Una de las mayores deudas de toda la izquierda del Estado español parece que está a punto de saldarse. Un proyecto mejorado con respecto a hace dos años puede salir adelante aunque dependerá de la pinza Junts-Podemos. El grito exasperante de las derechas, los complejos del PSOE y las diferencias entre los socios marcan las últimas horas.
“Sí, parece que esta vez sí”, comentaba esta semana un influyente diputado del Partido Socialista, preguntado por El Salto sobre el destino final de la reforma a la ley de Seguridad Ciudadana. El legislador, del grupo de confianza de Pedro Sánchez, opinaba que al parecer se están dando todos los condimentos para que la llamada Ley Mordaza no tenga su décimo cumpleaños el año que viene.
Una década después de su entrada en vigor en julio de 2015 (aprobada con la mayoría absoluta del Partido Popular para contener a los movimientos sociales y las protestas que reaccionaba al ajuste feroz), esta hipoteca para la democracia va a sufrir el tercer intento de ser borrada del Código Penal.
Este jueves ha tenido su segundo trámite parlamentario en positivo: una mayoría legislativa ajustada de 176 diputados rechazó las enmiendas a la totalidad registradas por el PP y Vox. La proposición impulsada por Génova sumó 169 escaños (los ultras decidieron apoyar su enmienda a pesar que sus socios se abstuvieron para la suya) lo que demuestra que el margen para la aprobación sigue exiguo y todos los socios de investidura harán falta, sea en positivo o abstención.
Un camino pedregoso
La promesa de campaña para derogar la ley en su totalidad fue dicha por el Sánchez candidato de 2016 y repetido en los dos procesos electorales de 2019. Podemos y los soberanistas (incluyendo a PNV y Junts) también aseveraban la misma voluntad. El primer intento fallido de cumplir la promesa fue hace cinco años. El segundo fue en marzo de 2023 tras un largo trámite parlamentario y un desacuerdo final que hizo a la izquierda soberanista vasca y catalana tumbarlo.
Contra las cuerdas para obtener apoyos parlamentarios, el PSOE ha tenido que ir cediendo tanto en éste como en muchos otros temas. Hace meses de hecho Ferraz tenía en la nevera el acuerdo con Bildu. Una fuente de Sumar lo admitía en el verano: “Ellos tienen para cada grupo algo para darles el gusto. A Bildu le tienen reservado lo de Mordaza”. Así fue: semanas después se comunicaba un acuerdo entre el grupo de la izquierda abertzale y el PSOE.
El equilibrismo de Ferraz (que merece un aplauso, todo sea dicho) consiguió que la nueva proposición de ley de comienzos de octubre lleve la firma de los dos rivales acérrimos: EH Bildu y PNV, junto con Sumar y Esquerra Republicana (que en Barcelona también son hostiles rivales con la marca de los ‘comuns’). El tercer intento se echaba a andar.
El debate del jueves ha retratado a los grupos, sus miedos, sus tácticas y sus contradicciones. Es una ley, cabe recordarlo, profundamente ideológica: aquí no hay dinero ni presupuestos en juego, sino que está en juego la visión del Estado, del poder de policía y de las libertades.
Algunos pasajes discursivos merecen atención, especialmente en tiempos cercanos de tener respuestas a mano para el cuñado reaccionario de Navidades: la desnudez argumental de las derechas quedaba en evidencia por la virulencia de su narrativa, empezando por el portavoz de Vox, Ortega Smith, quien dijo que la proposición era apoyada por “golpistas, filoetarras y comunistas….siempre los comunistas”, cuya “acción política está basada en el odio al orden, a la libertad y el apoyo de siempre al crimen”. También los tachó de “gentuza” y dejó caer que “muchos” de quienes apoyaban la reforma “son consumidores habituales de droga”. La naturalización de las barbaridades hace que los exabruptos ya no sean ni abucheados en el hemiciclo.
Ana Vázquez Blanco, la portavoz del PP en este tema, no se quedó atrás. Llamó “ley Otegi” a la proposición, además de “ley de la kale borroka”, “ley del caos” y hasta el cómico “ley de los que odian a la policía”. Mirando al grupo de Bildu, se permitió cruzar otra línea roja: “Ustedes lo que quieren es que haya un muerto”. Al PSOE también le envió sus dardos inconexos: “La seguridad de los españoles les importa un bledo, solo les importa la de una persona, del número 1”. Eso sí, hay que admitir que hurgó en una contradicción cierta: les recordó a los socialistas que, según los propios datos de Interior, “el 65% de las sanciones (basadas en la ley Mordaza) las hizo este Gobierno, fue masivamente usada”.
El hábil Jon Iñarritu (Bildu), entre ironías y con una sonrisa en el rostro, deconstruyó las barbaridades previas y le hizo ver al PP su “contradicción” por el simple hecho de que pocos días antes habían defendido una proposición sobre el gobierno de Nicolás Maduro basándose en todos los mismos organismos internacionales que repudian la ley Mordaza. “Sería lógico que busquen argumentos más objetivos, los presentados no solo son contradictorios sino que no obedecen al más mínimo de los sentidos”, remató el bizkaino.
El PSOE fue PSOE. La portavoz Mamen Sánchez Díaz exhibió los complejos del partido con respecto a impulsar una medida antirrepresiva que le enfrenta con los sindicatos (escoradísimos a la derecha, en su mayoría) de las fuerzas de seguridad. “Me quiero dirigir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Siempre que gobierna el PSOE se les refuerzan derechos, algo que no conseguirán nunca con el PP”, señaló y antes de concluir, pidió a “los cuerpos policiales que tengan claro que tienen que proteger garantizando su seguridad jurídica”.
Este fue el primer match parlamentario tras la admisión a trámite del nuevo proyecto y ha retratado también que su aprobación final dependerá especialmente de Junts y Podemos (un recordatorio aritmética: si Podemos se abstiene, con el positivo de Junts basta, mientras Coalición Canaria acompañe, pero si ambos se abstienen, suma mayoría PP, Vox y UPN). Los de Puigdemont y Belarra son quienes todavía están disconformes con la iniciativa.
Es sugestivo que Junts haya decidido no participar del debate el jueves. Posiblemente responda a una táctica de no querer estar en primer plano cuando va a apoyar algo del Ejecutivo de Sánchez, por más que sea críticamente, y sí busca el foco cuando es lo contrario. Sobre todo en la semana de su pedido de “moción de confianza” para el presidente del Gobierno, y muy sobre todo cuando este fin de semana son las primarias de ERC. “Qué casualidad todo…”, comentaba con sorna una dirigente de Esquerra.
Preguntado por El Salto al respecto, el portavoz de Junts, Josep Pagès i Massó, ha mantenido el secretismo que caracteriza a su grupo pero ha aceptado responder que ellos “con lo de las manifestaciones y el registro” no están de acuerdo y se remitió a su discurso de octubre en la admisión a trámite.
En esa oportunidad tachó de “versión light” la nueva norma, advirtió que no iban a aceptar el “chantaje de la adhesión total o nada” y que veían “muy difícil que llegue a buen puerto” sin modificaciones porque hay tres elementos en los que no concuerdan: “Es una propuesta que sigue permitiendo a la policía española disparar balas de goma, porque solo prevé una sustitución gradual, que sigue permitiendo la criminalización de la protesta democrática trasladando la responsabilidad de las acciones de los manifestantes a los organizadores de las manifestaciones y da pie a un decreto de registros en actividades como hostelería o alquiler de vehículos que supone una intromisión inaceptable en la intimidad de la persona”.
Por su parte, Podemos ha respondido a la consulta que durante el debate en comisiones de la nueva reforma insistirán en el cese inmediato a la utilización de las balas de goma y en las devoluciones en caliente, aunque no han dicho si es una línea roja.
Desde Bildu comentan por lo bajo que Junts “se tiene que aclarar” y dejan trascender su sorpresa de que pongan en duda su apoyo cuando lo conseguido en el texto pactado “es lo mismo” que votaron en otra oportunidad. ¿Pero por qué los abertzales están tan seguros de la propuesta?
Porque ellos, con el guiño de ERC, han removido los escollos que mantenía el PSOE hace dos años. La nueva propuesta recoge el compromiso de la “sustitución progresiva” de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, pone fin a la “discrecionalidad” en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, que tendrán que ser “objetivables y justificadas” y que pasarán a ser faltas “graves” a “leves”; y en tercer lugar, se establece la presentación en un plazo de seis meses de una reforma de la Ley de Extranjería para acabar con las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.
Como se puede interpretar fácilmente, el problema no es de fondo sino de forma: las balas de goma seguirán en uso hasta una paulatina desaparición, al igual que las devoluciones en caliente. Podemos y Junts pedirán que sea ipso facto. Sobre la responsabilidad de las manifestaciones, Junts ha sacado de su manga una carta en la que podría tener razón.
Una causa urgente
Decenas de colectivos sociales del Estado español, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los comisionados de Derechos Humanos del Consejo de Europa y oenegés internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado los contenidos de la Ley Mordaza desde su sanción y pedido su derogación. No es un invento ni una extravagancia de una izquierda radical sino un déficit democrático señalado.
Según los expertos, la ley todavía vigente hizo que la policía de turno pueda actuar como juez y parte y lleve a cabo una multa por la vía administrativa, impulsando una multa que el ciudadano se la lleva de forma casi automática. Si el procedimiento fuera por la vía penal, se exigiría una denuncia y que el policía tenga que demostrar la culpabilidad ante un juez que resolvería escuchando a ambas partes.
Además, las sanciones por delitos penales tienen que ver con la situación personal del sancionado y en cambio por vía administrativa el parámetro es el mismo para cualquiera, lo que la hace más gravosa. El ciudadano pierde la presunción de veracidad y debe hacer un gran esfuerzo para demostrar su inocencia ante, por ejemplo, la palabra del efectivo policial que dice haber sido faltado el respeto. Recurrirlo es un castigo en sí mismo por el trámite administrativo que conlleva. Además hay otros contenidos polémicos, como la prohibición de grabar y difundir imágenes de la represión policial.
La ley Mordaza ejerce como factor de disciplinamiento social por el hecho de castigar con la asfixia económica a movimientos sociales. Por ejemplo, el grupo vecinal No a la Tala en Madrid acumula 20.000 euros en multas por negarse a la tala de más de 1.000 árboles en sus vecindarios. O el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que lleva acumulado más de 44 mil euros en multas sólo desde 2021, o los 21.000 euros en multas por la protesta de estudiantes del grupo Defendemos Palestina ante la visita de la Embajadora de Israel en la Universidad Complutense, según informa Amnistía Internacional.
La misma fuente reseña que desde 2015 a 2022 se han impuesto algo más de 291.400 sanciones con base únicamente en dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse“ y ”faltas de respeto a la autoridad», suponiendo el 77% del total. La mayoría plurinacional que emanó de las urnas en julio de 2023 tiene quizás una última oportunidad antes que este oprobio legal caiga en manos de un gobierno de las derechas. Tiempo de descuento.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/ley-seguridad-ciudadana/reforma-ley-mordaza-vez-se-puede