Modifica sus previsiones y prevé que la legislatura acabará con el desempleo tres puntos más alto que al inicio. Sube impuestos especiales.
El paro no bajará del 25% en el Estado español hasta 2016, según las previsiones hechas públicas ayer por el ministro de Economía, Luis de Guindos. De este modo, el Gobierno que preside Mariano Rajoy asume que esta será una legislatura perdida en cuestión de empleo. Llegó a Moncloa con un 22,8% de parados y se ha disparado hasta el 27,16%, con más de 6.200.000 personas apuntadas en las oficinas del SPEE. Según sus estimaciones, la tasa de paro será del 27,1% este año; del 26,7% en 2014 y del 25,8% en 2015, cuando el PP afrontará las elecciones, tres puntos por encima del índice heredado de José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello, pese a que la «creación de empleo» ha sido el gran objetivo proclamado por el Ejecutivo a la hora de defender sus «reformas estructurales». Madrid reconoce que afronta unos datos «dramáticos». Sin embargo, el Ejecutivo reivindica su reforma laboral, que abarataba de forma drástica el despido. Seguirá en la misma línea con la puesta en marcha de un plan anual de empleo que servirá para evaluar los efectos de la ley.
Apenas un día después de que el Estado español rompiese su techo histórico de desempleo, había mucha expectación hacia el Consejo de Ministros en el que se pondrían sobre la mesa las nuevas perspectivas económicas. También incertidumbre de cara a nuevos recortes. Quedó claro que el Gobierno español no va a modificar sus planes de ajuste. Todo ello, pese a que tuvieron que reconocer que las estimaciones ofrecidas hasta ahora no concuerdan con la realidad. Los líderes del Ejecutivo culpan de los malos augurios al contexto internacional, así como a las obligaciones de la UE.
Todas las cifras ofrecidas ayer por De Guindos, la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, empeoran las expectativas previstas. «Son datos conservadores y muy prudentes», afirmó ayer Montoro. «No son buenos, ha habido un deterioro», añadió Guindos. Según sus previsiones, la recesión se mantendrá a lo largo de este ejercicio con una caída del 1,3% del PIB, muy superior al 0,5% estimado. Esta tendencia se mantendrá en los próximos años, en los que el Ejecutivo de Madrid confía en mejorar su situación económica. Según las cifras del Programa de Estabilidad aprobado ayer, la economía debería crecer el 0,9% en 2015 y el 1,3% un año más tarde, después de que tengan lugar nuevos comicios.
Las previsiones de déficit y endeudamiento público también quiebran las estimaciones previas. Sobre el desajuste fiscal, Moncloa prevé pasar del 10,6% al 6,3% a final de este ejercicio -3,7% para la administración central, 1,4% para la Seguridad Social y 1,2% para las comunidades autonómicas-.
Un año después pasará al 5,5% y en 2015, al 4,1%. Solo en 2016 se llegaría a los objetivos comprometidos con la Unión Europea, situados en el 3%, llegando, según los cálculos del Ejecutivo español, al 2,7%.
Impuestos y repeticiones
El paro no constituye el único incumplimiento del PP ante las malas previsiones económicas. Hace año y medio, con el primer paquete de recortes, el Ejecutivo incluyó un incremento del IRPF que vendió como «temporal» hasta 2014. Ahora asegura que lo mantendrá un año más y que será eliminado, precisamente, durante el año electoral. A esta carga añadida se le suman nuevos impuestos que Montoro no quiso especificar pero que se incluyen dentro del paquete de 22 medidas de reforma. Muchas de estas iniciativas, como los cambios recentralizadores en administraciones públicas y acción exterior, ya estaban anunciadas desde hace meses.
Lo que no ha cambiado es el gusto por el eufemismo. Si hace unos años el incremento del IRPF era un «recargo temporal de solidaridad», ayer se habló de «novedad tributaria». Solo quedó claro que habrá una tasa medioambiental y otra para la banca, después de rechazar una subida sobre los combustibles o los productos relacionados con la hostelería (alcohol y tabaco).
Otras iniciativas apuntadas ayer por el Ejecutivo son la «ley de desindexación de la economía española», que según Sáenz de Santamaría, supondrá que el IPC deje de ser la medida que regula los incrementos. Aunque, como es habitual, habrá que ver la letra pequeña del BOE para conocer su verdadero alcance.
Montoro descarta la jubilación a los 70 años
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negó ayer que el Gobierno quiera elevar la edad legal de jubilación a los 70 años o que quiera aumentar los años que habrá que cotizar para obtener el 100 % de una pensión contributiva, tal y como estima un estudio de expertos que el Gobierno tiene encima de la mesa.
«El proyecto del Gobierno no va nada por ahí y, por tanto, conviene clarificar esto», ya que, a su juicio, hay otras muchas cosas por hacer para mejorar el futuro del sistema público de pensiones.
No obstante, el Ejecutivo avanzó ayer el guión para la futura ley de Desindexación de la Economía Española, que busca desligar de la evolución de los precios la actualización de las pensiones y los contratos públicos, lo que abriría la puerta a la desvinculación de las pensiones del IPC. El Ejecutivo prevé aprobar el Proyecto de Ley de la reforma de las pensiones en el tercer trimestre.
«Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en clave de sostener la capacidad económica de millones de españoles que trabajaron en su día» y «no al revés, subiendo de una manera alocada que al final perjudica su propio bienestar y capacidad económica», dijo Montoro. GARA
Amaiur anima a salir a la calle para dar un «no» rotundo
Amaiur calificó de «auténtica barbaridad» el plan de reformas anunciado ayer por el Gobierno español y animó a la ciudadanía vasca a salir a la calle para decir un «no» rotundo a las «políticas fracasadas» que impulsa el PP.
El diputado de Amaiur en el Congreso Xabier Mikel Errekondo compareció ayer en Donostia en rueda de prensa para acusar al PP de funcionar «como una mera franquicia del capital europeo» y de «seguir empeñado en aplicar políticas fallidas que no hacen sino crear más recesión, más paro y más pobreza».
A la espera de una valoración más profunda sobre el paquete de medidas aprobadas, Errekondo señaló que el Ejecutivo español «sigue empeñado en la recentralización, con la reforma de las administraciones locales o la reforma de la unidad de mercado», con el único objetivo de «socavar nuestra soberanía».
En cualquier caso, añadió que lo más grave «está por venir», ya que «en su agenda oculta figura el informe de los expertos, que establece las bases para el cálculo del sistema de pensiones», lo que supondrá «un perjuicio tanto para los pensionistas actuales como los futuros».
Por todo ello, llamó a la ciudadanía a responder a estas reformas. «No basta con que nos quejemos de las medidas del PP, hay que salir a la calle», dijo.
Entretanto, el portavoz económico del grupo del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, calificó de «insuficientes» y «decepcionantes» las medidas anunciadas y criticó que la mayoría de las propuestas «estaban ya sobre la mesa».
En un comunicado, el diputado del PNV reconoció que «se ha ganado algo de margen» para el cumplimiento del objetivo del déficit impuesto por Europa, pero opinó que las comunidades autonómicas «deberían contar con un margen de maniobra mayor» al anunciado, «al ser ellas las que financian los gastos sociales básicos».