El Juzgado número 1 de Almazán (Soria) ha reabierto el caso por los diez desaparecidos de Barcones durante la Guerra Civil española, y ha solicitado a la Guardia Civil que facilite las «órdenes puestas a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por el comandante militar y se averigüe si fueron únicas, o bien si […]
El Juzgado número 1 de Almazán (Soria) ha reabierto el caso por los diez desaparecidos de Barcones durante la Guerra Civil española, y ha solicitado a la Guardia Civil que facilite las «órdenes puestas a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por el comandante militar y se averigüe si fueron únicas, o bien si fueron sistemáticas». La reapertura de este caso por parte de la magistrada María Luisa García lo convierte en el único caso abierto en España por desaparecidos durante la Guerra Civil española.
La asociación soriana Recuerdo y Dignidad hizo entrega el pasado día 16 de Marzo, en el juzgado de Almazán, un escrito que solicitaba la reapertura del caso, después de que el archivo de la causa se produjera por desconocerse los autores materiales, pese a estar demostrados los asesinatos. En dicha solicitud de reapertura del caso se adjuntaba la información procedente de la exhumación -realizada entre el 19 y 21 de Julio de 2013-, así como la obtenida de documentos de la época, incluyendo nombres de posibles cómplices o autores. En aquella exhumación, realizada por Recuerdo y Dignidad, se localizaron seis cuerpos, por lo que cuatro siguen todavía desaparecidos. Se trata de Arsenio Martínez, Tomás Cué, Antonio Lafuente y Fermín González, todos vecinos de Soria y miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
Antes de llevar acabo aquellos trabajos, la citada asociación presentó la correspondiente denuncia en el juzgado de Almazán, solicitando la participación del juzgado en la exhumación, pero tras la apertura de diligencias, el 23 de octubre de 2013, se declaró el sobreseimiento provisional. La denuncia llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero también fue desestimada.
España tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según la ONU
Por otra parte, un grupo de expertos de la ONU pidieron este viernes en Ginebra que España «extradite a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos» durante el franquismo «mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia» española de las víctimas.
El 13 de marzo, el Gobierno denegó la extradición de 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen franquista.
«El Estado español está obligado a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos, mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas», dijo el comunicado de los expertos. «La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad», añadieron.
Los expertos estuvieron en contacto con el Gobierno en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada ‘querella argentina’, en la que se investigan fusilamientos, torturas, robos de bebés y otros delitos.
«Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición», dijeron los expertos. «Pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos y el derecho a la verdad», agregaron.
El grupo está integrado por Ariel Dulitzky (Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias), Christof Heyns (Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales), Juan E. Méndez (Relator Especial sobre la tortura) y Pablo de Greiff (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición).