Repudiamos enérgicamente la declaración del 15 de marzo de 2005 de la Comisión Permanente del Episcopado argentino según la cual el aborto es un crimen y su presión corporativa para impedir la ratificación del Protocolo Adicional Contra Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, al que hipócritamente tildan de neocolonialista. Consideramos que juntar el […]
Repudiamos enérgicamente la declaración del 15 de marzo de 2005 de la Comisión Permanente del Episcopado argentino según la cual el aborto es un crimen y su presión corporativa para impedir la ratificación del Protocolo Adicional Contra Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, al que hipócritamente tildan de neocolonialista. Consideramos que juntar el tema de la no discriminación contra la mujer y el aborto es una forma que tiene la Iglesia Católica para atacar al Protocolo.
Estamos convencid@s de que este tipo de normativa internacional tiene utilidad limitada si no es el emergente de la acción de los movimientos sociales y sabemos que lograremos el cambio social solamente a través de la lucha. Sin embargo, representan obligaciones para los Estados firmantes y pueden ser utilizados de forma efectiva si son parte integral de una estrategia de lucha amplia.
El Protocolo Adicional tiene como finalidad implementar el tratado de derechos humanos ya firmado por Argentina contra la discriminación a las mujeres. Esto significa que crea un marco a partir del cual las violaciones a la normativa del Tratado pueden ser combatidas en la práctica. Si bien el Tratado es aplicable por los jueces directamente, el Protocolo Adicional hace que frente a la violación del Tratado se pueda acudir a instancias internacionales.
Este Protocolo es incocebible para la Iglesia ya que no es lo mismo presionar a un juez nacional que hacerlo con una instancia internacional. Es fácil imaginar qué pasaría cuando un colegio religioso eche a una alumna por estar embarazada y eso llegue a instancias internacionales. Por otra parte, cabe recordar que la Iglesia es la institución misógina paradigmática: las mujeres no pueden tener ningún lugar de poder dentro de la institución y la Iglesia es quien ha hecho históricamente presión para que no salgan las leyes contra violencia doméstica, además de ser un activo agente propagandístico de concepciones que perpetúan la desvalorización y el sometimiento de las mujeres.
La cuestión reviste especial importancia dentro de la comunidad gltttb ya que la discriminación contra la mujer está profundamente inserta en el núcleo de prejuicios y acciones que constituyen la misoginia y la homo/lesbo/trans/bifobia. La iglesia, en su afán de querer dividir el mundo entre hombres y mujeres y de mantener el esquema patriarcal de las familias nucleares tiene especial interés en que el tema de la discriminación quede al margen de la justicia.
Cuando la Iglesia dice que el Protocolo Adicional puede ser una puerta para legalizar el aborto, está reconociendo que la prohibición del aborto es un tema de discriminación. Discriminación a las niñas que no reciben educación sexual, discriminación a las mujeres que no reciben pastillas anticonceptivas para que puedan gozar de sus cuerpos sin riesgo de embarazo, discriminación a las mujeres que tienen que hacerse abortos en condiciones infrahumanas.
Por otra parte, la Iglesia dice que el Protocolo Adicional es una forma de imperialismo y mencionan el «Informe Kissinger» de la década de 1970. Lo curioso es que no lo pensaron eso en la época de Martínez de Hoz, cuando se creó la deuda externa o en la época de Menem cuando se vendió el país. Tampoco en ese momento leían todo lo que producía el funcionario yanky encargado de los entretelones de los golpes de Estado en Latinoamérica. No luchan contra el imperialismo que mata de hambre a millones de seres humanos, sino que consideran que la libre disposición del cuerpo de las mujeres, e incluso la no discriminación de las mujeres es un tipo de imperialismo.
En la mencionada declaración, los obispos dicen que «La defensa de los derechos humanos fundamentales debe ser preocupación de todos los ciudadanos» y que «El primero de ellos es precisamente el derecho a la vida». Sin embargo, el obispo castrense Baseotto opina todo lo contrario: según él es correcto arrojar personas al mar con piedras atadas al cuello. El Vaticano ratificó ayer al obispo en su puesto aduciendo que sus declaraciones están en la línea de lo que sostiene el Vaticano acerca del aborto. El Episcopado no ha emitido un sólo repudio a las declaraciones de Baseotto. Cuál es el crimen, entonces, señores obispos: defender el derecho a decidir o aprobar los métodos de la dictadura de la que como institución fueron cómplices y sostén? Tardaron 400 años para pedirle perdón a Galileo. Cuántos siglos tardarán para pedirle perdón a Latinoamérica por haber apoyado a las dictaduras y a Europa por haber apoyado al nazismo, el fascismo y el franquismo?
EXIGIMOS:
Separación inmediata y completa de la Iglesia y el Estado.
Basta de subsidios estatales a escuelas religiosas que se niegan a dar educación sexual.
Mientras los planes trabajar son de miserables $150, los obispos cobran sueldos pagados por el Estado de $5000. Que los sueldos se los pague la Iglesia!
Castigo a todos los curas y obispos violadores.
Despenalización del aborto, acceso libre y gratuito a anticonceptivos, educación sexual en todas las escuelas desde el nivel primario.