El pasado 17 de Noviembre hubo una masiva protesta estudiantil en todo el Estado con motivo del día internacional del estudiante (donde se produjeron movilizaciones en todo el mundo) por los ataques que está recibiendo la educación pública. En Sevilla, decidimos apoyar dicha fecha tras la celebración de una Asamblea de Universidad y entre 4000 […]
El pasado 17 de Noviembre hubo una masiva protesta estudiantil en todo el Estado con motivo del día internacional del estudiante (donde se produjeron movilizaciones en todo el mundo) por los ataques que está recibiendo la educación pública.
En Sevilla, decidimos apoyar dicha fecha tras la celebración de una Asamblea de Universidad y entre 4000 y 6000 estudiantes salimos a la calle contra la reforma, con carácter de urgencia, de la Ley Andaluza de Universidades. La ley fue aprobada el día 23 de Noviembre, no sin nuestra oposición en una acampada la noche anterior y una concentración el mismo día 23 junto con CCOO y UGT. Dicha movilización marcará el inicio de la unión, o al menos espero que así sea, de los estudiantes y los trabajadores en el marco del movimiento del 15M.
En Andalucía dicha movilización fue particular, pues el motivo principal por el que los sindicatos mayoritarios decidieron unirse no fue el recorte en los servicios públicos (que aunque han mostrado su desacuerdo, las movilizaciones son menores, entre otras razones, por la proximidad de las elecciones y una menor agresividad en el recorte) o por una reforma laboral que nos sigue arrastrando hacia más precariedad (una Huelga General sigue siendo insuficiente) sino que el punto común es la reforma, con carácter de urgencia, de la Ley Andaluza de Universidades.
Si se presta atención a nuestro manifiesto, este abarca la reforma educativa al completo junto con el tema de la crisis, la reforma laboral o la falta de democracia. Y ello tiene relación con la reforma de la Ley Andaluza de Universidades, como trataré de demostrar a continuación.
Antecedentes inmediatos
La representación estudiantil andaluza conocía los planes de reforma desde al menos el año 2009, ya que el texto debía adaptarse a la reforma de la LOU del 2007. A mediados de octubre de 2009, la CAI (Coordinadora Andaluza Interuniversitaria, es decir, la coordinadora andaluza de los representantes de estudiantes universitarios, rebautizada como CARE) preparó una batería de enmiendas y las envió a la Consejería. La respuesta fue «lo estamos estudiando».
No fue hasta finales de Marzo de 2011 cuando la representación estudiantil andaluza conoció el borrador de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. El retraso se debía, según ellos, a la espera de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación por parte del Gobierno Central. Esperamos a una futura reunión en el Consejo Asesor de Estudiantes (órgano de interlocución de la CARE con la Junta de Andalucía) para debatir el borrador, pero dicha reunión nunca tuvo lugar.
Los meses fueron pasando y nos enteramos que un texto diferente redactado por el grupo socialista andaluz fue entregado al Parlamento el 27 de Julio de 2011. La justificación del grupo parlamentario fue que el borrador de la Consejería era muy ambicioso y no iba a dar tiempo para aprobarlo en una legislatura que requería ciertos cambios en la ley para adaptar las Universidades Andaluzas al escenario del EEES y la Estrategia Universidad 2015.
A finales de Septiembre, los representantes andaluces hicimos un análisis comparativo de ambos textos y el que finalmente se presentó en el Parlamento seguía la misma línea pero, efectivamente, era más reducido en contenido. Finalmente el texto se aprobó el 23 de Noviembre de 2011, habiendo tenido apenas unas semanas en Octubre entre la comparecencia y las reuniones con los grupos parlamentarios para proponer enmiendas.
¿A qué se debe una reforma, en el contexto en el que estamos, de una Ley Andaluza que afecta al sistema universitario andaluz, con prisas y sin apenas debate?
Antecedentes no tan lejanos: los informes
Aunque no lo parezca, llevamos más de de dos décadas de continuos informes y reformas legislativas sobre que Universidad Pública necesita el mundo globalizado (capitalista) en el que vivimos. En este análisis se hace un rápido recorrido de dichos informes y las reformas que han ido sucediendo. Lo que aquí comentaremos está contenido en las páginas 22-27 de dicho análisis.
En lo que respecta a nuestro país, el más importante es el llamado «Informe Universidad 2000″ o «Informe Bricall» donde se analiza, en la línea de otros informes anteriores, los problemas que adolece la Universidad Pública y que soluciones se proponen para adaptarla a la «nueva sociedad». Dicho informe fue encargado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) cuando era presidente el entonces Rector de la Universitat de Barcelona y anterior diputado socialista, Josep M. Bricall, y fue financiado por las grandes empresas españolas.
Dicho sea de paso, el documento generó un ciclo de movilizaciones estudiantiles que terminaron con las protestas contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que aprobó el Partido Popular. Además, provocó la primera reunión estatal de representantes universitarios de entonces (FEREUP) dividida posteriormente y acusada de querer introducir el discurso dominante dentro de la representación estudiantil. Pero es un tema tan largo, polémico y actual que prefiero dejarlo para otro momento.
El documento es extenso e inspira gran parte de las reformas que se pretenden aplicar en la llamada «Estrategia Universidad 2015″. En su capítulo VIII analiza la estructura de gobierno de la Universidad y propone seguir avanzando hacia un modelo de gestión empresarial. Casi una década más tarde, dicho informe termina inspirando otro documento titulado «La gobernanza de la Universidad y sus entidades de investigación e innovación» firmado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Conferencia de Rectores y la Fundación CyD, dirigida por Ana Patricia Botín. Tanto el Ministerio como la CRUE se desmarcaron del mismo, afirmando que en realidad era un borrador interno y que no se pretendía dar a conocer, sino que alguien lo filtró al periódico «El Mundo» en Febrero de 2010.
Aparte de que dicha fundación la dirije la hija del presidente de hecho de nuestro país, su patronato está compuesto por los principales grupos empresariales y su Consejo Asesor está coordinado por Josep M. Bricall, autor de aquel famoso informe. Si hay algo que lo caracteriza es su inmensa verborrea, que aburre y despista a partes iguales. Aburre porque es repetitivo en ideas, pudiendo haber resumido el mensaje en muchas menos páginas. Y despista porque, por ejemplo, re-define hábilmente conceptos como «autonomía universitaria» para identificarla con una mayor des-regulación y adaptación al ámbito privado.
En definitiva, se propone adaptar la Universidad al modelo estadounidense de gestión que muchos países de Europa comparten, donde el Rector sería un director ejecutivo (CEO) y nombraría a dedo a los Decanos/Directores y a los Directores/as de Departamento. De esa manera, argumentan, la Universidad iría en una única estrategia acabando con los grupúsculos de poder que la caracterizan. Eso sí, debe ser un modelo mixto ya que en España tenemos un «viejo concepto del Estado Social» que nos impide avanzar hacia un modelo totalmente desregularizado.
Pero lo más importante es su última parte, donde establece una estrategia de adaptación a dicho modelo con una buena política de comunicación, de manera progresiva, paulatina y flexible y con diversos cambios legislativos. Para ello, hacen una especie de ejercicio hermenéutico de la ley vigente para ver como «colar» dicho modelo, sacando tres conclusiones principales:
- En cuanto a la elección del Rector, se llega a la conclusión de que no es posible hacer ningún cambio a menos que se modifique la Ley Orgánica de Universidades (LOU)
- Con respecto a los Decanos/Directores, si se permite la posibilidad de desvincular la elección de dicho cargo a otro órgano superior, incluso que dicha persona que ostenta el cargo pertenezca a ese centro. Los propios redactores del informe afirman que no es «casual» ese vacío legal. En cualquier caso, lo ven una posibilidad improbable, ya que provocaría reacciones en contra, a no ser que hubiera una declaración institucional de la CRUE o una acción concertada de varias universidades .
- Inspirándose en el modelo de EEUU afirma que es posible añadir competencias adicionales al Consejo Social siempre y cuando no invada competencias de otros órganos. Propone que sería un «inmejorable banco de pruebas»reformar la ley de alguna CCAA , no sólo para aumentar competencias, sino para reformular su composición, organización interna, mecanismos de rendición de cuentas o el aumento de la responsabilidad y compromiso de los integrantes del órgano.
Este tercer punto es uno de los principales ejes de la reforma de la Ley Andaluza de Universidades. De esa manera los Consejos Sociales, que aspiran a ser los futuros Consejos de Administración de la Universidad, irían ganando terreno dentro de la gestión de la Universidad.
Se podría objetar que un sistema así es mejor porque hace que la Universidad pueda tomar decisiones de manera ágil y flexible, tener una menor endogamia, etc. Pero si bien la Universidad adolece de problemas internos, es discutible que una gestión de corte empresarial vaya a mejorar la situación, máxime cuando vemos que es la gestión privada y su política de desregulación la que nos ha llevado al desastre en el que nos vemos inmersos a nivel internacional, por mucho que los autores liberales y sus lobbys se empeñen en demostrar lo contrario. Esa desregulación es la que pretenden aplicar, no sin resistencias, a la Universidad Pública existiendo un serio peligro en materia de investigación, ya que es bastante peligroso que se rija por la lógica del máximo beneficio. En definitiva: una Universidad no es una empresa.
Aun así, obviando mi particular concepción de la gestión pública y privada, tanto el informe Bricall (pág 405) como el informe de la Fundación CyD «Escenarios de gobierno en las Universidades Europeas» (págs 38-39) si reconocen que este modelo aplicado en otros países no ha logrado solucionar determinados problemas y adolece de otros importantes.
Influencia de lobbys en el poder político
En más de una ocasión me he tenido que enfrentar a la sentencia: «Los informes no gobiernan, sino los políticos». Cierto, los informes no gobiernan, pero como vemos en este artículo y posteriores, influyen en la toma de decisiones, cuando no directamente sus autores intelectuales y materiales coaccionan para que así sea. Tras años de informes, conferencias, reuniones, congresos, actos, comidas, cenas, publicaciones y reportajes en los medios de comunicación se instala un discurso, el llamado «discurso dominante», de tal manera que no defenderlo sería una insensatez, o algo aún peor: protestar contra él sería sinónimo de ser conservador.
Cambios normativos y breve análisis de la reforma de la LAU
Como reconoce el «Informe Bricall», en la Ley de Reforma Universitaria (LRU) se introdujeron dos figuras para que la gestión empresarial fuera ganando terreno dentro de la Universidad Pública: el gerente y el Consejo Social.
A lo largo de los cambios legislativos se le dio unas competencias mínimas al Consejo Social, descentralizando en la Comunidades Autónomas el resto. Según la actual LOU los Consejos Sociales tienen competencias en:
- Creación, supresión o modificación de Escuelas, Facultades, Institutos de Investigación, Centros Adscritos, Fundaciones y Centros en el extranjero.
- Supervisión del carácter económico y rendimiento de sus servicios.
- Promoción de la financiación de «la sociedad» en la Universidad y aprobación de presupuesto.
- Programación plurianual, normas de permanencia, asignación de completementos retributivos y precios de enseñanzas propias.
Todas las demás competencias, así como su composición, pueden ser ampliadas por las leyes de las Comunidades Autonómas. Aquí está la habilidad del jurista para ir dando más competencias concretas sin que choque con las competencias que la LOU le da a la Universidad. Si vamos a la proposición de ley del PSOE-A, se hace lo siguiente:
- Cambiar la redacción de varias de sus competencias en lo que respecta a la creación, modificación, supresión de títulos, centros, etc que decían «proponer» por «emitir informe» o «emitir informe previo».
- Cambiar «participar en la planificación estratégica de la Universidad» por «proponer (…) y, en todo caso, informarlas preceptivamente»
- Poder aprobar planes de actuaciones de la universidad en cuanto a la promoción de sus relaciones con el entorno, proponer la celebración de contratos con entidades públicas o privadas para la subvención de planes de investigación y promover la financiación privada en la Universidad, canalizando, adoptando y captando recursos.
- Ordenar la contratación de auditorías externas (las contrata la Universidad), hacer su seguimiento y evaluar sus resultados.
- Proponer normas internas sobre becas, ayudas y créditos a estudiantes, así como modalidades de exención de pagos de los precios públicos, etc
- Emitir informe sobre la relación de puestos de trabajo del personal en la Universidad (RPT)
- Participar en el nombramiento del Defensor Universitario.
Y más modificaciones que pueden consultarse en el texto. Como vemos en su inmensa mayoría, se adaptan las competencias que ya les daba la LOU y en algunos casos se aumenta, tal y como recomiendan los informes anteriores para ir probando el nuevo modelo.
Pero los Consejos Sociales, organizados en su Foro Andaluz, pidieron más enmiendas que iban en el mismo sentido. Por lo que sabemos, el grupo parlamentario ha eliminado las dos últimas competencias (RPT y Defensor Universitario) para contentarnos a trabajadores y estudiantes. Aún así estamos esperando la publicación del texto definitivo para saber que han aceptado finalmente.
Los Consejos Sociales no representan a la sociedad
Cuando hicimos las enmiendas a la ley, establecimos tres claros bloques: Consejos Sociales, derechos estudiantiles y sistema de financiación. Y nos hicieron la siguiente pregunta ¿por qué tenéis esa fijación por los Consejos Sociales? Tras mostrar la gran cantidad de documentos que nos hacían sospechar de los mismos, la discusión derivó en si estos representan o no a la sociedad.
En el caso de Andalucía, es el gobierno de la Comunidad Autónoma el que elige al Presidente/a del Consejo Social y a algunos de sus miembros. Otros son elegidos por el Parlamento, y una mínima parte provienen del Consejo de Gobierno de la Universidad. Aun así, en el caso del Consejo Social de la US (y tengo entendido que en el de la inmensa mayoría) se funciona de una manera muy «presidencialista», por lo que importa relativamente poco quienes están sentados en el órgano al margen del Presidente/a. Puede que algunos perfiles de los Presidentes/as encajen dentro de la economía social o la empresa pública, pero la mayoría vienen con la experiencia del modelo privado de gestión, dispuesto a ponerlo en práctica en la Universidad Pública.
Por otro lado, si atendemos a los Indicadores del Consejo Social de la US leemos lo siguiente:
«La actividad económico-financiera de la Universidad de Sevilla debe dirigir su actividad progresivamente hacia la autofinanciación, asumiendo una mayor responsabilidad por su propia sostenibilidad financiera a largo plazo, sobre todo por lo que respecta a la investigación: esto supone una diversificación proactiva de sus fuentes de financiación mediante la colaboración con empresas , fundaciones y otras fuentes privadas.»
Si estas son sus intenciones, queda claro a quienes representan.
El modelo actual no es la solución
El modelo actual universitario, modernizado tras la LRU del 1983 y las luchas estudiantiles, se pensó para que la participación del estudiante en el mismo mejorase la calidad de la gestión y la docencia de la Universidad Pública. Sin embargo, pasaron los años y la participación en la Universidad disminuyó a la vez que la representación estudiantil se apegó al poder y se «burocratizó», salvando los ciclos de movilización estudiantil.
La Universidad ha pasado progresivamente de ser un centro científico, cultural, político y social a ser un lugar de paso para sacarse un título y poder así acceder a un mejor puesto en el mercado laboral. Cuestión que refleja que la Universidad está inserta dentro de un sistema económico y social concreto, y es este sistema el que anula la participación a todos los niveles, no sólo en la Universidad.
El perfil de muchos de los jóvenes que llegan a la Universidad es poco participativo, y menos si hablamos de participación política. No se nos educa en la participación, de tal manera que aquella representación estudiantil que quiere aumentarla suele verse frustrada en sus intentos. Si la participación estudiantil es posible de una manera muy reducida, el modelo de control de los estudiantes sobre la gestión de la Universidad queda deslegitimado, proponiéndose como solución la desaparición de la democracia universitaria por un sistema más jerárquico y empresarial.
La solución pasa, desde mi punto de vista y como primer paso, por seguir politizando en el buen sentido de la palabra a los estudiantes. Una mayor participación permitiría ejercer el control de los estudiantes sobre la Universidad, permitiendo además exigir flexibilidad en la docencia y mecanismos más directos que la hicieran más sencilla.
Otras consideraciones de la Ley Andaluza de Universidades
Al margen de los Consejos Sociales, la Ley Andaluza de Universidades regula a las Universidades Privadas. Aparentemente esto es lo más positivo, ya que hay academias que se hacen pasar por Universidades sin cumplir los requisitos. Sin embargo aprueba, en una disposición transitoria, la creación de la Universidad Privada Loyola sin un estudio de impacto en el territorio y en un contexto de fusión de Universidades Públicas.
Por otro lado, no se nos reconoce derechos estudiantiles básicos que llevamos reivindicando como el derecho al paro académico, falta de especificación sobre aspectos laborales y sindicales como denuncia UGT , la introducción del «cuadro de mando integral» que ayudará a vertebrar el futuro «sistema de información integral» estatal para la elaboración del ranking universitario, y aspectos de financiación como el principio de estabilidad presupuestaria y la falta de concreción de la suficiencia básica presupuestaria.
En definitiva, protestar contra la reforma no es conformarse con el modelo actual. La LAU es una ley que se ha aprobado de espaldas a la comunidad universitaria y que avanza, sin duda alguna, hacia una mayor mercantilización y privatización del conocimiento. Por ello no dejaremos de pedir la derogación de la reforma y un amplio debate que permita discutir que modelo de educación queremos.
«Porque la educación del pueblo no se vende… SE DEFIENDE»
Blog del autor: http://www.aprivativa.es/?p=574
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