Traducido por Natalia Di Marco
Para los/as militantes anti aborto de Sudáfrica, el martes fue un día de tristeza y aflicción. Pero para el gobierno y los grupos pro derechos de las mujeres, fue un día de victoria y celebración.
Diez años atrás, el 1º de febrero de 1997, la Ley de Elección de Interrupción del Embarazo se convirtió en realidad, transformándose en una de las leyes de aborto más liberales del mundo. Esta Ley estableció que los servicios de aborto debían prestarse ante el pedido de una mujer durante el primer trimestre o las 12 semanas de embarazo, y también si era un caso de emergencia.
Lo más importante, de acuerdo a los grupos pro derechos, fue que miles de mujeres pudieron tener acceso a abortos seguros y legales, y no se vieron forzadas a acudir a prácticas ilegales, clandestinas y peligrosas para realizarse abortos que dejaban muchas heridas y muertas.
Judi Merckel, de la Alianza por los Derechos Reproductivos, que colaboró en el lobby ante el gobierno para la legalización, dice que el hecho de que junio de 2006, demuestra un acceso a los servicios uniforme nacionalmente y un progreso hacia mayores provisiones del servicio. Mosotho Gabriel, el director nacional de Ipas, una ONG de salud reproductiva, dice que el acceso de las mujeres a abortos seguros, realizados por personal médico entrenado, ha reducido significativamente las muertes por aborto.
Un estudio de mortalidad realizado entre el 1998 y el 2001 por el Comité de Investigación Médica (MRC por sus siglas en inglés) encontró que la reducción de muertes por abortos inseguros era de hasta un 91 por ciento.
Pero los detractores, como Doctores por la Vida y la Red de Acción Cristiana, continúan desaprobando su existencia y han iniciado cuestionamiento legal tras otro para hacerla pedazos. Ellos/as cuestionan que las menores pueden realizarse abortos sin el consentimiento de sus padres, y claman que las jóvenes están usando el aborto en lugar de los métodos anticonceptivos.
Jewkes decarta este «mito propagado por los grupos anti-aborto para denigrar la Ley».
Gabriel aclara que la cláusula referida a las menores se incluyó en la Ley para proteger de los abortos inseguros a las niñas víctimas de incesto y abuso. Las niñas menores de 18 años constituyen el 11 por ciento de las mujeres que están utilizando este servicio.
Los/as expertos/as creen que debe enfatizarse el acceso a los anticonceptivos, y que las actitudes de los/as trabajadores/as de la salud hostiles hacia las jóvenes que acuden por abortos o anticoncepción, debe modificarse.
«La ley trata de proteger la salud y la vida de las mujeres jóvenes y sirve para reducir el desamparo y el negativo impacto social y económico que acarrea en sus vidas el ser madres», declara Merckel. Cheryllyn Dudley, del Partido Democrático Cristiano Africano, dice: «La gente es alentada a pensar que la vida no importa. Lo conveniente para el gobierno es asegurarse que hay una carnicería en cada esquina para matar niños inocentes. Saludamos a aquellos doctores que han hecho uso de su derecho la objeción de conciencia.» Monila Molatlhegi, de Doctores por la Vida, dice que un 70 por ciento del personal médico no cree en el aborto, pero son obligados a realizarlos contra sus creencias. Siyani Marima, la directora de salud de las mujeres en el Departamento de Salud Nacional, dice que se están expandiendo los talleres de «clarificación de valores», con los trabajadores de la salud y las comunidades. «Alguien se resiste a la interrupción (del embarazo) por sus valores religiosos. Pero no se trata de ellos – se trata de la paciente. Si alguien es admitida, debes ocuparte de ella, y no discriminarla», dice.
Los problemas con la implementación de la ley persisten. El acceso a los servicios depende de la provincia en que vives. Gauteng, con 208.605, y Western Cape, con 80.118, explican la suma de 530.000 interrupciones que se realizaron entre febrero 1997 y junio de 2006. «La mayoría de las provincias han descubierto que los recursos de infraestructura no existen en las clínicas de atención primaria, y esto puede haber sido pasado por alto cuando se elaboró la Ley», dice Merckel.
De las 350 dependencias del estado destinadas para proveer el servicio, el 60 por ciento-en su mayoría hospitales- están funcionando.
«Se están realizando esfuerzos para conseguir que más centros comunitarios de salud provean el servicio», dice Marima. «Actualmente lo dan alrededor del 20 por ciento».
Otras barreras son las largas listas de espera, actitudes negativas del personal, y la falta de información y servicios en áreas rurales. «Necesitamos alcanzar lo inalcanzable, como las jóvenes de zonas rurales». «En la mayoría de los hogares, hablar de sexo es un tabú. Necesitamos fortalecer la provisión del servicio y la disponibilidad de los recursos», dice Gabriel.
Kowie Theron, del grupo Clínica Marie Stopes, dice que médicos generalistas están vendiendo píldoras para inducir interrupciones. «Esto crea problemas para los hospitales del gobierno porque la mayoría de las mujeres que las usan terminan en una hemorragia hospitalaria».
Fuente: IOL, traducido al español para RIMA (Red Informativa de Mujeres de Argentina)