás es mentira.