La querella presentada en marzo de 2003, contra el entonces Presidente del Gobierno, Aznar, logró la adhesión de más de 11000 personas en todo el estado, que figuran en el Tribunal Supremo como querellantes. Aún hoy, ya cumplido el primer semestre del 2007, está pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional el Recurso de Amparo […]
La querella presentada en marzo de 2003, contra el entonces Presidente del Gobierno, Aznar, logró la adhesión de más de 11000 personas en todo el estado, que figuran en el Tribunal Supremo como querellantes. Aún hoy, ya cumplido el primer semestre del 2007, está pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional el Recurso de Amparo que se presentó por los querellantes ante el Auto de inadmisión de la querella dictado por la Sala del Tribunal Supremo. Está, pues, pendiente de resolución judicial.
LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA
El día 31 de marzo de 2003 se presentó en el registro del Tribunal Supremo escrito de Querella dirigido a la Sala Segunda. La representación procesal de los querellantes, insta querella por la presunta comisión de delitos cometidos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, de acuerdo con los artículos 605, 608, 610, 611, 613 a 616, todos ellos del Código Penal.
Se identifica a los querellantes, señalando que son españoles de diversa condición- intelectuales, escritores, profesionales, empleados, obreros, estudiantes- representantes de un amplio espectro de los hombres y mujeres que trabajan en España, actuando todos ellos como ciudadanos conmovidos por la guerra y preocupados por las consecuencias humanas que se derivan de la agresión militar sobre la República de Irak. Se menciona expresamente que esa agresión militar «también puede afectar a su seguridad y a su patrimonio, se consideran ofendidos por los hechos que se denuncian». De manera subsidiaria, los querellantes actúan como acción popular.
La identificación del querellado es clara. Se trata del Presidente del Gobierno en ese momento, José María Aznar. Además se formula la querella contra todas las personas que en el curso de la investigación tuvieran algún grado de responsabilidad en los hechos denunciados.
Tras fijar la competencia jurisdiccional en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de acuerdo con el art. 102, 1 de la CE en relación con el 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se narra el relato fáctico que da lugar a la querella.
RAZONES DE HECHO DE LA QUERELLA.
El contexto internacional que dio lugar a la participación de España en la coalición que impulsa la agresión contra la República de Irak se entiende por los querellantes como razón suficiente para afirmar, desde el más estricto rigor técnico-jurídico, que existen unos hechos concretos y verificables, que encajan en los tipos penales que se describen más adelante.
El Gobierno de Estados Unidos de América había dispuesto atacar a Irak desde finales de 2002. El discurso de G. Bush ante las dos cámaras del Congreso norteamericano el 29 de enero de 2003, dejaba de manifiesto la voluntad de ir a la guerra contra Irak. En su discurso, Bush, prometió que, llegado el momento, utilizaría «toda la fuerza y el poder» de su Ejército y obtendría la victoria con el respaldo de Naciones Unidas o sin él: «El rumbo de esta nación no depende de las decisiones de otros».
El Gobierno de EEUU empezó a buscar el mejor pretexto para lanzar la agresión con algún respaldo internacional. El que fuera jefe de Inspectores de la ONU en Irak durante siete años, Scott Ritter, había explicado que Irak ya no poseía armas de destrucción masiva o si las tenía eran muy residuales y que no era ningún peligro para el mundo. El Gobierno norteamericano empieza a inventar informes y datos. El Primer Ministro del Reino Unido, fue puesto en ridículo porque los informes eran estudios académicos y no información reciente. Tiempo después, el responsable de la Organización Internacional de Energía Atómica, el egipcio El Baradei, acusaría indirectamente a los servicios británicos y norteamericanos de haber suministrado documentos falsos para engañar a los inspectores. El 7 de marzo de 2003, el jefe de UNMOVIC, Hans Blix, señaló la cooperación iraquí y por que continuara el proceso de desarme, y El Baradei, dejó libre a Bagdad de toda sospecha de armas nucleares.
El Presidente del Gobierno español, Aznar, a primeros de marzo de 2003, se ampara en la necesidad de obtener el cumplimiento de la legalidad internacional, para implicar a España en la guerra contra Irak. Declara que «No quiero ver a España sentada en el rincón de los países que no cuentan, que no sirven».
La fundadora de Médicos del Mundo, Pilar Estébanez, afirmaba que «las guerras modernas se caracterizan porque la mayoría de sus víctimas son civiles, aproximadamente el 90%. Sean cuales sean las razones que se esgriman para atacar Irak, sea el propio Consejo de Seguridad el que lo autorice o sea ésta una decisión unilateral de Estados Unidos, lo cierto es que morirán cientos, quizás miles de personas, por supuesto, civiles. Es decir hombres y mujeres ancianos, niños y niñas, agricultores, tenderos, profesores(…) ¿Cómo es posible aceptar tanto sufrimiento por intereses geopolíticos y económicos?».
Los hechos que dan lugar a la querella se concretan en tres. El primero, la estrategia de «impacto y pavor» que dan lugar a bombardeos masivos sobre Bagdad y otras ciudades. El segundo, los bombardeos sobre bienes y personas protegidas en caso de conflicto armado. El tercero, el uso de medios prohibidos.
En el apartado de la participación de Aznar en estos hechos que fundamentan la querella, se concretan en: la Cumbre de las Azores del domingo 16 de marzo de 2002, el ultimátum de Bush en nombre de la coalición que encabeza Estados Unidos, el envío de Aznar de 900 militares y tres buques al conflicto y la consideración de Aznar como legítima su decisión de atacar a Irak y el reconocimiento de que presta apoyo logístico a las fuerzas de la coalición.
Se relacionan en el texto de la querella, multitud de declaraciones y los soportes periodísticos en que estas se reproducen, a los efectos de la acreditación de los hechos a que nos hemos referido.
CONCLUSIONES PROVISIONALES DE LA QUERELLA.
A partir de los hechos en que se fundamenta la querella, se llegan a las siguientes conclusiones:
1) Existencia de una firme voluntad por la administración Bush de atacar militarmente a Irak para provocar un cambio de régimen político.
2) Las maniobras diplomáticas que instaban al «desarme de Irak» estaban dirigidas a conseguir la cobertura legal por parte de la ONU. La diplomacia española juega en este aspecto un papel importante.
3) Ante la negativa del Consejo de Seguridad de la ONU de dar cobertura legal a la guerra, el presidente Bush, el primer ministro Blair y el presidente Aznar, deciden desde las Azores continuar adelante los planes bélicos, ya sin el respaldo de las Nacional Unidas.
4) Estados Unidos -que lleva la iniciativa militar y el mayor gasto- define y aplica la estrategia de «shock and awe» ( impacto y pavor ) dirigida a intimidar y atemorizar a la población civil iraquí, tratando de provocar un levantamiento de la población y la caída del régimen.
5) Los trágicos resultados de la estrategia se ven a los pocos días del inicio del ataque. Bombardeos masivos sobre instalaciones civiles y barrios residenciales. La muerte de civiles en sus viviendas, en el mercado u otros lugares públicos, considerados como «daños colaterales«, no pueden atribuirse a «errores involuntarios». La extensión y cantidad de estos «errores» demuestra que es una estrategia calculada.
6) Se utilizan armas que provocan graves consecuencias para el medio ambiente y la salud de la población, bombas de racimo o poderosas bombas (mininucleares) que se lanzan en ciudades habitadas.
7) En cuanto a la responsabilidad e Aznar en estos hechos, debe resaltarse que desde el principio Aznar tomó claramente partido por las tesis belicistas de Bush de impulsar la guerra contra Irak, negando la posibilidad de otorgar más margen a los inspectores de la ONU.
8) Que el presidente Aznar estaba al corriente de los medios que iban a ser utilizados en la guerra y además los había aceptado, admitido y aprobado, demostrado por el hecho de seguir apoyando la agresión una vez ejecutada.
9) El envío de contingente militar a la zona, como apoyo logístico, excede del simple apoyo político y constituye una clara implicación de España en el conflicto militar. Una operación compleja, una guerra requiere personas que actúen en primera línea, librando efectivamente los combates y de una retaguardia que preste eficaz ayuda logística. Para las Convenciones de Ginebra no cabe formular distinción y todos los participantes merecen el trato que se dispensa al personal militar incurso en el conflicto.
Hasta aquí el relato de hechos y las conclusiones que se contienen en el texto de la Querella presentada contra el Presidente del ejecutivo en marzo de 2003. En próximas entregas expondremos la fundamentación jurídica de los hechos y las resoluciones de los tribunales, hasta el momento desfavorables a las pretensiones de los querellantes.
Ahora, en el contexto político actual, existe un escenario similar pero más radicalizado y con un deterioro de los derechos humanos que no hace sino crecer. Los derechos humanos no son funcionales a la lógica económica militarista que avanza de manera inexorable y casi sin oposición. En el estado español el gobierno del PSOE no quiere ni oir hablar de pedir responsabilidades penales al anterior Presidente y en el contexto internacional, nos enfrentamos a la radicalización de la política de agresión del gobierno norteamericano en aquellos lugares donde tiene un interés estratégico. Las barbaridades y masacres que continúan cometiéndose contra el pueblo irakí, a pesar del reconocimiento por los líderes políticos de los agresores de los errores y las falsedades de las causas que alegaron para atacar al pueblo de irak, no se ha logrado parar la maquinaria de devastación y muerte que ha puesto en marcha la presencia de los ejércitos invasores.
Abundaremos en las razones de hecho y la fundamentación jurídica de la Querella contra Aznar de 2003 para fundamentar jurídicamente a partir de los nuevos hechos acaecidos en estos cuatro años, de una notoriedad y gravedad muy destacables, que nos aporten nuevas pistas para procesar e intentar que acabe en la cárcel el ex Presidente Aznar y su camarilla.
* Amalia Alejandre y José Manuel Hernández. Abogados y miembros de la Plataforma Juicio a Aznar.