Una treintena de personas y otras tantas organizaciones sociales, políticas, sindicales y medios de comunicación independientes han suscrito el manifiesto constituyente de la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PVSPS), presentada en el centre cultural Octubre de Valencia. El objetivo es, según una nota difundida por la plataforma, «solidarizarse con el pueblo saharaui […]
En el acto público se anunció una primera reunión el 15 de octubre en la sede de CEDSALA en Valencia; además, los portavoces informaron de actos como la conmemoración del 43 aniversario de la unidad nacional saharaui, declarada en la región de Ain Bentili el 12 de octubre de 1975 bajo la dirección del Frente Polisario; la comunidad saharaui de Valencia programó, por este motivo, una jornada lúdica en la sede del Servei Jesuïta a Migrants (SJM), con la instalación de una jaima tradicional, música y degustación de té, entre otras actividades.
La Delegación Saharaui organizó, entre el 5 y el 13 de octubre, un vuelo solidario a los campamentos de Tindouf, en el suroeste de Argelia, donde viven cerca de 200.000 refugiados saharauis. Por otra parte, la plataforma valenciana se adhirió a la manifestación que tendrá lugar el 17 de noviembre en Madrid para denunciar la inclusión del Sáhara Occidental en los acuerdos comerciales y pesqueros alcanzados este verano entre la Comisión Europea y el Gobierno de Marruecos. El Frente Polisario los califica de «ilegales», entre otras razones porque una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de febrero de 2017, señala que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos; en consecuencia, «las aguas adyacentes al Sahara no están comprendidas en la zona de pesca marroquí» sujeta a los acuerdos. El TJUE ya se pronunció en estos términos en otra sentencia de diciembre de 2016. La manifestación forma parte de la 43 edición de la Conferencia Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO), que se celebrará el 16 y 17 de noviembre en Madrid.
En la presentación de la plataforma solidaria ha participado el delegado del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana, Habibulah Mohamed Cori. El dirigente saharaui ha recordado que en octubre expira el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), por lo que antes de que finalice este mes el Consejo de Seguridad de la ONU tendrá que decidir sobre la renovación. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y Francia se muestran partidarios de una prórroga anual, mientras que Estados Unidos prefiere una ampliación por seis meses. Otro punto de interés es la reunión entre el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos prevista los días 5 y 6 de diciembre en Ginebra; el encuentro fue convocado por el Enviado de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Horst Köhler, con el fin de reactivar las negociaciones (la última ronda de conversaciones se produjo en 2012). Asimismo han sido invitados a la reunión, como países observadores, Argelia y Mauritania.
«El Derecho está con los pueblos saharaui y palestino, pero la realpolitik toma partido por Marruecos e Israel», afirma Habibulah Mohamed Cori. Por ejemplo, la Resolución 2414 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 27 de abril insta a que se reanude una negociación «sin condiciones» para alcanzar una solución política «que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental». La Resolución declara que el actual «statu quo no es aceptable».
Constituye otro argumento jurídico de peso el auto firmado en 2015 por el juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, por el que procesaba a 11 mandos militares, altos cargos y policías marroquíes como responsables de un presunto delito de genocidio en el Sáhara Occidental. Los hechos investigados en el sumario -asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones forzadas y torturas- se produjeron entre 1975 y 1991, y perseguían según el juez «destruir total o parcialmente a un grupo determinado de personas por su origen nacional, racial, étnico o religioso». Entre los casos acreditados por Ruz, figura el asesinato de ocho personas el 12 de febrero de 1976 en Amgala (Sáhara Occidental); 39 muertos -aunque la cifra podría ser muy superior- en el bombardeo con napalm y fósforo blanco de los campamentos de Um Dreiga (también en febrero de 1976); y el hallazgo en 2013 de dos fosas con restos de ocho cadáveres en Fadret Leguíaa (Smara, en el noreste del Sáhara Occidental).
El delegado saharaui denuncia el agravio comparativo respecto a la violación de los derechos humanos; «se habla de Siria y de Venezuela», pero Habibulah Mohamed Cori se remite al informe de Amnistía Internacional (AI) de 2017-2018. El documento señala que el Gobierno marroquí utilizó una «fuerza excesiva e innecesaria» contra protestas pacíficas en ciudades del Sáhara Occidental como El Aaiún (capital ocupada), Smara, Bojador y Dajla. Así, el pasado 29 de junio Équipe Média dio cuenta de la represión policial contra una manifestación en El Aaiún, que coincidía con la llegada del Enviado Especial de la ONU para el Sáhara Occidental; una lista incompleta de lo sucedido durante la jornada incluye un joven de 18 años en estado crítico por el atropello de un vehículo policial, cerca de 70 heridos y tres detenidos (dos de ellos periodistas saharauis).
Amnistía Internacional informa asimismo de la condena a 14 meses de prisión («por cargos falsos») de la que fue objeto el periodista saharaui Walid el Batal; la sentencia de produjo en diciembre de 2016, después que participara en una manifestación en la ciudad de Smara. Otro ejemplo citado por AI es el del activista Hamza el Ansari, condenado también «por cargos falsos» en un tribunal de El Aaiún; la instancia judicial «no investigó su denuncia de que la policía lo había maltratado y obligado a firmar una declaración con los ojos vendados», añade el informe de AI.
Tras un primer juicio militar, el tribunal de Salé (ciudad próxima a Rabat) condenó en julio de 2017 a una veintena de activistas por la participación en 2010 en el «campamento de la dignidad» de Gdeim Izik, situado a 15 kilómetros de El Aaiún. Las penas máximas fueron a cadena perpetua, 30, 25 y 20 años de prisión. Este tribunal civil, sostiene AI, «no investigó debidamente las denuncias de que (los activistas) habían sido torturados bajo custodia ni excluyó como prueba la información obtenida presuntamente mediante tortura». La acampada, en la que participaron más de 20.000 saharauis en 8.000 jaimas, fue desmantelada un mes después de su inicio por el ejército de Marruecos, la gendarmería y fuerzas paramilitares, con un balance de al menos dos saharauis muertos, 2.000 heridos y centenares de detenidos. En septiembre de 2017, una decena de los presos de Gdeim Izik comenzaron una huelga de hambre, después que fueran dispersados en diferentes prisiones marroquíes.
Tampoco resulta sencillo el apoyo internacional. La organización Adala ha contabilizado 76 casos de expulsiones o prohibiciones de acceso al Sáhara Occidental por parte de Marruecos en 2017. Entre los afectados figuran observadores internacionales, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Cuestión distinta es el «expolio» de los recursos naturales, señalado por la presidenta de la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià, Lourdes Crespo Tarazón, quien ha participado en el acto de la plataforma. Un ejemplo reciente se produjo en la XX Feria internacional de Productos del Mar y Congelados (Conxemar) celebrada entre el dos y el cuatro de octubre en Vigo y que, según los promotores, contó con la presencia de 700 empresas. La Delegación Saharaui en Galicia y la organización Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS) denunciaron la exposición de productos de Dajla (Sáhara ocupado) por parte de empresas marroquíes. De este modo, «se pretende legitimar el saqueo de las riquezas marinas saharauis».
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