Nahide Opuz, residente en Turquía, denunció varias veces los golpes de su exmarido, pero no obtuvo ningún tipo de respuesta por parte del sistema judicial. Seis años después, su agresor asesinó a tiros a su madre. El maltratador quedó en libertad condicional por su buena conducta y ahora el Estado debe indemnizar a la víctima por daños morales. En Italia, J.L. fue violada por siete hombres. En el proceso penal fue «revictimizada y se utilizaron estereotipos sexistas». Los violadores fueron absueltos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha obligado al Estado a indemnizarla por daños morales. B.S., mujer nigeriana residente en España, se enfrentó a malos tratos por parte de la policía en un contexto de prostitución. Su denuncia cayó en saco roto, no hubo investigación. La justicia europea le dio finalmente la razón y pidió para ella una indemnización de 30.000 euros.
Años de palizas, o meses, o un solo día de violencia no se reparan de la noche a la mañana. La herida tampoco se cierra solamente –aunque es importante– con indemnizaciones económicas. Hace falta mucho más. El Ministerio de Igualdad se encuentra en plena búsqueda de las mejores fórmulas para que las víctimas de violencia machista puedan recuperar sus vidas. En medio de ese camino, ha presentado este viernes el estudio Prácticas de reparación de violencias machistas, coordinado y redactado por la investigadora Tania Sordo.
Sobre el papel, la premisa es evidente: las víctimas tienen derecho a una reparación después de la quiebra de sus expectativas vitales. Pero ¿qué significa exactamente? ¿Cómo puede el Estado atenuar el dolor o restaurar la normalidad en la vida de quien ha sido víctima? El estudio, que revisa legislación, tratados y recomendaciones fuera y dentro de nuestras fronteras, señala cinco fórmulas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.
La restitución pasa por, siempre que sea posible, devolver a la víctima a la situación anterior a la vulneración de sus derechos humanos. Volver a su ciudad si la había abandonado, recuperar su casa o reincorporarse a su puesto de trabajo, entre otras. La indemnización es evidente y quizá por ello sea la forma de reparación más frecuente. «Debe ser proporcional a la gravedad y a las circunstancias de cada caso, tomando en cuenta el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y la pérdida de ingresos», detalla el estudio.
La rehabilitación busca cubrir las necesidades básicas de cualquier víctima: la atención médica y psicológica, el libre acceso a los servicios jurídicos y sociales. Derechos reconocidos en la legislación, aunque no siempre al alcance de todas las mujeres. Las autoras subrayan en el documento que cumplir con estas obligaciones implica necesariamente desarrollar actuaciones libres de «mitos, prejuicios y estereotipos», así como aplicar una «perspectiva de género e interseccional».
En cuanto a la satisfacción, la teoría dicta que quedará cubierta tras la «revelación pública y completa de la verdad, las disculpas públicas que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, las conmemoraciones y homenajes a las víctimas». En la práctica, todo suma: desde murales, hasta monumentos, placas o exposiciones que encajen a las víctimas en su lugar de la historia. Se trata, en parte, de pedir perdón. Pero también de hacer memoria.
Finalmente, se encuentra la no repetición. Medidas, destaca el estudio, que contribuyen a la prevención. Es decir, entrar de lleno en la educación, en la formación de los funcionarios o en la revisión de las leyes que «puedan contribuir a las vulneraciones de los derechos de las víctimas». Acciones con un «gran potencial de transformación» que pueden dar pie a reformas estructurales para la vida de todas las mujeres.
Reformas legislativas y entonar el ‘mea culpa’
¿Qué proponen las expertas? La primera piedra está necesariamente en la legislación. Las investigadoras empiezan fuerte: apuestan por una reforma de la Ley contra la violencia machista de 2004, para que en su objeto se incluyan otras formas, manifestaciones y ámbitos de la violencia, más allá de la pareja o expareja. La modificación incluiría además una mención explícita a que el Estado «debe actuar con debida diligencia para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas», independientemente de su situación administrativa. Esto último conllevaría una reforma de la Ley de extranjería.
En el mismo sentido, el análisis también sugiere modificar el Estatuto de la Víctima del Delito para incluir la reparación de las víctimas y reforzar la figura de acompañamiento en casos de violencia machista. Igualmente, el texto propone afrontar las reformas necesarias para que cuando el agresor se declare insolvente, sea el Estado quien cumpla con el pago. También cree oportuno modificar el Código Penal para que la atenuante de reparación económica del daño no sea de aplicación en los casos de violencia machista.
Fuera del terreno legislativo, el estudio también traza algunas propuestas como la inclusión de los hijos, hijas, personas dependientes, familiares y seres queridos en la reparación, así como el fortalecimiento de los servicios de atención especializados y de la formación en el seno de la Administración Pública. Como guinda, un protocolo de actuación y coordinación para la reparación, la puesta en marcha de estudios e investigaciones, el impulso de una estrategia estatal y, desde un prisma más simbólico, entonar el mea culpa institucional a través de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad.