Quizás una anécdota resuma la situación de tensión política que se vive en el Reino de España. Una profesora de filosofía del instituto público de San Sebastián de los Reyes, una ciudad dormitorio de Madrid, da sus clases con una camiseta con la formula «HB+ZP=HP» /1. Adolfo Navarro, portavoz socialista de Educación en la Asamblea […]
Quizás una anécdota resuma la situación de tensión política que se vive en el Reino de España. Una profesora de filosofía del instituto público de San Sebastián de los Reyes, una ciudad dormitorio de Madrid, da sus clases con una camiseta con la formula «HB+ZP=HP» /1. Adolfo Navarro, portavoz socialista de Educación en la Asamblea de Madrid, responde, en tono irónico, que si la profesora quiere insultar al presidente del Gobierno, «tiene una manifestación semanal que organiza el PP, donde cómodamente puede insultar al presidente, acompañada de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, del ultraderechista Sáenz de Ynestrillas o de Falange».
La «madre de todas las manifestaciones» de la derecha
No hemos llegado todavía a una manifestación semanal del PP, pero la octava gran manifestación en esta legislatura de la derecha, la del pasado 10 de marzo en Madrid, sí ha tenido connotaciones especiales. Ha escenificando en la calle su alternativa social y política al Gobierno Zapatero como tal, no sólo a uno u otro aspecto de su gestión. Una alternativa que Gaspar Llamazares, dirigente de IU, resumió como la defensa no tanto de «un estado de derecho, como de un estado de derechas».
La preparación de esta «madre de todas las manifestaciones» de la derecha ha sido sistemática. Ha partido de una deslegitimación global del Gobierno del PSOE con una delirante teoría conspiratoria, según la cual la victoria del 14 de marzo de 2004 habría sido el resultado de un pacto secreto con la ETA, la cual habría colaborado con el terrorismo islamista para los atentados del 11-M, a trueque de abrir un proceso de paz que culminara en la independencia de Euskal Herria. La última «prueba» de cargo aportada a esta requisitoria, evidentemente instruida por falsarios para uso de orates, no sería otra que la decisión adoptada por el Gobierno en relación al régimen penitenciario del militante de ETA De Juana Chaos.
Fuera del Reino de España, la estolidez de estas acusaciones puede llevar a no dar importancia al efecto político que supone su mediática repetición machacona. Pero en los mismos días en que las sesiones del juicio contra los autores materiales del 11-M están desmontando pieza a pieza los supuestos fundamentos de la teoría conspirativa de la derecha, tres diarios de alcance peninsular, varias cadenas de radio y todo tipo de páginas y boletines informáticos insisten en mantener contra toda evidencia lo contrario. Hasta el punto de que el Obispo de Huesca-Jaca se permite el lujo de acusar directamente al Gobierno de querer ocultar la verdad, y el Arzobispo adjunto de Madrid convoca a misas contra Zapatero.
El intento de explicar en sede parlamentaria la decisión del Gobierno de aplicar De Juana Chaos la prisión atenuada, con su traslado a un hospital de Donosti, se enfrentó con una bronca desde los escaños del PP sin precedentes en el Senado. «Nadie puede entender que le hagan preguntas al Presidente del Gobierno y no quieran escuchar sus respuestas», fue la advertencia de un manifiestamente atribulado Presidente del Senado.
A cubierto de este manto ideológico literalmente demencial, la preparación logística de la ocupación de la calle ha intentado repetir la cadena de protestas de la izquierda que en el 2004 llevaron a la derrota electoral del Gobierno Aznar. La noche del pasado 9 de marzo, el PP organizó concentraciones nocturnas de varios cientos de personas en la mayoría de las ciudades, a la vez que tenían lugar más de una veintena de ataques fascistas contra sedes del PSOE y de IU. Al día siguiente, 700 autobuses de toda España se dirigieron hacia Madrid, en un escenario de la manifestación preparado y sufragado desde los gobiernos del PP de la Comunidad y de la Municipalidad.
La manifestación, que contó con más de 350.000 participantes, fue un éxito de disciplina y capacidad de encuadramiento. Un mar de banderas constitucionales españolas, con muy pocas excepciones de banderas franquistas, muchos lazos azules antiterroristas, pocas insignias del requeté o de la falange. Incluso la música se limitó al himno nacional, la vieja «Libertad sin Ira» de la transición, o la pegadiza «Sabes que se puede» de la televisiva Operación Triunfo. Confortado y exultante ante este ejemplo de modernidad, Mariano Rajoy levitó sobre el estrado como el nuevo salvador de la derecha política y social, convertida en «toda la gente de bien» de una nueva mayoría social.
Dos días después le entrevistaban en Antena 3 un Urdaci/2 resucitado y otros dos periodistas para denunciar la «fractura» social que estaba causando Zapatero y prometer el regreso, con él como presidente de Gobierno, del «consenso» en España. Y cuanto antes, mejor.
Los limites sociales y politicos de la «Estrategia de las Azores»
El Pais ha definido ya esta política de polarización extrema como la «Estrategia de las Azores». Se trata de mantener completamente movilizado al electorado de la derecha, al tiempo que se favorece la fractura y el abstencionismo de la izquierda. Según uno de los barones del PP citados por El País, «como dijo Alfonso Guerra, no es verdad que las elecciones se ganen en el centro. Lo importante es movilizar a tu gente, la abstención es lo que hundió al PSOE en 2000. Nosotros tenemos muy animados a los nuestros. Los otros, no creo que lo estén tanto».
El acoso al Gobierno debe llevar a una situación de bloqueo y crisis política que sume las sensaciones de ilegitimidad social e ineficacia, forzando si es posible un adelanto electoral. «El presidente anda un poco escaso de talante en los últimos tiempos. No es edificante verlo amenazando a los españoles», fue el cínico comentario de Rajoy tras el esperpéntico espectáculo dado por sus parlamentarios en el Senado. La ocupación de la calle debe conducir a una impotencia desmovilizadora de la izquierda, reducida a su condición de lumpen, frente a la «gente (de) bien». El bloque social de la izquierda debe ser desmembrado, con llamamientos a una nueva pinza contra el Gobierno Zapatero a la extrema izquierda e incluso a sectores de IU, que deberían denunciar las incoherencias y limites del actual gobierno, no para arrastrarlo más a la izquierda, sino para debilitar la resistencia unitaria de la izquierda frente a la contra-ofensiva de la derecha /3.
La «Estrategia de las Azores» tiene sus coyunturas criticas definidas en los próximos meses, que giran en torno a la participación, o no, de la izquierda abertzale en las elecciones municipales en Euskal Herria, en torno a la posible formación de un gobierno de izquierdas y nacionalista en Nafarroa -que desplace a la derecha de las instituciones de esa comunidad y aparte uno de los obstáculos centrales en el proceso de paz en Euskal Herria-, o en torno a una posible nueva acción de ETA, si rompiera otra vez el «alto el fuego permanente».
Pero el PP está aislado a nivel parlamentario por el resto de las fuerzas políticas, como han puesto de manifiesto una vez más el rechazo de su intento de recusar en el Congreso de los Diputados las decisiones penitenciarias sobre De Juana Chaos, o la petición de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), y su contraofensiva continua esencialmente en las almenas del poder judicial y a pie de calle.
Para contrarrestar el peso de la derecha en el poder judicial, el Gobierno ha comenzado replanteando las consecuencias del Pacto Antiterrorista en la composición de los principales órganos de gobierno de los jueces. El nuevo ministro Fernández Bermejo ha iniciado su mandato poniendo en evidencia la «legalidad, pero también la ilegitimidad» del Consejo del Poder Judicial, que ha superado su mandato sin ser renovado. Una enmienda de IU a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha permitido evitar que este alto tribunal quede en manos de una mayoría calificada de magistrados de derechas hasta su renovación, con el peligro de que se convirtiera en una «tercera cámara» de veto al poder legislativo. El «efecto Bermejo», según el portavoz del PP en estas materias, Ignacio Astarloa, ha bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo para la aprobación de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Mientras tanto, el Gobierno Zapatero, con el apoyo de las otras fuerzas de izquierda y nacionalistas vascas y catalanas, ha podido continuar el proceso de reformas democráticas, con la aprobación de la Ley de Igualdad, la Ley de Identidad de Género y la desmilitarización de la Guardia Civil -a pesar de la oposición cerrada de los generales del cuerpo-, con la reforma de su régimen disciplinario y la aprobación de un Estatuto de derechos y deberes.
Todos estos ataques y resistencias no se traducen por ahora en un cambio cualitativo en las encuestas de opinión. Tanto la publicada por el CIS el pasado 1 de marzo, como el Pulsómetro de la SER del pasado 13, aunque señalan un deterioro en las apreciaciones sobre la situación política, que cae del 5,3 de comienzo de legislatura hasta el 4,2 (lo que no ocurre con la situación económica, que sigue estable en el 5,5), hacen recaer la responsabilidad del embrollo mucho más sobre Rajoy (que cae del 5 al 4,1) que sobre Zapatero (que pasa del 6 al 5,2), al mismo tiempo que Llamazares alcanza su mejor puntuación y supera a Rajoy con un 4,3. La intención de voto sigue dando al PSOE un 43%, mientras que el PP se situaría en el 39% e IU subiría al 6,5%. De acuerdo con estos datos, el PP ha conseguido la movilización de su electorado, pero no la segunda parte esencial de su estrategia, que es la desmovilización parcial de los electores de izquierdas. Aislado, sin posibles aliados para una coalición, la falta de perspectivas de una mayoría absoluta sigue condenando esta crispada estrategia a una gran frustración.
La manifestación contra la guerra o como superar el miedo
Lo que no pueden reflejar las encuestas de opinión es, sin embargo, el debate interno dentro del PSOE sobre la respuesta necesaria a la ofensiva en toda regla del PP. Desde el comienzo de la Legislatura, importantes sectores del PSOE han defendido frente al Gobierno Zapatero la necesidad de condicionar cualquier proceso de cambio social o político al consenso con el PP, dándole en la práctica un derecho de veto. Se trata de sectores con una fuerte incrustación en el aparato del estado, que han vivido ese acuerdo con el PP durante los ocho años del Gobierno Aznar como una especie de bipartidismo del centro; o de gentes directamente vinculadas a las grandes empresas que se han desarrollado a partir de las privatizaciones del sector público.
En el terreno de las políticas económicas, hay que decir que la dirección autónoma por parte de Solbes del Ministerio de Economía y Hacienda, y su control del presupuesto conforme a una orientación ortodoxa socio-liberal, se ha visto acompañada por un largo ciclo de expansión, con tasas de beneficios anuales de más del 30% en las empresas del Ibex 35 durante varios años y una contención salarial de los trabajadores/4 mantenida con una alta precariedad del 33% del mercado laboral. Eso ha descartado una oposición frontal de la derecha económica al Gobierno. Pero ello solo ha hecho aumentar la presión interna en el propio PSOE de estos sectores para evitar cualquier desplazamiento significativo a la izquierda.
En este punto, la opinión editorial de Prisa, la compañía editora de El País, es significativa, porque suele hacerse eco de los estados de opinión de esos sectores. Así Ernesto Ekaizer comentaba recientemente que el gran error estratégico de Zapatero en esta legislatura era haberse jugado la legitimidad obtenida con la retirada de las tropas de Irak en la apertura del proceso de paz en el País Vasco. Este tipo de afirmaciones, que se dicen portavoces del «sentido común» político, suelen dejar de lado que la decisión de la retirada de las tropas fue igualmente controvertida en su momento, con muchas presiones para que no tuviera lugar en nombre de la solidaridad transatlántica. Y que las políticas de cambio implican inevitablemente riesgos, pero que cualquier avance significativo en la modernización y democratización de España implica una solución al conflicto vasco, que se ha convertido en el eje de la movilización de la derecha.
Este estado de opinión de los sectores sociales que se reflejan en ala derecha del PSOE, se traslada a la cuestión de qué hacer frente a la contraofensiva del PP. Como si de la estrategia de polarización a ultranza tuviera la culpa el Gobierno Zapatero, se le exige no ya dar un derecho de veto al PP (como pretendía Bono), pero sí condicionar y aun evitar cualquier movilización de resistencia por parte de la izquierda. La tensión y crispación social que afloraron en la inauguración del monumento a las victimas del 11-M -una torre de cristal ante la estación de ferrocarril de Atocha- fue otra excusa para llamar a la desmovilización.
Era evidente que tras la «madre de todas las manifestaciones» del PP en Madrid y el anuncio de otra manifestación en Pamplona con autobuses de toda España, la izquierda corría el serio peligro de quedar paralizada y desmoralizada, si no intentaba recuperar su presencia en la calle. La gran oportunidad era la convocatoria internacional en el cuarto aniversario de la guerra de Irak.
La izquierda sale a la calle el 17 de marzo, cuarto aniversario de la invasión de Irak
Ha costado mucho la organización de la manifestación unitaria de Madrid del 17 de marzo. Pero el éxito de convocatoria, con mas 150.000 manifestantes, ha dado la razón a quienes la consideraban no ya imprescindible políticamente, sino necesidad vivamente sentida por las bases sociales de la izquierda. Ante el desconcierto y la falta de reacción inicial de los aparatos de los partidos, el Foro Social de Madrid ha sido capaz de tejer las complicidades transversales necesarias, apoyándose en ONGs como Paz Ahora, ACSUR o Solidaridad Internacional y en las direcciones de UGT y CC OO de Madrid. Gracias a esta política de frente único, ha sido posible ir ampliando el abanico de los apoyos y ganar las mayorías necesarias en los grandes partidos y sindicatos, que tenían miedo a las comparaciones de cifras con las manifestaciones del PP.
El objetivo era catalizar la movilización del conjunto de la izquierda frente a la derecha, creando las condiciones de autoconfianza que permitan su politización, sin abandonar por ello el debate crítico sobre los límites de la política económica o exterior del Gobierno Zapatero. La clave era poner en movimiento la gran masa de las principales instituciones de la izquierda española, sus sindicatos -con todas sus limitaciones y con su creciente burocratización-, y la condición previa era el acuerdo político del PSOE e IU, sin el que la movilización de UGT y CCOO no es posible, aunque ésta se circunscribiera sólo a Madrid y no tuviera un alcance peninsular para evitar comparaciones con el PP.
La otra alternativa era condicionar la movilización a una polarización ideológica previa dentro de la izquierda, a partir de las críticas directas a la política económica socio-liberal y a la presencia de las tropas españolas en Afganistán y Líbano. Esta política de emplazamiento se acabó concretando en una pequeña manifestación de varios cientos de organizaciones de extrema izquierda contra el Gobierno Zapatero el mismo día y a la misma hora -pero con distinto recorrido- que la gran manifestación unitaria de la izquierda contra la derecha. Pero la presión unitaria fue tan fuerte que obligo al PCE y a otras organizaciones a llevar sus pancartas contra la guerra de Afganistán a la manifestación convocada por el Foro Social de Madrid, en una reconsideración acertada y bienvenida.
El Foro Social de Madrid se ha convertido gracias a esta política de unidad de acción de toda la izquierda, con sus múltiples matices y libertad de crítica, en un gran espacio de organización de la resistencia y de la reocupación de la calle frente a la derecha del PP /5.
Un pulso permanente
En otras ciudades del Reino de España, sobre todo en Barcelona (15.000) y Sevilla (2.000), también se han producido manifestaciones de protesta organizadas por la Plataforma «Aturem la Guerra» y el Foro Social de Sevilla, respectivamente. Pero es evidente que la presión social y política que vive Madrid, como escenario de las ocho grandes manifestaciones de la derecha, ha creado una polarización mucho más fuerte que ha servido de estímulo para una política unitaria capaz de movilizar al conjunto de la izquierda.
El pasado sábado, en Pamplona, era de nuevo el PP el que conseguía reunir a más de 75.000 personas. No evidentemente para protestar contra la guerra de Irak, que apoyó, sino para evitar una coalición de gobierno de izquierdas y nacionalista que les eche democráticamente de las instituciones de la Comunidad Navarra. Con el curioso lema «Por los fueros y la libertad», el gobierno de la derechista Unión del Pueblo Navarro, partido regionalista coaligado al PP, intentaba aunar carlismo y liberalismo en un nuevo conservadurismo hostil al nacionalismo vasco. La manifestación de Pamplona fue también un éxito para la maquinaria logística del PP, pero su efecto político fue mucho menor. Simplemente la agitación de un hipotético miedo identitario era poco creíble cuando días y aun horas antes tanto la vicepresidenta Maria Teresa Fernández como el PSOE navarro habían desmentido cualquier posible «cesión» antidemocrática de Navarra como precio político a Batasuna. Más curioso fue que Otegi y la propia izquierda abertzale reiteraran también que solo el derecho a decidir de los navarros determinaría la viabilidad de su proyecto de una sola comunidad autonómica vasco-navarra en el marco jurídico del estado español.
Solo 200 metros separaron a los manifestantes del PP de los 8.000 sindicalistas de LAB, el sindicato de la izquierda abertzale, que desfilaron en Pamplona a la misma hora contra las deslocalizaciones industriales en Euskal Herria, no cediendo su agenda sindical a la movilización de la derecha.
No es un mal mensaje. Frente al peligro de paralización, la izquierda tiene que demostrar que es capaz de saber movilizarse y mantener su propia agenda social y política. Frente a la estrategia de bloqueo de las instituciones mediante la polarización del PP, la izquierda tiene que responder con un proyecto más amplio de profundización del cambio político y social para una próxima legislatura, que tendrá la posibilidad de situarse más a la izquierda en la medida en que mejore la correlación de fuerzas y los resultados electorales. No solo para reabrir el proceso de paz en Euskal Herria, sino también para abordar la reforma de leyes orgánicas y de la propia Constitución, para lo que necesita tener una amplia mayoría parlamentaria. Sin una correlación de fuerzas más a la izquierda -que precisa de la movilización social unitaria, no menos que de la articulación política en programas y candidaturas más a la izquierda-, no será posible una nueva experiencia social masiva de cambio democrático y modernización que empiece a cuestionar el modelo de desarrollo económico neoliberal, insostenible a pesar del maná de los beneficios empresariales.
Hasta ahora mantenemos el pulso, pero hay que plantearse cómo lo ganamos.
NOTAS
1/ «Herri Batasuna+Zapatero Presidente= hijos de puta». Merece destacarse la proverbial memoria histórica de la derecha española. Ya en 1934, y ante la huelga general de octubre convocada por la Alianza Obrera contra el gobierno de derechas republicano, las siglas UHP («Unios Hermanos Proletarios») fueron transformadas por las diferentes milicias fascistas de la época en «Unión de Hijos de Puta». Agapito Maestre, uno de los publicistas más asiduos en los distintos boletines electrónicos «confidenciales» de la derecha, describía así estos días a los convocantes de la manifestación de Madrid contra la guerra de Irak del 18 de marzo: «PSOE, IU, sindicatos y toda la basura lumpen y de conducta desviada de la sociedad».
2/ Alfredo Urdaci fue el responsable de los servicios informativos de TVE durante el Gobierno Aznar y su cara pública, identificada popularmente con las manipulaciones mediáticas de los atentados del 11-M del 2004.
3/ Véase, por ejemplo, el editorial de Pablo Sebastián en el periódico electrónico La Estrella Digital (www.estrelladigital.es) de 9 de marzo del 2007, «La Oportunidad de IU». El argumentario se remonta a la iniquidad que habría heredado el Gobierno Zapatero por la política antiterrorista de Felipe González hace ya más de diez años, en especial la infamia de los GAL, las supuestas concesiones al independentismo nacionalista frente al «federalismo» responsable de IU, la «traición» a la causa saharaui y el mantenimiento de las tropas españolas en Afganistán. Sebastián concluye: «marcando toda la distancia que quieran con el PP deberían hacer otro tanto con Zapatero, en defensa de la izquierda, pero también de la democracia y de la libertad. La libertad que está amenazada en el País Vasco y la democracia que empieza a brillar por su ausencia en las acciones y reacciones de la Moncloa, para salvar los desafueros de Zapatero. Hay ciertas cosas, como el Pacto del Tinell, el rodillo del Congreso y sus vetos para impedir debates y votaciones, que no son, simplemente, democráticas, e IU eso lo debería saber y actuar en consecuencia y en defensa del interés general. Si dejan de moverse como simples acompañantes del PSOE, tendrán una oportunidad y muchas personas, que no soportan a Zapatero y que se acuerdan de Aznar, se lo agradecerán».
4/ Según Malo de Molina, responsable de estudios del Banco de España, «la remuneración por asalariado que había crecido a una tasa media del 9,4% entre 1980 a 1995 se ha moderado hasta el 2,9% de crecimiento medio entre 1996 y 2005». Esa «indudable moderación» está ya en línea «con la trayectoria de la inflación», pero «cuando se compara con los incrementos reales del PIB, el crecimiento real de los salarios es negativo en un 0,6% en el promedio de 1996 a 2007, frente a un crecimiento real del 1,3% entre 1980 a 1995». Las empresas que cotizan en el mercado continuo de la bolsa española obtuvieron el año pasado unos beneficios económicos del 58.097 millones, un 34% más que un año antes. Las cajas ganaron 9.420 millones, un 48% más. Paradigmáticos son los resultados de los dos principales bancos, ya que el grupo Santander logró un beneficio de 7.596 millones, un 22% más que en 2005. Es la cantidad más elevada entre las compañías cotizadas. Mientras tanto, hemos sabido que según los últimos datos de un estudio del IESE, el sueldo medio anual de los ejecutivos se fijó en 190.200 euros y los grandes ejecutivos superaron, de media, los dos millones, aunque los ingresos variables se han duplicado en Iberdrola, por ejemplo. El sueldo se dispara si se comparan con los máximos ejecutivos de las empresas, los consejeros delegados o los presidentes de los consejos de administración. Se conoce que Francisco González, presidente del BBVA, obtuvo un salario de 9,78 millones el año pasado, además de otros diez millones que fueron depositados en su fondo de pensiones.
5/ Volviendo a los debates sobre la memoria histórica, merece la pena destacar que quienes desde el FSM y otros ámbitos defendían esta política de frente único tenían en el recuerdo la experiencia de la izquierda madrileña en abril de 1933. Frente a la llamada a concentrar 100.000 manifestantes de la derecha en El Escorial para proclamar a Gil Robles, dirigente de Acción Popular, la alternativa frente al gobierno de centro-derecha de la república, fue entonces la Alianza Obrera, como espacio de coordinación de toda la izquierda, la que movilizó unitariamente y proclamó la huelga general del transporte que desbarató la contraofensiva extraparlamentaria de la derecha española. Con todas las diferencias históricas y de métodos de lucha, el punto de referencia de esa política de frente único seguía siendo valido hoy, cuando de nuevo se trataba de evitar que cundiera la impotencia. Ver G. Munis, Jalones de Derrota, Promesas de Victoria, Ed. Zyx, pag. 127 (edición digital http://www.marxismo.org/?q=node/566)
Gustavo Búster es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO