El 22 de Noviembre, 48 horas después de las elecciones generales comenzaron, de forma oficial, a concretarse los previsibles recortes y ajustes que se exigen a España desde Bruselas, y que se habían pospuesto debido a la jornada electoral. Tras la cita en las urnas, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, dirigido por CiU, […]
El 22 de Noviembre, 48 horas después de las elecciones generales comenzaron, de forma oficial, a concretarse los previsibles recortes y ajustes que se exigen a España desde Bruselas, y que se habían pospuesto debido a la jornada electoral.
Tras la cita en las urnas, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, dirigido por CiU, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida con su nuevo plan de ajuste con el que se pretende un ahorro de 1.000 millones de euros para el 2012. Las medidas para la consecución contemplan recortes salariales a los empleados públicos, subida del canon del agua, aumento de las tasas universitarias y de las tarifas del transporte público, privatizaciones de empresas públicas, etc. Este tipo de recortes no resultan novedosos si recordamos las medidas que se han ido sucediendo a raíz de la crisis, en la mayor parte de países europeos. Sin embargo, sí llama la atención la velocidad con la que en España las políticas orientadas al recorte y la privatización de la sanidad pública se van expandiendo, eludiendo la cuestión de que se trata constitucionalmente de un servicio gratuito de acceso universal.
Previamente a las elecciones, se constataban los primeros atisbos de estas políticas que tras el 20N se han ido sucediendo en las distintas autonomías en forma de propuestas, sobre las cuales, en la mayoría de los casos no tienen potestad. En Galicia un mes antes de la jornada electoral y a través de la Xunta, liderada por el PP, se discriminaba el libre acceso al servicio gratuito sanitario mediante el bloqueo de la tarjeta sanitaria en la región. Así, las personas desempleadas durante un plazo mayor a 12 meses y residentes en Galicia, automáticamente se quedan sin tarjeta sanitaria hasta la recepción de la que les acredita como personas sin recursos. Durante el tiempo de espera, estimado entre ocho y doce meses hasta recibir el nuevo documento, tienen que hacer frente a la consulta y fármacos que el médico les prescriba. La región de Murcia gobernada por el popular Valcárcel fue el siguiente territorio donde se encendía la luz de alarma. Se retiraba de forma «temporal» la tarjeta sanitaria a parados de más de 1 año de duración y a inmigrantes. Así, se vincula el derecho universal de los ciudadanos para acceder a la sanidad con el puesto de trabajo, considerándose inaceptable dichas distinciones entre trabajadores, parados con prestaciones por desempleo y parados sin prestaciones, ya que vulneran el principio de igualdad que garantizan las leyes en materia sanitaria.
Sin duda, las propuestas más sonadas han sido las concernientes a Cataluña, algunas de las cuales se han incluido en su drástico plan de ajuste, como el aumento del «céntimo sanitario» (que incrementa el impuesto sobre la gasolina que se destina a la financiación de la sanidad pública) o la introducción de fórmulas de copago. La puesta en marcha de un «ticket moderador» que introduce tasas al precio de los fármacos, el abono de una cantidad por la visita al médico, la obligatoriedad de una póliza de seguro para los que superen un determinado nivel de renta o la cesión de actividad y usuarios a las aseguradoras, son algunas de las vías por las que se ha sugerido un cambio en la financiación de las prestaciones sanitarias públicas. Sin embargo, la introducción de cualquier tasa sanitaria o la modificación en la aportación del paciente en los medicamentos o consultas médicas que requiera, tiene necesariamente que ser establecida por una norma de ámbito estatal.
FALSOS ARGUMENTOS CONTRA LA SANIDAD PÚBLICA
Convendría detenernos en algunos de los argumentos más utilizados para desprestigiar la sanidad pública y justificar la adopción de medidas similares a las citadas anteriormente. Desmitificaremos muchas de las afirmaciones que escuchamos de forma incesante, cuyo objetivo es legitimar los ataques que se suceden contra la sanidad pública.
Falacia nº 1:
Los impulsores de los recortes aluden a la necesidad de los mismos ante la imposibilidad de mantener el excesivo gasto público en salud, causado por el uso irresponsable y despilfarrador de los recursos públicos por parte de los pacientes, cuyo comportamiento está incentivado por la gratuidad de la prestación pública sanitaria.
Respuestas:
1) Que no haya que pagar de forma directa para obtener una contraprestación sanitaria, no significa que ésta sea gratuita. La sanidad nunca ha sido gratuita, se financia vía impuestos. Técnicamente no estaríamos ante la adopción de un sistema de «copago», sino más bien ante un sistema de «repago», debido a que el coste de la sanidad ya está siendo financiado con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas. Por lo que estaríamos volviendo a pagar por un servicio que ya hemos pagado. En realidad, lo que se busca con el copago es iniciar un proceso de transición a otro sistema de financiación de forma que éste no se base en impuestos directos sobre las rentas y el capital, perjudicando claramente a las personas con menores ingresos y riqueza.
2) El gasto público en salud en España, no es excesivo ni mucho menos. Si comparamos los datos de España con otros países desarrollados vemos que el gasto es inclusive menor que en la mayoría de ellos.
Fuente: OCDE
3) Los pacientes no son los que determinan el uso de los recursos públicos de sanidad. Su «demanda» de prestaciones sanitarias está inducida, en tanto que el paciente «demandará» los tratamientos que le sean asignados por un médico. Por ejemplo, supongamos que un paciente «derrochador empedernido» quisiera hacer uso y abuso de los recursos que dispone un centro de salud, ya que estos son «gratuitos» y no piensa pagar por ellos. En última instancia será el médico que lo trata, quien determinará de acuerdo a su criterio profesional y teniendo en cuenta el estado de salud del paciente, cuál ha de ser el uso de recursos del centro médico que recaiga sobre esa persona. Por lo que es falso que los pacientes abusen de los recursos públicos sin ningún tipo de control. Inclusive, en cuanto a la primera visita médica solicitada por el paciente y considerada comúnmente como abusiva, vemos que los datos no respaldan dicha afirmación. Según datos de la OCDE los ciudadanos españoles acudieron al médico una media de 7,5 veces durante el año 2009, frente a las 8,1 que se registraron en el año 2006. Además la frecuencia de visitas en el caso español es inferior a la de países como Alemania, que presenta una media de 8,2 visitas al año.
4) Reducir prestaciones en la sanidad pública para ahorrar dinero, puede ser una medida contraproducente en el medio y largo plazo. Recordemos que la sanidad pública es un servicio público cuya prestación es universal. El no ofrecer tratamientos o atención a los ciudadanos, si bien reduce gastos en un primer momento puede llevar a la asunción de costes muy elevados en conceptos de indemnizaciones por haber denegado ese servicio.
Falacia nº 2:
El copago promoverá un uso más eficiente de la sanidad pública. Al incrementar el precio de las prestaciones públicas de salud, disuadirá de la utilización de las mismas, a las personas que no lo necesitan. Es una medida que busca ahuyentar a quienes hacen un uso irresponsable de la sanidad pública, no tiene afán recaudatorio.
Respuestas:
1) Las personas no siempre saben (o pueden saber) cuándo necesitan o no utilizar la sanidad pública. Puede suponer un grave perjuicio para la salud de muchas personas, que por no poder efectuar el desembolso del copago, dejen de acudir al médico y sólo lo hagan cuando sean evidentes los síntomas de una enfermedad. En última instancia, esto no sólo repercutirá en la salud del paciente, sino también en los costes de la sanidad, debido a que una enfermedad es más barata tratarla en su fase inicial, que cuando ya está avanzada.
2) Un servicio sanitario de menor calidad genera unas externalidades negativas de gran importancia. Un diagnóstico pobre, atención precaria y limitados servicios medidos por «cuenta gotas» desincentivarán el uso de la atención primaria llegando a reducir las externalidades positivas que en la actualidad incorpora. Un buen servicio reduce el número de bajas laborales (y sus indemnizaciones) con un buen diagnóstico inicial en el momento preciso, mejora la eficiencia del tiempo trabajado y previene, en muchos casos, que ciertas dolencias terminen en enfermedades crónicas, bajas permanentes e incapacidades de distinto grado, de mayor coste a lo largo del tiempo.
3) Si la prestación pública sanitaria a la que se le aplica el copago tiene una elasticidad precio de la demanda inelástica, esta medida no reducirá el consumo que se hace de la prestación sanitaria, y su único efecto será el encarecimiento de la misma. Si esta situación se da, el copago se transforma en una medida recaudatoria muy tentadora para cualquier gobierno, ya que es un impuesto que se recauda fácilmente, y es imposible de eludir. Para finalizar, la cuestión de si el copago es o no una medida recaudatoria, convendría que sus impulsores aclararán cual será el destino de los fondos recaudados con su implementación, teniendo en cuenta adicionalmente que el coste de la misma se estima de gran magnitud.
4) Existe riesgo de que se produzca un colapso en el servicio de hospitalización y urgencias, ya que los pacientes evitarán asumir el copago, dándose un trasvase de la atención tanto primaria como especializada hacia la hospitalaria y de urgencia. Además fomentará el uso de la sanidad privada, porque ante la obligación de pagar por las prestaciones públicas, los usuarios que puedan hacer frente a los pagos, optarán por la cobertura privada. ¿Será este, el privatizar parcialmente la sanidad, el objetivo último de la medida?
Falacia nº 3:
La prestación privada de servicios sanitarios es más eficiente que la pública, por lo que la privatización de la sanidad no sólo reducirá el gasto público, sino que redundará en un mejor servicio.
Respuestas:
1) En el momento que se privatiza la sanidad, pasa a ser regida por criterios de maximización de beneficios, lo que puede entrar en contradicción con el criterio de equidad en la prestación del servicio. ¿Que incentivos tiene una empresa privada para prestar servicios sanitarios que no sean rentables? En el mejor de los casos, si la empresa privada presta ese servicio no rentable, ante una imposición de la Administración, la forma de no verse perjudicada será subvencionar ese coste vía el encarecimiento de otros servicios sanitarios que sí son rentables. Estaríamos ante un problema de subvención cruzada, que encarecería otras prestaciones sanitarias.
2) El caso de Estados Unidos muestra que la gestión privada no es por definición más eficiente que la pública. En el año 2000 la Organización Mundial de la Salud publicó un informe titulado «Measuring Oversall Health System Performance For 191 Countries«. En dicho informe se elaboró un Índice de eficiencia de los sistemas nacionales de salud de cada país, con el que se estableció una clasificación de la calidad de los mismos. España obtuvo la séptima posición mientras que EE.UU. sólo alcanzó la posición 37.
Todo lo anterior nos lleva a valorar cómo afectarían las medidas propuestas en al ámbito sanitario, sopesando si realmente van encaminadas a la mejora de las prestaciones y a la sostenibilidad financiera de las mismas o, por el contrario, entran en juego intereses ajenos contraproducentes, adversos a la universalidad del servicio y que busquen nichos potenciales de rentabilidad (como las privatizaciones futuras de servicios públicos).
Plataforma plataforma Econonuestra: http://www.econonuestra.net/index.php?option=com_content&view=article&id=137:recortes-siguiente-turno-sanidad&catid=46:analisis&Itemid=78
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