Las reacciones al Anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva aprobado por el Consejo de Ministros han sido rápidas y contundentes. Las organizaciones feministas consideran insuficiente y regresivo el actual texto y han advertido al Gobierno de que habrá movilizaciones si no se reconoce «verdaderamente» el derecho de las […]
Las reacciones al Anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva aprobado por el Consejo de Ministros han sido rápidas y contundentes. Las organizaciones feministas consideran insuficiente y regresivo el actual texto y han advertido al Gobierno de que habrá movilizaciones si no se reconoce «verdaderamente» el derecho de las mujeres a decidir. Por su parte, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que representa a los y las profesionales del sector, pese a hacer «en términos generales una valoración positiva del proyecto», confía que en el trámite parlamentario se puedan superar «algunas deficiencias importantes».
Una amplia plataforma de más de 60 organizaciones feministas y colectivos sociales, agrupadas en torno al manifiesto Mujeres ante el Congreso, ha anunciado que si el Gobierno no rectifica, llamarán a la movilización social. El lema de su comunicado no puede ser más claro: «Damos al Gobierno tres días para reflexionar. Reforma sí, pero no así».
Abortar fuera de plazo
El punto más polémico del proyecto, que genera debate incluso dentro del movimiento feminista, es el límite de la libre decisión para la interrupción del embarazo fijado en 14 semanas. Empar Pineda, del grupo Otras Voces Feministas, propone que exista un período de libre decisión de 22 semanas, alegando que a partir de este momento el feto podría vivir de forma autónoma, pero no acepta el límite legal de las 14 semanas que plantea el Gobierno, porque a su juicio «se queda corta» y alienta la inseguridad jurídica. Por su parte, Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, lo califica de «restrictivo» y asegura que establecer plazos es una forma de limitar «el derecho legítimo de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad». Añade que la propuesta es «claramente insuficiente» porque «miles de embarazos no deseados» tardan más tiempo en detectarse, sobre todo los que se producen «en situaciones especialmente sensibles», como en casos de marginación social o de embarazos en adolescentes. En ello coinciden otras organizaciones, como Mujeres Jóvenes, que interpretan que los plazos tratan de mantener «una de las bases sobre las que siempre se ha sustentado el patriarcado», que es considerar a la población femenina como menor de edad, según su portavoz, Mayka Cuadrado.
Las feministas denuncian que esta concepción está detrás de otro de los apartados más criticados del anteproyecto, el que establece que las mujeres deberán ser informadas por escrito de las ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y pasar después por un período obligatorio de tres días de reflexión antes de solicitar la intervención. En este sentido, el presidente de la asociación de clínicas ACAI, Santiago Barambio, sostiene que es innecesario porque «cuando una mujer solicita un aborto, ya ha reflexionado sobre ello». En el fondo del debate planea la reivindicación, tanto de feministas como de profesionales, de despenalizar el aborto de forma total. Para el movimiento feminista, el anteproyecto no satisface esta exigencia, sino que mantiene la inseguridad jurídica y amenaza la intimidad, pues las mujeres que interrumpan su embarazo después de las 14 semanas podrían ser denunciadas y terminar en los juzgados. Además, agrega Barambio, «según como se midan [los plazos] se pueden generar retrasos». Y remacha: «Nos podemos quedar atrás» como otros países europeos cuyas ciudadanas se ven obligadas a salir a abortar a otros países. El anteproyecto de ley prevé permitir el aborto en algunos supuestos, como cuando en las 22 primeras semanas de gestación exista un grave riesgo para la vida de la mujer o graves anomalías en el feto. Tras este período, sólo se permitiría la interrupción cuando las malformaciones sean incompatibles con la vida. ACAI está de acuerdo con este punto, pero no entiende por qué el comité clínico que debe valorar estos supuestos tiene que contar con dos médicos, en lugar de uno. «Tenemos experiencia en ello, introduce retrasos y genera más angustia en la mujer», declara Barambio. Por el contrario, sí valoran como positivo que sea la mujer quien elija a uno de sus miembros y que se cierren las puertas al comité a los profesionales que se hayan manifestado en contra del aborto.
Otra de las críticas es que la reforma no dice nada de la objeción de conciencia, un asunto que debería delimitarse para que «ningún médico de la sanidad pública se pueda negar a practicar un aborto», explica Lucía Mazarrasa, del Fórum de Política Feminista. Santiago Barambio también cree que la objeción debe regularse aunque matiza que es un asunto complicado en el que entran en juego otros actores, como los colegios de médicos.
El anteproyecto de ley, que está ahora en manos del Consejo Fiscal, tendrá que pasar por el Consejo General del Poder Judicial y por las dos Cámaras, para convertirse en ley. Mientras, PP y PSOE eclipsan todos estos temas centrándose en la disputa sobre si se debe permitir a las mujeres de 16 años abortar sin consentimiento paterno. Para las feministas esto no genera discusión; puesto que la ley permite tener relaciones sexuales a esa edad, les parece obvio que también se pueda decidir sobre si se aborta. Santiago Barambio, añade que las chicas de 16 años que acuden a las clínicas por un embarazo no deseado tienen la misma madurez que las de 22 años, salvo en casos de marginación social.