Una Orden Ministerial estableció que las cooperativas de la construcción no podrán contratar a trabajadores asalariados para realizar sus actividades, entre otras medidas
La orden ministerial que prohíbe a las cooperativas no agropecuarias (CNA) de la construcción trabajar más allá de la provincia donde fueron constituidas, entre otros cambios, fue recibida por observadores como la primera señal de que el reordenamiento en curso del trabajo privado terminará con normas más recias.
Varios cibernautas advierten incoherencias en la medida y la consideran un retroceso del ejercicio privado, que fue ampliado por el gobierno desde 2010 aunque con revisiones sobre la marcha como la última, que congeló desde el primero de agosto último la entrega de nuevas licencias en actividades como renta de habitaciones.
Con fecha del pasado 14 de agosto, la Orden Ministerial OM-3890-17 subrayó también que las CNA de la construcción no contratarán trabajadores asalariados para realizar actividades que se correspondan con su objeto social.
Agregó que dichas entidades solo podrán realizar las actividades propias de su objeto social en la provincia donde radique su domicilio social.
Adicionalmente, el ramo estableció un plazo de «tres meses para la liquidación y cierre de los contratos que estuviesen ejecutando y establecimientos o similares ubicados fuera de la provincia donde radique su domicilio legal».
Comunicó a las cooperativas del sector de la construcción que no podrán crecer en socios, ni contratar servicios en actividades comprendidas en su objeto social.
La disposición firmada por el ministro René Mesa Villafaña se sustentó en «las medidas que está adoptando el país para el perfeccionamiento del funcionamiento interno de las Cooperativas no agropecuarias y su relación con el resto de los actores».
En ese sentido, aludió a «deficiencias y desviaciones detectadas en los distintos controles» y aclaró que lo dispuesto permanecerá vigente «hasta tanto se establezcan las normas definitivas que regularán» el ejercicio de la CNA, sin ofrecer más detalles.
Para un cibernauta identificado como MH, el anuncio resulta una «vergüenza», pues «da gracia que ahora vengan a decir que la obra no puede demorar más de tres meses cuando el Estado y sus brigadas de construcción se meten hasta un año para hacer un cuarto».
Otro nombrado Fouché apreció la medida como «extremadamente justa para el pueblo y las CNA» porque trata de «evitar la competencia desleal, además de eliminar causas y condiciones para la evasión del fisco por estas cooperativas que tratan de esconder las obras que realizan para no contribuir al desarrollo local con los impuestos».
Además, dijo, «la no autorización a contratar a nuevos trabajadores se debe a que muchos socios de cooperativas ya no eran tan «socios» sino burgueses que tenían «explotados».
Otras personas se preguntaron cómo el sector estatal suplirá la demanda que las CNA satisfacían y alertaron del eventual impacto negativo de la medida en la reparación del deteriorado fondo habitacional cubano.
Según PP, la orden ministerial obedeció a «la corrupción que se ha armado con las cooperativas de construcción (…), en obras contratadas por el Estado y que son sobrefacturadas, con pago posterior a los «decisores contratantes».
El economista Darién García se mostró preocupado de que «muchas personas pueden quedar sin empleo en muy poco tiempo y en la legislación actual no queda escrito qué sucede con los socios si se cierran las obras por una decisión ministerial».
Observó también que la mayoría de los clientes de las cooperativas son entidades estatales, es decir, unidades presupuestadas o empresas.
Ello, a su juicio, exige una pronta revisión de los contratos firmados por más de tres meses -como fija el documento- o que se extiendan al próximo año.
«El cierre de los contratos puede afectar con la interrupción y/o paralización de obras de todos los niveles, desde centros de salud o educación hasta inversiones en industrias o instalaciones del turismo», alertó.
Como consecuencia, advirtió, podría afectarse «el cumplimiento de planes y cronogramas de sus clientes y (…) la ejecución del presupuesto del año a todos los niveles; estos dos aspectos pueden tener una repercusión negativa directa en el crecimiento económico del país».
El 1 de agosto, las autoridades anunciaron la paralización provisional en la entrega de licencias para cerca de una treintena de actividades privadas, así como la suspensión definitiva de autorizaciones a otras cinco.
Una evaluación oficial del sector reveló el uso de materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita; la persistencia en el incumplimiento de obligaciones tributarias y la subdeclaración de ingresos; así como la falta de enfrentamiento y solución oportuna a los problemas, entre otras deficiencias.