David Sánchez Carpio es licenciado en Ciencias Ambientales y Diplomado en Estudios Avanzados en Ecología y Medio Ambiente. Tenazmente y documentadamente involucrado en campañas contra transgénicos desde hace casi una década, es actualmente coordinador del área de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra. Se ha señalado recientemente que la publicación de las actas […]
David Sánchez Carpio es licenciado en Ciencias Ambientales y Diplomado en Estudios Avanzados en Ecología y Medio Ambiente. Tenazmente y documentadamente involucrado en campañas contra transgénicos desde hace casi una década, es actualmente coordinador del área de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.
Se ha señalado recientemente que la publicación de las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad pone de manifiesto la falta de rigor y el sesgo a favor de la industria de esta institución. Le pregunto primero por la Comisión. ¿Quiénes forman esa Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB)?
Es una comisión formada por miembros de diversos Ministerios, representantes de casi todas las comunidades autónomas y algunos científicos. Son 46 miembros, de los cuales solo 7 están en calidad de científicos, todos del mismo ámbito de la biotecnología, que no pueden evaluar impactos tan complejos como los que implica la liberación de los transgénicos al medio ambiente y a la alimentación. No incluye ni ecólogos, ni edafólogos, ni expertos en agricultura ecológica, derecho, ingenieros agrónomos o pesticidas, por poner solo algunos ejemplos. Además, al venir todos del mismo ámbito, el de la biotecnología, una disciplina donde la investigación está impulsada principalmente por multinacionales, casi todos los miembros tienen demasiada vinculación con la industria a la que deben regular.
¿Por qué esas actas ponen de manifiesto la falta de rigor de la Comisión? ¿En qué sentido se habla de falta de rigor?
La lectura de las actas muestran como se toman las decisiones dentro de la CNB. Se permite una constante falta de información por parte de las multinacionales (Monsanto, Syngenta, Bayer, Pioneer) a la hora de realizar ensayos experimentales al aire libre, información tan sensible como efectos toxicológicos, o a veces incluso la misma localización de los ensayos. Y sin embargo la CNB lo permite. Las multinacionales, en sus peticiones a esta comisión, afirman que los transgénicos no suponen ningún riesgo o daño potencial. La CNB constata que estas afirmaciones se hacen sin ningún tipo de rigor ni datos que las respalden, pero lo único que les piden es que lo digan de otra manera o eliminen esas afirmaciones, no que las demuestren. Por poner solo algunos ejemplos.
Se hablaba también del sesgo a favor de la industria. ¿Por qué ese sesgo? ¿Podría darnos algún ejemplo?
A través de todas las decisiones que toma esta comisión se puede ver como la CNB es totalmente permisiva con la industria y extremadamente dura con las peticiones de la sociedad civil. Las multinacionales no responden a los requerimientos de más información de esta comisión, y no pasa nada. No informan de las medidas de seguridad que toman, o mandan las cosas la tarde antes de las reuniones, envían links como respuesta a requerimientos oficiales… No se pide investigar posible contaminación de plantas silvestres, pero se piden varios dictámenes jurídicos para no facilitar información al público. En concreto, para enviar la localización de los campos transgénicos experimentales, a lo que estaban obligados por sentencia judicial, tardaron año y medio. Y está claro a quién favorece que esta información siga siendo confidencial.
Amigos de la Tierra ha analizado en un nuevo informe las actas de la CNB, publicadas después de permanecer ocultas durante años a la opinión pública. ¿Ocultas durante años? ¿Por qué? ¿Qué secretos tienen que ocultar esa Comisión Nacional?
Si por algo se ha caracterizado la política sobre transgénicos aquí ha sido por el oscurantismo. Y es precisamente la falta de información al público la que ha permitido que el cultivo se extienda de esa manera, o que el Estado Español sea el campo de experimentación de las multinacionales en Europa. Hay una pregunta que nunca, ni desde la industria, ni desde el Gobierno se nos sabe responder. Si realmente están tan convencidos de las bondades y seguridad de los transgénicos, ¿por qué este secretismo, esta falta de transparencia? A través de las actas de la CNB obtenemos mucha información: qué medidas de seguridad se imponen a los campos experimentales transgénicos, qué opina el Gobierno de los nuevos transgénicos que Monsanto o Syngenta quieren introducir en Europa… Y se nos niega esta información tan básica.
La industria y los altos cargos del Ministerio confían en que cuanta menos información tiene la población, menos debate se produce. Los transgénicos son una política que intenta llevarse con el perfil más bajo posible, para que no les estalle. Este es uno de los temas en los que más se manifiesta la importancia vital de la información y la transparencia.
Se ha hablado también de las reuniones de este órgano «supuestamente científico» que asesora al Gobierno en materia de transgénicos. ¿Por qué supuestamente científico?
La industria ha querido siempre vender el mito de que los transgénicos son los productos más evaluados y seguros de la historia, ya que pasan por comités científicos independientes. La realidad es que los únicos estudios que se realizan antes de aprobar un alimento transgénico los realiza la propia multinacional. Y son revisados por estos comités científicos. En el caso de la CNB, de sus 46 miembros, tan solo 7, como decía, son científicos. Y ya hemos comentado su área de actividad y relaciones con la industria.
Insisto sobre este punto. Durante años se ha afirmado críticamente: «la industria ha intentado construir el mito de que los transgénicos eran los alimentos más seguros y evaluados de la historia. Sin embargo, un análisis de los organismos de evaluación y control demuestra que esta afirmación es absolutamente falsa». ¿Por qué es falsa esa afirmación? ¿Por qué no son los más seguros de la historia pero sí son seguros? ¿No son acaso los más evaluados?
Como comentábamos antes, la industria, con la colaboración de Gobiernos como el español, han organizado comités de evaluación científica que ni evalúan ni controlan, pero sirven para decir que los transgénicos están bajo control. Hay ya demasiadas evidencias sobre los impactos de los transgénicos que se niegan sistemáticamente desde los organismos de regulación. Y ya no resulta creíble.
Halemos de estos impactos. Dígame algunas razones básicas para dudar de la seguridad y bondad alimenticias de los transgénicos.
Llevamos unos 15 años de cultivos transgénicos a nivel global, y existen ya pruebas suficientes de sus impactos e incertidumbres. No existe ningún estudio independiente que haya demostrado su seguridad sobre la salud humana a largo plazo. Varios estudios independientes han demostrado que algunos transgénicos causan toxicidad en el hígado o riñones de ratones, o que disminuyen su fertilidad. Y si se experimenta con ratones es porque son un modelo de lo que puede suceder en el ser humano. Ha habido que retirar maíces del mercado por su potencial alergénico, como el maíz Starlink en EEUU. En los principales países que los cultivan, los productos con transgénicos no están etiquetados, por lo que si surge algún problema, es prácticamente imposible relacionarlo con la causa. Los comités científicos públicos que controlan su seguridad, como la CNB o la EFSA, son con demasiada frecuencia centro de la polémica por la facilidad con la que sus miembros se mueven entre la industria y los comités que la regulan. La jefa del panel de transgénicos de la EFSA dio el salto este año hacia Syngenta, por poner tan solo un ejemplo.
Dejando a parte sus impactos ambientales, sociales y económicos, hay suficientes motivos como para rechazar consumir transgénicos.
¿Es cierto que España es el único país de la Unión Europea que permite el cultivo de transgénicos a gran escala, mientras que ya son diez los países de la UE que han prohibido el cultivo de maíz transgénico, y otros cinco han recurrido judicialmente la aprobación del cultivo de la patata transgénica? ¿No se cultivan también en Argentina y Estados Unidos?
Los transgénicos se cultivan básicamente en cinco países, todos ellos americanos. Casi la mitad se cultivan en EEUU, el resto entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Todos son países con una agricultura fuertemente industrializada y orientada a la exportación. Hay otros países que los cultivan, pero en cantidades muy limitadas.
Los transgénicos son cultivos que no van destinados al consumo humano, van casi en su totalidad para alimentación del ganado y producción de agrocombustibles. Las multinacionales han centrado su negocio en semillas que generan mercancías para el mercado global, no alimentos para la población local.
Se ha apuntado que las recomendaciones y deliberaciones de la CNB se basan con frecuencia en criterios políticos y no en criterios científicos. ¿Me puede poner un ejemplo?
Por ejemplo, cuando Alemania decide prohibir el cultivo de maíz transgénico, presenta ante la Comisión Europea las nuevas evidencias científicas sobre los impactos de este maíz: daños sobre la fauna del suelo o de los ríos, incertidumbres sobre la salud o la imposibilidad de que convivan un modelo de agricultura transgénica con una agricultura convencional o ecológica por la contaminación. La CNB se da por enterada, y lo despacha diciendo que aquí no pasa nada.
Los Gobiernos que se oponen a los transgénicos han presentado sus evidencias científicas. El Gobierno Español nunca ha presentado los estudios o investigaciones en las que se basa para facilitar su cultivo aquí.
Déjeme que insista en un punto anterior. La CNB, se sostiene, «ni tan siquiera sanciona cuando las multinacionales incumplen las condiciones de la autorización impuestas por la propia CNB». ¿Está entonces al servicio de las multinacionales en su opinión?
La CNB simplemente deja a las multinacionales hacer a su antojo. Por ejemplo, en campos experimentales al aire libre, cuando no cumplen las órdenes de la CNB de destruir todos los restos del cultivo después de la cosecha para evitar rebrotes o contaminación, la CNB no hace nada, y sigue autorizando nuevos ensayos. Tampoco consta que nadie vaya a inspeccionar que ha pasado en ese campo, o si las remolachas o maíces transgénicos experimentales están rebrotando la temporada siguiente.
Dentro del Gobierno español, se ha señalado también, «nadie quiere asumir competencias, responsabilidades y decisiones que tengan alguna relación con los transgénicos, dejándolo todo al criterio de la CNB». ¿La ministra de Medio Ambiente no tiene esas competencias?
Lo que hemos comprobado durante el mandato de Elena Espinosa es que los transgénicos son un tema extremadamente incómodo que nadie quiere asumir. Ni dentro del Ministerio, donde distintos Directores Generales se pelean para no asumir esas responsabilidades, ni entre distintas administraciones. Los transgénicos deben ser el único caso en el que las CCAA se pelean con el Gobierno por no asumir competencias.
Para no asumir las responsabilidades, se deja todo al criterio de la CNB, y ya hemos hablado de su composición y simpatías. De hecho, ante las informaciones por las filtraciones de Wikileaks, la única defensa del Gobierno es decir que la evaluación científica es rigurosamente realizada por la CNB. Sospechamos que no se han leído las actas…
Le pregunto más tarde sobre Wikileaks y los transgénicos. ¿Qué debería hacer la nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, en este asunto? ¿Debería desmantelar la CNB como se ha señalado y crear un comité transparente y independiente y que abarque todos los impactos de la liberación de transgénicos al medio ambiente? Por lo demás, ¿qué impactos formarían parte de ese todo que se ha señalado?
Lo primero que Rosa Aguilar debe hacer es prohibir el cultivo de maíz transgénico en nuestro país, como han hecho las principales potencias agrícolas europeas (Francia, Alemania, Polonia, Italia…). A partir de ahí, y de una moratoria sobre nuevos ensayos experimentales, podemos empezar a discutir y formar nuevos comités que realmente evalúen los transgénicos. Para que este debate sea real, democrático y transparente, debe realizarse incluyendo a científicos y expertos en las diversas disciplinas afectadas por los transgénicos. Producen daños a los insectos en el suelo y en las aguas, por lo tanto debe incluir entomólogos y limnólogos. Genera problemas legales y económicos a los agricultores ecológicos, luego debe haber expertos en derecho agrario y en agricultura ecológica… Hay evidencias de toxicidad, debería haber expertos en toxicología y en salud pública. Y así un largo etcétera. Y por supuesto, la sociedad civil debe estar implicada en el debate.
Y sobre todo, no tenemos que dejar llevarnos por las presiones e intereses de la industria. Una tecnología puede estar disponible, pero no tiene por qué ser social, ambiental o económicamente deseable. No necesitamos los transgénicos para nada, y no hay que tener miedo a plantear una prohibición a largo plazo.
¿Cree que el principio de precaución es útil, es necesario en este ámbito?
Es imprescindible aplicarlo, aunque ahora mismo no se esté aplicando en España. Pero no tiene por qué ser una medida provisional. Los transgénicos, después de todos estos años de cultivo, han demostrado sus impactos, y el modelo de agricultura industrial que generan. Ya no pedimos moratorias, queremos la prohibición de su cultivo y una apuesta por un modelo de agricultura social y sostenible.
Aunque lo puedo conjeturar con éxito, yo no sé si usted se alimenta de transgénicos, acaso involuntariamente sí lo haga, pero la ministra de Medio Ambiente ha declarado públicamente no tener miedo a la ingesta de este tipo de alimentos. ¿Qué le parecen estas declaraciones? ¿Son razonables? ¿Está informado la Ministra del terreno que pisa?
Por un lado, la declaración esta bastante forzada por el periodista que se la realizaba. No conocemos la postura de Rosa Aguilar sobre este tema, pero como responsable del Ministerio debería ser un poco más cauta con las declaraciones que hace sobre este tema. Las organizaciones ecologistas, agrarias y de consumidores le hemos solicitado la prohibición del cultivo de transgénicos como uno de los primeros gestos de su paso por el Ministerio, como una forma de demostrar un cambio real.
En cuanto a si estas declaraciones son razonables, consideramos que hay suficientes motivos como para evitar a toda costa el consumo de transgénicos. Hasta el 15% de los productos que contienen maíz y soja en el mercado están contaminados por transgénicos, según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Y si se ha llegado a este nivel de contaminación, lo que un responsable político debe hacer es plantearse por qué y poner remedio a la situación. Mientras tanto, le recomendamos a Rosa Aguilar que, si le gusta el maíz, lo consuma ecológico, ya que debido a la gestión del Gobierno, es el único que nos garantiza que no está contaminado por transgénicos.
Déjeme añadir alguna pregunta de última hora en base a unas informaciones de Rafael Méndez en El País de 19 de diciembre de 2010 [1]. «EE UU: «España nos pide que presionemos a Bruselas a favor de los transgénicos»». Los cables de Wikileaks revelan una alianza entre EE UU y el Gobierno para defender los organismos genéticamente modificados. La embajada usamericana había mediado, según parece, a favor de Monsanto y en contra de las posiciones de Francia y la Comisión europea. España es «el mayor aliado» de EE UU en su pugna a favor de los transgénicos en Europa. ¿Le parece razonable esa información? ¿España en el mejor aliado, el caballo de Troya norteamericano, en Europa en el asunto de los transgénicos?
Esta información que publica EL País a partir de los cables filtrados viene a confirmar lo que ya imaginábamos, pero ahora tenemos documentado y por escrito. España es un país clave para Monsanto y la industria, por sus características agrarias y por la facilidad que le han puesto para introducir sus productos las diferentes administraciones. España es la puerta de entrada de los transgénicos en Europa, y ahora podemos comprobar en los cables el nivel de lobby y presión que ejercen las empresas y la embajada americana.
Pero los cables dejan en evidencia a aquellos que han trabajado al servicio de la embajada americana y de las multinacionales en lugar de para los fines de su cargo. Es el caso del Secretario de Estado de Agricultura, Josep Puxeu, o del Secretario General de Comercio Exterior, Alfredo Bonet. El por qué defienden estos intereses, en vez de al medio ambiente, los derechos de los consumidores, o la defensa de nuestros agricultores, es algo que deberían explicar.
¿Cree plausible que, como se afirma, el secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, llegara a pedir a la embajada USA que «mantuviera la presión» sobre Bruselas para que la biotecnología siguiera siendo una opción para los Estados miembros? En un informe de 19 de mayo de 2009, se afirma, un mes y cinco días después de que Alemania se sumara al veto del maíz transgénico MON810 que ya tenían Austria, Grecia, Hungría y Luxemburgo, la embajada recoge la impresión extendida entre la industria de la biotecnología de que «si España cae, el resto de Europa le seguirá». Tal es la importancia que da a España en la soterrada lucha de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
España es un país clave, y el que ha sido sometido a más presión por parte de la industria. Seguramente debido a que es una democracia joven, con menos regulación de las actividades de lobby y presión, ha sido más fácil introducir su cultivo. Y ahora, cuando es prácticamente el único país que lo cultiva, significa demasiado para la industria a nivel global. Por eso no sorprende que tenga aliados tan fieles dentro del Gobierno español que le ayuden a defender los transgénicos incluso a nivel europeo.
España, decía, es un país clave, y también la sociedad civil de aquí tenemos una gran responsabilidad en frenar el avance de los transgénicos. Una Europa que resiste a Monsanto es una señal muy clara de apoyo y ánimo a los movimientos que resisten en otros continentes.
¿Es posible, en su opinión, que la defenestración de Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente estuviera motivada por presiones norteamericanas?
Cristina Narbora es una persona comprometida con el medio ambiente, y por lo tanto entabló muchos conflictos durante su paso por el Ministerio. Los transgénicos fueron uno de ellos, con una lucha constante entre los ministerio de agricultura y medio ambiente. Su caída, y la fusión de los ministerios, a la luz de los cables de la embajada americana, es probable que tuviera que ver en parte con los transgénicos.
Cristina Garmendia, la actual ministra de Universidades y Ciencia, ¿es una aliada, en temas de OGM, con los intereses de la industria en las discusiones del gabinete como se afirma en uno de los cables?
No conocemos las discusiones que se producen en el consejo de ministros, pero Cristina Garmendia era la presidenta de la asociación de empresas de biotecnología justo antes de entrar al Gobierno. Pasó de hacer lobby a favor de los transgénicos al Consejo de Ministros. Así que no es nada arriesgado creer lo que dice la embajada americana, que es una defensora de los transgénicos dentro del gabinete.
En uno de los cables se afirma que Monsanto sostiene que la situación responde a un «acuerdo de facto entre el Gobierno de Francia y Greenpeace y Amigos de la Tierra por el cual el Ejecutivo francés apoyaría el movimiento libre de transgénicos si los activistas miraran para otro lado en las iniciativas nucleares de Sarkozy». ¿Es el caso?, ¿ustedes han pactado con Monsieur Sarkozy su silencio en temas nucleares?
La prohibición de los transgénicos en Francia vino seguida de un análisis de las evidencias sobre sus impactos. Está basada en hechos científicos. Monsanto es la principal empresa perjudicada por esta decisión, y, por lo tanto, tiene que inventarse teorías para explicarla sin reconocer la peligrosidad de sus semillas. Tanto Greenpeace Francia como nuestros compañeros de Les Amis de la Terre siguen haciendo campaña contra las nucleares antes y después de la prohibición del cultivo de transgénicos en Francia.
Nota:
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