27 meses después del desastre provocado por la rotura de una de las mayores balsas del complejo megaminero, que originó un vertido de 24.000 m³ de agua y lodos sobre las parroquias de Aviño (Malpica de Bergantiños) y Razo da Costa (Carballo), la situación permanece sin solventarse entre la aparente pasividad de la Consellería de […]
27 meses después del desastre provocado por la rotura de una de las mayores balsas del complejo megaminero, que originó un vertido de 24.000 m³ de agua y lodos sobre las parroquias de Aviño (Malpica de Bergantiños) y Razo da Costa (Carballo), la situación permanece sin solventarse entre la aparente pasividad de la Consellería de Economía e Industria, mientras que desde la Consellería de Medio Ambiente se apela con cinismo al concepto de «minería sostenible» y la utilización de «las mejores técnicas disponibles» en la realización de las actividades extractivas en un acuerdo firmado con la Cámara Oficial Mineira.
Hay que recordar que la falta de control sobre las actividades de una empresa (Leitosa S.A.U.), que incluso llegó a recibir 60.000 euros en subvenciones públicas relacionadas con el medio ambiente, ha derivado en un coste para el contribuyente de más de 140.000 euros, que de momento ha tenido que ser abonado por los ayuntamientos afectados, a lo que hay que sumar los 794.000 estimados para el plan de restauración del terreno aprobado por la Xunta y que no termina de llevarse a cabo ante la negativa de la aseguradora a realizar la compensación de gastos.
Mientras tanto, la situación de peligrosidad permanece pues desde el 2014, las únicas actuaciones han sido la subasta pública para chatarra de distintos elementos de la antigua explotación y la instalación de dos carteles de advertencia en uno de los extremos del complejo, que es atravesado por una pista de uso público. Sin embargo, en ningún momento se ha protegido ni vigilado el perímetro y existe un claro riesgo de accidente pues los taludes de varias de las siete balsas mineras activas actualmente caen a pico decenas de metros.
Por otra parte, la única solución establecida por la Xunta en el punto de rotura de la balsa donde se produjo el accidente el pasado 10 de febrero de 2014, ha sido el apilamiento de tierras y la instalación de tuberías de drenaje que vierten el exceso de líquido monte abajo para evitar que ésta reviente de nuevo. No obstante, no se ha informado a nivel público, como sería procedente, de la composición exacta del vertido, del que se desconoce su grado de toxicidad.
Por todo ello, desde la Plataforma Salvemos Cabana se ha pedido a la Oficina del Defensor del Pueblo la apertura de una investigación sobre el caso y que se inste a la Administración gallega a actuar de inmediato en el proceso de restauración, procediendo por la vía urgente a garantizar las medidas de seguridad en todo el complejo ante el riesgo de accidente y haciendo público de igual manera el resultado de los análisis de las aguas de vertido para descartar cualquier posible afección a la salud humana y los ecosistemas.
Un claro incumplimiento de la legislación
Teniendo en cuenta todos los factores en su contexto, la realidad es que en el Monte Neme se ha incumplido la legislación que sería aplicable, pues la Ley 3/2008, de Ordenación de la Minería de Galicia, estipula que corresponde a la Xunta verificar el cumplimiento de la normativa en cualquier tipo de actividad minera (art. 46) y que los funcionarios establecidos para tal fin podrán practicar » todas las diligencias y requerir la información y documentación necesarias para comprobar que se cumplen las disposiciones legales y reglamentarias » (art.47).
Asimismo, se recoge en los capítulos II y III un régimen sancionador que establece competencias, procedimientos y en su caso, toma de » cuantas medidas cautelares resulten necesarias » por la vía de urgencia (art.53), lo que incluye tanto medidas de seguridad o control » que impidan la continuidad en la producción del daño «.
En la misma línea, la Directiva 2004/35/CE, de Responsabilidad Medioambiental, establece un marco de actuación con el fin de prevenir y reparar los daños causados a los hábitats naturales, la biodiversidad y los recursos hídricos que también supongan un riesgo importante para la salud humana.
Por último, el denominado Principio de Cautela o de Precaución, mencionado en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es uno de los pilares rectores de la actuación política en la UE y pretende garantizar un nivel de protección del medio ambiente, la salud humana y la biodiversidad con tomas de decisión preventivas en caso de riesgo lo que, deacuerdo a la situación existente a día de hoy en el Monte Neme, parece no haber sido tenido en cuenta por la actual Administración gallega.
La situación actual del Monte Neme, una muestra de lo que supone la megaminería para el territorio
La situación pasada y presente del Monte Neme, en definitiva, sirve de ejemplo para comprender como la minería de gran porte o megaminería es una lamentable realidad también en Galicia, pues sin el control público debido, la actividad extractiva a gran escala es una actividad insostenible, en absoluto respetuosa con el medio ambiente y que convierte las zonas afectadas en un desierto en el que difícilmente podrán volver a desarrollarse durante mucho tiempo otro tipo de actividades productivas tradicionales como la agricultura o la ganadería. Por eso es necesaria una reforma y actualización urgente de la legislación del sector que elimine de una vez por todas los conceptos de » utilidad pública » e » interés social » de la actividad minera, que en gran parte de ocasiones responde únicamente al interés privado de determinados particulares y empresas.
En este contexto resulta difícil entender el convenio firmado el pasado enero entre la Consellería de Medio Ambiente y la Cámara Oficial Mineira de Galicia, que hace referencia a los tan manidos conceptos de » compatibilidad ambiental » e » integración territorial » de las actividades extractivas donde cualquier desmán de las empresas mineras puede ser presuntamente amparado por las denominadas » medidas correctoras y compensatorias » en aras de una » minería sostenible » bajo el paraguas de » las mejores técnicas disponibles » mientras auténticos desastres ambientales en toda regla como el del Monte Neme, la mina de Touro o las pizarreras de la Comarca de Valdeorras siguen presentes de manera injustificada en el día a día de la población gallega.
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