Grupos ideológicos de extrema derecha con concepciones neonazis y supremacistas que se refuerzan en unos y otros países. El racismo cada vez más anclado en instituciones, grupos de poder y en el funcionamiento cotidiano en diversas sociedades. Una radiografía que preocupa particularmente a las Naciones Unidas que acaba de iniciar la última semana de febrero y hasta el 23 de marzo, en Ginebra, la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos.
La pandemia refuerza los “ismos”
“Aprovechando la pandemia del coronavirus hay otra epidemia que se esparce rápidamente entre países y se incrusta en nuestras sociedades: la de los movimientos racistas, supremacistas y neonazis”, subrayó António Guterres, secretario general de la ONU, al inaugurar este evento.
Explicó que los grupos que promueven estas ideologías han aprovechado la aparición de la pandemia para aumentar su propio poder mediante la “polarización social y la manipulación política y cultural”. Afirmó, además, que representan la mayor amenaza a la seguridad interna en muchos países.
En algunos países también se da el caso de autoridades que han usado “políticas de mano dura” en cuestiones de seguridad y adoptado medidas de emergencia para “aplastar la disidencia, criminalizar las libertades básicas, silenciar la información independiente y restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales”. Es esencial “una acción mundial coordinada para acabar con este grave y creciente peligro”, enfatizó.
España en la mira
En paralelo, los últimos días de febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, en inglés), agencia dependiente del Consejo de Europa, criticó a España por no haber hecho nada con respecto a dos de las recomendaciones que le había presentado tres años atrás: el problema del abandono escolar entre los niños gitanos y la necesidad de crear un organismo independiente para la promoción de la igualdad ( https://rm.coe.int/fifth-report-on-spain-spanish-translation-/16808b56cb ) .
El periódico El País, de España, cuestionó recientemente la abstención ibérica relativa a dos resoluciones clave votadas en Naciones Unidas. En su análisis titulado Es el momento de actuar contra el racismo en España (https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-10/es-momento-de-actuar-contra-el-racismo-en-espana.html), dicho periódico se refiere primero a la resolución del 31 de diciembre pasado sobre la adopción de medidas concretas para la eliminación total de la discriminación racial, el racismo, la xenofobia y formas conexas de intolerancia.
España, junto con otros 43 países occidentales, se abstuvo. A pesar de dicha abstención y de varios votos en contra (entre otros, los de Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, Hungría y la República Checa) la propuesta contó con el apoyo de más de un centenar de países https://www.un.org/press/en/2020/ga12307.doc.htm).
El análisis de El País recuerda
que, en 2019, España también se abstuvo al momento de votarse otra resolución
significativa; en esa ocasión, contra la glorificación del nazismo y el
neonazismo y otras formas políticas que contribuyen a exacerbar las formas
contemporáneas de racismo. “Ambas abstenciones manifiestan una falta clara de
voluntad política a la hora de abordar el racismo en nuestro país, que no
podemos permitirnos”, subraya este análisis elaborado por Jesús Migallón y
Sergio Barciela, ambos expertos en el tema de la migración.
“España está siendo apremiada para desarrollar un
marco normativo que combata el racismo de forma decidida, en forma de una Ley
Integral contra el racismo y la xenofobia”, sostienen. Y recuerdan que tanto el
Consejo
de Derechos Humanos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial –ambos
de Naciones Unidas–, así como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, han incluido en varios de sus informes sobre el
país ibérico la recomendación de aprobar esta ley.
Los analistas identifican una tendencia preocupante y en aumento: aunque la sociedad española se ha caracterizado por su tolerancia, su país está experimentando, en los últimos años, un auge de la xenofobia al calor de discursos de partidos populistas que agitan los fantasmas y miedos de la inseguridad ciudadana, el paro, o la pérdida de soberanía, igual que sucede en otros estados europeos.
La expresión española de estas fuerzas políticas de extrema derecha -con presencia parlamentarias en muchos de los países europeos- es VOX, fundada en 2013. Con casi el 15 % del electorado en los últimos comicios, estructurada en torno a un discurso antiinmigración y xenofóbico, resume su proyecto “en la defensa de España, de la familia y de la vida… Un movimiento de extrema necesidad que nace para poner a las instituciones al servicio de los españoles, en contraste con el actual modelo que pone a los españoles al servicio de los políticos”, declama.
Más violaciones que denuncias
El último informe del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), adscrito a la secretaria española de Estado para la Igualdad y Contra la Violencia de Género, sirve como termómetro de la realidad española en cuestiones de segregación durante 2020.
Publicado a fines de enero del 2021, dicho documento (Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020) señala que, a la luz de «hechos documentados», el nivel de discriminación ha variado de forma sustancial con respecto al que se documentó en su informe anterior, en 2013. Los sectores donde los individuos experimentan la mayor discriminación debido a su origen étnico son el acceso a la vivienda (31%), los establecimientos o espacios abiertos al público (30%), y el ámbito laboral (26%). Las comunidades que se perciben como más discriminadas por el color de su piel u otros rasgos físicos proceden de África no mediterránea (82%) y del pueblo gitano (71%).
La discriminación por motivos religiosos, incluso indumentarias o vestimentas peculiares, ha aumentado considerablemente y se concentra especialmente en la comunidad magrebí (56%) y entre la población indo-pakistaní (45%). Según este informe, esto último podría deberse «a una creciente estigmatización de dichos grupos, asociados a conductas terroristas y a la islamofobia». Por otro lado, cabe destacar una creciente percepción de afrofobia, o racismocontra personas negras.
Uno de los datos más destacados del informe es la “infra” denuncia, ya que solamente el 18,2% de las personas que el último año han experimentado una situación discriminatoria ha presentado una queja, reclamación o denuncia. En cuanto a este porcentaje tan reducido, los motivos son varios: inutilidad de la utilidad de la misma (22%), minimización y/o justificación de la situación de discriminación (25%), desconocimiento de cómo hacerlo o por problemas de idioma (11%), o miedo a generarse problemas legales de residencia, documentación y regularización (10%).
El racismo “a la
suiza”
Los electores helvéticos deberán decidir el 7 de marzo
sobre una iniciativa que, de ser aceptada, impedirá llevar el rostro oculto en
lugares públicos. Conocida como «la prohibición del burka», y promovida,
fundamentalmente, por grupos de derecha y activistas conservadores, incluye
también la prohibición del nicab, así como de otras formas no religiosas para
ocultar los rasgos faciales. Paradójico en época de pandemia y del uso
generalizado y obligatorio de los barbijos.
Los partidarios de la iniciativa argumentan que la prohibición de cubrir el rostro contribuye a prevenir ataques terroristas y otras formas de violencia. Al mismo tiempo, con un sesgo oportunista y para canalizar el apoyo de ciertos sectores feministas minoritarios, los promotores consideran la prohibición como una forma de promover la igualdad entre mujeres y hombres musulmanes.
Los miembros del comité que ha promovido esta iniciativa han señalado que el islam se está extendiendo en Europa y que supone una amenaza para la cultura cristiana. Una de las consignas más extendidas de la campaña se expresa en afiches murales con el eslogan “Frenar el extremismo”.
Los promotores de esta campaña anti burka, entre los cuales figuran las fuerzas más xenofóbicas del país, buscan definir la agenda política nacional con temas de sociedad de gran simbología, aunque de escaso significado cuantitativo. Diferentes estudios muestran que las mujeres que usan regularmente el burka en Suiza no llegan a medio centenar.
Los que empujan la iniciativa son el mismo sector que logró presentar en noviembre de 2009 otra iniciativa popular que logró el apoyo de la mayoría del electorado: la prohibición de construir minaretes –torres externas en las mezquitas musulmanas– en el territorio helvético. A pesar de que el sector que en Suiza se identifica con el islam apenas llega al 5% de la población, durante meses el debate público giró en torno a los riesgos que conlleva ese pensamiento, las *amenazas externas al sistema de valores occidentales y cristianos*, y la necesidad de reforzar la mano dura del Estado contra eventuales agresiones inspiradas en esa concepción.
Definiendo un debate sobre temas que no son esenciales ni prioritarios -como el del uso de burkas-, la derecha racista impacta notablemente hoy la agenda mediática nacional. Moviliza el instinto más conservador, aun de los sectores populares. Genera miedos de lo que es el contacto con lo extranjero y lo diferente. Y, sobre todo, desplaza el escenario político nacional hacia la derecha, marcando la cancha con reglas de juego cada día más retrógradas y represivas. Aguas tibias donde se bañan, cómodamente, neonazis, xenófobos y racistas.