La derecha ya ha descargado toda su ira ante el preacuerdo para un gobierno de coalición que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en el comedor de gala del Congreso. Perplejos, los que se negaban a apoyar a Sánchez cuando este se lo pedía denodadamente, ahora braman indignados por su acuerdo con los «comunistas» de […]
La derecha ya ha descargado toda su ira ante el preacuerdo para un gobierno de coalición que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en el comedor de gala del Congreso. Perplejos, los que se negaban a apoyar a Sánchez cuando este se lo pedía denodadamente, ahora braman indignados por su acuerdo con los «comunistas» de Unidas Podemos. La patronal, partidaria primero de un gobierno del PSOE con Ciudadanos, después de un acuerdo PSOE-PP con la fórmula que fuese posible, se encuentran ahora que sus representantes políticos naturales han «empujado» a Pedro a los brazos de Pablo. Dejemos a la derecha que ajuste sus cuentas.
El resultado electoral del 10 de noviembre abocaba a Sánchez a un acuerdo con Podemos o a repetir unas nuevas elecciones, lo que hubiera supuesto su suicidio político y la puerta a una previsible victoria de la derecha. El hundimiento de Ciudadanos, y sus peores resultados, han mandado al traste sus planes iniciales.
La inmensa mayoría de los votantes de Unidas Podemos y del PSOE ven con ilusión la posibilidad del gobierno de coalición, que aún tiene que lograr apoyos suficientes para formarse, aunque es probable que los consiga ante las alternativas que existen.
Es fácil entender esas esperanzas, pero ni el ruido de la caverna ni las comprensibles ilusiones deben impedirnos reflexionar sobre lo que ha pasado estos meses, las alternativas que sí había a este acuerdo, y los riesgos que conllevará para la clase trabajadora y ante los que hay que prepararse. La militancia de IU debe reunirse, debatir y tomar una decisión, como debería hacer toda la militancia de las distintas organizaciones de UP.
El contenido del preacuerdo
El preacuerdo plantea generalidades cuya concreción puede tomar derroteros muy distintos. Pero en algunas cosas sí que es concreto: «El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales» (el subrayado es nuestro).
Los «acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa» fueron los que llevaron a la modificación del artículo 135 de la Constitución, que dio amparo a los recortes sociales. La Comisión Europea está pidiendo un nuevo recorte del gasto público de 15.000 millones de euros [1].
Una política que la dirección del PSOE ya respalda plenamente desde la época de Rodríguez Zapatero, pionero de los recortes. Nadia Calviño, anunciada vicepresidenta económica, ex alto cargo de la Comisión Europea y ex candidata a presidir el Fondo Monetario Internacional, va a ser la guardiana de la ortodoxia económica y de la caja.
Nos basta recordar lo que sucedió con el acuerdo de presupuestos. El PSOE incumplió buena parte pero, aunque se hubiese llevado a cabo, suponía un incremento del gasto público totalmente insuficiente para atender las necesidades. ¿Podrá más UP ahora con 35 diputados que entonces con 71?
En la cuestión catalana se suscribe que todo lo que se haga debe ser «siempre dentro de la Constitución», lo que implica la renuncia a defender el derecho de autodeterminación, sin el cual, no se puede dar una salida al conflicto político catalán.
Consecuencias de que UP esté en el gobierno
Si la izquierda transformadora no tiene mayoría suficiente para tomar las riendas del gobierno, es preferible estar en la oposición por la izquierda. En julio se debía haber votado SÍ a Sánchez en la investidura y pasar a la oposición. Eso es lo que habría que hacer ahora. Que el PSOE cumpla con sus compromisos de izquierdas va a depender más de la movilización social que de la presencia de UP en el gobierno, al que se le deberá «cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental», como se recoge en el preacuerdo, algo que Sánchez se encargará de recordar cuando haga falta.
Y ese es el quid de la cuestión: estar dentro de un gobierno del Estado en minoría tenderá a atarnos las manos para la movilización. Pablo Iglesias escribe a la militancia: «Vamos a gobernar en minoría dentro de un Ejecutivo compartido con el PSOE, en el que nos encontraremos muchos límites y contradicciones, y en el que tendremos que ceder en muchas cosas» [2]. Es cuestión de tiempo que a los dirigentes de UP se les presente el dilema: o con el pueblo o con la «lealtad» debida al gobierno. Los dirigentes del PSOE lo resolvieron hace años cuando optaron por la reconversión industrial, aprobaron los contratos basura o las ETTS, recortes sociales, etcétera. El respaldo entusiasta que Felipe González cosechó en 1982, con 202 diputados, una mayoría absoluta que nadie más ha logrado, se dilapidó en los siguientes 14 años y preparó el terreno para la vuelta de la derecha, como los recortes de Zapatero abrieron la puerta al regreso de Rajoy.
No cabe duda de que los dirigentes de UP desean honestamente llevar adelante políticas de izquierdas, pero la entrada en los gobiernos, sin la fuerza suficiente para aplicar dichas políticas, nos aboca al riesgo de acabar poniendo en práctica la política del «mal menor». ¿Se van a aceptar hacer recortes cuando Nadia Calviño exija mantenerse «dentro de los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa»? Por eso Pedro Sánchez no quería un acuerdo con UP.
La participación de IU en gobiernos conjuntos con el PNV en el País Vasco o en Andalucía con el PSOE, tuvo sobre todo el efecto de fortalecer al PSOE y al PNV mientras debilitaba a la izquierda.
Pero más cercana aún es la experiencia del Ayuntamiento de Madrid, cuando el intento de emplear íntegramente los recursos municipales en interés de la mayoría social le costó el cese al delegado de Hacienda de IU, no por Cristóbal Montoro sino por la propia Manuela Carmena. Los ministros y ministras de UP se enfrentarán al mismo problema y sólo podrán mantenerse firmes en defensa de los intereses de las clase trabajadora, además de por sus propias convicciones, si hay una fuerte presión desde abajo que contrarreste la de la derecha.
Cuando esos choques se den, entonces, como pasó en el grupo municipal de Ahora Madrid, habrá una enorme presión para tapar las diferencias con el argumento de no favorecer a la derecha, que atacará al gobierno con todas sus fuerzas, que son muchas. El mayor riesgo de la participación de UP en el ejecutivo de Sánchez es acabar justificando políticas de recortes con el argumento de que la derecha aún sería peor. Si eso sucediera dejaríamos huérfana de alternativa a la clase trabajadora y estaríamos propiciando una victoria de la derecha, de Vox en particular, en el futuro. Hay que trabajar para evitar eso a toda costa.
La entrada en el Ayuntamiento de Ahora Madrid, que tantas ilusiones despertó, no fue capaz de llevar a cabo su programa porque renunció a la movilización social y a enfrentarse al adversario. Debemos tener claro que la dirección del PSOE no sólo no alentará la movilización social en apoyo de un cambio, sino que se opondrá a ella. UP debe prepararse para un escenario muy complicado, pues será atacada por la derecha y, también, por la dirección del PSOE.
Cómo deberíamos actuar
Por todo lo expuesto debería haberse reconocido desde el principio que UP no tiene suficiente fuerza para formar gobierno y que hay diferencias de fondo con el PSOE, y que era mucho mejor darle la investidura «gratis» y pasar a la oposición. Pero parece claro que la dirección de Podemos no tiene intención de dar marcha atrás. Por eso IU, tras votar a favor de la investidura de Sánchez, no debe entrar en el ejecutivo sino poner todo el esfuerzo en construir organización, empezando por la propia UP. Hay que evitar lo que ya hemos vivido tantas veces en el pasado, volcar a todos los cuadros en la labor institucional, abandonando la organización y movilización.
Es más, es vital que las organizaciones que componen UP defiendan a toda costa la libertad de crítica interna, pues va a ser la única forma de controlar la participación en el gobierno, que debe valorarse periódicamente, y contrapesar la presión institucional. Hemos de tomar precauciones contra la tentación de los grupos institucionales de evitar la crítica interna a su labor, que puede lleva a convertir en muy difícil la vida cotidiana de la militancia, a la que se acaba despojando de cualquier capacidad real de decisión en los temas importantes. Una organización viva, con una militancia crítica y con poder real, es imprescindible.
Y el objetivo central de nuestra organización debe ser alentar la movilización social, lo único que puede contrarrestar la enorme presión que vendrá de las grandes empresas y de la derecha, la mejor forma de empujar al gobierno a aplicar políticas de izquierdas o impedirle hacer recortes. Hay que promover la unión de todos los conflictos actuales por la educación, la sanidad, la dependencia, el transporte público, la vivienda, las condiciones de trabajo, las pensiones, el medioambiente, los derechos democráticos… en una sola gran movilización.
Una gran lección de la experiencia en el Ayuntamiento de Madrid es que, cuando gobiernan los nuestros, es precisamente cuando hay que movilizarse más para vencer la resistencias a la aplicación de un programa de izquierdas. Como ha popularizado la ejemplar lucha de los pensionistas: «gobierne quien gobierno, las pensiones se defienden». Ese lema debe inspirarnos. Los ministros y ministras de UP deberán ser las más interesadas en esa movilización, pues va a ser su mejor punto de apoyo para defender el programa en el gobierno.
En la cuestión catalana, podríamos darle la vuelta a los argumentos de la derecha, y de la dirección del PSOE. Si se quiere respetar la opinión de quienes viven y trabajan en Cataluña hay una opción dentro de la Constitución, celebrar una consulta en base al artículo 92, comprometerse a respetar lo que se decida y, en base al resultado, iniciar los cambios necesarios en la carta constitucional para aplicar la voluntad del pueblo catalán. Ahí está una opción «constitucional» para dar una salida al conflicto político. Sin olvidar que, en este terreno, al final, lo determinante también será la movilización, en Cataluña y en todo el Estado. Por eso hay que unir la lucha por los derechos sociales y democráticos, incluido el derecho de autodeterminación.
Construir una alternativa al capitalismo
Pero exige, además, cambiar el sistema económico de arriba abajo, y debemos ser capaces de explicarlo. El programa de UP es básicamente un programa de reformas cuya base es aumentar los impuestos a las rentas más altas e incrementar el gasto social, y fortalecer los derechos laborales y democráticos. Todo eso es imprescindible, pero para funcionar debe ir unido a una transformación económica de fondo.
El gobierno recibirá una presión directa de la CEOE, con la que Sánchez ya había llegado a un acuerdo antes de las elecciones [3] . El programa de la patronal [4] es seguir reduciendo el gasto público pero, a la vez, reduciendo los impuestos y los costes sociales a las empresas, mantener las contrarreformas laborales anteriores y retrasar más la edad de jubilación, mantener la conciertos con empresas privadas en todos los ámbitos, etcétera. Es la política que cabe esperar de quienes defienden el capitalismo, y que supone un incremento de la explotación de la clase trabajadora.
Hay que explicar que el capitalismo es el problema. La ironía es que, por más que la izquierda se modere, se la acusa de «comunismo radical» a la menor ocasión. No vamos a convencer a los capitalistas de que nuestra propuesta es más razonable, hay que cambiar el sistema.
La izquierda transformadora necesita abordar seriamente la elaboración una alternativa de sociedad, no quedarse en la mera gestión del sistema. Por mucho que tu subas los impuestos a las grandes empresas y a las rentas más altas, las decisiones de inversión están en sus manos. Desde el gobierno, y si hay presión social, se podrán arrancar concesiones al principio, que serán bienvenidas. Pero si la desaceleración se va transformando en recesión, la inversión caerá y el paro aumentará, y será aún más difícil hacer frente al pago de las pensiones y los servicios públicos.
La deuda pública pesa como una espada de Damocles sobre cualquier gobierno, con más fuerza en una nueva recesión. Es urgente su auditoría y plantear una quita, como defendían los dirigentes de Podemos en 2014 [5] . Pero eso tiene que ir unido a la nacionalización los sectores estratégicos de la economía, para evitar estar en manos de los bancos y las grandes empresas privadas. Sin olvidar que la estructura del Estado está estrechamente vinculada a la económica, por infinidad de cauces. Un cambio así sólo puede ser producto de una inmensa y profunda movilización social. Ni siquiera basta con nacionalizar, sólo es la primera condición, hace falta un control democrático de esos medios de producción. La clase trabajadora debe tomar las riendas de la economía, ser capaz de hacerla funcionar de forma muy distinta a cómo lo hace el sistema, con criterios sociales y respetando los límites medioambientales.
En América Latina hemos sido testigos de cómo la izquierda conquistó los gobiernos en muchos países, impulsada por una gran movilización social. Pero también hemos comprobado que, si no se consigue cambiar el sistema, éste espera a que el desgaste que se sufre les permita recuperar el gobierno e, incluso, no duda en organizar golpes de estado como el de Bolivia. Y aún así, el pueblo vuelve a la lucha, como vemos en Ecuador, Argentina, Chile y la propia Bolivia. Tenemos que mucho que aprender de la experiencia latinoamericana. Y en Europa hemos presenciado como, en Grecia, Syriza ha pasado de ser considerado el enemigo por las instituciones europeas a un socio leal, que administra los recortes.
Nos vamos a adentrar en una nueva fase de la crisis económica con dramáticas consecuencias sociales. La extensión de las tecnologías digitales, en manos capitalistas, son un medio de intensificar la explotación a base de crear más paro y precariedad [6] . Pero todo eso, también empujará a luchar y buscar una salida, y posibilitará que una transformación socialista y democrática de la sociedad puedan conquistar el apoyo de las masas. Un proyecto capaz de ganar las elecciones con el respaldo movilizado y consciente de la clase trabajadora. No es imposible. Si volviéramos a índices de participación de la clase trabajadora como los que hubo en 1982, podríamos ganar a la derecha de calle.
Hay que empujar al actual gobierno hacia la izquierda con la movilización, al tiempo que preparamos una alternativa por la izquierda, capaz de conquistar la mayoría aplastante de la sociedad. Para eso necesitamos una alternativa al sistema. Los medios de producción y los conocimientos científicos actuales, usados de forma muy distinta a cómo lo hace el capitalismo, permitirían garantizar pan, techo, trabajo y dignidad a todo el mundo, y luchar de forma real contra el cambio climático. Un programa y una alternativa de sociedad, socialista y democrática, cambiaría radicalmente el enfoque de la lucha cotidiana en todos los terrenos: vecinal, sindical, social, democrático… Nos daría la fuerza de saber que tenemos la capacidad real de construir una sociedad distinta.
[1] «España deja por fin atrás una década de austeridad. Bruselas ha dado este miércoles luz verde al informe que recomienda su salida del brazo correctivo de la UE. Los países miembros ratificarán, con toda probabilidad, la decisión la semana que viene. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha felicitado a España y la ha alentado a seguir «por la vía de la seriedad presupuestaria». Tras salir de ese corsé, Bruselas exige a España un ajuste de 15.000 millones en dos años, con cierta flexibilidad. Como ha avanzado este miércoles EL PAÍS, la Comisión advierte de un «riesgo significativo de desviación» de los objetivos para 2019 y 2020. https://elpais.com/economia/2019/06/05/actualidad/1559753975_870396.html
[2] https://elpais.com/politica/2019/11/14/actualidad/1573759607_849802.html
[3] https://www.lainformacion.com/espana/sanchez-psoe-ceoe-gobierno-podemos/6511641/
[4] https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-propone-una-nueva-agenda-de-reformas-tras-las-elecciones-para-afrontar-los-desafios-de-la-economia-espanola
[5] «No saldremos de esta crisis sin una quita» https://www.elmundo.es/economia/2014/09/06/540a1531268e3e96148b456f.html
[6] El 36% de los puestos de trabajo en España son susceptibles de ser automatizados (informe de CCOO Industria sobre la digitalización en la Industria)
Jordi Escuer, miembro de la Coordinadora de IU Madrid
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