Desde septiembre de 2012, sólo se ha hecho un informe, por parte del Ministerio Fiscal, en el que es solicita un ofrecimiento de acciones a todos los lesionados durante las protestas. Casi dos años después de las protestas de Rodea el Congreso, en septiembre de 2012, el Juzgado de Instrucción Num. 35 no ha emprendido […]
Desde septiembre de 2012, sólo se ha hecho un informe, por parte del Ministerio Fiscal, en el que es solicita un ofrecimiento de acciones a todos los lesionados durante las protestas.
Casi dos años después de las protestas de Rodea el Congreso, en septiembre de 2012, el Juzgado de Instrucción Num. 35 no ha emprendido ninguna acción para la instrucción de la denuncia por malos tratos a los detenidos durante las protestas. «No sabemos nada», señala a Diagonal Eric Sanz de Bremond, abogado de Legal Sol, quien explica que, a principios de año, cuando fueron citados para el visionado de unos vídeos relacionados con las causas abiertas contra los detenidos, preguntaron a la juez y fiscal y la respuesta de la juez fue «¿qué denuncia?».
Por su parte, la fiscal dijo que había solicitado que se hiciera un ofrecimiento de acciones –mediante el cual se ofrece a los denunciantes la posibilidad de personarse en el procedimiento y reclamar por los daños recibidos–. «Cuando miramos los diez tomos de la causa, lo único que vimos desde septiembre de 2012 es un informe del Ministerio Fiscal en el que se pide que se les haga a los lesionados –policías y ciudadanos– un ofrecimiento de acciones, pero la juez no ha citado a nadie y esos documentos nunca se nos han notificado». Sanz recalca que, con la causa del 25S, «está siendo habitual que no se nos notifique nada».
«El primer sentimiento es el de incertidumbre, no sabes si esta demora es normal, si es a propósito para que se enfríe el asunto o para desanimarnos… ni si quiera nos han llamado para declarar, ni en su causa contra nosotros ni por nuestra denuncia», explica Gabriel Jiménez, uno de los detenidos durante las protestas del 25S. «Si finalmente no pasa nada, la sensación que se te queda es de que hay una total impunidad«.
La denuncia, interpuesta el 20 de diciembre de 2012 por 27 de las 35 personas detenidas durante las protestas, señala la actuación de los agentes de policía infiltrados en las concentraciones, las cargas «desproporcionadas e indiscriminadas» de la policía contra los manifestantes, la violencia empleada contra las personas detenidas en el momento de la detención y falsedad en los atestados policiales.
El escrito denuncia también el trato degradante recibido por parte de los funcionarios de la comisaría de Moratalaz, donde se ubica la Brigada Provincial de Información y el retraso en la puesta a disposición judicial de los detenidos, que pasaron en las dependencias policiales cerca de 48 horas. «Muchas de las personas que allí estábamos teníamos lesiones y habíamos sufrido traumatismos durante la detención. A pesar de ello se nos obligó a permanecer en pie varias horas hasta que uno de nosotros se desmayó y fue conducido al hospital. A partir de entonces, se nos permitía sentarnos algunos minutos», relata la denuncia, que afirma que a algunos de los detenidos se les negó asistencia médica cuando la solicitaron, como fue el caso de Gabriel Jiménez, quien llegó a la comisaría después de ser atendido en el hospital, donde le pusieron «seis o siete grapas en la cabeza». «En el Hospital, me dijeron que tenía que tomar analgésicos y antiinflamatorios, pero en la celda me los negaron. Ya la segunda vez pedí asistencia médica, pero ni me llevaron a enfermería ni vino nadie a verme, no hicieron nada», continúa. No dejarles ir al baño, darles sólo un brick de leche al día de bebida, desorientarles mintiéndoles en cuanto a la hora del día y encendiendo y apagando las luces son otros hechos denunciados por las personas detenidas.
Gabriel subraya, además de los malos tratos recibidos en Moratalaz, las «mentiras en los atestados policiales». En su caso, el informe de la policía le acusa, junto a su compañera, de lanzar piedras y resistirse a la detención, por lo que le imputa delitos de atentado a la autoridad, desorden público, desobediencia y resistencia. Según explica, la policía le metió piedras en la mochila. «Es una suerte que lo tenemos casi todo grabado», señala tras recordar que, en un principio, también les acusaron de delitos contra las altas instituciones del Estado, pero la Audiencia Nacional archivó la causa.