ONG denuncian una supuesta conspiración de Washington para apoderarse del acuífero Guaraní, un enorme reservorio de 1,2 millones de kilómetros cuadrados bajo los países del Mercosur. Funcionarios y expertos coinciden en que es una tesis descabellada.
Las aguas tranquilas del Acuífero Guaraní, enorme reservorio de 1,2 millones de kilómetros cuadrados bajo los países del Mercosur, son el centro de una airada polémica.
Un proyecto de conservación del acuífero, que comenzó a ejecutarse en 2003, desató una guerra de acusaciones entre los encargados de llevarlo adelante y organizaciones sociales que alertan sobre una supuesta conspiración liderada por Estados Unidos para apoderarse del agua.
En los últimos tres años, científicos, ambientalistas y gobiernos elaboraron el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, con la intención de conocer su potencialidad y los riesgos que puede correr, para elaborar modelos de gestión conjunta entre los países que lo comparten.
Se calcula que el acuífero bajo Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay tiene unos 37 mil kilómetros cúbicos de agua, pero sólo se pueden explotar de 40 a 80 kilómetros cúbicos en zonas de recarga.
El Centro de Militares por la Democracia Argentina (Cemida) afirmó este año que la supuesta actividad de grupos terroristas en la Triple Frontera (entre Argentina, Brasil y Paraguay) fue un pretexto de Washington para aumentar su presencia militar allí y «apoderarse silenciosamente del Acuífero Guaraní», a través del proyecto de conservación.
El Cemida es una organización no gubernamental (ONG) por los derechos humanos fundada en los años 80, que suele adoptar posiciones izquierdistas y está integrada por militares retirados y por civiles.
«Estados Unidos estructuró un sistema para detectar la magnitud del acuífero, asegurar su uso sustentable y evitar todo tipo de contaminación» y «para ello puso al frente de la investigación al Banco Mundial, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a otros órganos a los que controla», afirmó el informe del Cemida, elaborado por la profesora de historia Elsa Buzzone.
Le «destinó un presupuesto de 26 millones de dólares y sugirió la forma en que participarían las comunidades indígenas y la sociedad civil para mantener un permanente control hasta que lo considere conveniente», añadió.
Esa tesis es compartida por grupos organizadores del Foro Social de la Triple Frontera, que se prevé realizar del 25 al 27 de junio en la nororiental ciudad argentina de Puerto Iguazú.
Pero el secretario general del proyecto, el brasileño Luiz Amore, dijo a Tierramérica que esa denuncia «no tiene ningún sentido».
El proyecto nació de una iniciativa de las naciones que comparten el acuífero, y fueron ellas los que pidieron asistencia financiera al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), formado con aportes de países y manejado financieramente por el Banco Mundial, explicó.
Durante cuatro años, organizaciones de la sociedad civil intervinieron en las distintas instancias del programa, destacó Amore.
«De Brasil, que tiene bajo su territorio 71 por ciento del acuífero, participaron 176 instituciones, entre organismos nacionales y estaduales, universidades y ONG», indicó.
Las unidades nacionales del proyecto, integradas por funcionarios de cada país, eligieron a la OEA como agencia ejecutora de la iniciativa, que se financia con 13,4 millones de dólares del GEF, 12 millones de los gobiernos, y el resto de otras organizaciones hasta completar 26,7 millones de dólares, puntualizó.
La red brasileña Grito del Agua, que reúne a unas 60 organizaciones, también cuestionó el proyecto.
«No hay transparencia» en las contrataciones del proyecto ni acceso a su información técnica, de modo que «Amore está negociando nuestra soberanía y nosotros no podemos saber a quién le pasa la información que recibe», mientras él ejerce un «poder dictatorial» para decidir quiénes pueden participar del proceso, dijo a Tierramérica el activista Leonardo Moreli, líder de esa red.
A su juicio, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el GEF deberían «auditar» el proyecto.
Por otra parte, «no es normal que haya ‘boinas verdes’ (del Ejército estadounidense) en Entre Ríos y Misiones (provincias del noreste de Argentina) haciendo ejercicios contra el dengue», ironizó Moreli, en alusión al informe del Cemida.
Según Amore, las acusaciones de Moreli responden al interés de obtener una mejor posición para ejecutar proyectos de difusión y educación sobre temas del acuífero, que se financiarán mediante un Fondo de Ciudadanía, integrado con 240 mil dólares.
«Es lamentable. Una vez que los países se ponen de acuerdo en un proyecto para definir acciones preventivas y no para remediar, hay suspicacias y temores», comentó.
El secretario general alegó que si los gobiernos quisieran privatizar el acuífero, «será potestad de los países, no del proyecto», pero aclaró su posición personal en la materia: «El agua es un bien social que tiene un valor económico, pero eso no significa un valor de venta. Se trata de un recurso a preservar de la contaminación para el uso de todos».
El experto uruguayo Danilo Antón, geomorfólogo especializado en aguas subterráneas, consideró también que están «fuera de la realidad» las denuncias sobre estrategias de Washington para controlar el acuífero.
«Puede haber estrategas que deliren con eso, pero no es sostenible bajo ninguna lógica», opinó.
El agua del acuífero solo puede ser usada localmente, en cientos de comunidades, pero explotar aguas profundas es «difícil y carísimo», reafirmó el experto.
«El vaciamiento del acuífero, que se encuentra en su mayor parte por debajo de los 1.000 metros, requeriría un bombeo antieconómico y técnicamente imposible», aseguró.
«Otra cosa es el temor de que se privaticen pozos o sistemas de distribución, pero eso depende de los gobiernos», apuntó Antón.
El geomorfólogo fue quien propuso en 1996 llamar «Guaraní» a la reserva de agua subterránea que tenía distintos nombres en cada país. Lo hizo en homenaje a la nación indígena que se asentaba sobre esa región.
Marcela Valente es corresponsal de IPS