Aún cuando las decisiones relativas a la reproducción tienen una vital y mayor importancia para las mujeres que para los varones, la estructura de dominación patriarcal -materializada en diferentes instituciones, a lo largo de la historia de la humanidad- ha impedido que éstas pudieran ejercer el derecho a controlar los ciclos de su fertilidad con […]
Aún cuando las decisiones relativas a la reproducción tienen una vital y mayor importancia para las mujeres que para los varones, la estructura de dominación patriarcal -materializada en diferentes instituciones, a lo largo de la historia de la humanidad- ha impedido que éstas pudieran ejercer el derecho a controlar los ciclos de su fertilidad con plena autonomía. Por el contrario, la capacidad reproductiva de las mujeres ha sido enajenada y todos los intentos por recuperar el control de sus cuerpos ha sido castigado rígidamente de diversas maneras.
Sin embargo, desde épocas milenarias, las mujeres han ideado y empleado diferentes métodos para evitar y controlar la reproducción, entre ellos el aborto. Esto lo han hecho mayormente en la clandestinidad, apelando a la solidaridad entre pares para preservarse de la punición. Esta clandestinidad, que aún actualmente atraviesa la práctica del aborto en numerosos países -incluida la Argentina-, tiene un precio muy costoso en dinero «contante y sonante» para las mujeres de las clases dominantes y las clases medias que buscan seguridad y discreción. Pero, mucho más costoso aún, para aquellas que no cuentan con ese dinero ni las mismas posibilidades socio-culturales y abonan con su salud o, peor aún, con sus vidas, el derecho a decidir.
Actualmente, cerca del 26% de la población mundial vive en 74 países que prohíben el aborto completamente o bien lo permiten sólo en los casos en que el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. En América Latina, se practican 4 millones de abortos anualmente y la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula en 5 mil el número de muertes por infecciones y otras consecuencias de las intervenciones clandestinas1.
En la Argentina no existen estadísticas fiables, sin embargo, se calcula que se practican más de 500 mil abortos por año. Esta cifra indicaría que existe casi una relación de 1 a 1 entre cantidad de niños nacidos vivos y embarazos interrumpidos voluntariamente. En el período reciente de mayor crisis socio-económica, entre 1999 y 2002, la cifra de mujeres que fueron atendidas en los hospitales públicos por las consecuencias de los abortos clandestinos aumentó un 46%2. Además, distintas investigaciones señalan que un tercio del total de las muertes maternas es ocasionado por el aborto clandestino, que es la segunda causa en orden de frecuencia.
En este artículo presentamos, de manera sintética, la política del Estado en materia de derechos sexuales y reproductivos en diferentes períodos de nuestra historia. En la segunda parte, hacemos un raconto de la lucha de las mujeres por el derecho al aborto, historia de la cual nos sentimos parte y pretendemos sacar las lecciones para seguir adelante.
I. «Gobernar es poblar». Ideología pro-natalista, Estado e Iglesia en Argentina
1. Coincidencia de liberales, conservadores, populistas y militares
Durante la década menemista, la Argentina ha establecido alianzas no sólo con el Vaticano, sino también con naciones que presentaron posiciones conservadoras respecto de los derechos sexuales y reproductivos en las conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas en El Cairo (1994) y Beijing (1995). Si bien esta postura no resultaba discordante con las políticas reaccionarias del gobierno de Menem en otras áreas, es justo señalar que tampoco lo era con respecto a las posiciones asumidas históricamente, en esta materia, por distintos gobiernos nacionales.
Contrariando las ideas neomalthusianas en boga en los países europeos a mediados del siglo XIX, las élites dominantes nativas sustentaron sus proyectos de país en la política demográfica de «poblar» el territorio como base para el desarrollo de la nación. Este «poblar» era interpretado en ocasiones, no sólo en un sentido cuantitativo, sino también privilegiando las «cualidades» de una inmigración europea que facilitaría la modernización3. Y estas ideas, aunque suene paradójico, no sólo fueron patrimonio de los sectores conservadores sino, particularmente, de los liberales.
El primer Código Civil argentino de 1869 hallaba su fundamento en el modelo canónico de familia, convalidando los paradigmas católicos de las relaciones familiares que consagran al varón como jefe y le atribuye derechos sobre esposa e hijos, imponiendo restricciones inusitadas a los derechos de la mujer. Pero, más tarde, la modernización trajo aparejada la incipiente inclusión de las mujeres en la esfera de la producción. Con ello fue inevitable el debate, en todos los niveles, sobre la cuestión de la «mujer trabajadora». Científicos, estadistas, políticos, religiosos y sindicalistas discutieron las ventajas y desventajas de este nuevo rol social de las mujeres. La preocupación del Estado se centró, entonces, en las pésimas condiciones laborales y las consecuencias que éstas podían acarrear para el «natural» desarrollo del ciclo reproductivo femenino.
En un informe de 1892, encargado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, su autor se refiere a los problemas de salud causados por las condiciones de trabajo y señala las terribles consecuencias que puede acarrear la fatiga a la que están sometidas las trabajadoras.
[…] puede determinar el aborto o el parto prematuro y si el embarazo llegara a término, el parto será lento con tendencia a la inercia uterina y a sus fatales consecuencias, tanto para la mujer como para el niño. Si la mujer fatigada por trabajos excesivos estuviere en la época de la lactancia, la nutrición de su hijo hecha en tales condiciones sería sumamente perjudicial (cit. en Recalde, 1989).
Durante las décadas sucesivas, fueron muy pocos los cambios que se introdujeron en la legislación nacional con relación a estos temas. Pero ya a principios del siglo XX, las ideologías pro-natalistas predominantes contrariaban, cada vez más, una realidad que evidenciaba un mayor control de las mujeres en la regulación de su fertilidad.
Aún entre los sectores que enarbolaban las banderas de la emancipación obrera, las ideas iban por detrás de las costumbres. Porque si es cierto aquello de que la ideología dominante en una época es la ideología de la clase dominante, nunca más atinado que en el caso de las prédicas pro-natalistas de las élites argentinas que trascendían, inclusive, en los ambientes progresistas y pro-obreros.
En este período, los esfuerzos de legisladores socialdemócratas y médicos higienistas por mejorar las condiciones de vida, salud y trabajo de la clase obrera se orientan, en lo relativo a las mujeres, según los mismos criterios pro-natalistas dominantes, argumentando a favor de las reformas sociales y jurídicas para garantizar el mejor desarrollo de las actividades femeninas ligadas a la reproducción. El diputado Alfredo Palacios, el primer legislador de extracción socialdemócrata en la historia institucional del país, señala:
Con el reposo de la obrera recién parida, no se trata de velar sólo por la salud de la puérpera, sino también por la del hijo. Si la madre, inmediatamente después del alumbramiento va a la fábrica, el niño sufre; no puede ser alimentado con la leche materna y esto implica un serio peligro (Palacios, 1922).
La lectura de toda la legislación laboral con relación a las mujeres, hasta fines de la década del ’40, pone de manifiesto el objetivo de preservar la función maternal para las trabajadoras. La ideología subyacente, en la mayoría de los casos, remitía a las amenazas de disolución de la familia que acarreaba el trabajo femenino extradoméstico. Incluso algunas organizaciones obreras interpretaron el trabajo femenino como una competencia de fuerza de trabajo más barata y, con argumentos similares a los de los sectores conservadores, intentaron excluir a las mujeres de los gremios, también avalando sus posturas con la agitación de los peligros que amenazaban a la familia proletaria.
A partir de la gran depresión de los ’30, con la crisis del modelo agro-exportador y el necesario viraje hacia la industrialización, se modificaron también las ideas demográficas, aunque sin cambiar el criterio poblacionista: la antigua situación de privilegio de la inmigración europea para garantizar el desarrollo del país se trocó por un renovado interés en promover el crecimiento interno. Este discurso, teñido de un fuerte nacionalismo, atacaba la reducción del tamaño de las familias que empezaba a imponerse al tiempo que las mujeres se incorporaban masivamente a la producción. Fue por esa razón que el Estado adoptó una política activa con relación al crecimiento demográfico, promoviendo el bienestar de la madre y la familia, bajo el amparo de la Iglesia Católica que incluso intervenía directamente en la sugerencia de ministros para áreas como las de educación, asistencia social, etc.
2. El peronismo: de la «nación católica» a la excomunión y el diálogo
Sólo un corto período de la historia del país revela un enfrentamiento agudo entre la Iglesia y el Estado semicolonial argentino. Después de haber reivindicado los «valores» católicos en la construcción del movimiento peronista y de la nación argentina, Perón se ve enfrentado con la Iglesia, en 1949, al punto de ser excomulgado por el Vaticano. Es que el peronismo avanzaba sobre terrenos que habían sido, hasta el momento, de exclusiva injerencia eclesiástica, como la caridad y la asistencia social.
Mientras tanto, al interior del propio peronismo los sectores «nacionalistas» reivindicaban el carácter católico del movimiento, mientras su base obrera -grandes sectores provenientes del «laborismo» que fuera absorbido por este movimiento de tinte nacionalista burgués encabezado por el militar Perón- veía con desconfianza a la jerarquía eclesiástica, asociada con la odiada «oligarquía golpista».
La Iglesia, entonces, después de haber visto con buenos ojos al movimiento peronista en su intento de hacer de la Argentina una «nación católica», volvió a apoyarse en el único sector que podía representar un «partido católico» estable y que no le disputara espacios de poder: el Ejército.
Cuando los militares y la Iglesia ya conspiraban planificando el golpe contra Perón, éste -para mantener el apoyo popular- suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas, introdujo la ley del divorcio y expulsó a dos obispos del país. Los trabajadores y los sectores populares, mientras tanto, con un elemental instinto de clase incendiaban iglesias en respuesta al bombardeo golpista de la Marina a la Plaza de Mayo, cuyos aviones portaban en las alas la inscripción «Cristo Vence».
Luego, la dictadura que sucedió al golpe, con Aramburu a la cabeza, suprimió la ley del divorcio, creó el obispado castrense y nuevas diócesis, con el objetivo de incrementar aún más la exclusiva capacidad de la Iglesia de tener el aparato de control de la población más importante del país.
A partir de entonces, con el peronismo proscripto, la Iglesia empezó a desempeñar el rol de «mediadora» en los conflictos obreros por la falta de otros «canales institucionales», al punto de representar un papel protagónico en las negociaciones con los emisarios de Perón en el exilio, para su regreso al país4.
3. Democracia o dictadura, las mismas leyes prohibiendo los anticonceptivos
En 1969, la cuestión demográfica vuelve a emerger como problema político, bajo la presión de los EE.UU. por implementar un mayor control de la natalidad en los países «subdesarrollados». Esta política, sugerida en el marco de la Alianza para el Progreso y presentada como un plan para la erradicación de la pobreza, fue resistida por su carácter intervencionista. En este rechazo, aún por distintos motivos, coincidieron desde la derecha católica nacionalista hasta la izquierda marxista.
Más tarde, ya iniciada la década del ’70, el gobierno de María Estela Martínez de Perón avanzó más aún contra los derechos sexuales y repro-ductivos, limitando enormemente los derechos individuales sobre la anticoncepción. Mientras las leyes que permiten el aborto se conquistan en los países centrales como consecuencia de la segunda ola feminista y sus movilizaciones y acciones políticas, el Ministro de Salud y Acción Social argentino, José López Rega, promulga el Decreto Nº 659 de 1974 que dispone controlar, mediante el expendio obligatorio de receta médica, la comercialización de anticonceptivos y prohibir el desarrollo de actividades relacionadas con el control de la natalidad. Además, se impidió la prestación de servicios de planificación familiar en los hospitales públicos, con la consecuencia de que sólo los sectores de la población con acceso a la medicina privada contaron con atención especializada en materia de anticoncepción, mientras las clases trabajadoras y los sectores populares quedaron prácticamente desprotegidos (Checa y Rosenberg, 1996).
Quienes ejecutaron el golpe militar de 1976 continuaron con la misma prédica del anterior gobierno democrático. En 1977, la junta militar promulga el Decreto Nº 3.938 «Objetivos y Políticas Nacionales de Población», en el que se señala que:
[…] el bajo crecimiento demográfico y la distorsionada distribución geográfica de la población constituyen obstáculos para la realización plena de la Nación, para alcanzar el objetivo de ‘Argentina-Potencia’ para salvaguardar la Seguridad Nacional.
También se propone otorgar incentivos para la protección de la familia y eliminar las actividades que promuevan el control de la natalidad. Pero si los primeros nunca se otorgaron, la coerción y punición para quienes incumplieran lo segundo se llevó a cabo de manera contundente.
La Iglesia, nuevamente, evidenció su fuerte vinculación al poder del Estado. Esta vez, la jerarquía eclesiástica y una considerable cantidad de miembros y adherentes fueron cómplices -por «pensamiento, palabra, obra u omisión»- de los crímenes perpetrados por la dictadura militar.
4. Tecnocracia de género y democracia para ricos
Una vez más, a contrapelo de las tendencias internacionales, la Argentina seguía implementando políticas coercitivas con respecto a la anticoncepción y el aborto. Mientras en nuestro país se preparaba el golpe de Estado que se concretaría en marzo de 1976, la ONU comenzaba a organizar las Conferencias Internacionales de la Mujer -un sistema de conferencias decenales, más otras intermedias cada cinco años- que lograron absorber las actividades de las organizaciones de mujeres al punto que, a pesar de haber sido resistidas en sus inicios por algunos sectores del movimiento feminista, terminaron incluyendo en su programa los foros paralelos de esas mismas ong’s críticas junto a las actividades oficiales (Falquet, 2004).
Mediante el pedido de informes de situación a cada país -realizados ante la inminencia de cada conferencia- y el otorgamiento de financiamiento para las ONG que los elaboraran, la ONU fue cooptando a grandes sectores del movimiento feminista en el mundo entero. Esta práctica no se limitó exclusivamente al movimiento de mujeres.
La cooptación alcanzó cifras indiscutibles: según la información de la OECD, en 1970, las ONG de los países latinoamericanos recibieron 914 millones de dólares; en 1980, la cifra ascendió a 2.368 millones de dólares y en 1992, rondó los 5.200 millones. Es decir que, en veinte años, el dinero destinado a las ONG se incrementó en más de un 500% (D’Atri, 2004).
La consecuencia que tuvo para el feminismo fue que muchas activistas pasaron a engrosar las filas de una nueva «tecnocracia», que se incorporó a los organismos multilaterales de desarrollo y las agencias internacionales de financiamiento, en la creación de proyectos de gobernabilidad, sustentabilidad y transparencia… con perspectiva de género.
En este período, que se extiende desde la década del ’80 hasta la fecha, la cuestión del aborto queda definitivamente englobada en la de los «derechos reproductivos», que es el modo en que estos temas se incorporaron en las agendas políticas del período, ligados a la exigencia por el «cumplimiento de los derechos humanos», que el imperialismo desplegó como bandera con la caída de las dictaduras que él mismo había sustentado en la etapa anterior. La regulación de la fecundidad se enfoca, desde esta nueva perspectiva, como un derecho de libertad individual que no debiera ser limitado por el Estado.
Pero en Argentina, el silencio todavía era la política de salud impuesta manu militari5. Del aborto no se hablaba y no se pudo hablar hasta bien entrada la democracia. Recién en 1985, a dos años de haberse reinstaurado el régimen parlamentario burgués, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, se ratifica en el Congreso la «Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer»6.
Sin embargo, las acciones en materia de regulación de la fecundidad no fueron más allá de algunos pronunciamientos sin consecuencias relevantes: se pusieron en vigencia disposiciones legales que garantizaban el derecho a la planificación familiar; pero no se aprobaron las normativas que debían poner en funcionamiento la asistencia a través de los servicios de salud.
Recién en 1987 se deroga el Decreto Nº 659 de López Rega, cuyo «espíritu» había permanecido vigente durante la dictadura genocida7 y se crea la Secretaría de la Mujer, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social.
Con la restauración del parlamentarismo, se asistió a la emergencia de luchas y reclamos de distintos sectores que habían sido reprimidos bajo el régimen castrense -entre ellos el feminismo-, que comenzaron a difundir las políticas y acciones de los organismos internacionales en éste y otros asuntos de interés para las mujeres. Su reaparición en la escena pública, sin embargo, tomó formas bien diferentes de la radicalidad con la que había emergido en los ’70. La cooptación a la que hicimos referencia le imprimió a la «apertura democrática» un carácter distintivo: «especialistas» en vez de «activistas», «ONG» en vez de «agrupaciones» y debates en foros internacionales que ocuparon el lugar de las antiguas movilizaciones.
Mientras tanto, el parlamento siguió autista frente a los reclamos, mientras el Estado implementaba sus políticas de cooptación. En las elecciones de 1989, que llevaron a la presidencia a Carlos Menem, la única mención en campaña relacionada con la fecundidad es la de su Partido Justicialista, que propone desarrollar una fuerte política natalista a través de la promoción estatal (Torrado, 2000).
Fue recién en 1995 que la Cámara de Diputados aprobó la ley de salud reproductiva que incluía la provisión de servicios gratuitos en los hospitales públicos. El propósito explícito era garantizar el «derecho a una maternidad sin riesgos» a las mujeres de toda condición social. La propuesta de este proyecto de ley tuvo, como telón de fondo, la aparición de la encíclica Evangelium Vitae, en la que Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, reiteraba su condena al aborto, la anticoncepción y la eutanasia, y responsabilizaba a los legisladores que promovieran o aprobaran leyes que ampararan las prácticas abortivas (Gutiérrez, 1998).
Tres diputadas de distintos sectores de la oposición burguesa presentan un proyecto común sobre salud reproductiva, convocando al movimiento de mujeres y a las activistas más reconocidas por su lucha por el aborto en Argentina a divulgarlo y apoyarlo. Después de arduos debates entre la Iglesia, el gobierno y la Cámara de Diputados, los medios de comunicación y las activistas, el proyecto se aprobó con algunas modificaciones y con el nombre de Ley de Procreación Responsable. Luego, la ley debía pasar a la Cámara de Senadores para su aprobación definitiva. Allí, con una mayoría oficialista, se dejó vencer el plazo para su tratamiento y quedó sin efecto su sanción, volviendo a foja cero.
El gobierno de Menem fue también uno de los más notables abanderados del establecimiento del Día del Niño por Nacer, una de las acciones impulsadas por el Vaticano en su renovada cruzada contra el derecho al aborto en todo el mundo, de la cual el presidente argentino fue un embajador meritorio premiado por la Santa Sede.
Más tarde, la asunción de la Alianza, una coalición de oposición burguesa al menemismo, recreó las esperanzas de numerosos sectores de la población en que las cosas cambiarían en todos los órdenes. Estas expectativas, sin embargo, se vieron rápidamente frustradas, al punto que el presidente De la Rúa debe renunciar ante las movilizaciones populares de diciembre de 2001, que dejaron un saldo de más de 30 muertos en todo el país, víctimas de la represión de las fuerzas policiales.
En el año 2002, bajo el gobierno provisorio de Eduardo Duhalde se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud, que es el que aún se encuentra vigente. La Iglesia recibió a cambio un papel preponderante en el Diálogo Argentino, una mesa conformada por diversas instituciones nacionales, el gobierno y auspiciada por las Naciones Unidas para el restablecimiento del orden institucional después de la crisis.
5. Los discretos encantos del doble discurso kirchnerista
En los últimos dos años, las expectativas se centraron en el gobierno de Kirchner que, con discursos encendidos y enfrentamientos vehementes a la jerarquía eclesiástica, logró que distintas organizaciones feministas y activistas de trayectoria consideraran propicio esperar confiadamente su desenvolvimiento en materia de aborto y derechos sexuales y reproductivos.
Dándole mayor preponderancia a Cáritas -el sector de la Iglesia encargado de la caridad que maneja cifras millonarias en materia de donaciones y subsidios- y fustigando con duros epítetos a los exponentes más reaccionarios de la jerarquía eclesiástica ligados al menemismo, los banqueros y otros personajes del poder del período anterior, el gobierno mantuvo una posición de negociación permanente con la Iglesia.
Con algunos «desplantes» menores que, en última instancia, se resuelven diplomáticamente y con una política de incorporación de la Iglesia en el manejo de los planes asistenciales a los desocupados, mantuvo el vínculo del Estado con la institución eclesiástica sin dejar de hacer «gestos» para la opinión pública de centroizquierda.
A pesar de que el mismo Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández, reiteraron en diversas oportunidades su oposición a la despenalización del aborto, el gobierno se vio enfrentando en un episodio con la Iglesia a raíz de las declaraciones del Ministro de Salud, Ginés González García. Éste habría señalado en un reportaje que era favorable a la despenalización, lo que causó la respuesta de Monseñor Baseotto, obispo castrense, quien declaró que al Ministro habría que ponerle una piedra al cuello y arrojarlo al mar. Su «metáfora bíblica» no podía ser interpretada sino como una amenaza, viniendo de un sacerdote encuadrado en las Fuerzas Armadas, responsables del asesinato de miles de personas precisamente a través de un método bastante similar al expresado por monseñor.
Mucho revuelo y pocas sanciones son lo que finalmente arrojó como resultado este lamentable episodio. El Vaticano, mientras agonizaba Wojtyla, envió su apoyo -provocador, por otra parte- al obispo castrense argentino que contaba como antecedente, además, con varias denuncias por declaraciones antisemitas y xenófobas en su contra. El gobierno, como respuesta, le retiró su salario que alcanzaba los 5000 pesos mensuales (el equivalente a 33 planes sociales con los que debe vivir una familia desocupada) y solicitó al Vaticano que se designara a otro obispo en su lugar.
No sólo no aprovechó la ocasión para eliminar la figura del obispado castrense creada bajo la dictadura de Aramburu, sino que en pocos días, asistió a la asunción del Cardenal Joseph Ratzinger como nuevo Papa -uno de los solícitos benefactores de Baseotto en todo este asunto-, además de conocido por sus posiciones ultraconservadoras durante más de veinte años al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Superado el incidente, el Ministerio de Salud inició una campaña publicitaria para la difusión del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable creado ya en tiempos de Duhalde. El argumento central con el que se presentó la campaña fue el de «evitar embarazos no deseados» y de esta manera reducir la cantidad de abortos clandestinos. Algo bien alejado de lo que las mujeres que han luchado por el derecho al aborto ya conocen: que la información y la asistencia en materia de anticoncepción, si bien es necesaria, no es suficiente para evitar las muertes por aborto séptico.
Además, la campaña anunciada de manera rimbombante se redujo a un spot publicitario en los medios de comunicación, durante un breve período de tiempo. Según el mismo Ministerio, las políticas de salud reproductiva abarcan sólo a un millón y medio de habitantes, una cifra muy lejana a las necesidades reales8. Otra medida que acompañó esta campaña fue la publicación de un «manual de atención post-aborto» para ser repartido entre los profesionales de la salud que se desempeñan en hospitales públicos. Allí se indica cómo atender a las mujeres que llegan al nosocomio con las consecuencias de un aborto incompleto y se sugiere, veladamente, que el personal no denuncie a la mujer ante las autoridades policiales. Sin embargo, perversamente, nada se avanzó, mientras tanto, para que la despenalización sea efectiva y que no quede en manos de los médicos, quienes denuncian a las mujeres muchas veces prejuiciados contra la práctica abortiva y, en otras ocasiones, atemorizados por una futura denuncia contra ellos por mala praxis.
Mientras estas medidas, más ruidosas que efectivas, aparecían en los titulares de los diarios, las trabajadoras y trabajadores de la salud iniciaban una lucha por aumento de salario y mejoramiento de las condiciones de los hospitales públicos en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Pcia. de Buenos Aires, etc.. El Hospital Garrahan, una institución modelo en atención pediátrica, fue el blanco preferido por el gobierno y los medios de comunicación para demonizar a los trabajadores e intentar torcer en su contra a la opinión pública. El mismo «progresista» Ministro de Salud fue, entonces, quien señaló que contra ellos había que aplicar todo el rigor de la ley.
II. «Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir». Historia de una lucha
1. Las voces de las proletarias: de la ideología clasista al voto femenino
La inmigración europea trajo a la Argentina, entre otras cosas, las ideas de la emancipación femenina. Entre las mujeres de las clases acomodadas, estas ideas se tradujeron en la demanda del derecho al voto, el acceso a la educación universitaria y el ejercicio profesional. Sin embargo, entre las mujeres trabajadoras y de los sectores populares, socialistas y anarquistas propagandizaron la unión libre, el derecho a decidir sobre la maternidad y la necesidad de que las tareas domésticas fueran compartidas por los varones.
Desde fines del siglo XIX, el anarquismo irrumpe en la clase obrera impugnando no sólo al Estado y la Iglesia, sino también a la moral y el modelo de familia patriarcal. En los periódicos, los encendidos discursos ácratas abordan las problemáticas relativas al placer sexual, la prostitución, el embarazo y las enfermedades venéreas, aunque son más escasas las referencias al aborto (Bellucci, 2003).
Sin embargo, este discurso libertario no estaba carente de contradicciones. Ya en los albores de 1896, un grupo de mujeres que se denomina anarco-comunista edita en Buenos Aires el primer periódico femenino: La Voz de la Mujer en el que escriben:
Compañeros y compañeras, ¡Salud! Y bien: hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, exigir decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida (cit. en Molyneux, 1997).
En este periódico, era frecuente el enfrentamiento con los varones que profesaban sus mismas ideas anarquistas.
Pero es preciso, señores cangrejos y no anarquistas como mal os llamáis, pues de tales tenéis tanto como nosotras de frailes, es preciso que sepáis de una vez que esta máquina de vuestros placeres, este lindo molde que vosotros corrompéis, ésta sufre dolores de humanidad, está ya hastiada de ser un cero a vuestro lado, es preciso, ¡oh!, ¡falsos anarquistas! que comprendáis una vez por todas que nuestra misión no se reduce a criar vuestros hijos y lavaros la roña, que nosotras también tenemos derecho a emanciparnos y ser libres de toda clase de tutelaje, ya sea social, económico o marital (op. cit.).
Años más tarde, durante el período del Estado de Bienestar -bajo el gobierno peronista- las mujeres argentinas accedieron al voto y ocuparon un lugar destacado en la producción, la educación y la cultura. Estos cambios, propiciados desde el mismo Estado, se acompañaban ideológicamente con la mistificación de la figura de Evita, convertida en un símbolo para las mujeres argentinas, comprometida maternalmente con los «descamisados» y manteniendo, simultáneamente, el lugar de «compañera» del líder. En el profuso imaginario del justicialismo, el amor y la entrega sacrificial de las mujeres a su familia y, por extensión, al pueblo desvalido, se presentaba como una elección y no como un rol ineludible determinado por la opresión social que pesaba sobre su género.
2. La liberación sexual y la lucha de clases de los ’70
Hasta finales de la década del ’60 no se dan, entonces, nuevas manifestaciones de lucha de las mujeres por los derechos reproductivos y el aborto. Recién en este período, al calor de las luchas obreras y populares que surcan ambos hemisferios -con el Mayo Francés, la Primavera de Praga, el Otoño Caliente italiano, los cordones industriales chilenos, las movili-zaciones contra la guerra de Vietnam y el Cordobazo argentino- surgen, en nuestro país, pequeños grupos feministas que comienzan a plantearse la cuestión de la maternidad y el aborto en los mismos términos en que lo estaba haciendo el más extendido movimiento feminista de los países centrales.
Las masas en lucha ponen en juego, también, el espacio privado, las relaciones entre los sexos y entre las generaciones, mientras la píldora anti-conceptiva y la moda unisex hacen factible la «revolución sexual».
Con este marco, en 1970 se crea la Unión Feminista Argentina (UFA) y un año más tarde, el Movimiento de Liberación Femenina (MLF), integrado por algunas mujeres con doble militancia, que también se enrolan en la izquierda marxista. Estos grupos, entre otros, instalarán el tema del aborto en la sociedad convulsionada de aquellos años, enfrentando la prohibición sobre la difusión y venta de anticonceptivos promulgada por el gobierno de María Estela Martínez de Perón y su Ministro López Rega. Un panfleto de UFA de esa época señala:
El embarazo no deseado es un modo de esclavitud.
Basta de abortos clandestinos.
Por la legalidad del aborto.
Feminismo en marcha.
En estos años, los partidos enrolados en lo que se denominaba la «nueva izquierda» también estimulan el agrupamiento de las mujeres en la lucha contra la opresión sexual. En 1974, el Frente de Izquierda Popular organiza el Movimiento Feminista Popular (MOFEP) y el Partido Socialista de los Trabajadores, de filiación trotskista, impulsa el grupo Muchacha, además de romper con los prejuicios de la izquierda vernácula, alentando el surgimiento del Frente de Liberación Homosexual en el que militaron Néstor Perlongher, Sara Torres, Zelmar Acevedo, etc.
Para el 8 de marzo de 1975, los distintos grupos de mujeres actuaron de manera unificada en el Frente de Lucha por la Mujer divulgando diversas consignas, entre las que se encontraba la de libre elección de la maternidad. Sin embargo, las fracciones y rupturas ocasionadas por las diferencias políticas, fundamentalmente alrededor de la cuestión de clase, fueron debilitando a los grupos, muchos de los cuales se disolvieron aún antes del advenimiento de la dictadura militar.
El golpe de Estado de 1976 impidió, a sangre y fuego, cualquier actividad política reivindicativa, sesgando la vida de miles de hombres y mujeres de la clase obrera, estudiantes e intelectuales que hoy engrosan la negra lista de 30 mil desaparecidos de nuestro país. Las actividades se suspendieron, muchas activistas feministas partieron rumbo al exilio junto a los miles de militantes y luchadores sociales que pudieron escapar de la represión. Otras permanecieron en el país, sin realizar actividades públicas, pero manteniendo grupos de estudio y discusión de textos feministas.
3. Conferencias de la ONU, «oenegización» y apertura democrática
Como señalamos anteriormente, con la reapertura democrática, ya iniciada la década del ’80, las antiguas demandas volvieron a emerger, pero en una época en la que las reivindicaciones ya tenían la impronta de la «oene-gización» propiciada por la ONU y las agencias multilaterales de financia-miento.
Muchas feministas fueron partícipes de numerosas organizaciones culturales, sociales, políticas, sindicales y profesionales que se crearon a la salida de la dictadura. La mayoría fueron asociaciones o fundaciones con status legal, que consiguieron financiamiento y desarrollaron actividades de carácter asistencial, de capacitación e investigación, previstas en los subsidios.
Como señalamos anteriormente, el concepto de «derechos reproductivos» reemplaza al término «aborto», despolitizando a este último, y pasa a integrar el discurso técnico en el que se manejan las agendas internacionales sobre políticas de población. Incluso las corporaciones internacionales de control de la natalidad adoptan el lenguaje de los derechos sexuales y reproductivos, con otros objetivos que difieren de los del feminismo. En la década del ’70 el crecimiento de la población representaba un problema por la escasez de alimentos y en los ’80, fueron el desempleo y la crisis económica los motivos para impulsar las políticas antinatalistas9. Esto permitió que la Iglesia adoptara argumentos retóricamente «antiimperialistas» para fundamentar su reaccionario rechazo al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo y decidir sobre su propio cuerpo.
Entre los grupos feministas que permanecieron fieles al espíritu movi-mientista, en los inicios de la democracia, se encuentra la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer (ATEM) que, en 1984 en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, repartió un panfleto en el que proponía la despenalización del aborto bajo la consigna: «No queremos abortar, pero tampoco queremos morir de aborto».
En 1987, durante las jornadas que ATEM organizaba anualmente, se realizó un debate sobre el aborto en el que se propuso la creación de una comisión que se dedicara exclusivamente a este tema, trabajando en la consecución de la despenalización. Haciéndose eco de esta propuesta, mujeres de distintos grupos feministas y con diversas ideologías y trayectorias constituyeron, el 8 de marzo de 1988, la Comisión por el Derecho al Aborto que, como primera medida, organiza un taller sobre aborto en el Encuentro Nacional de Mujeres de ese mismo año, imponiendo la consigna que aún hoy es distintiva del movimiento de mujeres en Argentina: «anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».
Dos años más tarde, el país fue sede del Vº Encuentro Feminista Latino-americano y del Caribe, que se realizó a pesar de la propaganda antife-minista y lesbofóbica que difundió el gobierno a través de los medios de comunicación. En este encuentro, las mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir proponen establecer el 28 de setiembre como Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Poco después, en 1994, en medio de una prédica fuertemente conservadora de parte del gobierno alineado automáticamente con el Vaticano, se constituyó Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (MADEL), una alianza de 108 organizaciones y grupos centrada particularmente en la demanda del derecho al aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Su principal objetivo fue organizarse en torno a la reforma de la Constitución Nacional propiciada por un acuerdo entre el presidente Carlos Menem y el jefe político de la oposición, Raúl Alfonsín, en lo que dio en llamarse el Pacto de Olivos. Esta reforma que obedecía, principalmente, a la intención del presidente de conseguir la posibilidad de ser reelecto, incluía otros temas que provocaron un fuerte debate. Entre ellos, el objetivo del Partido Justicialista en el poder y la jerarquía eclesiástica de introducir una cláusula sobre el derecho a la vida desde la concepción que impediría, a futuro, el tratamiento de una legislación sobre aborto (Gutiérrez, 1998).
Solicitadas en los diarios, actividades callejeras y, fundamentalmente, estrategias de lobby sobre los constituyentes fueron algunas de las acciones que impulsó MADEL en contraposición a las que impulsaban los grupos Pro-Vida y la Iglesia con el objetivo contrario.
Al año siguiente, la misma alianza se puso en juego con relación a la ley de procreación responsable y la participación de la delegación argentina en la conferencia de Beijing, cuando la representante oficial enviada por el gobierno declaró que la misión de la mujer argentina es la de ser «una clara imagen de mujer madre, de mujer esposa, de mujer que se une al varón para procrear» (Gutiérrez, 1998).
El movimiento retrocedió con el crecimiento del Frente Grande, una coalición de centroizquierda liderada, entre otros, por una mujer que se pronunciaba favorablemente a la legalización del aborto. La mayoría de quienes auspiciaban la lucha por el derecho al aborto depositaron esperanzas en una nueva opción de la política burguesa que ganó peso entre amplios sectores de las clases medias. Finalmente, junto a la tradicional UCR que fue la «otra pata» del bipartidismo nacional, formaron la Alianza que ganó la presidencia en el derrumbe del menemato. Las esperanzas, rápidamente, se vieron defraudadas por un gobierno que no hizo más que continuar la línea de su predecesor en todas las áreas.
4. Los Encuentros Nacionales de Mujeres
Los Encuentros Nacionales de Mujeres merecen un párrafo aparte. Iniciados en 1986 por la decisión de un grupo de feministas y mujeres activistas que habían estado el año anterior en la Conferencia Internacional de Mujeres de Nairobi, los Encuentros comenzaron con la participación de no más de mil mujeres de todo el país y hoy alcanzan una participación de entre 5 mil y 10 mil cada año. Convocados por mujeres feministas, de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, son un ámbito de discusión de problemas generales y específicos. Desde la deuda externa hasta el aborto, pasando por el tema de la prostitución, las cárceles, los medios de comunicación, etc.
Durante el IIIº Encuentro, realizado en la ciudad de Mendoza en 1988, la Comisión por el Derecho al Aborto organiza el primer taller sobre el tema, incorporándose a partir de ese momento en los temarios de talleres de todos los Encuentros subsiguientes. Sin embargo, en el XVIº Encuentro realizado en La Plata pocos meses antes del 19 y 20 de diciembre de 2001, la Comisión Organizadora, frente a la presión del gobierno provincial y la Iglesia Católica, eliminó el taller sobre aborto del temario. Este hecho, denunciado por las feministas platenses, llevó a que distintas organizaciones y partidos políticos de izquierda comenzáramos el Encuentro denunciando la maniobra e instando a rebelarse frente a esa decisión censuradora y a discutir sobre el aborto de todos modos.
Al año siguiente, en Salta, la Iglesia se organizó mejor aún y el PCR, desde la Comisión Organizadora, junto con sectores del gobierno de Romero intentaron impedir que la marcha de las mujeres pasara por delante de la catedral salteña. Esa misma maniobra se siguió repitiendo en los encuentros posteriores, para evitar el repudio masivo de las manifestantes a una institución reaccionaria que sólo impone sumisión, opresión, dolor y muerte sobre las mujeres.
El XVIIIº Encuentro realizado en Rosario en el año 2003 marcó una inflexión. La Asamblea por el Derecho al Aborto de Buenos Aires hizo una convocatoria amplia a organizaciones y partidos de izquierda para concurrir con una posición común consensuada a un enfrentamiento que se veía inevitable. El obispo de la sede donde se realizaría el Encuentro, mientras tanto, arengaba desde los medios de comunicación contra las «abortistas». Así y todo, miles de mujeres corearon la tradicional consigna «Anticon-ceptivos para no abortar, aborto legal para no morir» y varios centenares nos separamos de la marcha «oficial» para concurrir hasta la puerta del arzobispado y la catedral a escrachar a la Iglesia.
Por primera vez en 18 años, el Encuentro Nacional de Mujeres ocupó la tapa de un diario nacional, con titular y una foto a todo color de la enorme bandera violeta de 7 metros que rezaba «Por el derecho al aborto libre y gratuito», realizada por mujeres del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) y estudiantes y trabajadoras independientes quienes, de regreso del Encuentro, conformamos la agrupación Pan y Rosas.
La Iglesia, el gobierno y las organizaciones que participan de los preparativos del Encuentro sacaron conclusiones: para el año siguiente se votó como sede la ciudad de Mendoza, donde la opinión pública era bien desfavorable al Encuentro y a los temas que se debaten en el mismo.
El intento de las organizadoras de consensuar las opiniones divergentes, el recibimiento con afiches contra el aborto, graffitis amenazantes y hasta el estallido de una bomba casera en un ómnibus que transportaba a mujeres de la CTA hacia el Encuentro, no impidieron, sin embargo, que se discutiera el derecho al aborto una vez más.
Lamentablemente, los Encuentros Nacionales de Mujeres, por su propia definición impiden que la enorme energía desplegada por miles de mujeres trabajadoras y de los sectores populares, estudiantes y activistas se plasme en una organización permanente y con capacidad de generar acciones que, por un lado, desarrolle un movimiento de lucha por el derecho al aborto y otros derechos y, por otro lado, impida que la participación de nuestros propios enemigos en nuestro espacio de lucha -la Iglesia, el gobierno y los partidos patronales- tenga la misma relevancia, en sus conclusiones finales, que el pronunciamiento de miles de mujeres dispuestas a luchar por los derechos democráticos elementales que afectan a nuestras vidas.
5. Una nueva etapa en la lucha por el derecho al aborto
Retomando el desarrollo de la lucha por el derecho al aborto, decíamos que el gobierno de la Alianza había despertado esperanzas que, rápidamente, se vieron defraudadas. El 19 y 20 de diciembre de 2001, las movilizaciones sacudieron al país y derribaron al gobierno del presidente Fernando De la Rúa. Este movimiento impactó también en el feminismo. Muchas mujeres fueron partícipes de las asambleas, las movilizaciones y distintas formas de organización que surgían en diversos sectores, durante todo el año 2002.
El 8 de marzo, sumadas a las asambleas vecinales, las feministas marcharon hacia la Plaza de Mayo reivindicando el derecho al aborto en las puertas de la Catedral Metropolitana, contando -por primera vez en muchos años- con el apoyo de varones y mujeres que aplaudían y coreaban sus consignas. Otras mujeres, más jóvenes, se sumaban al movimiento portando una bandera violeta que rezaba «Revolución en las plazas, en las casas y en las camas». Luego, las obreras que tomaban la fábrica textil Brukman, en el corazón de la ciudad, organizaron un Encuentro de Trabajadores de Fábricas Ocupadas en medio de la calle y también allí concurrieron activistas feministas, logrando que una comisión tratara el tema del aborto y propusiera al plenario general luchar por la despenalización. En medio de esta situación de efervescencia es que puede entenderse el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el 2003 y al que ya hicimos referencia.
Con el impulso del Encuentro Nacional, ese mismo año, las movilizaciones por el Día de Lucha por el Derecho al Aborto en Buenos Aires contaron con la participación de más de 4 mil mujeres. En diciembre, se organizó el Iº Encuentro Regional por el Derecho al Aborto en la ciudad de Buenos Aires, impulsado por diversas organizaciones entre las que se encontraba la agrupación Pan y Rosas.
Pero el impulso de las jornadas de diciembre de 2001 se fue desvaneciendo lentamente a medida que avanzaban las políticas de reformas por arriba. El régimen político se recompuso y la estabilidad dio paso a la desmovilización. Para el año siguiente, el movimiento de mujeres y las feministas se encontraban nuevamente fragmentado. Las divisiones se establecieron entre quienes planteaban que era necesario tener confianza en el nuevo gobierno de Kirchner, que hacía algunos «gestos» políticos que parecían favorecer la situación de las mujeres en el país. Otras planteaban que había que confrontar con el gobierno y seguir junto a los movimientos sociales en sus luchas y reclamos.
Esta discusión la resolvieron los hechos mismos: el sector ligado a los movimientos autonomistas, retrocedió enormemente al punto de desaparecer de la escena política. Su estrategia de no exigirle al Estado la legalización del aborto, priorizando la práctica «autónoma» de solidaridad entre mujeres, se vio enfrentada a una realidad que evidenciaba la cooptación del mismo Estado a través del incremento de planes para microemprendimientos entre los movimientos de desocupados que trocaron la lucha por trabajo genuino por la gestión de subsidios. Por otra parte, el sector que privilegiaba la presión sobre algunas alas del gobierno que se mostraban favorables a la despenalización, siguieron reuniéndose para pensar «estrategias» que incluían desde campañas públicas de difusión y recolección de firmas hasta el manejo de influencias entre legisladoras, funcionarias, periodistas, etc.
La izquierda se retiró de la discusión o bien se alineó con alguno de estos sectores. El Partido de Trabajadores Socialistas y la agrupación Pan y Rosas permanecieron firmes en la convicción de que es necesario organizar a las mujeres trabajadoras y estudiantes en la lucha por nuestros derechos y que sólo la movilización nos permitirá arrancarle al Estado una ley que realmente contemple el derecho al aborto libre y gratuito.
Finalmente, tras las figuras públicas de la ex-diputada de la Alianza María José Lubertino, la especialista Martha Rosenberg y la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, decenas de grupos y personalidades públicas impulsaron la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuyo objetivo central es la recolección de firmas para ser presentadas al gobierno y al Congreso a fines de noviembre de este año. Pan y Rosas se sumó activamente a esta campaña, manteniendo sus principios de independencia de la Iglesia, el Estado y los partidos patronales y planteando, a diferencia de las organizadoras, la necesidad imperiosa de organizar comités activos de campaña entre las estudiantes y las mujeres trabajadoras.
III. «Los derechos no se mendigan, se conquistan». Conclusiones
La larga historia de la relación del Estado semicolonial argentino con la Iglesia Católica, de las políticas demográficas desarrolladas por diversos gobiernos, de tantas ilusiones rápidamente desacreditadas con que la centroizquierda intentó ganar el apoyo de las clases medias y de los sectores en lucha por los derechos democráticos, ameritan una conclusión.
El derecho al aborto es un derecho democrático elemental, para cuya consecusión apelamos a la más amplia movilización. Sin embargo, la unidad en la lucha por este derecho no puede implicar la subordinación a las estrategias de presión sobre ningún ala de los partidos patronales ni la ilusión de que la centroizquierda (que hoy encarna una candidata mujer, católica a ultranza y opuesta a la legalización del aborto) pudiera solucionar lo que, en décadas de historia, hemos visto que ha sido imposible.
La lucha por el derecho al aborto libre y gratuito es una de las banderas fundacionales de la agrupación Pan y Rosas y ha sido uno de los principales temas de acción, debate e incluso campaña electoral del Partido de Trabajadores Socialistas, desde su fundación. Sin embargo, no tenemos ninguna esperanza en el gobierno de Kirchner ni en sus ministros. Por el contrario, creemos que para lograr el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito tenemos que desarrollar la movilización, planteando una clara perspectiva independiente del Estado, el gobierno y todos los partidos que defienden a este régimen de hambre y entrega. Para ello, nuestras mejores aliadas y aliados son quienes hoy están saliendo a luchar en defensa de sus salarios como las trabajadoras y trabajadores del subte, de la salud, de la educación, de LAFSA, Parmalat, Astilleros Río Santiago, etc.
Porque como decía la feminista ítalo-argentina Julieta Lanteri, a principios de siglo, «los derechos no se mendigan… se conquistan». Ése es el espíritu que nos anima a continuar la lucha.
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NOTAS
1 El estudio señala las siguientes estimaciones regionales entre 1995-2000: África, 5 millones de abortos inseguros con un 13% de muertes maternas como consecuencia de esas prácticas; Asia, 9,9 millones y una tasa de muerte del 12% y Europa, 900 mil abortos clandestinos y una tasa que llega al 17% (Evaluación del plan de acción regional para la reducción de la mortalidad materna, OPS).
2 Datos de Rosenberg, Martha: «Libertad de vientres», Diario Página 12, 26/09/03.
3 En Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de 1852, Juan Bautista Alberdi afirmaba que la población era el instrumento básico del cambio que se deseaba para la República. En este libro se inspiró la Constitución Argentina de 1853. Su frase «gobernar es poblar» encerraba el sentido de «civilizar», fomentando la colonización del interior del país y su desarrollo.
4 La Iglesia consideraba que era necesario restablecer lazos con el peronismo, ya que sin él, el movimiento obrero era «inmanejable», en medio de los aires revolucionarios de los ’70. Fue así que se levantó la excomunión de la que Perón había sido objeto en los años de distanciamiento y éste devolvió el favor, retomando las buenas relaciones de antaño.
5 Entre otros, fue popular el slogan de la dictadura militar «el silencio es salud».
6 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, resolución 34/180, del 18/12/1979. Ratificada en Argentina por Ley Nacional 23.179, el 03/06/1985, fue incorporada a la Constitución Nacional en el artículo 27, inciso 22, en 1994.
7 Decreto 2.274 del Poder Ejecutivo Nacional: interpretando la cuestión de la repro-ducción bajo el concepto general de derecho humano, deroga el Decreto 659/74 prohibitivo del asesoramiento en materia de anticoncepción.
8 Según datos oficiales, este año el Estado repartirá 10 millones de preservativos, 450 mil dispositivos intrauterinos, un millón y medio de anticonceptivos inyectables y casi 6 millones de blisters de píldoras, lo que sumaría un 36% más que lo entregado en el 2004.
9Actualmente, el crecimiento demográfico se asocia a la crítica situación medioambiental, convirtiéndolo en un peligro potencial para las futuras generaciones.
27/6/2005