Es evidente que una parte significativa de la población de Cataluña no apoya una declaración unilateral de independencia, pero defiende, en cambio, la convocatoria de un referéndum vinculante, como un derecho democrático fundamental. Está claro que no es lo mismo estar a favor del derecho al divorcio que querer romper una relación, en este caso […]
Es evidente que una parte significativa de la población de Cataluña no apoya una declaración unilateral de independencia, pero defiende, en cambio, la convocatoria de un referéndum vinculante, como un derecho democrático fundamental. Está claro que no es lo mismo estar a favor del derecho al divorcio que querer romper una relación, en este caso con el resto de pueblos del estado, algunos tan cercanos históricamente como el País Valenciano o las Islas Baleares. La realidad es que tenemos un país muy diverso, con una Cataluña metropolitana y una Cataluña interior donde predominan sentimientos nacionales bien diferentes. Tan diversos que podemos encontrar poblaciones donde las «esteladas» llenan los balcones cualquier día del año, mientras en otras ciudades y pueblos, sobre todo del área metropolitana de Barcelona, apenas se pueden ver unas pocas «senyeras» el 11 de septiembre, «diada» nacional de Cataluña.
Haciendo un repaso histórico podemos observar que, ni en los países ya incorporados a la Unión Europea (UE), ni tampoco en los Estados Unidos (EEUU) desde su fundación, ninguno de sus territorios ha declarado la independencia, ni de forma unilateral ni pactada. La historia de unos y otros ha sido una historia de largas y a veces cruentas guerras de secesión, como la que enfrentó la mayoría de los EEUU con los estados confederados o secesionistas del sur (1861-1865), ganada por los unionistas, o años más tarde entre Gran Bretaña e Irlanda (1919-1921), que supuso la independencia irlandesa. Escocia podría haber sido el primer caso de separación pactada dentro de la UE si se hubiera impuesto el sí en el referéndum de septiembre de 2014, pero no fue así. Muy cerca de los Estados Unidos, la provincia canadiense de Quebec también podría haber sido una excepción dentro del llamado «mundo occidental», en caso de una victoria soberanista en los referendos de 1980 o 1995 que no se produjo.
Sorprendentemente, en los últimos 25 años, la UE, EEUU y sus aliados han dado un apoyo incondicional, por no decir entusiasta, a la independencia de una veintena de nuevos estados de la antigua Unión Soviética, de Yugoslavia o de Checoslovaquia, algunos de ellos incorporados posteriormente a la UE o la OTAN. Algunos especialistas en derecho internacional, que probablemente nunca consideraron democráticos aquellos regímenes, defienden que el reconocimiento de estos nuevos estados, sobre todo de los ex-soviéticos, se justifica por el derecho de autodeterminación recogido en sus constituciones, a diferencia del que pasa con Kosovo o pasaría en el caso de Cataluña. Pero eso no es otra cosa que defender los intereses geopolíticos o una muestra de pura hipocresía.
Es evidente que, tanto el gobierno español, especialmente cuando ha estado encabezado por el Partido Popular, como el propio Tribunal Constitucional, han sido absolutamente insensibles con las reivindicaciones catalanas, optando a menudo por un enfrentamiento sistemático. La sentencia del Estatut de 2010 fue un ejemplo paradigmático, que marcó un punto de inflexión y de difícil retorno en la relación Cataluña-España. Pero hay que reconocer que, además, en otros temas, que no afectan a la Constitución, tampoco han sido precisamente generosos. Hoy, el catalán no es oficial en la Unión Europea, mientras lo son lenguas tan minoritarias como el maltés, el gaélico-irlandés o las lenguas bálticas, simplemente porque el gobierno central nunca ha hecho una petición formal que la UE muy probablemente hubiera aprobado. Y tampoco ninguna selección catalana, ni siquiera la de hockey, formada por jugadores catalanes de forma casi exclusiva, tiene hoy por hoy la más mínima opción de convertirse en una selección nacional, como lo pueden ser las selecciones de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en fútbol o rugby. Ni siquiera las matrículas españolas llevan los símbolos de cada comunidad o región como ocurre, por ejemplo, en Francia, estado por cierto de larga tradición centralista.
Probablemente, una de las peores cosas que podría pasar en Cataluña a nivel político sería que hubiera exclusivamente un bloque unionista por un lado (PP, C’s y PSOE) y un bloque independentista por la otra (CDC, ERC y CUP), sin ninguna fuerza política ajena a estos frentes, como en las pasadas elecciones ha supuesto la confluencia de En Comú Podem, la colación formada por BCN en Comú, EUiA, Equo, ICV y Podemos. Este tercer bloque, partidario claramente del derecho a decidir, que no se considera ni unionista ni independentista, es fundamental para evitar que haya dos comunidades enfrentadas. Pero el gobierno español se deberá dar cuenta, antes o después, que la única posibilidad de evitar un conflicto creciente, ya sea en Cataluña, ya sea entre Cataluña y España, es convocar, en un plazo razonable, un referéndum para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña decidan de manera libre su futuro.
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