La primera cifra pública de femicidios en Cuba, dada a conocer por el Estado cubano en 2019, demanda un debate sobre feminicidio y femicidio en la nación del Caribe. SEMlac dialogó con la psicóloga e investigadora Yuliuva Hernández García sobre la diferencia entre los términos y su expresión en el país. La profesora del Instituto […]
La primera cifra pública de femicidios en Cuba, dada a conocer por el Estado cubano en 2019, demanda un debate sobre feminicidio y femicidio en la nación del Caribe. SEMlac dialogó con la psicóloga e investigadora Yuliuva Hernández García sobre la diferencia entre los términos y su expresión en el país. La profesora del Instituto Superior Metalúrgico de Moa, en la provincia oriental de Holguín, propone un análisis y respuestas que pongan en el centro la vida de las mujeres víctimas de violencia de género. Para Hernández García se trata de un compromiso que busque salvar vidas y que implica mucho más que librarlas del femicidio.
¿Crees que en Cuba podemos hablar de feminicidio? ¿Por qué?
A mi juicio en Cuba no podemos hablar de feminicidio como tal, más si tenemos en cuenta lo que se define como feminicidio y femicidio.
El concepto de feminicidio lo introduce Marcela Lagarde a raíz de la situación de ciudad Juárez y los asesinatos masivos de mujeres. Mucho antes, en 1976, la escritora feminista Diana Russell habló del «femicide», que se ha traducido como femicidio.
Según Rusell, el femicidio es la palabra que mejor describe el asesinato de mujeres a manos de los hombres motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ella.
La clave fundamental es que el feminicidio tipifica asesinatos masivos en los que existe una impunidad total y donde tiene una alta responsabilidad el Estado. Y aun cuando en Cuba no existe una ley específica para condenar esos asesinatos, no quedan impunes estos crímenes.
Si bien existen prejuicios y estereotipos que siguen presentando al femicidio como «crimen pasional», el Estado no es indiferente a esto y tampoco en nuestro país está vinculado a la trata de personas, al crimen organizado ni a otras formas de opresión militar que en otros países sí es una realidad.
Sin embargo, a mi juicio la respuesta que se le da, jurídica y socialmente, a la violencia contra las mujeres no es lo que se espera. Hace falta un respaldo más justo de los casos de violencia que se dan, desde los más sutiles hasta los más graves, porque las sanciones tampoco son proporcionales a la crueldad de las agresiones.
Por ejemplo, se puede dar el caso de imponer una multa de 30 pesos ante un acto de amenaza que puede estar acompañado de coacción, incluso unos cuantos golpes y amenazas de muerte. En mis investigaciones he encontrado casos donde la vida pende de un hilo y no se han considerado lesiones que constituyen peligro para la vida: los machetazos, golpes en el cráneo, sacarle lo dientes a la víctima, fracturas en una pierna; lesiones que suceden en el espacio público y que son una especie de escarmiento y buscan generar el temor.
Aquí, si la mujer retira la denuncia, la policía no puede continuar con la investigación, aunque ya haya habido amenazas y golpes. Y sabemos que ellas retiran la denuncia por temor a las represalias contra ellas y su familia. Se trata la violencia contra las mujeres como violencia común, cuando está documentado que tiene características muy específicas. Pero al no haber una ley específica, la respuesta queda por debajo de lo que se espera y necesita.
¿Por qué es importante atender las especificidades del femicidio?
Creo que la necesidad de atender esas especificidades está precisamente en que la ley vigente no cubre los problemas relacionados con la complejidad de la violencia contra las mujeres.
En mi trabajo no me he encontrado un jurista que reconozca que existe una relación desigual de poder en la base de la violencia de género hacia las mujeres, una relación en la que muchas ya no tienen ni las fuerzas ni las herramientas psicológicas, ni las redes de apoyo necesarias para defenderse. En algunos testimonios ellas reconocen, incluso, no creer en las redes de apoyo, formales e institucionales.
Esto ha sido evidente en casos de estudio y entrevistas que he podido hacer a fiscales, abogados defensores, policías; para estas personas la violencia contra las mujeres es un acto de violencia más y no tienen en cuenta otras transversalidades que tienen que ver con el género, la raza. Sí se tiene en cuenta la edad en casos de abusos lascivos, el incesto y de manera general la violencia sexual contra niñas y adolescentes.
Tampoco existe una visión y actuar homogéneos entre la Fiscalía, la policía, Medicina Legal, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la academia. Además, la realidad en los territorios es otra: te encuentras con las tradiciones de los pueblos, las concepciones de la masculinidad no son iguales en La Habana, en Sagua de Tánamo o en Moa.
Entonces, si bien el Estado no es indiferente a los crímenes y delitos contra las mujeres, no llega a lo que se necesita para abordar un fenómeno complejo, que tiene transversalidades por la raza, los niveles de instrucción, las edades, territorios, espacios y recursos económicos. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta.
¿Qué acciones y principios se necesitan para dar respuesta al femicidio?
Lo que no se conoce no adquiere relevancia. Hay femicidios en Cuba y eso está claro, pues empiezan a aparecer cifras oficiales, pero hace falta investigar más. Sí creo que el punto de partida está en una ley específica sobre violencia de género. Sin una ley es muy difícil frenar la violencia y los femicidios. Porque ya llevamos bastantes años capacitando y reconocemos que las capacitaciones y sensibilizaciones no ocurren con el mismo nivel ni sistematicidad en todos los espacios.
Lo digo en un artículo: que aquí, donde hay unas pocas voces para denunciar, donde existe muy poco acceso a las redes sociales, donde no hay otros espacios de socialización, es muy difícil que se avance sin una ley que regule, tipifique, ponga marcos de actuación y sanción, y proponga un abordaje complejo a un problema complejo. Una ley que integre los diferentes sectores y ofrezca una visión amplia, que pueda llevar la prevención al sistema de educación y apoye la inclusión del género en el currículo universitario, por poner algunos ejemplos.
Por otra parte, me parece que debiera haber menos distancia entre el activismo político y el académico. Hay que fortalecer más los lazos para que haya un entendimiento y una respuesta efectiva al problema. Es necesario apoyar a quienes tienen un accionar más diverso en las bases, porque allí es donde están las mujeres, porque en las bases y en las comunidades la vida de las mujeres es otra cosa.
No podemos seguir investigando y describir las situaciones, mientras la vida de la gente se mantiene igual y tiene cada vez más problemas. Tiene que haber un momento en el que se aterrice la ciencia a la vida de las mujeres y que pasa por la única estructura que tenemos dedicada a trabajar con las mujeres en la base, la FMC.
Se necesitan redes de apoyo, rutas críticas y respuestas a mujeres que no pueden más con una vida de violencia. Porque, ¿a dónde puede ir si no tiene una casa de refugio, si la vivienda es propiedad del victimario, si él lleva la economía del hogar, si tiene cuatro hijos y en el hospital le dicen que ella se lo buscó?