«Lamentablemente, la decisión política del gobierno de Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil) de colocar el agronegocio por encima de la salud de la población, el medio ambiente y la agrobiodiversidad, es una gran irresponsabilidad que marcará su mandato». Así reaccionaron varias organizaciones campesinas, de defensa de los derechos humanos y de […]
«Lamentablemente, la decisión política del gobierno de Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil) de colocar el agronegocio por encima de la salud de la población, el medio ambiente y la agrobiodiversidad, es una gran irresponsabilidad que marcará su mandato». Así reaccionaron varias organizaciones campesinas, de defensa de los derechos humanos y de promoción de la agricultura ecológica, entre otras, a la decisión del gobierno brasileño del 12 de febrero de liberar las plantaciones y el uso comercial de los maíces transgénicos Liberty Link y Mon 810.
La Vía Campesina Brasil, las organizaciones Terra de Direitos y Asesoría y Servicios a Proyectos de Agricultura Alternativa y el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, circularon un comunicado en el que manifestaron su total rechazo a la liberación del maíz transgénico Liberty Link y de su par Mon 810, pertenecientes a la corporación alemana Bayer y a la estadounidense Monsanto respectivamente. Destacan que las dos variedades fueron prohibidas en países europeos como Francia, Austria y Hungría.
Las organizaciones lamentaron la decisión tomada, que no atendió las advertencias de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, dos organismos gubernamentales. De hecho, el Consejo Nacional de Bioseguridad, integrado por 11 ministros de Estado, tomó la decisión final el 12 de febrero aun con el voto contrario de los ministros de Salud y Medio Ambiente.
La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad ya había aprobado el uso comercial del maíz Liberty Link, en mayo de 2007, y de su par Mon 810, en agosto del mismo año. Esa comisión es una instancia colegiada multidisciplinaria, que fue creada con el objetivo de brindar asesoramiento al gobierno brasileño sobre diversas cuestiones relacionadas a los transgénicos, como sus posibles afecciones a la salud humana y al medio ambiente.
Pero la decisión de liberar los maíces genéticamente modificados debía ser confirmada por el Consejo Nacional de Bioseguridad. Por eso la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables aprovecharon y presentaron recursos al Consejo pidiendo la anulación de esas medidas. Consideraban que Monsanto y Bayer debían realizar más estudios y que los presentados no garantizaban que sus transgénicos no fueran nocivos para la salud humana y el medio ambiente.
Los dos organismos basaron su solicitud «en cuestiones fundamentales de análisis de riesgo de organismos transgénicos», según explican la Vía Campesina y demás organizaciones que repudiaron la decisión del gobierno de Lula. Los estudios presentados por las empresas sobre toxicidad y alergia fueron completamente inadecuados e insuficientes para garantizar la inocuidad de los transgénicos para la salud humana; no están garantizadas las condiciones para impedir la contaminación de las variedades tradicionales o criollas de maíz por parte de las modificadas genéticamente; y no fueron realizados estudios de impacto ambiental de los transgénicos en Brasil, alertaban las agencias del gobierno.
Sin embargo, el 12 de febrero el Consejo Nacional de Bioseguridad desatendió los pedidos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. La decisión se tomó por mayoría, aunque en la minoría estuvieran los ministros de Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Agrario y Agricultura y Pesca, cuyas opiniones deberían ser tenidas especialmente en cuenta a la hora de permitir el ingreso de transgénicos al país.
Isidoro Revers, de la Vía Campesina e integrante de la Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil, manifestó que «la decisión del Consejo es absurda». «Las dos autoridades competentes para evaluar los impactos de los transgénicos a la salud humana y al medio ambiente se posicionaron contra las liberaciones comerciales. Es muy contradictorio que los otros ministros, que no tienen competencia sobre la salud y el medio ambiente, hayan pasado por encima de esta decisión. La resolución atenta contra el derecho de los agricultores, que perderán sus variedades tradicionales y criollas, y el de los consumidores, que no tendrán opción de una alimentación saludable y no transgénica ya que no habrá control de la contaminación», explicó Revers.
En tanto, Rosângela Cordeiro, también de la Vía Campesina e integrante del Movimiento de Mujeres Campesinas, aseguró que «la liberación comercial del maíz transgénico coloca en riesgo las variedades criollas de maíz, que son patrimonio de los agricultores brasileños». «El gobierno no tiene derecho a colocar en riesgo nuestra agrobiodiversidad y vamos a continuar luchando en el campo contra las liberaciones de maíz transgénico», aseguró.
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