¿Por qué cambiar un sistema sanitario público por otro cuyos beneficios no se han probado? El anuncio en octubre por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid de la privatización de la gestión sanitaria integral de seis de sus hospitales ha desatado una oleada de protestas y cinco semanas de huelga de los profesionales. La […]
¿Por qué cambiar un sistema sanitario público por otro cuyos beneficios no se han probado? El anuncio en octubre por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid de la privatización de la gestión sanitaria integral de seis de sus hospitales ha desatado una oleada de protestas y cinco semanas de huelga de los profesionales.
La Administración madrileña ha tratado de acallar la indignación con el argumento de que la gestión sanitaria privada supondría un ahorro de 200 millones de euros al año, cifras de las que desconfían quienes piensan que las empresas concesionarias únicamente buscarán la rentabilidad económica. La falta de estudios independientes que apoyen la afirmación de que la gestión privada es más eficaz sitúa el debate en un terreno puramente ideológico.
Juan Oliva, presidente de la Asociación de la Economía de la Salud, recuerda que la principal conclusión de la reciente experiencia británica, bandera en experimentos de colaboración público-privada, es que este tipo de gerencia privada no es necesariamente mejor que la pública. Tampoco hay datos de lo contrario, pero sí un poderoso argumento: un sistema público de salud garantiza el acceso a la atención sanitaria a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Los vasos comunicantes entre el poder político y económico también arrojan la sospecha de que, tras la decisión de privatizar la sanidad, puede haber intereses espurios. El último ejemplo es el de Unilabs, que el pasado mes de noviembre compró el 55% de la UTE BR Salud, empresa encargada de gestionar los análisis clínicos de seis hospitales madrileños. El exconsejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, yerno de Carlos Fabra, casado con su hija Andrea, y encargado de privatizar ese servicio en el año 2009, fichó en noviembre como asesor de Unilabs. De ese modo, Güemes se beneficiaba de un negocio que él mismo privatizó. La polémica que suscitó esta noticia, difundida por la Cadena Ser, forzó a Güemes a dimitir de su puesto en la empresa.
Hace tiempo que las señales de alerta han saltado en Madrid. «Cuando las empresas privadas tengan el 50% de la asistencia sanitaria madrileña, serán ellas las que marcarán las reglas y los precios. Ahí se acabará la equidad», sentencia Paulino Cubero, facultativo de la Plataforma de Centros de Salud.
El origen en España de la colaboración público-privada data de 1999 con el nacimiento del llamado modelo Alzira. Desde entonces, tanto Madrid como el País Valenciano han optado por esta vía de cesión concesionada. Ahora, ocho hospitales públicos dependen de una empresa privada. El número va en aumento y se ampliará este año a comunidades como Castilla-La Mancha.
Otros modelos de gestión
La colaboración público-privada no es la única forma de gestión fuera de la administración directa. En Cataluña es normal encontrar experiencias como la de las Entidades de Base Asociativa. Conocidas como EBAs, se trata de cooperativas creadas por profesionales sanitarios en la frontera de la autogestión, un modelo que se da sobre todo en atención primaria. Los profesionales renuncian a ser funcionarios y deben suscribir un 51% del accionariado de la EBA, pasando a ser socios en lugar de empleados.
Junto a ellas, encontramos otros modelos como las fundaciones privadas o los conciertos y convenios concretos para la prestación de servicios sanitarios por clínicas privadas, de gran implante en Andalucía. De hecho, el Servicio Andaluz de Salud deriva a algunos de los 17 hospitales privados a pacientes y luego les abona la atención prestada.
Entre los proyectos asociados directamente a la iniciativa mercantil hay que distinguir dos modelos: la gestión mixta, donde se concede una obra pública para construir y gestionar un hospital y proveerlo de servicios no sanitarios, y el modelo capitativo donde una UTE (Unión Temporal de Empresas) construye y gestiona el edificio y los servicios sanitarios. En el nuevo modelo madrileño, los hospitales de Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Parla, el Hospital de Henares, del Sureste y de Aranjuez, junto a 26 centros de salud, pasarán de gestión mixta a un modelo capitativo.
Hay que recordar que, actualmente, otros tres hospitales, Torrejón, Valdemoro y Móstoles, ya siguen ese modelo en Madrid. Curiosamente, la gran mayoría de ellos son de nivel 1, aquellos que se encargan de patología menor, poco compleja y de corta estancia. Es decir, mayor rentabilidad frente a los del nivel 2, destinados a patologías más complejas y con unos índices de médicos y enfermeros por cama mucho mayores.
Según denuncia la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), los presupuestos de 2013 para uno de los hospitales de referencia de nivel 2, el Gregorio Marañón, reducen el gasto de personal, pero aumentan considerablemente el gasto de material sanitario y medicamentos, especialmente oncológicos. Desde AFEM sospechan que «en el contrato que se presentará para los seis hospitales se excluirá la atención a pacientes oncológicos y otras patologías mayores consumidoras de recursos». Los pacientes menos «rentables» serán atendidos por hospitales públicos.
Tanto la AFEM como la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) han presentando diferentes propuestas a la Consejería de Sanidad, como crear una central de compras, para ahorrar 600 millones de euros sin recurrir a la privatización. La respuesta del consejero Lasquetty es que estas aportaciones son «insuficientes y no tienen la consistencia necesaria».
Todo empezó en Alzira
En 1999 el gobierno de Eduardo Zaplana pone en marcha el primer hospital público que tendrá su asistencia sanitaria externalizada a una empresa privada. Nacía el Hospital de la Ribera en la población de Alzira (Valencia), que daría nombre al modelo de concesión administrativa.
La ganadora del concurso por los 10 años siguientes fue la UTE Ribera Salud formada por Adeslas como accionista mayoritario (51%) y con la participación de las grandes cajas de ahorro valencianas, Cam, Bancaixa y Caixa Carlet, con un 15% de participación cada una. El equipo lo completaban las constructoras Lubasa y Dragados, ambas con un 2%. Pasado ese tiempo, el hospital pasaría a titularidad pública.
En el pliego de condiciones se establecía un pago por persona atendida de 34.000 pesetas (204,34 euros) y se estipulaba que se deberían cubrir todos los servicios de asistencia sanitaria excepto «la cirugía cardiaca, la neurocirugía, los politraumatizados, los quemados, a cirugía máxilofacial, la cirugía torácica y la vascular». Finalmente, el precio final no incluiría el gasto farmacéutico externo, la oxigenoterapia o las prótesis.
Pese a estas condiciones, el modelo no funcionó y el Hospital acumuló pérdidas año tras año, 900.000 euros el primer año, 450.000 euros en 2001 y 2,67 millones en 2002. Esta situación hizo que se rompiese el contrato ese año y que la Generalitat Valenciana tuviese que indemnizar a la UTE con 26,39 millones de euros por «lucro cesante» y 43,9 millones por «adquisición del centro hospitalario». Un rescate en toda regla que fue cuestionado incluso por el Tribunal de Cuentas valenciano.
Ese mismo año salía a concurso nuevamente la concesión del Hospital de la Ribera, esta vez con nuevas condiciones: los adjudicatarios gestionarían también los centros de Atención Primaria y la cápita en esta ocasión subiría hasta los 379 euros. La licitación, hasta 2018 y con 5 años más de prórroga, se cerro en 72 millones de euros y volvió a ganar la UTE Ribera Salud.
Ahora la concesionaria ya cobra a la administración valenciana 639 euros por habitante. Además, desde el año 2006 Ribera Salud (entonces formada por Bancaixa y la Cam) ha ampliado sus tentáculos por todo el País Valenciano gestionando o compartiendo gerencia con distintas empresas de salud privada los hospitales de Torrevieja, Denia, Elche o Manises (éste último lo vendió el año pasado). 14 años después de la iniciativa de Eduardo Zaplana, uno de cada cinco valencianos ya está siendo atendido por un hospital de gestión privada.
*Versión actualizada del artículo publicado en el número 2 de La Marea, de venta en kioscos hasta el próximo 22 de febrero.