Tomo pie nuevamente en una nota de Alicia Gutiérrez [1], la incansable e insistente periodista de Público que sigue arrojando mucha luz donde persisten muchas tinieblas, la informada ciudadana que da calor a un fuego que no debe consumirse. Tarea es de todos conseguirlo. Jaume Matas parece ser -lo es, políticamente- el artífice de la […]
Tomo pie nuevamente en una nota de Alicia Gutiérrez [1], la incansable e insistente periodista de Público que sigue arrojando mucha luz donde persisten muchas tinieblas, la informada ciudadana que da calor a un fuego que no debe consumirse. Tarea es de todos conseguirlo.
Jaume Matas parece ser -lo es, políticamente- el artífice de la estrategia que condujo al Gobierno balear a otorgar al Instituto Nóos convenios por más de 2 millones de euros para la organización de dos cumbres turístico-deportivas. La periodista de Público recuerda que ‘Pepote’ Ballester, director general de Deportes durante el último mandato de Matas (2003-2007) -medallista olímpico y antiguo amigo de la pareja Urdangarin-Borbón- ha señalado al ex presidente balear como el «ideólogo» -curioso uso del término- de los contratos para Nóos, que, recuérdese, era una asociación sin ánimo de lucro que captó casi 6 millones de euros de dinero público de los gobiernos de les Illes y el País Valenciano. Sabido es también que una cifra idéntica acabó en manos de empresas de la trama Urdangarin-Borbón-Torres, estas sí con claro y desmedido ánimo de lucro (¡y qué ánimo!).
Pues bien, Alicia Gutiérrez recuerda que en diciembre de 2011, hace apenas dos meses, el ex presidente balear espetó a los periodistas lo que para él era una obviedad: si el yerno del Rey le ofrecía su colaboración para un proyecto, el Govern balear, el gobierno que él presidía, no podía decirle -no podía es no podía- que se presentase, como cualquier otro hijo de vecino no privilegiado, a un concurso público de adjudicación. Discriminación hacia los de arriba lo llaman a esa acción.
¿Y eso qué significa? Pues no sólo, como señala A. Gutiérrez, que el ex presidente y dirigente del PP, y antiguo ministro en la etapa Aznar, reconoció implícitamente que dio un trato de favor al yernísimo y a su Instituto Nóos, sino que, además, la servidumbre política que le movió a ello -y que él vive, piensa, siente y teoriza como la cosa más natural del mundo, un axioma, un postulado, una noción común para hacer política en España o en las Illes- es parte contratante de la parte contratada, un dato inalterable, una premisa de la que debe partirse, y que, se diga o no públicamente, se hablé o no de ello, el poder de la Casa Real sigue siendo ilimitado. Un poder de ordeno y mando que, así ha sido dicho, no permite en sus alrededores que se hable mal del general golpista. Un presidente elegido por un parlamento, surgido de unas elecciones con participación ciudadana, no se atreve a decir -es casi un impensable ontológico- al yerno del Rey que tiene que obrar como todo el mundo, sin excepción, debe obrar. Que ser aristócrata y consorte de la realeza no implica estar por encima de las leyes, más allá del bien y del mal.
Y no se atreve, la conjetura se impone, porque la Casa Real a la que el marido de doña Cristina, de la Infanta Cristina de Borbón quiero decir, representaba en aquella situación vale su peso y poder en oro y a la primera autoridad del Estado, y a todos sus alrededores, nadie les tose ni les toca un pelo.
Después de lo sabido, que ya es mucho, la primera autoridad del Estado, por convicción, presiones familiares o por ambas a la vez, declaró el pasado martes 1 de febrero que todo el mundo tiene derecho a una defensa justa y de que nadie debe dictar sentencia antes de que el juicio se celebre. Lo elemental, se dirá, no siempre… o mil veces recordado. ¡Como si el yernísimo estuviera pobremente cubierto por una, ineficaz y rendida defensa! ¡Cómo si no fuera el caso que la implicación, judicialmente aún sin demostrar, de Urgandarin, Torres y Cristina de Borbón (y acaso de otras instancias encubridoras), es tan clara como un manantial de agua clara!
Un político a quien le parece evidente -tal como la evidencia de que el siguiente del número 5 es par- que a un «yerno del Rey», como ejecutivo o miembro de una determinada empresa, no se le puede sugerir o indicar que se presente a un concurso público es señal de lo peor, del más abyectos de los senderos, de la mayor infamia. ¡Qué país!
¿Qué hemos hecho para merecer una clase dirigente tan fuera de la ley y del Estado democrático?
Nota:
[1] A. Gutiérrez,»El juez del ‘caso Nóos’ vapulea a Matas y le mantiene imputado». Público, 2 de febrero de 2012, p. 20.
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