«Sabemos que tenemos la verdad, pero nos falta la justicia»

El 26 de mayo del año 2003 figura como una de las fechas más negras de la democracia española. Ese día, 62 militares españoles, a bordo de un avión que no cumplía las más básicas condiciones de seguridad, perdieron la vida al estrellarse el aparato en el que viajaban en Trabzon, Turquía. Unas muertes que quedaron marcadas en la historia de nuestro país no solo por ser víctimas del peor accidente aéreo sufrido por el Ejército del Aire en toda su existencia, sino también por la desgarradora sensación de que todo aquello se podría haber evitado. Si el entonces Ministerio de Defensa, dirigido por Federico Trillo, no hubiera cometido toda una serie de imprudencias y negligencias que después se demostrarían en el recorrido judicial del caso, probablemente, esa tragedia no habría sucedido. Ese avión fue un Yakolev 42, de fabricación rusa y de tripulación ucraniana, que fue subcontratado por el Gobierno sin ningún tipo de fiabilidad sobre su seguridad ni su capacidad para realizar el vuelo que trasladaba a los militares españoles.

De la tragedia se cumplen este viernes 20 años. Dos décadas donde se ha demostrado que el desinterés del Gobierno de Aznar por estos militares no terminó cuando el Yak-42 se estrelló. Sus familias, que a día de hoy siguen reclamando justicia, tuvieron que soportar, además del dolor de la pérdida de sus seres queridos, un constante maltrato, desatención y desamparo por parte de la administración del PP. Actualmente, tanto la vía judicial como política del accidente están cerradas, pero las familias siguen convencidas, pese a ello, de la gravedad de lo acaecido en ese infausto día de mayo del 2003. «Sabemos que estamos en posesión de la verdad, no de nuestra verdad, sino de la verdad, pero nos falta la justicia, que es lo que se nos ha negado desde el principio», afirma Francisco Cardona, cuyo hijo, el sargento Cardona, murió en el accidente.

Ese 26 de mayo, el abandono por parte de las autoridades españoles hizo que aquellos jóvenes (la tripulación tenía de media 34 años de edad) perdieran la vida de una forma que ninguno de ellos se imaginaba. «Ellos no querían morir de esa manera, yo creo que todos tenían asumido que iban a una misión de riesgo y podía haber un tiroteo, una explosión de una mina… pero morir de esa manera no. Sirviendo a esa bandera sí, pero morir de esa manera no», recuerda Cardona. 

La lucha por la justicia de las familias

Dos décadas después de la tragedia, las familias siguen recordando a los fallecidos y reclamando por su memoria. En el año 2017, recibieron uno de los pocos reconocimientos proporcionados por la administración después de estos 20 años con la publicación de un informe del Consejo de Estado. Este confirmaba algo que esas familias sabían desde el principio: el accidente se podía haber evitado. Lo conocían porque, antes de subir al fatídico Yak-42, muchos de sus seres queridos les contaban el verdadero miedo que sentían de montarse en el aparato. Algunos pedían que rezaran por ellos, otros, como el hijo de Cardona, relataba las negligentes condiciones en las que estaban los pilotos que luego iban a dirigir ese avión, consumiendo bebidas alcohólicas. Después de ese informe, el Ministerio de Defensa admitió su responsabilidad catorce años después de que se produjera la tragedia. Catorce años tarde.

Antes del 2017, las familias tuvieron que sufrir un interminable periplo judicial que Cardona define como «difícil» y que tenía como objetivo hacer justicia por sus seres queridos. Porque los tripulantes del Yak-42 no solo fueron abandonados por el gobierno en el momento de la escandalosa subcontrata y de la negligente gestión del traslado, también después de su fallecimiento al negar su responsabilidad y al realizar una paupérrima identificación de los cadáveres, a la que Cardona se refiere más bien como una «no identificación». La rápida repatriación de los cuerpos y las prisas para realizar, por parte de las autoridades, el funeral de estado a los fallecidos, hizo que no se pudieran llevar a cabo de forma correcta las autopsias ni las identificaciones, haciendo llegar a algunas familias restos incorrectos y con cuerpos incompletos. Los cadáveres tampoco contaban con la documentación necesaria para el traslado ni tampoco con el certificado de defunción. El caso llegó a la Audiencia Nacional, donde se demostró la negligente identificación de, al menos, 30 cuerpos de los militares después de mucha pelea por parte de las familias.

De ese juicio solo se derivaron tres condenas, al general Vicente Navarro, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Sanz. El primero no entró en la cárcel por enfermedad y murió al poco tiempo y los otros dos fueron indultados por el Gobierno de Rajoy, no llegando así a entrar en la cárcel por un escándalo tan grave como este. Además, Federico Trillo, premió a varios de los responsables de la repatriación de los cuerpos, entre ellos al general Navarro, con ascensos y condecoraciones como la Gran Cruz Militar. El propio ministro sería luego nombrado como embajador de España en Londres.

Después de esa sentencia, las familias recibieron un nuevo varapalo cuando el actual ministro del Interior y, por entonces juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, decidió archivar la causa contra la cúpula militar del ministerio de Trillo al ver su responsabilidad en la tragedia como «irrelevante».

El asunto de la no identificación de los cuerpos no se terminó con el juicio, ya que en el año 2018, Turquía contactó con el Ministerio de Defensa de España para informar del hallazgo de una extremidad de una víctima del Yak-42 en el cementerio turco de la ciudad de Macka. Había sido inhumada allí tan solo dos meses después del accidente al no haberse podido identificar. Además, Turquía también informó de que existían 23 tarros con muestras biológicas que aún estaban almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul. Todas ellas fueron enviadas a España y puestas en manos de las familias, una vez ya habían sido identificadas por las autoridades turcas.

Durante todo el proceso también se descubrió, por ejemplo, que las cajas negras del Yak-42 estaban estropeadas, que ni el vuelo tenía seguro, ni todo el dinero había ido a la compañía aérea y que un piloto tenía la licencia de vuelo caducada. Todo ello sucedió bajo un intento constante de las autoridades militares y políticas de presionar y dificultar la investigación, tal y como denuncian las familias y también el sucesor de Trillo en el ministerio, el socialista José Bono.

Recuerdo y reconocimiento

Este 20º aniversario es para Francisco Cardona «una fecha de recuerdo sobre todo para los familiares. Igual para los autores de aquella tropelía les da igual, pero para quienes lo hemos sufrido no es lo mismo». «Yo creo que en mi caso y en el de mi mujer hemos aprendido a sufrir de otra manera diferente, en contra de nuestra voluntad», añade, aludiendo a su sensación después de estos 20 años.

El 14 de enero de 2022 se inauguró en el Parque del Oeste de Madrid un monumento que recuerda a los 62 militares españoles fallecidos. El acto contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Fue un pequeño gesto de reparación para unas familias que reclaman un mayor reconocimiento. «A mi me parece muy bien que se hagan 15 o 20 homenajes en Madrid a las victimas del terrorismo, pero todos son victimas del terrorismo. Hay algunas victimas de un terrorismo que nadie quiere admitir y que están olvidados por parte de la inmensa mayoría«, reivindica Cardona, que reclama que su hijo y los otros 61 jóvenes murieronen un acto de terrorismo político.

A la pregunta de si la democracia española ha aprendido algo, 20 años después de la tragedia, el padre del sargento Cardona opina que depende a quién se pregunte. «Algunos han aprendido y otros se han callado y han metido la cabeza bajo tierra«, concluye.

Fuente: https://www.infolibre.es/politica/falta-justicia-20-anos-ignominia-yak-42_1_1506456.html