Denuncian los obstáculos con los que se encuentran las personas migrantes y refugiadas para conseguir traer a sus familias, a pesar de cumplir con todas las condiciones.
Un grupo de whatsapp de 500 personas que, a pesar de contar con una
resolución positiva sobre su derecho a traer a sus familiares a España,
no consiguen materializar este proyecto. Esto es lo que coordina desde
Almería Keita, un ciudadano maliense que gracias a que lleva más de 20
años en el país, y se maneja sin problemas en castellano, canaliza las
demandas de sus compatriotas “gente que vive aquí con papeles en regla,
tiene contrato, empadronamiento, tiene los requisitos que pide el
gobierno español para hacer reagrupación familiar”, explica.
Traer a una esposa o un esposo, a un hijo o hija a España. Culminar un proceso migratorio reuniéndote con tu familia en el país de residencia. El procedimiento requiere que se solicite en primer lugar la reagrupación en extranjería. Una vez presentada toda la documentación y pasados todos los controles, se obtiene una resolución, cuando esta es positiva, a los solicitantes se les entrega una carta. Con este documento, los familiares tienen dos meses para tramitar su visado en la embajada española del país de origen. Pero algo pasa en la embajada española de Bamako, denuncian estas personas, pues les resulta imposible terminar el proceso para poder reunirse finalmente con sus familiares.
Las personas que pertenecen al grupo y se han visto afectadas por esta situación querían romper su silencio, ya lo han hecho: “Hemos tenido muchas reuniones, hecho muchas publicaciones en redes sociales, nuestros familiares se han manifestado en la embajada en Bamako, hemos hablado con los medios de comunicación. Ahora yo creo que tanto España como Malí son conscientes de lo que está pasando”.
¿Qué está pasando? Esta misma pregunta se hacían Gema y Bakary cuando, después de tramitar todos los papeles para poder traer a la hija de este último, nadie les contestaba en la embajada. Mientras Gema indagaba en el Ministerio de Exteriores, su compañero “empieza a preguntar, nervioso, a sus paisanos. Al final, resulta que cientos de personas están en un limbo donde nadie te contesta ni te dan cita para un visado. Hay gente esperando desde el 2020”, explica Gema.
Ni correos electrónicos, ni llamadas de teléfono, ni acudir personalmente a la embajada en Bamako. No hay citas para mujeres, niños y niñas. Y cuando las hay, mucho tiempo después, denuncia Keita, o la cita no se comunica a las interesadas o se ponen en marcha diversos mecanismos para impedir que, a pesar de contar de una resolución favorable, obtengan el dichoso visado.
Eder Castillo, abogado especializado en extranjería, apunta, en conversación con el Salto, que la necesidad de que, una vez obtenida la resolución, “la embajada de España tenga que estampar en el pasaporte de la persona reagrupada el visado con el que le van a permitir embarcar en el vuelo desde el aeropuerto de origen es evidentemente un obstáculo administrativo con unos efectos muy desfavorables”. Uno de los problemas, subraya, es que al encontrarse la persona que se pretende reagrupar en otro país, no se puede: “alegar la normativa española, ni la vulneración de derechos fundamentales frente a estos obstáculos”.
Para este abogado de
extranjería el caso de Mali se enmarca en las relaciones bilaterales
entre países. Recuerda que las embajadas forman parte del Ministerio de
Exteriores, se trata de un ministerio que responde a estrategias de
alianzas con otros países. Un aliado de España, es Francia, “siempre van
a bailar a la par”. Según este abogado la salida de Francia de Mali
—con la expulsión de su embajador— podría haber influido en la relación
de España con el país africano.
Y es que las relaciones entre España y Mali, explica, vienen siendo tensas en los últimos tiempos. El pasado julio, el gobierno de Mali, convocó al embajador de España. ¿Por qué? Porque Albares, ministro de Asuntos Exteriores, “no descartó ni tampoco afirmó una posible intervención de la OTAN en Mali”. La reunión con el Ministro de exteriores maliense se saldó, recuerda el abogado, con una declaración pública en la televisión española en la que Alvarés “reafirmó los lazos de amistad entre España y Mali”.
El
abogado cuestiona esta amistad: “no se respeta el acuerdo Marco de
cooperación en materia de inmigración entre el reino de España y la
República de Mali del año 2007”, en el artículo IV de este documento se
habla de “rapidez” en los trámites para favorecer la inmigración
maliense. Una condición que, denuncian las personas migrantes, está
lejos de darse.
Respuesta ante un proceso tortuoso
Gema
y Bakary no llevan esperando una cita en la embajada española de Bamako
para la hija del segundo desde 2020, como vienen esperando otras
personas, pero sí mucho más tiempo del que imaginaban. “Con ayuda de
una abogada hicimos el proceso de recopilar todos los papeles que nos
pedían: te piden un montón de cosas”, nóminas, contratos,
empadronamiento, un estudio sobre la familia a cargo de la Consjería de
Familia de la Comunidad Autónoma de residencia, nóminas, contratos…
tras aportar toda esta documentación, muchos meses después, obtuvieron
la resolución positiva. “Crees que ya está todo hecho y de pronto pues
nos damos cuenta que entramos en un embudo”. Los dos meses que en
principio tenían para solicitar el visado pasaron sin que nadie
contestara desde la embajada en Bamako.
Cuenta que su abogada
no se sorprendió con el retraso, “no te preocupes, puede tardar mucho,
más de un año”, le dijo, cuando le comentó su preocupación por la
demora. Le hubiese agradecido tener esta información antes. El
alargamiento del proceso entraña muchas dificultades, su compañero,
Bakary, por ejemplo debe de renovar el NIE y teme no llegar a tiempo, la
gente debe permanecer empadronada en un mismo sitio mientras duren las
gestiones, algo que no siempre es fácil de garantizar.
Ante la
situación, Gema y Bakary se unen al grupo y presentan una queja
colectiva al Ministerio de Exteriores durante el mes de agosto. En la
queja, adjuntan NIE y carta con la resolución positiva de 88 personas
que esperan poder completar el proceso para el que cumplen todos los
requisitos. En la presentación de la queja les acompaña la diputada de
ERC Maria Dantas, muy implicada en cuestiones de extranjería, y derechos
de las personas migrantes y refugiadas.
“María Dantas nos
asesora sobre cómo presentar la queja y cómo hacerlo más adelante ante
el Defensor del Pueblo, en caso de no recibir del Ministerio una
respuesta satisfactoria”, explica Gema. “La cuestión es que ese día ella
publica la acción en redes sociales y curiosamente, a la semana
siguiente, a nosotros y a mucha más gente, nos dieron cita finalmente”.
Hace tiempo que María Dantas sigue esta problemática. En
conversación con el Salto la diputada explica cómo en materia de
reagrupación familiar (en el caso de las personas migrantes) y extensión
familiar (cuando se trata de personas refugiadas) el Estado no está
garantizando estos derechos. “Entre las compañeras malienses hay gente
que lleva 15 años aquí, ya está más que regularizada y ya ha cumplido
todos los requisitos, todo el trámite, todo el papeleo”, algo que,
recuerda la diputada, no es fácil, especialmente con los países del
Sahel, que arrastran complicaciones en cuanto a la documentación.
Tampoco es fácil, apunta, estableciendo un paralelismo, para las personas con protección internacional, como es el caso de las afganas, completar toda la documentación que se les requiere para traer a sus familiares. “Como ya no es el foco mediático, hay muchísimos familiares de gente que lleva 15, 20 o 30 años viviendo en España y que no han podido venir”. Tanto en el caso de los países del Sahel como de Afganistán, Dantas achaca esta problemática a que España tiene un standar imposible de satisfacer para tantos, en cuanto a la documentación. “Aquí es muy fácil: coges cita en la Policía Nacional, vas y haces tu DNI, tu pasaporte, pero hay muchos países que están en conflicto, que no se puede hacer eso, Afganistán es uno de ellos, hay mucha gente que no tiene ni pasaporte ni nada, solo unos documentos autóctonos llamados tazkiras”.
El otro gran obstáculo al que apunta Dantas, es la prueba de ADN obligatoria. Tanto ella como Gema entienden que haya precauciones para evitar el tráfico de menores, pero consideran que requerir pruebas de ADN en determinadas circunstancias puede ser “una barbaridad”, afirma la diputada.
Resolución positiva, visado denegado
Las pruebas de ADN son identificadas por los migrantes malienses como uno de los peores obstáculos. Muy costosas, solo pueden hacerse en algunas clínicas designadas y muchas veces dan inesperadamente negativo a la hora de determinar cosanguinedad entre la persona que solicita la reagrupación y el o la familiar que se quiere reagrupar. Por un lado, explica Keita, la cuestión del ADN ignora formas familiares culturales más extensas en las que sobrinos reciben el mismo trato que los propios hijos, y son considerados como tales. Por otro lado, genera en muchos casos tensiones y conflictos en las familias.
Más allá de estos obstáculos, las personas afectadas también denuncian que, mientras se les deniegan visados con diversas excusas, les han llegado relatos de que, pagando una cantidad extra, se facilita el acceso al visado. “Mucha gente está comprando visado para entrar en Francia”, desarrolla Ibrahim quien también opina que detrás del impedimento a las personas malienses para acceder a citas hay racismo.
Ibrahim se ha encargado de
recopilar NIE y resoluciones positivas para la queja colectiva que
presentaron. Como él, Keita también habla de “reventa” de visados. Esto,
denuncia, mientras la mayoría acaba lidiando con negativas, tras
impugnárseles la documentación aportada: “Dicen que la partida de
nacimiento de tu hijo no es válida o el libro de familia o de matrimonio
no vale”, desarrolla, o culpan a la familia “hablan de que la mujer ha
llegado tarde a la cita o critican su actitud. También preguntan a los
niños por política o por el barrio dónde van a vivir en España”.
Actitudes, explica, que buscan denegar los visados a pesar de contar con
resoluciones positivas.
En base a estos testimonios, María Dantas apunta que hay un sesgo respecto al trato a determinados migrantes o asiliados políticos. “Es muy arriesgado decir lo que voy a decir, pero sí hay un sesgo porque obviamente no hay directiva europea que acoja una persona del sur de Mauritania, del norte de Senegal, del centro de Mali, de Burkina Fasso. Una persona ucraniana puede venir y en un par de días tiene casa, comida y ropa lavada, como decimos en Brasil. Y una persona que ya tiene un familiar con documentación, que ha seguido todos los trámites que exige la ley española. No obtiene ni una cita”, y cuando la obtiene puede ver frustrados sus objetivos.
La diputada considera que el Ministerio de Exteriores debe rendir cuentas ante la escasez de citas. “A parte de entrar preguntas parlamentarias, voy a pedir la comparecencia del Ministro de Exteriores o como mínimo que venga el Secretario de Estado, el director general o la directora general para explicar qué pasa con la embajada en Bamako, por qué no hay citas”. La diputada compara esta circunstancia a la múltiples veces denunciada falta de citas en Extranjería en el Estado.
Aunque ya hayan conseguido citas, explican Gema y Keita, son todas para dentro de unos cuantos meses, y los precedentes les hacen temer que los visados sean denegados. Es por ello, que se plantean presentar una segunda carta con nuevas personas afectadas que han ido sumando su documentación. Explican, que más allá de las relaciones bilaterales o las directrices generales del Ministerio del Exterior, muchos piensan que el principal escollo es el actual embajador y su manera de gestionar la embajada.
“La embajada de Malí, atiende no sólo a Malí, sino también a la gente de Burkina Fasso, hay muchos problemas”, apunta Dantas, “obviamente somos todas conscientes de que hay un cúmulo de trabajo considerable, hay muchas solicitudes, poco personal. Pero el gobierno español tiene que ver cuáles son los países donde hay más acumulación de trabajo y reforzar el personal”. Digitalizar los procesos, mejorar las condiciones laborales, son otras de las mejoras que apunta la diputada.Y es que resulta frustrante, apunta Gema, que cumpliendo todo lo dispuesto legalmente estas personas entran en un embudo “hay gente muy desesperada porque tiene a lo mejor niños que han dejado con abuelas o con tíos y que ahora mismo están en situación de vulnerabilidad”. Una desesparación que puede llegar a soluciones drásticas como sufragar un viaje en patera, dado que la opción legal no prospera.
“Yo no estoy en contra del embajador de España. Solo pedimos que cuando salga de aquí la resolución positiva y llegue a Bamako, que haga los visados, y puedan venir nuestras mujeres e hijos. No queremos más. Así vamos a trabajar para España, para el Gobierno de España, para los pensionistas y para todo el mundo”, ironiza Keita por su parte.