Se cae el montaje judicial contra Leyla Ordóñez: la Audiencia Nacional archiva la solicitud de extradición

El Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional ha resuelto este 29 de octubre levantar las medidas cautelares y archivar el expediente de extradición emitido por las autoridades de Colombia contra Leyla Ordóñez, ciudadana colombiana, defensora de los derechos humanos refugiada en España desde hace más de una década.

Leyla Ordóñez fue detenida el 15 de febrero de 2011 en virtud de una orden emitida por la fiscalía colombiana, en la que se le acusaba de pertenencia a banda armada. Unas horas después, en cuanto compareció ante el juez, Leyla fue puesta en libertad, pese a que la fiscalía española solicitaba su prisión incondicional. Los únicos argumentos que tenía la acusación contra ella se basaban en los ordenadores y dispositivos informáticos supuestamente incautados tras el bombardeo y la masacre del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano contra el campamento del comandante de las FARC Raúl Reyes en marzo de 2008, ordenadores que  fueron utilizados para acusarla de dar supuesto apoyo a las FARC «fundando una asociacion de derechos humanos» en España..

La única prueba: los computadores mágicos

En mayo de 2011, cuando la Corte Suprema de Colombia anuló definitivamente cualquier prueba procedente de los llamados computadores mágicos de Raúl Reyes como pruebas, Enrique Santiago, el abogado defensor de Leyla Ordóñez, solicitó que la fiscalía española explicara si, una vez anuladas como pruebas las computadoras de Raúl Reyes, había alguna otra evidencia que permitiera sustentar alguna acusación contra Remedios o contra Leyla.

El silencio fue la única respuesta. Un año y medio después de incoársele a Leyla un expediente de extradición, el juez Santiago Pedraz ha decidido archivar la causa, ya que no se ha recibido ninguna documentación que permita fundamentarlo. Cabe subrayar que Leyla Ordóñez goza de la especial protección que garantiza el estatuto de refugiada política, reconocido por el Estado español y por Naciones Unidas, por lo que extraditarla a Colombia, el Estado que la persiguió y le obligó a buscar asilo, habría contravenido la Convención de Ginebra.

Su abogado, Enrique Santiago, ha explicado cómo las acusaciones contra Leyla encajan en el formato de montajes judiciales concebidos como una forma más de guerra sucia contra defensores de derechos humanos, opositores y voces incómodas al Estado colombiano:

«Al margen ya de fundamentaciones de supuesto vínculo con organizaciones o actividades terroristas de Leyla, que no dejan de herir el sentido común y la honorabilidad de las personas, una de las gravísimas acusaciones formuladas por el Gobierno colombiano era que del contenido de esos ordenadores se desprendía que Leyla había constituido una organización defensora de los derechos humanos para desprestigiar al Gobierno colombiano en España, dando incluso el nombre, efectivamente, de una asociación registrada, legal en España, que ha realizado innumerables actividades en defensa de los derechos humanos. Y esto era argumentado como una fehaciente prueba por parte de las autoridades colombianas de su vínculo con organizaciones terroristas, como parte de esa llamada guerra jurídica que lleva adelante el Gobierno colombiano respecto a los defensores de los derechos humanos».

Falso positivo judicial

Remedios García y Leyla Ordóñez no solamente son inocentes, sino que han sido víctimas de un falso positivo, como en Colombia se conocen a los falsos resultados positivos que da la fuerza pública (Policía y Ejército) en la guerra contra la insurgencia. Su expresión más sangrienta son los más de tres mil casos documentados de personas inocentes asesinadas y vestidas después con ropas de campaña para ser presentados como insurgentes «dados de baja» en combate, generalmente pertenecientes a los estractos más humildes e indefensos. Pero además los «falsos positivos» tienen una expresión judicial, en miles de ciudadanos inocentes encarcelados bajo la acusación de «rebelión», cuando se trata de defensores de derechos humanos, líderes campesinos, indígenas, sindicalistas, profesores, estudiantes… en Colombia cualquiera que se atreva a denunciar los crímenes estatales y paraestatales es acusado de terrorismo.

Una estrategia de guerra sucia que se suma al exterminio físico y el asesinato selectivo de miles de ciudadanos. Una guerra sucia que, pese al giro del actual Gobierno Santos, que hace ahora del diálogo con la insurgencia una bandera electoral para su reelección, continúa en la persecución cotidiana de las voces disidentes en Colombia, la estigmatización de la izquierda y la sindicación de «terrorista» de todo aquel que se salga del guión.

Por eso es que Colombia es el único país de América Latina que sigue exportando refugiados a países como España. Personas como Leyla que se ven obligadas a optar por el exilio huyendo de una persecución que incluye la tortura, la detención ilegal y la desaparición forzada como procedimientos habituales. Hasta aquí los ha perseguido el Estado colombiano y aquí ha encontrado el altavoz entusiasta de los medios oficialistas de comunicación, que no se cansan de publicar la foto y el nombre de Leyla y Remedios asociándolas a la palabra «terrorista» o «banda armada».

La andadura de los «computadores mágicos» en la Audiencia Nacional

– 26 de julio de 2008: Remedios García es detenida por orden del juez Baltasar Garzón acusada de «integración en banda armada», a instancias de la fiscalía colombiana, que basaba su acusación en presuntos correos electrónicos encontrados en el presunto ordenador de Raúl Reyes . Tras ser interrogada Remedios por Garzón el 27 de julio, este rebajó la acusación inicial a la de «colaboración con banda armada» y la dejó en libertad bajo fianza de 12.000 euros. Se le retiene el pasaporte, se le prohibe salir del país y se le impone la obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado.

– 24 de febrero de 2010: El juez Eloy Velasco imputa a Remedios García en un auto que fue objeto de escándalo mediático, en el que presentaba a Venezuela como un «santuario para los terroristas» y al Gobierno venezolano como «facilitador» de la supuesta conexión entre ETA y la guerrilla de las FARC en su territorio, con Remedios como «pieza clave de enlace» entre ambas organizaciones.

-15 de febrero de 2011: Leyla Ordóñez es detenida, acusada por la fiscalía colombiana de pertenencia a banda armada, y se le incoa un expediente de extradición. Queda en libertad al día siguiente, y se le prohibe salir de España sin autorización. La prensa oficialista en Colombia y España publican toda clase de acusaciones y especulaciones estigmatizando a Leyla y Remedios (Ver El Tiempo del 19 de febrero de 2011: Alias «Manuela», la ficha de las FARC en España)

– 7 de marzo de 2011: El juez Velasco reconoce en un nuevo auto que no tiene causa contra Remedios ni contra Omar Arturo Zabala, y deja sin efecto el procesamiento contra ambos. En el mismo auto reconoce que no hay absolutamente ningún sustento para alegar que haya existido colaboración institucional por parte de Venezuela con el entrenamiento y actividades de ningún miembro de ETA en su territorio, tal y como los medios habían publicado irresponsablemente un año antes.

– 5 de julio de 2012: El juzgado central de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional declara el sobreseimiento de la causa y el fin de las acusaciones e investigaciones contra Remedios García Albert y otras tres personas «investigadas», por no existir una sola prueba contra ella, tras 4 años de procesamiento. El sobreseimiento provisional está recurrido por la defensa ante el Tribunal Supremo, pidiendo sobreseimiento libre y no simplemente provisional. Es decir, con efecto de cosa juzgada, de sentencia absolutoria, para que nunca pueda volver a ser acusada por los mismos hechos.

– 3 de septiembre de 2012: El Juzgado de Instrucción nº 5 de la de la Audiencia Nacional resuelve levantar todas las acusaciones y  medidas cautelares que pesaban sobre Remedios García Albert: devolución de su pasaporte, anulación de la prohibición de abandonar el territorio nacional, la devolución de la fianza impuesta tras su detención en julio de 2008 y el fin de la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. Tambien se ordena cesar las investigaciones sobre otras tres personas -entre ellas Leyla y el veterano activista de la solidaridad internacional Jaime Ballesteros, ex Diputado y Presidnete de OSPAAL- , que venian siendo investigadas en la causa, entre ellas Leyla.

– 29 de octubre de 2012: El Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional levanta las medidas cautelares y archiva el expediente de extradición emitido por las autoridades de Colombia contra Leyla Ordóñez.

En resumen, se han caido todos los procedimientos de los computadores de Raúl Reyes en la Audiencia Nacional. Dos ciudadanas inocentes y que han tenido el coraje cívico de comprometerse con la defensa de los derechos humanos y de la solución dialogada a la guerra en Colombia, recuperan su libertad. Los medios de comunicación que las difamaron y las difaman todavía hoy impunemente, están en deuda con la verdad.

La estrategia de guerra sucia contra las voces incómodas en Colombia continúa. Sería deseable que las autoridades españolas no siguieran colaborando con la caza de brujas.