Tras el secuestro de la tripulación del atunero congelador Playa de Bakio, con base en Bermeo (Vizcaya), perteneciente a Pesquerías Vasco Santanderinas (PEVASA) y de que otro barco atunero vasco, el Playa de Aritzatxu, logró hace un tiempo escapar de un grupo que intentó secuestrarlo en alta mar. Carmen Chacón decidió enviar al ejército español […]
Tras el secuestro de la tripulación del atunero congelador Playa de Bakio, con base en Bermeo (Vizcaya), perteneciente a Pesquerías Vasco Santanderinas (PEVASA) y de que otro barco atunero vasco, el Playa de Aritzatxu, logró hace un tiempo escapar de un grupo que intentó secuestrarlo en alta mar.
Carmen Chacón decidió enviar al ejército español al cuerno de África, para proteger la flota atunera española que pesca en aguas del Océano Índico frente a la creciente oleada de ataques piratas. En la actualidad, unos 40 buques pesqueros europeos faenan en estas aguas, de los que la mayoría son españoles y el resto franceses. Entre la flota española se encuentran los barcos mencionados, y probablemente otros de los armadores miembros de las asociaciones gremiales del sector ANABAC y OPAGAC, que son quienes han reclamado la protección militar. Otra de las empresas que puede pescar atunes somalíes puede ser la conocida empresa Calvo, que publicita en su web que tiene dos de sus barcos (Montealegre y Montecruz) faenando en las aguas del Índico, incluyendo las que corresponden a Somalia. Por todo ello, España ha enviado 395 militares, una fragata, un petrolero y un avión de patrulla marítima. La misión se enmarca en la operación Atalanta, impulsada por la Unión Europea, para combatir la piratería en aguas de Somalia. Sin embargo la opción militar no parece la mejor opción para acabar con la piratería en Somalia, ya que no parece ser cosa de un grupo de parias olvidados por el sistema. De hecho, la Cadena Ser accedió a un informe de la inteligencia militar europea en el que se advierte que los ataques no son improvisados ni carecen de preparación. Porque disponen de una estructura superior de informadores muy bien situados, que desde Londres les indican los barcos que se pueden secuestrar, cuáles son sus rutas, sus cargas, sus nombres y sus nacionalidades. Según la documentación militar, esta información se evidenció en el ataque al atunero vasco Felipe Ruano.
Somalia es un país con un Estado totalmente descompuesto en manos de señores de la guerra, que no ve la luz al final del túnel, donde la esperanza de vida es de tan solo 47 años. Su economía se sustenta en el sector primario y de subsistencia, especialmente la ganadería y la pesca que, según testimonios locales, también se ve afectada por la pesca en alta mar. Los asaltos a los pesqueros es una consecuencia más de esta situación contra la que no se puede luchar con el poder militar, porque la paz y la seguridad solo pueden garantizarse con el cese de la violencia y la creación de un clima idóneo de estabilidad y confianza para salir de la pobreza, y porque los verdaderos responsables de esta piratería parecen encontrarse más allá de las fronteras somalíes.
En definitiva, es más que cuestionable, por muy diversas razones, que el ejército español se dedique a asegurar que podamos seguir comiendo atún en lata. Por un lado no tenemos por qué ser todos los contribuyentes quienes paguemos las aventuras comerciales de empresas españolas en lugares donde no se dan las condiciones para hacerlo. ¿Cuánto nos costaría una lata de atún del cuerno de África si le sumáramos el coste de la escolta militar? Por otro lado, esta operación parece otra de las muchas maneras que encuentra el gobierno para legitimar el enorme gasto militar español, que en tiempos de crisis puede verse puesto en cuestión por la ciudadanía que se queda sin trabajo ni prestaciones sociales. Finalmente, el Estado español no ha tenido nunca ningún interés en mejorar la situación de la población somalí, ya que, hasta 2006, la última vez que se conoce que España «ayudó» a Somalia fue en 1987 y 1989, cuando existían fuertes tensiones en el país que desembocaron en un conflicto armado y el colapso del Estado, proporcionando 215 camiones militares y un número indeterminado pero significativo de otros vehículos militares por valor de 2.420,3 millones de las antiguas pesetas como Ayuda Oficial al Desarrollo -a través de Fondos de Ayuda al Desarrollo-, generadores de deuda externa. Sin lugar a dudas, sería mejor dedicar el dinero que nos gastamos en desplazar a nuestros militares al Cuerno de África, a la población somalí, pero no a los secuestradores de allí o de Londres, sino a quienes sufren las consecuencias de la no existencia de Estado, de los señores de la guerra, y del abandono de la comunidad internacional.