Cada vez empieza a ser más patente que CiU y ERC en lugar de una consulta de autodeterminación caminan hacia una articulación institucional para unas elecciones plebiscitarias. Este artículo analiza la hoja de ruta del proceso soberanista y sus implicaciones. El proceso soberanista abierto en Catalunya parece estar aletargado. Cada mes que pasa se muestran […]
Cada vez empieza a ser más patente que CiU y ERC en lugar de una consulta de autodeterminación caminan hacia una articulación institucional para unas elecciones plebiscitarias. Este artículo analiza la hoja de ruta del proceso soberanista y sus implicaciones.
El proceso soberanista abierto en Catalunya parece estar aletargado. Cada mes que pasa se muestran más los ya previsibles límites del pacto entre CiU y ERC. La enorme manifestación del 11 de septiembre del año pasado expresaba la masiva voluntad del pueblo catalán de poder decidir su futuro y hacer uso del legítimo derecho de autodeterminación. Desde entonces la movilización ha pasado a un segundo plano, con la destacada excepción de la cadena humana de este 11 de septiembre.
Se está avanzando en una articulación desde arriba que abarca declaraciones parlamentarias, escenificaciones públicas y la creación de varios organismos que son, en palabras de Artur Mas, las tres patas del proceso: el Consejo Asesor para la Transición Nacional (formado por expertos y académicos), el Pacto Nacional por el derecho a Decidir (un pacto ‘social’ con representantes institucionales, de partidos y organizaciones) y la Comisión por el Derecho a Decidir del Parlament. Todo forma parte de una estrategia para simular que se está haciendo algo, pero también indica el tipo de camino que CiU y ERC quieren seguir.
¿Qué modelo de transición nacional?
El primero de estos organismos, el Consejo Asesor, hacía público en julio un informe que desarrollaba los posibles escenarios en relación a una consulta. Vale la pena analizarlo ya que señala con claridad una hoja de ruta.
El informe describe los mecanismos jurídicos que existen para llevar a cabo una consulta sobre el derecho a decidir pero explica que todos ellos necesitan la autorización o el apoyo del gobierno español para ser legales. En caso de no haber autorización, el informe desestima la posibilidad de llevar a cabo una consulta desde la Generalitat, los ayuntamientos o la sociedad civil. Y lo hace con esta argumentación:
«Los inconvenientes de estos escenarios son claros: confrontación frontal con el Estado […], fácil campaña de desprestigio desde actores e instituciones contrarios a la consulta por su ‘inutilidad’ (presentada como ilegal y anticonstitucional), previsible escasa o insuficiente participación, deslegitimación de los resultados -también en la esfera internacional-, problemas logísticos de organización, etc.» (1)
Descartado este paso, el informe recomienda unas elecciones plebiscitarias, donde el sí o no a la independencia vendría mediado por el voto a los partidos. A estas elecciones le seguirían una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) desde el Parlament catalán y la utilización de la mediación de la comunidad internacional. Aunque la DUI no sería una vía reconocida por la legalidad española contaría con el precedente internacional del caso Kosovar.
El Consejo Asesor analiza de forma muy completa el árbol de posibilidades del proceso. Sin embargo, sorprende que descarte una consulta no autorizada por el gobierno español por la confrontación que generaría y apueste por una Declaración Unilateral de Independencia. Como el mismo informe señala, la DUI es el tipo de actuación que puede provocar una respuesta más beligerante. En una interpretación extrema, el Estado español podría considerar la DUI como un delito contra la Constitución o un delito de rebelión, lo que podría incluso conllevar un estado de excepción.
Pero además hay un tema totalmente ausente en el informe: la movilización popular. No dar ningún papel a la movilización como impulsor del cambio, como elemento que puede presionar el Estado español y generar solidaridad en otras partes del Estado, es muy indicativo de cómo se ve el proceso.
Elecciones plebiscitarias
Está bastante claro que el gobierno del PP se opondrá a pactar una consulta, ya que esta expresaría de forma mayoritaria el sí a la independencia y supondría un acto de legitimación democrática. CiU y ERC podrían llegar a proponer una fecha de consulta, pero difícilmente se atreverán a realizarla sin autorización de Madrid. Las elecciones plebiscitarias son el mecanismo predilecto de CiU para ganar tiempo, mantener la centralidad política pese a los recortes y evitar cualquier desbordamiento a través de la movilización, probable con una consulta no autorizada. Por su parte ERC acepta este camino cogiendo el referente del caso Kosovar y sabedora del gran crecimiento electoral que le dan las encuestas. ERC está buscando el espacio político central con votantes de CiU y del PSC y a través del abandono de supuestos «más radicales» como el marco nacional de los Països Catalans.
Incluso la Assemblea Nacional Catalana (ANC), un movimiento amplio que moviliza por la independencia, aceptaría la alternativa de las elecciones plebiscitarias: «en el caso de que el Estado español no acepte la celebración de un referéndum o de una consulta, impida su celebración o no dé ningún valor a su resultado, la ANC dará apoyo a las acciones de la Generalitat o del Parlament encaminadas a la consecución de la independencia por la vía de la Declaración Unilateral. Y en caso de unas hipotéticas elecciones la ANC podrá promover la formación de una coalición unitaria independentista» (2). La actividad de la ANC está orientada a meter presión para hacer avanzar el proceso, pero con la aceptación implícita del liderazgo de la Generalitat, de CiU y ERC. Además la ANC hace gala del soberanismo transversal del «todos juntos por la independencia».
Sin embargo, un referéndum es una experiencia mucho más democrática, participativa y da un mandato más claro que unas elecciones plebiscitarias. Este tipo de elecciones girarían solamente alrededor del apoyo u oposición a la independencia, lo que marginaría el eje social. Además hay otro problema, más estratégico, con unas elecciones plebiscitarias. Si CiU y ERC no se atreven a desobedecer al Estado español con la realización unilateral de la consulta, ¿cómo van a ser capaces de desobedecerle con una Declaración Unilateral de Independencia? Y después de la DUI haría falta una ruptura en cuanto a legislación, fiscalidad, finanzas y administración, que el Estado español podría fácilmente ver como una agresión y responder con un amplio abanico de acciones. La gran burguesía catalana, que es estatalista, se opondrá a cualquier enfrentamiento y, por lo tanto, presionará para que no se lleven a cabo este tipo de iniciativas (3).
Si bien ERC se declara a favor de la DUI, la parte más derechista de CiU, Unió Democràtica, ya se ha posicionado claramente en contra y la otra parte, Convergència, podría aceptar una declaración solamente si su contenido fuera muy matizado (por ejemplo, que no apareciera la palabra ‘independencia’, que este partido evita usar) y estuviera orientada a buscar el pacto con el gobierno español. El contenido de este tipo de pacto permite ya cualquier cosa dependiendo de los deseos de las élites políticas y económicas. Podría ser el momento escogido por CiU para negociar con Madrid un mayor autogobierno, nuevos marcos institucionales y mejoras fiscales.
Por todo ello, unas elecciones plebiscitarias son, en realidad un fraude democrático y una desnaturalización del proceso, no su avance por otros medios. La ruptura democrática y el ejercicio del derecho de autodeterminación quedarían de nuevo escamoteados. Además, un proceso de soberanía institucional encabezado por CiU le da un balón de oxígeno en lo nacional que afecta inevitablemente lo social. Uno de los últimos casos ha sido el apoyo de ERC al gobierno con el ERE a la televisión pública.
¿Otra ‘ruptura pactada’?
Para la izquierda combativa comprometida con el derecho autodeterminación va a ser clave argumentar contra el soberanismo transversal del «todos vamos en el mismo barco». La única forma de hacer avanzar el proceso en beneficio de las personas trabajadoras es reivindicar de forma continua los derechos sociales y defender no sólo la consulta sino que se lleve a cabo aunque no haya autorización. El momento actual permite que una posición de ruptura democrática y de consulta desobediente tenga un amplio eco más allá de las filas de la izquierda radical.
A finales de los 70 la idea de una «ruptura pactada» con la dictadura terminó con monarquía, amnistía para los franquistas y una constitución que impide el derecho de autodeterminación. Volver a repetir hoy la idea de una «ruptura pactada», de la independencia sin confrontación, es la mejor receta para no poder ejercer los derechos nacionales. Un proceso desde arriba permite la desactivación del proceso y su reconversión hacia un pacto entre élites. Vale la pena encauzar la autoorganización y la movilización, con una actitud crítica con la dinámica institucional, para evitar convertirse en meros espectadores.
Joel Sans Mola es militante de En lluita / En lucha
Artículo publicado en la revista anticapitalista La hiedra
http://enlucha.wordpress.com/
Versió en català: http://enlucha.wordpress.com/
Notas:
1 Consell Assessor per la Transició Nacional, 2013: La consulta sobre el futur polític de Catalunya. 25/07/2013, Barcelona, Generalitat de Catalunya. p. 142. Disponible en: http://bit.ly/15iHJjS.
2 Assemblea Nacional de Catalunya: Full de ruta aprovat en l’Assemblea general del 16 de març de 2013: p. 6 Disponible en: http://www.assemblea.cat/?q=
3 Sobre la posición de los distintos sectores de la burguesía catalana ver: Sans Molas, Joel, 2013: «Grietas en el Estado español: Crisis y cuestión nacional catalana». La Hiedra. n. 5, enero 2013. http://bit.ly/XvE2TE.
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