Sentencia «ejemplar»

Diez años de cárcel para la vicedirectora del periódico Egin, Teresa Toda. Trece años de cárcel para su director, Javier Salutregi. Sabino Ormazábal, periodista, nueve años; Karlos Trenor, conocido abogado, 18 años de cárcel. Ambos de la Fundación Zumalabe, que propugna entre otras iniciativas la «desobediencia civil». La lista es larga, pero los datos que aparecen junto a los nombres de los 47 condenados por la Audiencia Nacional de Madrid no deja de ser «original» para llegar a aceptar que esas personas formen de verdad parte de «las entrañas de ETA», como dice el dispositivo de la sentencia. Con toda evidencia no lo son de hecho. Basta con repasar las pruebas de la acusación, los informes técnicos, los vicios procesales que no han garantizado el más elemental derecho a la defensa, para hacerse una idea de lo que se ha celebrado hoy en la Casa de Campo de Madrid.

El proceso se llama 18/98+. Se trata de una suma de procesos que comienzan con el cierre de un periódico, Egin, en el lejano julio de 1998 y que prosigue con otras cinco operaciones de policía, todas ordenadas por el juez Baltasar Garzón. Se acusa a asociaciones públicas, periódicos, radios, asociaciones de difusión de la lengua vasca, de la cultura de la desobediencia civil. El teorema, explica Mariano Ferrer, portavoz de la plataforma 18/98+, es sencillo: «Garzón decidió en 1998 que había llegado el momento de echar la red para bloquear todas las realidades políticas y culturales que operan en el nacionalismo y el independentismo. Todo cuanto se mueve en ese sector, según Garzón, es ETA. Sin distinciones». Y durante nueve años, efectivamente, ha habido un duro ataque contra todas esas realidades que defienden la independencia, la autodeterminación, la resistencia del pensamiento y de la lengua.

La condena, según muchos analistas, podría haber tenido resultados bien distintos si se hubiera celebrado en pleno proceso de paz. Sin embargo, estamos en medio de una campaña electoral para las legislativas españolas, en las que el asunto vasco se vuelve un arma, ya que sobre la solución o la represión de la lucha armada hay en juego cientos de miles de votos. Con todo, esta vez hay una diferencia respecto a otros procesos en los que había gente de Herri Batasuna o de la izquierda nacionalista vasca en el banco de los imputados. Esta vez Garzón y la voluntad política que lo respalda o lo dirige, ha querido atacar a una parte más consistente de la sociedad vasca; una parte tal vez minoritaria, pero que existe. La reacción no se ha hecho esperar: hace unos días miles de personas protestaban en las ciudades vascas. Sobre todo porque en este proceso el Estado de Derecho ha perdido una batalla más: gran parte de los imputados fueron detenidos hace una semana, cuando aún no se había leído la sentencia. Peligro de huida, decía la orden de detención. Cuando en realidad los imputados, todos, han demostrado durante los nueve largos años de proceso su intención de esperar firmes la sentencia, conscientes de su inocencia. Los encarcelaron sin que se les dijera por cuántos años e infringiendo reglas de derecho sancionadas por las leyes españolas.

Hoy se les señala como el corazón de la organización armada. No se explicarán sus historias, sus trabajos, las ideas que representan -expresadas siempre con métodos pacíficos y públicos- y el gran público archivará la noticia así: 47 duras condenas a colaboradores y miembros de la dirección de ETA. Abogados, lingüistas, jóvenes, periodistas, políticos. Esta ha sido la sentencia de cuatro de las ramas principales del proceso 18/98+: Xaki, Ekin, Kas, Egin. A las defensas les toca ahora recurrir en apelación. Pero el desarrollo de estos 15 meses de sesiones plantea más de un interrogante acerca de un derecho fundamental como es el de la defensa: si en la apelación las garantías para los condenados fueran parecidas a las que han tenido durante estos meses, mejor sería no perder el tiempo. El presidente de la Asociación de Abogados Europeos Democráticos, Gilberto Pagani, sostiene que ha habido graves lagunas y déficit de derechos [1]:

«La sentencia se comenta por sí sola, pues es durísima. A ninguna de estas personas se le ha acusado, y menos aún condenado por haber cometido algún delito específico sino más bien por haber manifestado o por haber dado un apoyo genérico, o cosas de este tipo. Así pues, estamos ante un pésimo momento no sólo para los independentistas vascos sino también para los demócratas europeos en general. Está claro que en un país aparentemente tan avanzado, que nos está superando desde punto de vista económico, hay un doble régimen: uno democrático para muchos y otro de opresión para las minorías o para quien no quiere aceptar el estado de cosas presente. Estoy .preocupado e indignado por la sentencia.

-En cuanto observador en el proceso, ¿cómo ha sido tu experiencia?

-El problema es que la Audiencia Nacional es heredera directa del antiguo Tribunal de Orden Público franquista, que centralizaba todos los procesos en defensa del Estado en Madrid . La Sala está en un lugar aislado, frío, sin público, sin posibilidad de que sujetos extraños al proceso puedan ver que hay un proceso. Desde este punto de vista, el ambiente era pesado, si bien transmitía aire formal de respeto y democracia. La cuestión es que la justicia española, mediante esta práctica de transferir a Madrid gran parte de las causas y procesos más delicados, crea un vulnus a la democracia ya que resta espacio al control democrático, al control de todo el mundo sobre estos procesos, lo que se sale de la línea de la tradición jurídica europea. A mi modo de ver, esta situación ha de cambiarse antes o después».

Fuente: http://www.peacereporter.net/dettaglio_articolo.php?idc=0&idart=9611