La deriva que el conflicto minero ha seguido en León desde las movilizaciones de principios del verano, ha ido por derroteros tan imprevisibles en aquellos momentos de euforia, emociones, adhesiones y unanimidades, como la actual falta de unidad entre los mismos mineros. La previsible solución del conflicto mediante el ‘diálogo’ con la patronal en el […]
La deriva que el conflicto minero ha seguido en León desde las movilizaciones de principios del verano, ha ido por derroteros tan imprevisibles en aquellos momentos de euforia, emociones, adhesiones y unanimidades, como la actual falta de unidad entre los mismos mineros. La previsible solución del conflicto mediante el ‘diálogo’ con la patronal en el que las centrales sindicales tomarían, como siempre, su arte y su parte, ha llegado a situaciones de confrontación entre los mineros de interior, votando por la vuelta al trabajo y los mineros de los cielos abiertos que vienen sosteniendo una nueva huelga desde el 23 de agosto. Los últimos días han sido testigos de la lamentable falta de unidad, de la intervención de la Guardia Civil para ‘proteger’ a los que quieren ir a trabajar, así como la arremetida del empresario Victorino Alonso amenazando al comité de huelga con el despido para todos sus componentes. Amenaza a todas luces ilegal, pues durante una huelga legal no puede haber despidos. Una huelga, todo hay que decirlo, cuya convocatoria y desconvocatoria se hicieron sin que fueran resultado de acuerdos tomados en asambleas de los trabajadores, y que ha producido un desgaste formidable tanto psicológico como económico para las familias que, es este contexto de crisis, se vieron privadas de cualquier ingreso para sobrevivir.
Al primer fracaso, la cerrazón del Gobierno a cualquier negociación sobre la reducción de la ayuda a la minería, siguió el recibimiento que la patronal de UMINSA reservaba, al regreso de una huelga de dos meses, a los trabajadores a los que utilizó como compañeros de viaje en esa huelga por las subvenciones: un cambio sustancial de las condiciones de trabajo que afecta a los horarios, los sueldos, las vacaciones, las horas extra, etc. Por eso se lamentaban algunos de la ‘ingratitud’ del empresario para con ellos. Y aun hoy, se oye, unido a las increpaciones más duras contra él, el mismo lamento: «Le estuvimos apoyando para que le dieran las subvenciones y ahora, ¡mira cómo nos trata!»
En su momento, ante aquella mezcla variopinta de intereses que unió a tanta gente en las manifestaciones de junio-julio, dijimos que nunca puede ser la misma, la lucha de los trabajadores y la del capital. La perversión es hoy patente. Victorino Alonso, el dueño de UMINSA, la empresa en la que se desarrollan estos conflictos, ha sido capaz, no sólo de enfrentar cuando le convino, a los mineros (y a la sociedad sensible a la causa de estos) contra el Gobierno que le reducía las subvenciones, sino que ahora, que por fin va a recibir la ayuda, se sirve de la grave situación de dependencia económica de las familias mineras para enfrentar a los obreros entre sí. La estampa de la lucha fratricida que nos ofrecen los medios de comunicación es realmente patética. Los medios todos ellos, así como los políticos, cargos públicos que tanto les jalearon y bien que se arrimaron a ellos para la foto, son hoy testigos mudos.
Y los sindicatos… Hasta cuándo van a sostener la separación de las luchas obreras por sectores de explotación, un recurso de organización del trabajo que sólo interesa a los patronos capitalistas y al orden social capitalista. Pero, y nosotros? No reconocíamos en la solidaridad de clase nuestra mayor fuerza en nuestra batalla diaria en la lucha contra la explotación laboral? Con qué categorías pensamos, con las de pertenencia a distintos sectores de producción, que es un ordenamiento de la economía orientada a la ganancia de los empresarios, o nuestra categoría universal como trabajadores que para sobrevivir tenemos que venderles nuestra fuerza de trabajo? Sólo la coordinación y la solidaridad en las luchas de los trabajadores podrán hacer frente a los envites y las nuevas vueltas de tuerca en sacar cada vez más esfuerzo de nuestro cuerpo, que ahora con la excusa de la crisis, el déficit, la competitividad, pretende el Capital.
Ante el endurecimiento de las condiciones laborales, los trabajadores presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional en concepto de irregularidades: cambios en los turnos de trabajo (6 días seguidos con jornadas de 10 horas y 3 días de obligado descanso); reducción de salarios, con pérdidas de hasta 400 €; reducción en las horas extra, que la empresa nunca había declarado (fraude consentido desde la Administración)… La empresa responde con cartas de despido para todos los miembros del comité de huelga compuesto por gente de interior y de exterior. Como consecuencia algunos aceptaron la vuelta al tajo, pero no todos los de exteriores. En una asamblea reciente de estos últimos, el 60% decidió continuar la huelga. Insisten en que para «arreglar este problema» la empresa debe retirar los despidos y las sanciones a los trabajadores y recuperar las anteriores condiciones laborales.
La empresa está urgida por los cupos de entrega del carbón comprometidos, y no es capaz de cumplir este compromiso con la escasa producción de los pozos, pero sí con la de los cielos abiertos; de modo que esta es la última baza con la que cuentan los trabajadores para que el empresario se avenga al menos a una negociación a la que se niega y en la que reclaman a la Junta de Castilla y León que ponga su empeño en que se produzca la negociación.
Efectivamente, la empresa puede conseguir ese cumplimiento con una producción más rápida en las extracciones a cielo abierto, pero contratando a más gente, comprando nueva maquinaria, lo que significa más gasto. Lo que la empresa pretende es repercutir ese gasto, por imposición y no por negociación, sobre los trabajadores. Es decir, imponiendo más trabajo por menos dinero a los que están actualmente ya en plantilla.
En este sentido las administraciones tienen que mediar de una forma decisiva y eficaz, y en protección a la población, en este caso los trabajadores mineros. Esa es hoy la esperanza que estos trabajadores tienen, de modo que su demanda se dirige hacia quienes tienen el compromiso ineludible hoy con los trabajadores de UMINSA para que obligue a esta empresa a negociar, a retirar los despidos y las sanciones y recuperar las anteriores condiciones laborales. Una dejación en sus funciones le quitaría a la Administración- Junta de Castilla y León- toda legitimidad ante la población trabajadora y la dejaría sin motivos de reproche ante acciones más contundentes a las que se verían abocados.
Para finalizar, reiteramos nuestra visión expresada en la entrega anterior: «Es posible que la población de las zonas mineras haya estado involucrada en el anterior conflicto por sus propios intereses. Eran sectores populares que veían sus vidas amenazadas pero que probablemente no entendieron que su desentendimiento de las leyes antiobreras emitidas por los gobiernos de turno, es el caso de la última Reforma Laboral, es el caso de la última reforma de la Constitución de hace una año, afectaría de este modo a sus vidas siendo como somos todos sectores populares y que como tales debemos actuar con la convicción de que es necesario que nos unamos más allá de los conflictos particulares.
¿Llegaremos a entender las gentes que tanto apoyo mostramos en la anterior huelga minera que en ésta necesitan aun más apoyo y compromiso que en la anterior? En ésta sólo van a contar con nuestro apoyo, el de los sectores populares y de los trabajadores…»
Pilar García y José Mª Fernández. Red Roja-León
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