“Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron. La lluvia empapará las piedras de la plaza, pero no apagará vuestros nombres de fuego”. (Neruda). Cinco compañeros asesinados en Vitoria, y dos más en Basauri y Tarragona. Crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles en el derecho internacional pero impunes en España, por voluntad política de quienes pactaron una transición sin memoria ni justicia. La alargada sombra de la dictadura esta detrás de las trabas que se están poniendo para que el ministro franquista Martín Villa, responsable político de la matanza, pueda declarar el próximo día 20 en la Embajada Argentinaen Madrid, ante la jueza Servini.
44 años después, sobran las razones para seguir luchando. Hace un mes, el Relator Especial de la ONU denunciaba: “He conocido a personas que perdieron todos sus ahorros durante la crisis, que tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar una casa, y que afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Casi todos los que conocí buscaban ávidamente un trabajo decente”. En Euskadi, 350.000 personas, la mayoría mujeres, están en el umbral de la pobreza, y 200.000 tienen vivienda insegura o inadecuada, desempleo persistente, o precariedad laboral extrema. Es una violencia estructural; social, machista, de la ley mordaza, en las fronteras.
Decía Marcelino Camacho, histórico líder obrero: “Podría haber escogido una vida sin sobresaltos, pero entre lo posible y lo necesario, elegí lo necesario”. Y esta necesidad es la que se expresó en la huelga general del pasado 30E. Una movilización general que incluyó a trabajadores activos, pensionistas, jóvenes, mujeres, y sectores de la sociedad que sufren precariedad y creciente desigualdad, resultado de políticas públicas cómplices de un sistema capitalista que asesina razones y personas. Una movilización unitaria, solicitada por el MOVIMIENTOS DE PENSIONISTAS VASCOS, de la que se excluyeron los dirigentes de UGT y CCOO, porque no admiten que se cuestione su apoyo a la reforma de pensiones de 2011, que retrasa la jubilación a los 67 años, recorta las nuevas pensiones, y ha introducido el factor de sostenibilidad para reducir la cuantía de las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida. También porque esperan recuperar el protagonismo perdido, como interlocutores en la Comisión del Pacto de Toledo, cuyas decisiones nos han conducido a la situación actual.
150.000 manifestantes en la calles de Euskal Herría, reclamando con una sola voz garantizar el sistema público de pensiones, revalorizarlas según IPC, y un mínimo de 1.080 € para que nos salgan las cuentas. Y jubilación a los 65 años, para que los jóvenes ocupen esos puestos, porque el 40% de los parados tienen menos de 35 años, encadenan trabajos precarios sin relación con su formación, y su edad de emancipación es la más alta de Europa. Y un SMI de 1.200 €, 35 horas de trabajo, supresión de la brecha salarial, y en las pensiones, entre hombres y mujeres, acabar con la precariedad que mata, con el acoso laboral a las mujeres, con los falsos autónomos. Recuperar para el sector público empresas y servicios privatizados, como la recogida y gestión de residuos, para que no vuelvan a ocurrir desastres como el del Vertedero Zaldibar.
La movilización de los pensionistas, sostenida en el tiempo, esta siendo efectiva, y la punta de lanza de un movimiento consciente de que sólo la lucha consigue resultados. Decía Rosa Luxemburgo: ““Los amantes del realismo, que subrayan los «positivos éxitos» de la actividad parlamentaria de la socialdemocracia para utilizarlos como argumentos contra la necesidad y la utilidad de la violencia en la lucha obrera, no notan que esos éxitos, por más ínfimos que sean, solo pueden ser considerados como los productos del efecto invisible y latente de la violencia”. El llamado “diálogo social” no sirve para defender nuestros intereses, y se instrumentaliza para moderar nuestras demandas, como ha ocurrido con el aumento del SMI a 950 euros, o con la derogación del artículo que permitía despedir procedentemente por bajas médicas justificadas, pero sin tocar el artículo que permite despedir improcedentemente por los mismos motivos, porque el despido es libre y barato desde hace demasiados años.
Decía Miguel Hernández: “Quien se para a llorar, quien se lamenta contra la piedra hostil del desaliento, quien se pone a otra cosa que no sea el combate, no será un vencedor, será un vencido lento”. Este tres de marzo renovamos nuestro compromiso con la emancipación de la clase trabajadora, y recogemos una de las lecciones de aquella lucha, la necesidad de no quedar aislados, de coordinarnos en el conjunto del estado, para presionar allí donde ahora hay un nuevo Gobierno, al que exigimos, junto al GV, que den respuesta a nuestras demandas. Esta batalla la vamos a ganar. Hemos elegido un enemigo grande que nos obliga a crecer para enfrentarlo, pero, al fin y al cabo, “la esperanza es el sueño de personas despiertas” (Aristóteles).
José Arturo Val del Olmo. Miembro de la Coordinadora de las Comisiones Representativas (CCRR) del 3 de marzo de 1976