El gobierno español debe tomar medidas para alargar la vida laboral y fomentar las pensiones privadas para mitigar los efectos que tendrá el envejecimiento de la población sobre el sistema público, que en cualquier caso está valorado como el octavo mejor de la Europa de los Veinticinco. Así lo subraya en el Barómetro Europeo de […]
El gobierno español debe tomar medidas para alargar la vida laboral y fomentar las pensiones privadas para mitigar los efectos que tendrá el envejecimiento de la población sobre el sistema público, que en cualquier caso está valorado como el octavo mejor de la Europa de los Veinticinco. Así lo subraya en el Barómetro Europeo de Pensiones, elaborado por la consultora Aon Consulting, en el que se advierte de que los países mejor posicionados ante el reto del envejecimiento son aquellos en los que la mayor parte de la población de entre 55 y 64 años sigue trabajando y contribuye activamente a la economía. Dinamarca encabeza el ránking de este estudio, elaborado a su vez a partir de cuatro clasificaciones: factor demográfico (relación entre la edad de jubilación y la esperanza de vida), valor de la pensión pública, sostenibilidad (peso del pago de pensiones en el Producto Interior Bruto) y presencia de planes privados de pensiones. Junto a Dinamarca, están en lo alto de este informe -elaborado con la UE-25, antes de la entrada de Rumanía y Bulgaria- Estonia, Irlanda, Letonia, Países Bajos y el Reino Unido. El sistema danés está a la cabeza porque, aunque tiene una pensión pública ‘discreta’, más del 95 por ciento de sus trabajadores están invirtiendo en planes privados, y además el 60 por ciento de la población entre 55 y 64 años trabaja. En el lado opuesto de la tabla se sitúa Bélgica, que ocupa el último lugar debido sobre todo a su baja tasa de natalidad, a una edad de jubilación muy temprana -sólo trabajan el 30 por ciento de los ciudadanos entre 55 y 64 años- y a sistemas privados poco atractivos. El Estado español se sitúa en octavo lugar debido a que ocupa un lugar destacado en factores como el valor de su pensión, que es alto, aunque corre mayores riesgos en la sostenibilidad y en el factor demográfico. En este sentido, el español es el segundo estado europeo con mayor esperanza de vida, de 84 años, y el periodo medio de recepción de pensiones -desde la jubilación hasta la muerte- es de 17,8 años, un plazo muy largo en comparación con países como Letonia (7,65), aunque muy por debajo de otros para los que esta cuestión supone un mayor problema, como Francia (20,9 años), Malta (20,50) o Austria (20,35). No obstante, la posición española es buena en lo que a planes privados se refiere -se sitúa en el noveno puesto-, aunque queda aún mucho ‘recorrido’ para implantarlos en mayor medida, según explicó el director de Aon Consulting en España, Jorge García-Perrote, quien aunque valoró los incentivos de la última reforma fiscal, señaló que será también necesario un ‘cambio de cultura’. Además, consideró que los planes privados deben ser sobre todo de carácter contributivo, es decir, de capitalización individual del trabajador, que después percibiría una pensión en proporción a lo ahorrado, y reconoció que los planes promovidos desde las empresas suponen un coste laboral para éstas y les pueden restar competitividad. Por ello abogó por planes mixtos -en los que aporten tanto empresa como trabajador-, e insistió en que hay que intentar fomentar ‘otros modos de ahorro que no sean la vivienda’. La reciente reforma del sistema de pensiones español, que incentiva la prolongación de la vida laboral, es un primer paso según los autores de este informe, que en cualquier sitúa al Estado en el grupo de los que cuentan con una perspectiva ‘variable’ ante el reto del envejecimiento. Y es que aunque la inmigración ‘alivia’, la baja tasa de natalidad sigue siendo un problema para sostener el pago de las pensiones, que actualmente supone el 8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Mucho peor lo tienen otros países, como Grecia, cuyo principal problema es el alto coste de las pensiones, y su pago supondrá ya en 2050 el 25 por ciento del PIB. El informe insiste en que muchos de los países de la UE se verán obligados a recortar buena parte de otros gastos para sostener el sistema o subir sus impuestos, si no toman medidas como las recomendadas.