Como todos los años, el Ministerio de Hacienda presenta los Presupuestos del Estado y, como todos los años, se escuchan los mismos tópicos. Uno no sabe qué admirar más, si las simplezas que el Gobierno suele emplear para defenderlos o las de la oposición para criticarlos. Para el Gobierno, sea el que sea, los Presupuestos […]
Como todos los años, el Ministerio de Hacienda presenta los Presupuestos del Estado y, como todos los años, se escuchan los mismos tópicos. Uno no sabe qué admirar más, si las simplezas que el Gobierno suele emplear para defenderlos o las de la oposición para criticarlos. Para el Gobierno, sea el que sea, los Presupuestos siempre son sociales, dan prioridad a la inversión pública y favorecen el crecimiento y el empleo. En esta ocasión, se afirma que los gastos sociales representan más de la mitad del gasto total, lo cual no tiene nada de extraño si tenemos en cuenta que, en nuestro Estado de las Autonomías, la Administración Central ha quedado reducida a pagar las pensiones y poco más, y encima este año se contabilizan como gastos en sanidad mil setecientos millones de euros que el Estado va a transferir a las Comunidades, aunque no se entiende muy bien el fundamento de esta denominación, porque, aunque la sanidad haya sido el pretexto, los gobiernos autonómicos pueden dedicar estos recursos a otros menesteres, acaso, como Madrid, a bajar el impuesto de sucesiones a los ricos o tal vez, como Cataluña, a hacer publicidad del Estatuto.
Desde el Partido Popular se afirma, como es lógico, que son los típicos Presupuestos socialistas con más impuestos y más despilfarro. La verdad es que ya me gustaría a mí que fuesen unos Presupuestos socialistas, pero de eso ya no queda. Estos Presupuestos no son muy distintos de los que hubiese elaborado el Partido Popular. Quizás se dan, sí, algunos guiños progresistas como el de incrementar las pensiones mínimas por encima de la inflación, pero desde luego éstos no constituyen motivo suficiente para afirmar que la orientación es básicamente diferente de la de los Presupuestos elaborados años atrás por los gobiernos del PP, y mucho menos para calificarlos de socialistas.
De subida de impuestos, poco. Ni siquiera se han propuesto corregir las contrarreformas fiscales realizadas en la época anterior, y más bien las consolidan año a año deflactando la tarifa. Los tributos que se elevan son únicamente los indirectos sobre el alcohol y el tabaco; en realidad, para subsanar, aunque sea parcialmente, la infravaloración con la que el último Gobierno Aznar transfirió la sanidad a las Comunidades. Pretendieron convencernos de la cuadratura del círculo, afirmando que las rebajas fiscales se hacían sin coste alguno, pero el coste, si bien se intentó disfrazar por medio de transferencias a las Comunidades, estaba ahí: la dedicación de menores recursos para la sanidad.
Arias Cañete por el PP y Rodríguez-Piñero por el PSOE cometen el mismo error. El primero afirma que estos Presupuestos son dañinos para el crecimiento y el empleo. Para la segunda, por el contrario, estimulan el crecimiento económico. Ni lo primero ni lo segundo. Ambas cosas son exageraciones y dan una importancia al Presupuesto que no tiene. Hace tiempo que la perdió, y mucho más si consideramos que la mayoría del gasto público se encuentra en manos de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Cañete considera el gasto público desmesurado y que va a incrementar la inflación y el déficit exterior. Para la derecha, todo gasto público es desmesurado; en cambio, consideran siempre adecuado reducir los impuestos, por lo visto eso no genera déficit público. Arias Cañete nos tendría que explicar por qué alambicado argumento se llega a la conclusión de que estos Presupuestos empeoran la inflación y el déficit exterior. El origen de este último no está en el déficit público -que no existe-, sino en el endeudamiento de las familias y el progresivo diferencial de inflación que mantenemos con Europa. Y en cuanto a la inflación, habría que preguntar a los empresarios, que son quienes ponen los precios.
Pero lo más chistoso de las afirmaciones de Arias Cañete es eso de que el Gobierno está en manos de la izquierda radical. Que me la presenten, oiga. ¿Acaso existe? Como mucho, socialdemocracia descafeinada. En cuanto a los nacionalismos, es posible que el Gobierno tenga que pagar peaje, pero quizás no muy distinto al que tuvo que pagar el primer Gobierno del PP o, en definitiva, cualquier Gobierno que no tenga mayoría absoluta. Problemas de nuestra ley electoral mientras que los dos partidos mayoritarios no estén dispuestos a corregirla.
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