“¡Ser inmigrante no es un delito!” “Ningún ser humano es ilegal!”

“Continúa encerrándose a personas migrantes para la expulsión, sólo por su situación administrativa”, recordó uno de los portavoces de la Campaña por el Cierre de los CIE, con el megáfono en mano, el pasado 22 de febrero; en la puerta azul del CIE se concentraron cerca de 200 personas (las movilizaciones empezaron hace más de una década: actualmente se convocan el último martes de cada mes).

Además del acompañamiento musical y la lectura de poemas, los participantes escribieron en una pequeña hoja adhesiva, de color amarillo, su percepción de los CIE, las deportaciones de personas migrantes y la Ley de Extranjería. Después pegaron los pósit en la pancarta de la Campaña, desplegada junto a la puerta azul con la consigna “Ser inmigrante no es un delito”.

A voz en grito reivindicaron los manifestantes: “¿Qué queremos? ¡El cierre de los CIE!” “¿Cuándo lo queremos? ¡Ya, ya, ya!” “¡Ningún ser humano es ilegal!” y “¡La Ley de Extranjería mata gente cada día!”

Además, durante la concentración se recogieron firmas en apoyo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve el movimiento #Regularización Ya, para que el Gobierno de España regularice la situación de los cerca de 500.000 migrantes sin papeles que residen en el estado español.

El portavoz la Campaña informó sobre las últimas denuncias realizadas en el centro de Zapadores; por ejemplo, en la primera semana de enero, migrantes internos comunicaron a las ONG la existencia de un brote de COVID-19 que afectaba al menos a siete personas. Uno de los testimonios relató a los activistas que las medidas de contención del virus se adoptaron “cuando el brote ya se había propagado”.

El mismo interno subrayó que, `pese a aislarse a los contagiados, no se realizaron pruebas a todas las personas recluidas y continuaban compartiéndose espacios comunes como el comedor, las celdas y el patio. Varios migrantes del CIE valenciano señalaron a los activistas que tenían “miedo de coger la enfermedad” y denunciaron estar encerrados “como animales”.

En este contexto, los activistas continuaban denunciando las condiciones del CIE: deficiencias en la higiene, hacinamiento, zonas de recreo reducidas o insuficiente distancia de seguridad en las celdas. Resumían las carencias con el testimonio de las personas internas: “Condiciones de vida inhumanas”. La falta de una asistencia sanitaria adecuada, a los migrantes que la solicitaran, constituía un motivo añadido para reclamar el cierre del centro.

Además, en la acción de Zapadores se hizo mención a la queja planteada, el 26 de enero, por Tanquem els CIE, SOS Racisme, el centro Irídia y Migra Studium ante el Juzgado de Control del CIE de Zona Franca (Barcelona), debido a la “situación de urgencia sanitaria” por un brote de COVID que habría contagiado a 23 personas. Las personas enfermas estaban “aisladas del resto de internos, pero compartiendo celdas (…); la tensión acumulada dentro del CIE barcelonés ha aumentado”.

Por otra parte, ante la puerta azul,los activistas difundieron un audio de la coordinadora CIEs No en Cádiz, sobre una resolución del Comité de Derechos del Niño de la ONU, fechada el 18 de febrero, que admitía a trámite la denuncia contra el internamiento en el CIE de Algeciras de un menor, de 16 años (así lo acreditaba la copia del pasaporte y el certificado de nacimiento); sin embargo, tras las pruebas de determinación de la edad se le asignó una edad de 19 años (la Ley de Extranjería española prohíbe el ingreso de menores extranjeros en los CIE).

La resolución favorable del Comité de Naciones Unidas implica la adopción de las medidas solicitadas por Algeciras Acoge, ONG integrada en la coordinadora: la paralización del procedimiento de devolución a Argelia y el traslado del muchacho a un Centro de Protección de Menores (las medidas tienen un carácter provisional, mientras se resuelve el procedimiento, en el que el Estado español puede plantear alegaciones).

El Comité de Derechos del Niño “vuelve a poner en evidencia las graves deficiencias en la aplicación del protocolo establecido en España para la determinación de la edad de posibles menores”, recuerda CIEs No en Cádiz. Algeciras Acoge informa que al menos tres menores fueron encerrados, durante 2021, en el CIE algecireño.

Llegó el momento de la lectura de poemas; uno de los concentrados dedicó el texto al fallecimiento en febrero de una persona migrante, originaria de Ghana y sin hogar, de 52 años, en una factoría abandonada de la periferia de Valencia; dio cuenta de los detalles a la Agencia Efe (17 de febrero) el sacerdote Pedro Miret, de la Parroquia San Francisco de Borja de Valencia. El migrante fallecido, Abraham, estaba gravemente enfermo del hígado, laboraba de temporero y cuando no podía firmar un contrato, sobrevivía como gorrilla o pidiendo limosna. Además remitía dinero a su mujer y tres hijos, que residen en Ghana.

No ha sido la única muerte en el mismo lugar y condiciones. La Asociación Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia se hizo eco, el 24 de febrero, de la defunción de otro migrante ghanés, Richard, de 42 años y también temporero. “La situación para estas personas se está volviendo insostenible, apenas tienen recursos y las condiciones higiénicas son muy precarias”, subrayaba el comunicado de la asociación.

El portavoz de CIEs No alertó, asimismo, de la reanudación de los vuelos especiales de deportación desde las Islas Canarias a Marruecos, a partir del 7 de febrero. “¡Que (el ministro del Interior) Marlaska abandone estas prácticas!”, reivindicó el activista. Estos vuelos de repatriación de ciudadanos marroquíes –a quienes el Estado español considera irregulares– se habían suspendido en abril por la pandemia.

“La Administración está demorándose meses en la resolución de los permisos de arraigo a migrantes”, fue la siguiente información compartida en la puerta de  Zapadores. Y estas denuncias se combinaron con las acciones de difusión. Como la presencia de integrantes de la Campaña en el concierto del cantautor Nacho Vegas, programado el 17 de febrero en el espacio cultural La Rambleta de Valencia (el artista ya compartió el escenario con las ONG de la Campaña, en otro concierto de 2018).

Se dedicó también un recuerdo especial a los al menos 14 jóvenes migrantes que murieron ahogados en la playa del Tarajal, en Ceuta, de la que se cumple el octavo aniversario. Ocurrió el 6 de febrero de 2014. Las personas migrantes intentaban llegar a nado al territorio español, cuando agentes de la Guardia Civil hicieron un uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios (pelotas de goma, salvas detonadoras y botes de humo).

Una de las fuentes de información sobre los hechos es el documental Tarajal: desmontando la impunidad en la Frontera Sur, de 2016, realizado por Xavier Artigas y Xapo Ortega; la Campaña por el Cierre de los CIE participó en el estreno en Valencia del audiovisual producido por Metromuster y el Observatori Desc. El acto de presentación tuvo lugar en el CSOA L’Horta de Benimaclet, en mayo de 2016.

Mientras, continúa la batalla por la memoria y contra la impunidad. Este año ha tenido lugar en Ceuta la IX Marcha de la Dignidad (la primera se produjo dos días después de la tragedia, en 2014), con final en la playa del Tarajal, junto al espigón de la frontera con Marruecos; 234 colectivos han apoyado la convocatoria, con el lema Tarajal no olvidamos: vías legales, vidas seguras, migrar es un derecho.

El manifiesto de la IX Marcha atribuye lo ocurrido a un sistema “que promociona políticas que repudian y arrinconan a las personas de un determinado perfil étnico-racial y con menos recursos; que las invisibiliza y niega el derecho a la vida”; el manifiesto denuncia también las 4.404 muertes y desapariciones durante 2021 en la frontera occidental euroafricana.

Gracias a la lucha jurídica, mediática y en la calle, las organizaciones sociales han logrado avances; por ejemplo, un juzgado de Ceuta ha ordenado a la Delegación del Gobierno en esta ciudad autónoma el retorno al territorio español de varios menores marroquíes expulsados en agosto, según las dos sentencias de las que informó Efe (17 de febrero).

Los recursos judiciales fueron interpuestos por Fundación Raíces y la Coordinadora de Barrios. La agencia de prensa destaca, entre los motivos de la sentencia, que el juez considera “que se han vulnerado sus derechos fundamentales (de los menores) al existir ‘un riesgo relevante” de caer ‘en situación de abandono’”.

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