Desde el inicio de la crisis financiera mundial, el gobierno había venido insistiendo en la fortaleza y solvencia del sistema financiero español (SFE). Ciertamente, no se habían producido los espectaculares descalabros que, un día sí y otro también, eran noticia de portada por cuenta de bancos de todo el orbe, especialmente de EEUU y el […]
Desde el inicio de la crisis financiera mundial, el gobierno había venido insistiendo en la fortaleza y solvencia del sistema financiero español (SFE). Ciertamente, no se habían producido los espectaculares descalabros que, un día sí y otro también, eran noticia de portada por cuenta de bancos de todo el orbe, especialmente de EEUU y el Reino Unido.
Recientemente, sin embargo, el tono de las declaraciones oficiales ha cambiado. La intervención de la Caja de Castilla La Mancha por el Banco de España el pasado 28 de marzo, tras su frustrada fusión con Unicaja, marca un punto de inflexión. Ya se habla de planes de rescate (o de «respaldo», para utilizar el eufemismo gubernamental) y se considera la posibilidad de recapitalizar, con aportaciones públicas, las posibles entidades en apuros.
El SFE tiene algunas peculiaridades destacables. La primera y principal, que la mitad del negocio bancario no está en manos de bancos «clásicos», sino de las cajas de ahorro que, a diferencia de aquellos, no tienen accionistas ni, por lo tanto, reparten dividendos. Ya hace años que diversas voces reclaman la corrección de tal anormalidad, proponiendo medidas de equiparación de las cajas con los bancos privados. La actual situación de crisis es vista por algunos (entre ellos, el propio gobernador del Banco España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez) como una oportunidad para volver a plantear ese debate. Volveremos sobre este tema más adelante.
Otra peculiaridad, conocida pero menos publicitada, es el elevado nivel de endeudamiento exterior del SFE. La financiación de la burbuja inmobiliaria ha comportado que bancos y cajas incurrieran en una deuda exterior de 784.000 millones de euros, prácticamente el 75% del PIB español. De ese importe, 220.000 millones vencen entre el 2009 y el 2011 (1). En esta situación, las ayudas públicas establecidas hasta ahora (no aportaciones directas de capital, sino concesión de avales y compra de activos sólidos, por un importe conjunto de 107.000 millones) no sirven para aumentar el volumen de crédito a inyectar en la economía real, sino sólo para refinanciar la mitad de la deuda a corto plazo.
El incremento de la morosidad es un tercer factor relevante, muy vinculado al estallido de la burbuja inmobiliaria. Se ha multiplicado por más de 3 en un año, llegando al 4,84% en las cajas y al 3,44% en los bancos (2), no tanto por el impago de los préstamos hipotecarios de particulares (como el caso de las «subprime» en EEUU), sino por la insolvencia de los promotores de viviendas que no se venden. Así, el SFE se está haciendo con la propiedad de un gran número de viviendas no vendidas y cuyo valor real es muy inferior al contabilizado. Este mecanismo atenúa artificialmente el incremento de la tasa de mora, pero puede ser también una bomba de relojería: la diferencia entre el valor real de esos inmuebles y el precio inflado por el que están contabilizados constituye una amenaza para el balance de numerosas entidades.
Junto a lo dicho, un elemento que no es en absoluto peculiar del SFE: la irresponsable política de distribución de dividendos de los últimos años, incluyendo el 2009, y las inmorales retribuciones de los consejos de administración y altos directivos que, más allá de propagandísticos gestos de austeridad, van a seguir existiendo.
Singularidad de las cajas de ahorro
El régimen jurídico de estas entidades es muy diferente del de los bancos privados. No tienen accionistas, no reparten dividendos, son legalmente entidades sin ánimo de lucro, los diversos niveles de la administración pública (ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos) tienen un papel preponderante en la elección de sus consejos de administración (donde también hay representación de los depositantes y de los trabajadores/as) y han de destinar una parte de sus beneficios a la «obra social»: actividades en beneficio de la comunidad, desde bibliotecas a centros de ocio para personas mayores. Originariamente, su presencia territorial había de limitarse a su propia comunidad autónoma, a veces incluso en un ámbito menor (provincial). Desaparecida esta cortapisa, muchas cajas, encabezadas por las dos más importantes (la catalana Caixa de Pensions y Caja Madrid) tuvieron una enorme expansión territorial y en número de oficinas.
La combinación de estas características ofrece a menudo resultados contradictorios. Por un lado, la presencia de las administraciones puede hacer de las cajas un instrumento financiero al servicio de políticas públicas de interés general. Por otro, la voluntad de controlar políticamente entidades tan importantes deriva en confrontaciones que pueden alcanzar ribetes tragicómicos.
Es el caso actual de Caja Madrid: para cambiar a su actual presidente, Miguel Blesa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ( Partido Popular ), hace aprobar una ley autonómica que modifica en profundidad la forma de elección de sus órganos rectores, en contra de la opinión de los sindicatos, del gobierno central y… de Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, compañero de partido y enemigo íntimo de Esperanza. El Tribunal Constitucional ha aceptado tramitar el recurso planteado contra dicha ley por el gobierno y ha paralizado su aplicación. Así, el drama seguirá hasta después de la sentencia del TC, mientras Caja Madrid ve rebajado su rating, de AA- a A+, por el incremento de la morosidad y el deterioro de sus activos (3).
Otro caso fue el fracasado intento de fusión entre dos de las tres cajas vascas, BBK y Kutxa: el proyecto hubiera generado una nueva caja más grande y sólida, contaba con el aval de los sindicatos (la fusión se hubiera hecho con un acuerdo laboral garantizando el empleo y las condiciones de trabajo), pero naufragó por la decisiva oposición del PSOE y PP, que vieron oportuno torpedear lo que consideraban una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco.
Son ejemplos de que la presencia de los poderes públicos en las cajas no es garantía suficiente de la prioridad de los intereses colectivos. Ni de interpretar adecuadamente esos intereses: uno de los factores que han llevado a la situación de crisis de Caja Castilla La Mancha ha sido su gravosa participación en la construcción del aeropuerto de Ciudad Real, un aeropuerto con todo lo necesario para funcionar correctamente… y sin pasajeros que lo utilicen.
En otro terreno, la dedicación a la «obra social» no impide que las cajas sean agentes destacados del capitalismo global, tanto a través de su política de inversiones como de su participación en el capital de grandes multinacionales (por ejemplo, la Caixa en Abertis -autopistas- o en Repsol -petróleo y gas-). Y, aparte de la mayor presencia de profesionales de la política, retirados o no, en sus consejos de administración, no hay grandes diferencias observables entre los gestores de las cajas y los de los bancos.
Amenazas diversas
La duración e intensidad de la recesión, difíciles de pronosticar, pueden poner a prueba la solidez del SFE. Es evidente que, hasta ahora, este sistema financiero ha resistido mejor que en otros países (la peor situación de los demás ha provocado que, en 2008, Santander y BBVA hayan sido los dos bancos con más beneficios del mundo), pero el horizonte no está exento de peligros. Si se mantuviera el incremento de la morosidad durante un período prolongado y al ritmo acelerado de los últimos meses, podría pasar lo impensable: grandes bancos españoles, acostumbrados hasta el 2007 a incrementar sus beneficios año tras año en porcentajes de dos dígitos, declarando niveles de beneficios propios de hace 20 años o, incluso, incurriendo en pérdidas.
Sin embargo, hay grandes diferencias dentro del SFE respecto a la exposición a dichos peligros. En promedio, las cajas han tenido históricamente un volumen de beneficios muy inferior a los bancos, tienen una mayor tasa de morosidad y muchas de ellas no tienen ese tamaño «demasiado grande para dejarlas caer». Mientras el presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín, considera que el Fondo de Garantía de Depósitos se basta para prestar las ayudas necesarias, su homólogo de las cajas, J.R. Quintás, demanda al gobierno la creación de un fondo público de recapitalización (4).
El escenario está preparado para un nuevo ciclo de concentración financiera que, quizás, afecte a algunos bancos pero que, muy probablemente, tendrá como protagonista el sector de cajas. Las modalidades de este proceso de concentración están por ver: con o sin aportación de capital público, entre cajas de la misma o de diferentes comunidades autónomas, voluntario entre las entidades o por decisión externa (del Banco de España o de los gobiernos respectivos).
Hay otra amenaza que se cierne sobre las cajas: la voluntad de diversos sectores (empezando por los bancos) de modificar su régimen jurídico. ¿Por qué no aprovechar la crisis para que todo el SFE se rija por las mismas reglas de mercado que los bancos? Dado que la actividad financiera se ha demostrado tan rentable, convertir las cajas en sociedades anónimas normales y corrientes, con la perspectiva de miles de millones de dividendos a repartir entre grandes inversores (más las correspondientes migajas para pequeños accionistas), es un objetivo muy tentador. Conseguir ese objetivo puede exigir varias fases, y la primera sería otorgar «derechos políticos» a las llamadas cuotas participativas. Las cuotas participativas, que muchas cajas no han puesto en circulación, son porciones del capital de una entidad, pero que, a diferencia de una acción, no permiten participar en la toma de decisiones ni, en función del número que se posea, nombrar representantes en los consejos de administración. Darles «derechos políticos» sería un paso importante en la equiparación de las cajas con una sociedad anónima.
La cuestión, por tanto, no sólo es en qué medida la crisis puede afectar la solvencia de parte o el conjunto del SFE, sino también si la salida de la crisis irá acompañada, o no, de una desregulación del sector de cajas en beneficio del capital.
Posiciones sindicales
Con motivo de la reciente reunión del G20 en Londres, la CSI (Confederación Sindical Internacional, a la que pertenecen CCOO y UGT) emitió una declaración (5) que, entre otras muchas propuestas, plantea que, en relación a los bancos insolventes, «la nacionalización es la única manera de restaurar la confianza, compartir los riesgos de manera justa y garantizar que los contribuyentes salgan también beneficiados una vez se restaure la solvencia». Ignacio F. Toxo y Cándido Méndez, secretarios generales de CCOO y UGT, hicieron llegar el 23 de marzo una carta al presidente Zapatero, adjuntándole la citada declaración y exhortándole a defender su contenido en la reunión del G20 (loable iniciativa que, como era previsible, no ha tenido éxito).
En este contexto, la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO (Comfia-CCOO, sindicato mayoritario en todos los sectores financieros), celebró su III congreso estatal en Sevilla, del 1 al 3 de abril. En él se adoptó por unanimidad una resolución ante la crisis (6) que, tras hacer un repaso de las características y efectos de la misma en el SFE, criticar las políticas de reparto de dividendos y remuneración de directivos, denunciar la inacción del Banco de España durante el descomunal crecimiento de la deuda hipotecaria, alertar de los riesgos sobre el empleo y recordar la intervención del sindicato ante todos los hechos relevantes del último período, aborda en su apartado final las Propuestas sindicales.
Muy resumidamente, dichas propuestas consisten en
- defensa del empleo, reclamando protocolos que lo garanticen en caso de fusiones.
- mejora de la protección social para quienes pierdan su puesto de trabajo.
- activar la concesión de crédito, sin que ello suponga un aumento de la morosidad.
- cambio de modelo productivo.
- pacto de legislatura sobre la salida de la crisis, para que ésta no la paguen sólo las y los trabajadores.
- fórmulas para utilizar las viviendas construidas y no ocupadas, vía acuerdos entidades-administración para crear un parque de vivienda pública.
- ayuda del sector financiero a las pequeñas y medianas empresas.
- oposición a la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, y defensa de la naturaleza jurídica de las cajas.
- cumplimiento de la «función social» de las empresas.
- adopción de criterios de inversión socialmente responsable, con participación de administración, accionistas, trabajadores y clientes.
- gestión profesional de las entidades, con el objetivo de conseguir una banca ética.
Para los casos en que se produzca una aportación de dinero público, se defiende la necesidad de «establecer controles sobre la función social de las empresas, sobre sus políticas de reparto del beneficio y sobre los sistemas de retribución de sus directivos, y con el menor coste posible para el erario público». Igualmente se propugna «la necesidad de que, una vez estabilizada la entidad, devolver a la sociedad su esfuerzo a través de la dinamización del crédito». Se defiende también una «reforma del sistema financiero que dé un mayor peso a la banca pública, dotando de mayores recursos y capacidad al Instituto de Crédito Oficial» (texto literal contenido en la propuesta de «Pacto de Estado por la Economía y el Empleo» (7) de la Confederación de CCOO).
Como es obvio, la aprobación por unanimidad supuso un ejercicio de consenso entre diversas posturas y matices. De hecho, el congreso, convocado con casi un año de antelación, debatía un documento de acción sindical centrado monográficamente en la responsabilidad social de las empresas. La agudización de la crisis, junto al planteamiento de numerosos sectores del sindicato de la necesidad de aprovechar el congreso para fijar posición ante la misma, permitieron la existencia de la resolución.
La comparación entre los documentos de la CSI, de la Confederación de CCOO y la resolución de Comfia-CCOO evidencia algunas diferencias, que cada cual podrá valorar como significativas o como simples matices. A destacar:
- el tratamiento sobre las aportaciones de dinero público a entidades financieras con problemas. Por un lado, se expresa con claridad la propuesta de nacionalización, que la resolución de Comfia-CCOO ni siquiera menciona.
- el acento en la responsabilidad social de las empresas como objetivo central, ausente en otros documentos.
- el grado de confianza en la «gestión profesional» como mecanismo para evitar problemas a las entidades o para salir de ellos.
El consenso alcanzado, positivo sin duda para cohesionar el sindicato en momentos turbulentos como los actuales y futuros, no significa monolitismo. Algunas y algunos hubiéramos preferido una toma de posición más decidida en algunos temas:
- recordar que entre las funciones de un sistema financiero no está, necesariamente, la de obtener multimillonarios beneficios a repartir entre unos pocos. El crédito, imprescindible para el funcionamiento de la economía productiva, podría estar en manos del sector público sin que ello suponga acabar con el capitalismo.
- conseguir que grandes multinacionales financieras adopten criterios de inversión socialmente responsable y funcionen como una banca ética es un objetivo tan difícil como el de una sociedad sin explotación, donde tampoco habría grandes bancos privados. A igualdad de dificultades, sin embargo, este último objetivo resulta mucho más ilusionante.
- sería deseable el establecimiento de mecanismos de control, con participación de trabajadores/as y clientes, sobre el conjunto de la actividad de todas las entidades financieras, y no sólo sobre la adopción de los criterios de inversión responsable.
- los trabajadores y trabajadoras ya somos las principales víctimas de la crisis, fundamentalmente a través del aumento del paro, pero también por el endeudamiento vitalicio derivado de la toma de préstamos para la compra de una vivienda a precios desorbitados. Reclamar una «salida compartida de la crisis» conecta con la postura de quienes defienden unos nuevos pactos de la Moncloa. Ésta es una opción rechazada tanto por CCOO como por UGT, que defienden como alternativa acuerdos sobre la mejora de las prestaciones sociales y la creación de empleo.
Todas estas consideraciones, sin embargo, no han de hacer olvidar que los principales riesgos inmediatos, dentro y fuera del SFE, son la destrucción de empleo y la voluntad de socializar pérdidas sin dejar de privatizar beneficios. Ante tales riesgos, lo que sirve es primar todo lo que une a quienes somos parte de la solución (la clase trabajadora y sus sindicatos) frente a quienes son parte del problema (la clase capitalista).
Notas:
1: Conferencia de Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Técnico Confederal de CCOO, el 3-2-09.
2: La Vanguardia, 18-4-09.
3: La Vanguardia, 23-4-09
4: Cinco Días, 23-4-09
5: Texto completo en http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/20090319121200-Microsoft_Word_-_G20_London_Declaration_FINAL-ES.pdf
6: Texto completo en http://www.comfia.net/html/13253.html
7: Texto completo en anexo a http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Confederacion:55997
Litus Alonso es veterano sindicalista con más de 30 años de militancia en CCOO, es actualmente miembro de las Ejecutivas estatal y de Catalunya de Comfia-CCOO (Federación de Servicios Financieros y Administrativos); también es delegado sindical en el BBVA.