La pregunta es cómo manejar la deuda pública desde una perspectiva anti-austeridad. Uno de los que trata de responderla, en las jornadas por un Plan B para una Europa democrática, es Eric Toussaint. Le avalan más de 20 años como analista económico y una experiencia previa como miembro de la Comisión Integral de la deuda […]
La pregunta es cómo manejar la deuda pública desde una perspectiva anti-austeridad. Uno de los que trata de responderla, en las jornadas por un Plan B para una Europa democrática, es Eric Toussaint. Le avalan más de 20 años como analista económico y una experiencia previa como miembro de la Comisión Integral de la deuda de Ecuador, promovida por el presidente Rafael Correa en 2007, y en el Comité por la Verdad de la deuda griega, en la que participó en 2015. Actualmente investiga el lastre que representan los déficit acumulados en diferentes municipios del estado español. Centra su actividad en Cádiz, donde las elecciones del 27 de mayo dieron la alcaldía a José María González «Kichi» («Por Cádiz sí se puede»), que descabalgó del poder a Teófila Martínez, del PP, quien ocupó el cargo de primer edil durante dos décadas. Toussaint también colabora con el ayuntamiento de Puerto Real, municipio gaditano de 40.000 habitantes hoy regido por Antonio Romero, de «Sí se puede Puerto Real». Y con el Ayuntamiento de Madrid, cuya concejalía de Hacienda dirige el economista Carlos Sánchez Mato.
«El cambio del Artículo 135 de la Constitución española tuvo una influencia nefasta», empieza a explicar el portavoz y uno de los fundadores del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). La modificación del citado artículo, en vigor desde septiembre de 2011, anticipa su esencia ya en el primer punto: «Todas las Administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria». La cuestión en la que insiste Eric Toussaint es el Plan de Pago a Proveedores, promovido por el gobierno de Rajoy en mayo de 2012. Oficialmente, esta iniciativa se presentó como una ayuda a los municipios que tenían atrasos en el pago a las empresas que les suministraban bienes y servicios. Pero se trataba en realidad de una «ayuda a los bancos privados españoles, pues se transformó -y éste es el asunto capital- una deuda de los municipios a sus proveedores en una deuda con las entidades financieras».
El miembro del Consejo Científico de ATTAC pone números a este plan camuflado de ayuda a la banca. Las entidades financieras prestaron, de acuerdo con el Plan de Pago a Proveedores, dinero a una tasa de interés del 5,95% a los municipios, cuando esos mismos bancos podían conseguir el capital a menos del 1% de interés del Banco Central Europeo (BCE). «Fue un negocio genial para los bancos privados españoles con el apoyo del gobierno de Rajoy», concluye Toussaint. En términos técnicos, se transformó una «deuda comercial» (de los municipios a empresas proveedoras de servicios) en una «deuda financiera» (de los municipios con los bancos), a tipos de interés muy elevados. El cofundador del Observatorio Internacional de la Deuda mantuvo una reunión el 9 de diciembre con el Ayuntamiento de Cádiz, que cuestiona la deuda acumulada y plantea una auditoría ciudadana. Eric Toussaint participó en una rueda de prensa con los representantes del consistorio gaditano y mantiene con éstos un contacto permanente.
El historiador y politólogo explica que la deuda municipal de Cádiz con los bancos por el Plan de Pago a Proveedores se eleva a 90 millones de euros. El hecho de que las entidades financieras cobraran intereses a un tipo del 5,95% implica, según el analista, un sobrecosto de 14 millones de euros. «Ese sobrecoste para el Ayuntamiento, o sobreganancia para los bancos, tendría que ser devuelto a los municipios ya que se trata de una tasa ilegítima y usuraria», resalta el autor de libros como «Bancocracia» y coautor con Pierre Gottiniaux, Daniel Munévar y Antonio Sanabria de «Las cifras de la deuda 2015». «El mecanismo generó importantes protestas de los municipios». En septiembre de 2013, prosigue Toussaint con la explicación, el interés que los municipios tenían que pagar a las entidades financieras se redujo del 5,95% al 3,31%, pero los bancos recibían entonces los créditos del Banco Central Europeo al 0,25%. Es decir, la banca privada española cobraba a los ayuntamientos una tasa de interés 13 veces mayor que la abonada por estos mismos bancos al BCE. «Continuó el escándalo».
Pero ya se oteaban las elecciones generales (diciembre de 2015), y el ejecutivo del PP advirtió el impacto electoral que podía tener el trasvase de recursos desde las corporaciones locales a los bancos. Recuerda Toussaint que el gobierno anunció entonces un «año de gracia» para los municipios. Así, en 2015 los ayuntamientos no tendrían que abonar intereses a las entidades bancarias. ¿Cuál es el trasfondo de todos estos vaivenes en las tasas? «Rajoy actuó por razones puramente políticas», explica el autor de «Banco Mundial: el golpe de estado permanente». El fondo de pago a proveedores se utilizó «en beneficio de los bancos privados, pero también por razones partidarias». El analista afirma que los «gobiernos del cambio» surgidos de las últimas elecciones municipales se enfrentarán a un fuerte agobio presupuestario, pues han de iniciar la amortización del capital prestado en 2012 dentro del mecanismo de pago a proveedores. Municipios como Cádiz o Puerto Real pueden entrar en una situación muy delicada, señala el portavoz del CADTM. El hecho de que se haya producido una nueva rebaja en el interés que pagan los ayuntamientos a los bancos (el 1,31%), cobra su real dimensión si se considera que la banca privada española recibe el dinero del BCE a una tasa del 0,05%.
El análisis contable se puede complicar en extremo, pero Toussaint prefiere insistir en la esencia política del conflicto. Lo que se demuestra con el Plan de Pago a Proveedores es que el gobierno «puede imponer a los bancos las tasas de interés e incluso un año de gracia». De ese modo, al contrario de lo que hizo el ejecutivo del PP, un nuevo gobierno podría imponer a la banca privada la devolución de las tasas «abusivas» y las «superganancias». Ante este reto notable, el analista defiende la necesidad de articular un frente de municipios que cuestionen la deuda. Esta idea se sustentaría, explica, en que hay algunos municipios -como Madrid o Barcelona- que se hallan en condiciones de continuar reembolsando su déficit acumulado, mientras que otros (más de un centenar) se encuentran en situación muy apurada. «Se trata de que los municipios más fuertes y ricos se solidaricen con los más pobres para enfrentarse con los acreedores», apunta.
El Cofundador del Observatorio Internacional de la Deuda señala que el Plan de Pago a Proveedores, y las transferencias de capital aparejadas, son un mecanismo específico del estado español, aunque los grupos de auditoría ciudadana se apoyarán en estudios y análisis ya realizados en Paraguay, Ecuador, recientemente en Grecia y en Bélgica, donde también se afronta un problema de endeudamiento municipal. ¿Detecta por parte de la oposición derechista un rechazo a las auditorías con participación ciudadana? «La oposición está tratando de desestabilizar a los gobiernos municipales que cuestionan la deuda e impulsan auditorías, con el lenguaje de siempre: se dice que los bancos exigirán tasas de interés más elevadas».
Eric Toussaint colabora asimismo con la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, y le parecen acertadas sus iniciativas. El consistorio madrileño decidió no renovar los contratos con las grandes agencias de calificación, en concreto, Standard & Poor’s y Fitch, que vencían el pasado 31 de diciembre. La relación de la institución municipal con las dos agencias comenzó en 2002, y sólo en el año 2015 supuso un desembolso para el erario de más de 100.000 euros. Pero, si la suma se realiza desde 2002, supera el millón de euros. «El gobierno municipal de Madrid no tiene intención de emitir deuda y mantiene como eje fundamental financiar las políticas públicas de gasto con recursos propios, sin necesidad de contraer nuevos créditos», informa el consistorio madrileño en un comunicado. Toussaint ha realizado estas valoraciones tras participar en una sesión plenaria titulada «No a la deudocracia», junto al economista y exasesor de Yanis Varoufakis, Daniel Munévar; la expresidenta del parlamento griego, Zoé Konstantopoulou; y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
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