Las oficinas de Propiedad Intelectual en Latinoamérica y El Caribe están dirigidas por funcionarios» que favorecen intereses de los Estados Unidos de manera abierta y flagrante. La Revista Novo elaboró un breve Ranking con sus más destacados exponentes.
INPI Brasil: un caso excepcional -en el que su director, Jorge Ávila, intento realizar un acuerdo en materia de examen de patentes con la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) en el momento exacto de la visita de Obama a Brasil. La trampa fue alertada por diputados y organizaciones no gubernamentales de la salud, quienes lograron bloquear la entrega de soberanía brasileña al momento de otorgar un derecho de explotación de una patente.
Como si esto fuera poco Ávila negocio la incorporación de Brasil al tratado internacional de Marcas (Sistema de Madrid) que favorece a las grandes firmas globales instaladas en ese país. Asimismo propone patentar los programas de software, la biodiversidad, las medicinas de segundo uso: un verdadero delegado de OMPI y las transnacionales en el gobierno de Dilma.
INPI Argentina: otro caso de un funcionario representante de intereses extranjeros en un gobierno progresista que permanece desde el gobierno de Eduardo Duhalde. Mario Aramburu -ratificado por un tercer período de 4 años- es quien hace de director de orquesta del proyecto piloto PROSUR, plan de los Estados Unidos y OMPI/OMC para crear un organismo suramericano de patentes y marcas controlado por las transnacionales y sus estudios de abogados. Luego de frenarse el ALCA en 2005, las transnacionales avanzan por otros medios de la mano del poderoso lobby farmacéutico y biotecnológico de Estados Unidos que jaquea las políticas de propiedad industrial en Argentina.
DGPI- Paraguay: un bochornoso Decreto que gravó con un «Cánon Digital» o tasa por uso presunto de obras audiovisuales sin permiso del autor (compañias discográficas y productoras cinematográficas de Estados Unidos) fue auspiciado por el director del organismo de propiedad intelectual, Agustín Saguier, quien colabora con la embajada de Estados Unidos, y asume actitudes de lesa traición con sus compatriotas presiona a estudiantes utilizando a la «Piratería» haciendo campañas financiadas por USAID con 200.000 dólares.
IEPI Ecuador: un caso de discurso hegemónico muy sutil: su director, Andrés Ycaza Mantilla, dice estar comprometido con la creación intelectual y su protección lanzando la campaña «Ecuador Crea» y que el fisco pierde impuestos por «piratería», un discurso similar al de las transnacionales de EE. UU. y OMPI, cuando él sabe perfectamente que los denominados «creadores» protegidos son grandes empresas disqueras y productoras audiovisuales estadounidenses y muy pocos son quienes se favorecen, pues nadie se atreve a cambiar las leyes que perjudican a los verdaderos autores.
Anteriormente Realizó una engañosa campaña «Ecuador original» induciendo falsamente a defender los derechos autorales de artistas ecuatorianos. La «piratería» se sabe es utilizada para criminalizar a los trabajadores informales.
Acuerda con OMPI la participación del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en el proyecto PROSUR, realiza junto a OMPI (una especie de FMI de la propiedad intelectual) un Taller sobre Marcas en su propio país. El presidente Correa no parece advertirlo. Durante la Asamblea anual de OMPI en Ginebra, instaba a ver lo que sucedía -nada bueno para el pueblo ecuatoriano- desde su twitter. ONAPI Dominicana: destacada ficha de OMPI en El Caribe. Por los compromisos asumidos en las negociaciones del DR-CAFTA entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos firmó un Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) que ata de pies y manos a ese país. Su director, Enrique Ramírez hace alarde al ser invitado exclusivo de OMPI por la supuesta eficacia administrativa del organismo a su cargo, realizó una misa para recibir ayuda en la reducción del back-log (patentes en trámite acumuladas) que colapsan su oficina. Un verdadero «ejemplo» para el resto de Centroamérica y El Caribe.